Lisdermi González Verdecia

Expediente 478/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
478/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
10/06/2022

Partes del expediente

  • Lisdermi González Verdecia

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, diez de junio de dos mil veintidós. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal que establece el tratamiento de los expedientes con suspensión de plano, archívese este asunto como concluido y depúrese una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, tres de mayo de dos mil veintidós. Informes de suspensión de plano, registro 5709, 5860 y 5916. Agréguense a los autos los oficios suscritos por las autoridades responsables siguientes: Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Sonora, Órgano Técnico Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con residencia en esta ciudad; Director General de Asuntos Jurídicos del Servicio de Protección Federal, con residencia en Ciudad de México, y; Coordinador Estatal de la Guardia Nacional en Sonora, con residencia en esta ciudad. Mediante los cuales se pronuncian respecto al requerimiento de cumplimiento de la suspensión de plano decretada en el presente juicio de amparo; por consiguiente, dese vista a las partes con su contenido, para su conocimiento y efectos legales conducentes. Designación de delegados. Con fundamento en el numeral 9 de la Ley de Amparo, se tienen por designados como delegados a las personas que mencionan en sus ocursos las autoridades responsables señaladas en segundo y tercer orden. Domicilio. Por su parte, se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican en sus informes las autoridades responsables de mérito. Acceso al expediente electrónico y notificaciones electrónicas, registro 5860. Con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 38, 39, 55, 57 y 58, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todo los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, y artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se autoriza a los usuario "CynthiaMMH" y "PEDRO.1995", el acceso al expediente electrónico para su consulta, así como para recibir notificaciones vía electrónica. Información de contacto. Correo electrónico. Con fundamento en el artículo 23, fracción I y III, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se tiene a las autoridades responsables señaladas en primero y segundo orden, proporcionando las direcciones de correo electrónico institucional y números telefónicos que indican a fin de establecer el contacto respectivo. Informes justificados, registro 5917 y 6333. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos los informes justificados rendidos por el coordinador Estatal de la Guardia Nacional en Sonora y por el titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Sonora, ambas con residencia en esta ciudad; dese vista a las partes con su contenido, para su conocimiento y efectos legales conducentes. Pruebas, registro 6333. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las documentales que anexa a su informe; por lo que es procedente proveer lo siguiente: En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que de acuerdo al estudio íntegro realizado a la demanda de garantías y de las constancias de autos, se advierte que los actos reclamados por la parte quejosa en el presente juicio constitucional, consisten en lo siguiente: La incomunicación y/o ocultamiento, detención, actos de tortura y de crueldad, desaparición forzada y actos de deportación y/o expulsión. Sobreseimiento fuera de audiencia. De la revisión de los autos, en concatenación a lo informado por la autoridad responsable, se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de las causas de improcedencia previstas en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo ?inexistencia de acto?; así como la prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo ?cesación de los efectos de los actos reclamados?. Inexistencia de actos reclamados. En relación con la presente causa de improcedencia, se debe decir, que la existencia del acto reclamado debe analizarse a partir de la fecha de presentación de la demanda, en el caso, el quince de abril de dos mil veintidós. En esa medida, no son ciertos los actos reclamados consistentes en la incomunicación y/o ocultamiento, actos de tortura y de crueldad, desaparición forzada y actos de deportación y/o expulsión, pues así se advierte de las constancias que obran agregadas al expediente, concretamente, de las notificaciones personales efectuadas a la parte quejosa, informes de suspensión de plano, así como de los informes justificados de cuenta, de los que se hace patente la inexistencia de los citados actos reclamados con las constancias remitidas a esta instancia por las autoridades de referencia, las cuales tienen valor probatorio pleno conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia 226, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Ahora bien, del análisis a las documentales que hizo acompañar a su informe justificado el titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, se aprecia, en lo sustancial, que se instruyen en contra de la parte quejosa los procesos administrativos migratorios señalados al margen superior derecho de los oficios de salida de la estación migratoria, sin embargo, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, incluso a la fecha en que se emite la presente determinación, no se advierte la existencia de algún acto de ocultamiento, tortura, crueldad, desaparición forzada, deportación o traslado en contra de la parte quejosa. Por su parte, en relación con el acto reclamado consistente en la incomunicación, se destaca, que obra razón actuarial en autos, la cual revela que el actuario judicial adscrito, notificó a la parte quejosa