Lino Huerta Utrera y Otros.

Expediente 342/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
342/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
25/11/2016

Partes del expediente

  • Lino Huerta Utrera y Otros.
  • Lino Huerta Utrera

Actuaciones

  1. Principal

    El Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río informa que aceptó la competencia planteada en los autos del juicio de amparo 342/2016 del índice de este juzgado; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este asunto como concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción de este cuaderno de antecedentes, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un expediente auxiliar, en el que no obran documentos originales exhibidos por las partes; previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    De la razón actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad que tuvo la Actuaria Judicial de la adscripción de notificar de manera personal a la parte quejosa, el acuerdo de catorce de marzo año en curso, dictado en este juicio de amparo, por los motivos ahí expuestos; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, fracción III, a) y 29 de la Ley de Amparo, comisiónese al fedatario que corresponda para que realice la notificación del proveído de referencia, por lista de acuerdos; así como las subsecuentes aun las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones.

  3. Principal

    EN DEBIDO CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE DIECIOCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN III, INCISO A) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA LINO HUERTA UTRERA, EL ACUERDO DE CATORCE DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS, QUE DICE: Analizada la demanda de amparo promovida por Lino Huerta Utrera; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), anótese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y regístrese el juicio de amparo con el número 342/2016, que le corresponde. Ahora bien, cabe destacar que la competencia es un presupuesto que por ser de orden público, resulta indispensable analizar con prioridad a cualquier otra cuestión. PROPUESTA DEMOSTRATIVA Del escrito que se provee, se advierte que este Juzgado de Distrito carece de competencia, por razón de territorio, para conocer la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, como a continuación se explica. HIPÓTESIS NORMATIVA En primer término, cabe destacar que, de acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 14 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, que debe ser observado necesariamente por las autoridades encargadas de la impartición de justicia. Al respecto, se toma en cuenta que el artículo 37 de la Ley de Amparo establece las reglas competenciales, por razón de territorio, para el conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se surten en función de la naturaleza del acto reclamado, sea que tenga ejecución material o efecto meramente declarativo, las cuales consisten en lo siguiente: 1) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y continúe en otro, será competente cualquiera de los jueces de las jurisdicciones de que se trate, a prevención; 3) Si el acto controvertido carece de ejecución, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que lo hubiese dictado. Cabe precisar que respecto de la impugnación de leyes, cuando se reclaman con motivo de su primer acto de aplicación, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió criterio obligatorio para este Juzgado de Distrito, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, al resolver la contradicción de tesis 70/2011, en la cual determinó que para fijar la competencia en ese supuesto, no puede atenderse al lugar de residencia de la autoridad que corresponde aplicarla norma legal, porque si bien esa determinación que emita constituirá un acto que legitima a la persona para promover amparo en su contra, no puede servir para fijar la competencia del Juez de Amparo, pues la emisión de algún acto que constituya aplicación de la ley que se reclama, por sí misma, no implica ejecución del acto de aplicación de que se trate, debido a que no produce un cambio material en el mundo fáctico y, por ello, debe atenderse al lugar en que ha tenido ejecución o deba tener ejecución por parte de la autoridad el acto de aplicación de la ley que se estime inconstitucional. Al respecto, se transcribe, en lo conducente, el contenido de la ejecutoria mencionada: "(.) Por tanto, no debe atenderse al lugar en donde se emitió la orden de aseguramiento que constituya el primer acto de aplicación del precepto legal que le sirve de fundamento, pues éste no puede considerarse como un acto de ejecución del mandamiento, acto de mandamiento que si bien legitima a promover juicio de amparo no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba de conocer del mismo, pues para ello debe atenderse al lugar en que ha tenido ejecución o deba tener ejecución por parte de la autoridad el acto de aplicación de la ley que se estima inconstitucional. En ese sentido, cabe concluir que para determinar la competencia del Juez de Distrito que deba conocer del juicio de amparo promovido contra los artículos 40, fracción III y 145-A del Código Fiscal de la Federación, que autorizan el aseguramiento de bienes con motivo de su aplicación, consistente en la orden de aseguramiento de bienes con motivo de su aplicación, consistente en la orden de aseguramiento de cuentas bancarias y su ejecución material verificada en una misma localidad, debe atenderse al lugar en que tiene ejecución tal mandato, y no al de su emisión. Consecuentemente, la competencia para conocer del juicio de amparo en cuestión, debe fincarse a favor del Juez del lugar en que se materialice la orden, pues ahí es donde se ejecuta y produce consecuencias en el mundo. (.)" En este contexto, cuando