Lisse Giovanna Isidro
Expediente 671/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 9 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 671/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 14/10/2022
Partes del expediente
- Lisse Giovanna Isidro
- Lisse Giovanna Isidro y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Tijuana, Baja California, catorce de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de tres de octubre de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del numeral 2°, de la ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto en el que se desechó de plano la demanda de amparo, ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. En ese tenor, al advertirse que el asunto que nos ocupa se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el precepto 214, de la Ley de Amparo archívese el citado expediente. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo de referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse concedido la suspensión de plano solicitada, no obstante de que se tuvo por no presentada la demanda en el presente juicio, es susceptible de depuración, al haberse concedido la suspensión de plano a favor de la parte quejosa, por tanto encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, en relación con el punto 7.4 "Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano", del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado artículo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, tres de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la constancia actuarial suscrita por el actuario de la adscripción de la que se advierte la imposibilidad de localizar a los directos quejosos Lisse Giovanna Isidro, Jorge Luis Caramantin León, Cynthia Yanire García Sánchez, Andrea Melanie Buzonich Lozano, Javier Octavio Cabanillas Dioses, Eusebio Javier Reyes Medina, Marisol del Carmen Pérez Meléndez y Sebastián Hernández Aguire, para lo cual adjunta copia de los oficios de salida expedidos por el Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad a nombre de los antes mencionados. Luego, del estado que guardan los autos se obtiene que en veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el informe rendido por la autoridad responsable Encargado del Despacho de la Estación Migratoria de Tijuana de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, mediante el cual informó que los quejosos Lisse Giovanna Isidro, Jorge Luis Caramantin León, Cynthia Yanire García Sánchez, Andrea Melanie Buzonich Lozano, Javier Octavio Cabanillas Dioses, Eusebio Javier Reyes Medina, Marisol del Carmen Pérez Meléndez y Sebastián Hernández Aguire -en su carácter de extranjeros- fueron liberados en ocho de septiembre del año en curso, al haber cumplido con los requisitos de la Ley de Migración, para lo cual remitió copia de los oficios de salida ORBC/EMTIJ/3771/2022, ORBC/EMTIJ/3772/2022, ORBC/EMTIJ/3773/2022, ORBC/EMTIJ/3755/2022, ORBC/EMTIJ/3769/2022, ORBC/EMTIJ/3770/2022, ORBC/EMTIJ/3150/2022, y ORBC/EMTIJ/3151/2022. DESECHAMIENTO Ahora bien, conviene precisar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Tesis 2ª. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 448, Tomo XVI, Julio 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De esta manera, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En ese sentido, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es menester precisar que del estudio íntegro de la demanda de amparo y en atención a la causa de pedir de los quejosos, se obtiene que la parte promovente hace consistir el acto reclamado en: "1.- De todas las autoridades señaladas como responsables respectivamente en el ámbito de sus facultades, se reclama la orden y ejecución de la deportación y/o expulsión de los hoy quejosos de este país de Estados Unidos Mexicanos a su país de origen o a cualquier otro. 2.- De todas las autoridades señaladas como responsables respectivamente en el ámbito de sus funciones, se reclama todo acto y omisiòn tendiente o consistente en mantener a los quejosos privados de su libertad personal, tenerlos de manera incomunicada, intimidándolos, realizándoles en su humanidad una posible tortura física o psicológica, e incumpliendo con ello con las garantías fundamentales del debido proceso, audiencia, legalidad, seguridad jurídica y acceso efectivo a la impartición de justicia. 3.- De todas las autoridades señaladas como responsables respectivamente en el ámbito de sus funciones, se reclama todo acto y omisión tendiente o consistente en restringir la libertad de tránsito en este país a los hoy quejosos. 4.- De todas las autoridades señaladas como responsables respectivamente en el ámbito de las funciones a su cargo, se reclama la orden de ejecución del traslado de los quejosos a cualquier otra ciudad o cualquier otro país." Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicado analógicamente y que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.". Asimismo, resulta aplicable por identidad jurídica esencial, la tesis aislada número VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de abril de 2004, Novena Época, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese sentido de las constancias enviadas por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, relativas al juicio de amparo 1452/2022 (con motivo de la incompetencia planteada por aquél Juzgado de Distrito) se desprende: Que remitió copia certificada de los oficios de salida ORBC/EMTIJ/3771/2022, ORBC/EMTIJ/3772/2022, ORBC/EMTIJ/3773/2022, ORBC/EMTIJ/3755/2022, ORBC/EMTIJ/3769/2022, ORBC/EMTIJ/3770/2022, ORBC/EMTIJ/3150/2022, y ORBC/EMTIJ/3151/2022, de los que se advierte que los aquí quejosos fueron liberados en ocho de septiembre del año en curso, al haber cumplido con los requisitos de la Ley de Migración. Documentales públicas a las que se concede pleno valor probatorio, de conformidad con los numerales 93, fracción II, 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto a continuación se transcriben: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." De ahí que, resulta evidente que, los citados quejosos quedaron en libertad desde el ocho de septiembre de dos mil veintidós. Aunado a ello, de la constancia realizada por el Actuario adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, de esta ciudad, se advierte que al constituirse en la Estación Migratoria de esta ciudad, fue informado por personal del Instituto Nacional de Migración, que los directamente agraviados ya no se encontraban en los separos de esa estación, no obstante ello, los voceo en el lugar sin que alguna persona contestara a su llamado. De lo anterior, se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado; toda vez que se dejaron sin efecto los actos que en esta vía se combaten, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica de los directamente agraviados Lisse Giovanna Isidro, Jorge Luis Caramantin León, Cynthia Yanire García Sánchez, Andrea Melanie Buzonich Lozano, Javier Octavio Cabanillas Dioses, Eusebio Javier Reyes Medina, Marisol del Carmen Pérez Meléndez y Sebastián Hernández Aguire; por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual se analizará de oficio. