Lilliana Carrillo Solorzano
Expediente 288/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 19 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 288/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 10/10/2022
Partes del expediente
- Lilliana Carrillo Solorzano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Tijuana, Baja California, diez de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de quince días que establece al artículo 202 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes interpusieran recurso de inconformidad en contra del auto de cinco de agosto de dos mil veintidós, mediante el cual se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, sin que lo hubieran hecho. En consecuencia, se advierte que el presente juicio de amparo en el que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, se encuentra totalmente concluido, por lo tanto, conforme a los artículos 196 y 214 de la Ley de la materia, archívese el presente expediente. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, cinco de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha transcurrió el término de tres días hábiles concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado al fallo protector por parte de la autoridad responsable; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede acordar lo conducente con base en los elementos que obran en el expediente. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente señalar que el dos de agosto de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en el que en su primer punto resolutivo concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a Lilliana Carrillo Solórzano, contra el acto reclamado atribuido al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. Al haber sido recurrida dicha sentencia, el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, mediante resolución pronunciada en el amparo en revisión administrativo 403/2021, de su índice, resolvió: PRIMERO. Se confirma la resolución recurrida. SEGUNDO. Para los efectos indicados en el considerando sexto de la resolución que se revisa, la Justicia de la Unión ampara y protege a Liliana Carrillo Solórzano, en contra de las autoridades y por los actos que precisados quedaron en el resultando primero de este fallo. En virtud de lo anterior, en proveído de quince de febrero del año en curso, se requirió a las autoridades responsables Director General, Junta Directiva y Departamento de Gestión de Pensiones y Jubilaciones, todas del Instituto de Seguridad y???????????? Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, para los efectos siguientes: ? Dentro de su respectiva competencia den respuesta a la petición formulada por la quejosa Lilliana Carrillo Solórzano, el veintiséis de agosto de dos mil veinte; y, ? Notifiquen de manera personal a la peticionaria, la resolución que recaiga a dicha solicitud. Luego, por acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, se tuvo a la delegada de las citadas responsables, remitiendo la documental consistente en el oficio CASL/661/2022, de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, mediante el cual se otorgó respuesta a la petición formulada por la quejosa Lilliana Carrillo Solórzano, el veintiséis de agosto de dos mil veinte. Documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y con las cuales se dio vista de manera personal a la impetrante de amparo. Asimismo, cabe destacar que por acuerdo de dos de marzo del año en curso, se agregó a los autos el escrito firmado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual hizo diversas manifestaciones en relación con el cumplimiento del fallo protector, en el sentido de que las responsables no habían dado contestación congruente y fundamentada a la petición de la quejosa, pues al respecto éstas indicaron que NO SE CUENTA CON EL COMUNICADO POR PARTE DE SU PATRÓN, EN EL QUE INDIQUE LA PROPUESTA O PRONUNCIAMIENTO PARA QUE USTED SE INCORPORE A LA NÓMINA DE PENSIONADOS DE ESTE INSTITUTO, y que además no se encontró trámite alguno de pensión promovido por el ente patronal de la quejosa, de acuerdo a las "Políticas de Operación, punto nueve, del Procedimiento Específico para la Gestión de Pensiones y Jubilaciones, que forma parte del Manual General de Procedimientos de ese Instituto. Por lo que, el autorizado de la parte quejosa estimó que, en relación con dicha contestación, debía aclararse a las autoridades responsables las circunstancias que refirió en su escrito, a efecto de que se tomaran en consideración para que las responsables dieran debido cumplimiento del fallo protector. Sin embargo, al respecto debe decirse que las manifestaciones relatadas por la parte quejosa en el sentido apuntado, no son eficaces para determinar si en el particular, con la respuesta dada por las autoridades responsables a su petición, se dio cabal cumplimiento al fallo protector; ya que contrario a lo que alega, la sentencia de amparo no contiene alguna observación específica en torno a la forma y términos en que habrá de emitirse la respuesta relativa, atento a que la protección constitucional se otorgó para que las autoridades responsables dieran respuesta a la petición formulada por la quejosa Lilliana