el acto reclamado consista en una ley que se reclame con el motivo de su aplicación, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción territorial en el lugar donde se ejecutó o trate de ejecutar el acto de aplicación de la ley reclamada. Es aplicable la tesis siguiente: Época: Novena Época Registro: 161677 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIV, Julio de 2011 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 74/2011 Página: 369 "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA LOS ARTÍCULOS 40, FRACCIÓN III Y 145-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN CONSISTENTE EN LA ORDEN DE ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado en el juicio de garantías requiere ejecución material, es competente el Juez de Distrito con jurisdicción -en donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. En ese sentido, si en un juicio de amparo indirecto se reclaman los artículos 40, fracción III y 145-A del Código Fiscal de la Federación, que facultan a las autoridades fiscales a decretar en ciertos supuestos el aseguramiento de bienes, entre los que se encuentran las cuentas bancarias de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, cuyo primer acto de aplicación consiste en un mandato de aseguramiento de cuentas bancarias y su ejecución, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en donde se materialice la orden o inmovilicen las cuentas, es decir, la localidad en que se encuentre la sucursal bancaria a la que corresponda la cuenta, pues la orden de aseguramiento no produce, por sí misma, un cambio material en el mundo fáctico. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que el mandato de aseguramiento constituye un acto de aplicación de los mencionados preceptos, que legitima al gobernado a promover juicio de amparo, también lo es que no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocer de él, pues para ello debe atenderse al lugar en que el acto de aplicación de la ley estimada inconstitucional ha tenido o deba tener ejecución por parte de la autoridad. Sin embargo, si el mandamiento en cuestión se materializa en diversos lugares, la competencia recae en el Juez de Distrito que previno en su conocimiento, en tanto que el primero que conoció de la demanda y tiene jurisdicción sobre alguna de las localidades en donde se ejecute la orden puede estudiarla, acorde con el principio de concentración en el juicio de amparo, pues de lo contrario se obligaría al particular a controvertirla ante cada Juez de Distrito en donde se materialice, con los inconvenientes jurídicos que ello pudiera producir." Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el párrafo segundo fracción séptima del punto segundo del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, los Jueces de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, ejercen jurisdicción territorial en el municipio de "Úrsulo Galván", Veracruz. HECHOS En el caso, los actos reclamados consisten en lo siguiente: a) La desposesión del inmueble que ha poseído el quejoso como hijo de su difunta madre Odilona Utrera Medina, después como arrendatario del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Úrsulo Galván, Veracruz, y actualmente como comprador; así como todas las consecuencias legales y actos jurídicos que pretenden derivar las autoridades responsables en la declaratoria de nulidad del contrato de arrendamiento que habían celebrado con el quejoso, pero que ya no existía al inicio de dicho procedimiento. Asimismo, la parte quejosa señaló como autoridades responsables a: 1. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Úrsulo Galván, Veracruz. 2. Director en Jefe de la Policía del Estado de Veracruz. Del análisis de las constancias exhibidas, a las cuales se les confiere valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el domicilio del bien inmueble del cual aduce el quejoso ser desposeído, se encuentra ubicado en Calle Morelos, número cuatro, actualmente sesenta y ocho Oriente, Villa Cempoala, Municipio de Úrsulo Galván, Estado de Veracruz. CONCLUSIÓN De todo lo anterior, se concluye respetuosamente que los actos reclamados, tendrían ejecución en el Municipio de "Úrsulo Galván", Veracruz, por ser el lugar donde se encuentra ubicado el inmueble en el cual se encuentra en posesión el quejoso; situación que se advierte de las constancias anexas al escrito de demanda, así como de las manifestaciones realizadas por el propio quejoso en su escrito de demanda. Por lo que la regla competencial aplicable en el caso es la prevista en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que dispone que será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado la aplicación de la ley reclamada; por lo que este órgano jurisdiccional carece de legal competencia para conocer y resolver este asunto por razón de territorio y la declina al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, en turno, con sede en Boca del Río, Veracruz; por tanto, envíesele el expediente en que se actúa y anexos, a través de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río; solicitándole atentamente el acuse de recibo correspondiente. Con las constancias necesarias fórmese cuaderno de antecedentes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo señala la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Romualdo Pedro Sánchez Sánchez, debido a que tiene su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación y, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las demás personas que indica, por no tener registrada su cédula profesional. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la parte quejosa que con fundamento en los artículos 1 a 9, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8 de dicha ley y 9 del citado reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica.

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