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" En efecto, el citado precepto establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos de los actos reclamados. Así, se estima que en el caso se actualiza el motivo de improcedencia invocado, al tener en consideración que el acto reclamado en este juicio de amparo, consistente en: Orden de deportación Expulsión o traslado Privación de la libertad Incomunicación Restricción a la libertad de libre tránsito Actos que han cesado sus efectos, toda vez que de las constancias que remitió la autoridad responsable consistentes en los oficios de salida ORBC/EMTIJ/3771/2022, ORBC/EMTIJ/3772/2022, ORBC/EMTIJ/3773/2022, ORBC/EMTIJ/3755/2022, ORBC/EMTIJ/3769/2022, ORBC/EMTIJ/3770/2022, ORBC/EMTIJ/3150/2022, y ORBC/EMTIJ/3151/2022, de los que se advierte que los quejosos Lisse Giovanna Isidro, Jorge Luis Caramantin León, Cynthia Yanire García Sánchez, Andrea Melanie Buzonich Lozano, Javier Octavio Cabanillas Dioses, Eusebio Javier Reyes Medina, Marisol del Carmen Pérez Meléndez y Sebastián Hernández Aguire, fueron liberados en ocho de septiembre del año en curso, al haber cumplido con los requisitos de la Ley de Migración, del cual deriva el acto que se reclama. Por tanto, se considera que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto emitido por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo del amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga a los quejosos en el goce del derecho violado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 9/98, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, con registro digital 196820, que señala: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En esa tesitura, en el caso concreto, se advierte que se actualiza una manifiesta causa de improcedencia, pues basta imponerse del contenido de los presentes autos para advertir con claridad que las violaciones que reclaman los quejosos Lisse Giovanna Isidro, Jorge Luis Caramantin León, Cynthia Yanire García Sánchez, Andrea Melanie Buzonich Lozano, Javier Octavio Cabanillas Dioses, Eusebio Javier Reyes Medina, Marisol del Carmen Pérez Meléndez y Sebastián Hernández Aguire, han cesado sus efectos; y por otra parte, que se juzga indudable la improcedencia cuestionada, porque aunque se continuara con la substanciación del procedimiento, llegado el caso de dictar sentencia no resultaría factible formarse una convicción diversa, por más elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, así que a nada práctico conduciría seguir con el juicio en el que, conforme a la técnica jurídica, las pretensiones aducidas, ya no podrían ser objeto de análisis, por haber sobrevenido durante la tramitación la causal de improcedencia analizada, lo que, además, sería contrario al espíritu de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución, en tanto que la ociosa tramitación del referido juicio repercutiría en menoscabo de los diversos asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional; de ahí que se deseche de plano la demanda promovida a favor de los directos quejosos. Lo anterior guarda congruencia al considerar que dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual se considera de mayor beneficio para los directamente agraviados que tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo (no obstante de que ésta no haya sido ratificada por éstos) pues aun cuando se lograra su ratificación en nada variaría el sentido del fallo ante las actuaciones realizadas por las responsables y, a su vez, se evita la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que los directamente agraviados estén en posibilidad de promover oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos en caso de considerarlo necesario. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Atento a lo anterior, se dejan sin efectos las providencias decretadas en el presente asunto respecto de los quejosos Lisse Giovanna Isidro, Jorge Luis Caramantin León, Cynthia Yanire García Sánchez, Andrea Melanie Buzonich Lozano, Javier Octavio Cabanillas Dioses, Eusebio Javier Reyes Medina, Marisol del Carmen Pérez Meléndez y Sebastián Hernández Aguire; comuníquese lo anterior a las partes, hágase la anotación de rigor en el libro de juzgado respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese; y por lista a los quejosos Lisse Giovanna Isidro, Jorge Luis Caramantin León, Cynthia Yanire García Sánchez, Andrea Melanie Buzonich Lozano, Javier Octavio Cabanillas Dioses, Eusebio Javier Reyes Medina, Marisol del Carmen Pérez Meléndez y Sebastián Hernández Aguire.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el informe rendido por la autoridad responsable Encargado del Despacho de la Estación Migratoria de Tijuana de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, mediante el cual informó que los quejosos Lisse Giovanna Isidro, Jorge Luis Caramantin León, Cynthia Yanire García Sánchez, Andrea Melanie Buzonich Lozano, Javier Octavio Cabanillas Dioses, Eusebio Javier Reyes Medina, Marisol del Carmen Pérez Meléndez y Sebastián Hernández Aguire -en su carácter de extranjeros fueron liberados en ocho de septiembre del año en curso, al haber cumplido con los requisitos de la Ley de Migración, para lo cual remitió copia de los oficios de salida En relación a lo informado por la responsable, comisiónese al Actuario de la adscripción se constituya en las instalaciones de la misma, y corrobore lo manifestado por esta. Notifíquese personalmente a las quejosas Lisse Giovanna Isidro, Jorge Luis Caramantin León, Cynthia Yanire García Sánchez, Andrea Melanie Buzonich Lozano, Javier Octavio Cabanillas Dioses, Eusebio Javier Reyes Medina, Marisol del Carmen Pérez Meléndez y Sebastián Hernández Aguire.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio enviado por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, de esta ciudad, al que anexa informe signado por el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, de esta localidad. Atento a lo anterior, glósese a los autos para que obre como el oficio que remite el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California; por medio del cual en atención al requerimiento ordenado en autos rinde informe de suspensión de plano, lo anterior, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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