Carrillo Solórzano, el veintiséis de agosto de dos mil veinte, lo cual se le debía notificar de manera personal; sin que de la parte considerativa de la sentencia de amparo se aprecie que las responsables se encontraran vinculadas a resolver de manera definitiva la petición de la parte quejosa, es decir, que la respuesta que se otorgara resolviera de manera final si era procedente o no su solicitud de pensión. De ahí que, se colige que la respuesta podía ser en sentido positivo o negativo, o incluso reservando su acuerdo si es que se debía realizar un trámite previo, o requiriendo información a la parte quejosa para dar trámite a su solicitud; sin que de manera alguna se le impidiera prevenir a la quejosa, ni hacer efectivos apercibimientos decretados. Por lo que, atendiendo a los motivos vertidos en párrafos supra, se reitera que los argumentos de la parte quejosa son ajenos a los efectos de la protección constitucional otorgada en sentencia definitiva, de ahí que no son aptos para determinar el cumplimiento por parte de las autoridades responsables al fallo protector. Con lo anterior, es claro que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la sentencia concesoria del amparo, pues mediante oficio CASL/661/2022, de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, otorgaron respuesta a la petición formulada por la quejosa Lilliana Carrillo Solórzano, el veintiséis de agosto de dos mil veinte. Por tanto, resulta procedente declarar que la ejecutoria de amparo ha quedado debidamente cumplida. Lo anterior se concatena con lo resuelto por el Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, dentro del recurso de queja administrativo 48/2022-I, en la que se declaró fundado dicho recurso interpuesto por la delegada de las autoridades responsables Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, en lo que aquí interesa, determinó lo siguiente: Como se aprecia, las autoridades responsables se pronunciaron en relación con la petición de la parte quejosa, tal como se indicó en la sentencia de amparo, pues los efectos fueron precisamente que se diera contestación al escrito relacionado con la pensión. Por tanto, si en la sentencia constitucional de origen, misma que se confirmó por este Tribunal Colegiado, no se indicó a las autoridades responsables que la respuesta correspondiente debía emitirse en determinado sentido, sino que emitiera respuesta completa, integral y congruente con la solicitud elevada por la quejosa. De acuerdo con ello, es fundado lo que alegan las autoridades recurrentes, pues del fallo constitucional en comento no se aprecia que para calificar su cumplimiento se deba tomar en cuenta alguna particularidad en la respuesta brindada a la parte quejosa Documento consultable en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), del Consejo de la Judicatura Federal y se invoca como hecho notorio, en términos del numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en consonancia con la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10 de registro digital 2017123, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro siguiente De ahí que como se anticipó se tenga por cumplida la sentencia dictada en el presente asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia cuyo rubro y datos de identificación se citan a continuación: Comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, dos de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que en auto de admisión de treinta de abril de dos mil veintiuno, se tuvo a Diego Estrada Contreras, únicamente como autorizado de la parte quejosa para oír y recibir toda clase de notificaciones, en virtud de que no contaba con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; no obstante, se hace constar que al realizar una nueva búsqueda en dicho Sistema, se advierte que el citado profesionista, ya cuenta con cédula profesional registrada en el mismo. En consecuencia, téngase al antes mencionado como autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. En ese sentido, agréguese a sus autos el escrito signado por Diego Estrada Contreras, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación con el oficio remitido por la autoridad responsable, en el que informó sobre el cumplimiento dado al fallo protector, las cuales serán tomadas en consideración al momento de emitir el pronunciamiento a que se refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el oficio remitido por Carmen Patricia Vázquez Sánchez, en su carácter de delegada de las autoridades responsables Director General, Junta Directiva y Departamento de Gestión de Pensiones y Jubilaciones, todas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del estado de Baja California, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector dictado en este asunto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el contenido del oficio y constancias que remite, dese vista a las partes, por el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y una vez transcurrido dicho término, con o sin manifestación de las partes, procédase a resolver sobre el cumplimiento dado al fallo protector. Notifíquese personalmente.
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