de forma personal el proveído mediante el cual se les otorgó la suspensión de plano de los actos reclamados ?quince de abril de dos mil veintidós?; además, de las diligencias de integridad física practicadas a los agraviados, se hizo constar, medularmente, que se encuentran en buen estado de salud, por tanto, es incuestionable que resulta inexistente el referido acto. Ilustra lo anterior la tesis 2a./J. 3/94, que dice: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." También la diversa 1a./J. 36/1998, que indica: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AÚN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demandada de amparo, aún en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado." En esas circunstancias, es inconcuso que en relación con los actos de referencia, se actualiza la hipótesis prevista por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Cesación de efectos de los actos reclamados. En relación con el acto atribuido a las autoridades responsables, consistente en la detención de la parte quejosa en un alojamiento temporal de estación migratoria, ha cesado en sus efectos. Al respecto, sobre la causa de improcedencia aludida, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido que para su actualización no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que destruya la totalidad de sus efectos, de forma que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. De dicha causal de improcedencia, se pueden actualizar dos supuestos, a saber: a) Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción, el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica y patrimonial (revocación); y, b) Cuando se da la sustitución de actos procesales, que conlleva a que uno queda en suspenso hasta en tanto se decide el otro, por la relación que guardan entre sí, en donde la resolución del segundo da firmeza a los actos del proceso dictados previamente, esto es, el segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad (sustitución). En el primero de los precitados supuestos se indica que los efectos de un acto reclamado no cesan sino hasta cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. En otras palabras, de acuerdo al supuesto en análisis, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la destrucción definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, lo cual puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, merced a que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo anterior, acorde a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En cuanto a la hipótesis indicada en el inciso b), relativa a la sustitución procesal, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo, esto es, cada nuevo acto que se relaciona con el anterior, en su caso, lo sustituye procesalmente y le da firmeza. Ilustra lo anterior, la tesis I.3o.C.92 K, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." En el caso a estudio, se actualiza la segunda de las hipótesis antes reseñadas -sustitución-, pues las partes inconformes combaten la detención y retención de la parte quejosa en un alojamiento temporal de estación migratoria, derivado de los procedimientos migratorios instruidos en su contra. Para demostrar tal aserto, de las constancias remitidas por la responsable, se destaca la salida de los impetrantes de amparo de la estación migratoria, lo cual tiene sustento en la copia certificada de los oficios que adjuntó por haber cumplido los requisitos establecidos en el artículo 102 de la Ley de Migración. Sentado lo anterior, se concluye que los quejosos se encuentran en libertad, tal y como se advierte de la copia certificada de los oficios de salida de la estación migratoria que exhibió la autoridad responsable al presente juicio de derechos; por ende, ello constituye la cesación de sus efectos, a virtud de que la retención reclamada fue sustituida procesalmente por la orden de libertad decretada por cumplir con los requisitos previstos en el precepto 102 de la Ley de Migración, a fin de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva; de ahí que el acto aquí reclamado dejó de surtir sus efectos con el nuevo pronunciamiento efectuado al respecto, lo cual hace improcedente el presente juicio de amparo y, en vía de consecuencia, la actualización de la hipótesis de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, por las razones que la contienen, la tesis V.5o.1 K, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. PARA VERIFICAR SI SE ACTUALIZA ESE MOTIVO DE IMPROCEDENCIA, NO SE REQUIERE ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL DIVERSO ACTO QUE LO REVOCA O SUSTITUYE PROCESALMENTE, SINO ÚNICAMENTE DETERMINAR SI LOS EFECTOS QUE PRODUCE ORIGINAN O NO LA CITADA CAUSAL. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por consiguiente, atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicho motivo de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido, a fin de dilucidar si efectivamente se destruye en forma total la afectación que se podría generar al quejoso; empero, para determinar ese extremo, no es dable analizar si esa nueva actividad administrativa, se encuentra debidamente fundada y motivada, pues a la postre sería irrelevante dilucidar esa cuestión ya que no es la que sustenta la improcedencia del juicio, que se apoya en el hecho de que no hay una materia específica en la que pudiera recaer la sentencia protectora y la consecuente ociosidad de atender las cuestiones planteadas, además de que no se trata de un acto de molestia que deba cumplir los requisitos de legalidad de fundamentación y motivación, pues no se dirige a afectar la esfera jurídica del quejoso, sino que es el medio a través del cual se le comunica que el diverso acto que impugnó ha dejado de surtir plenamente efectos legales; ello, sumado al hecho de que estimar que puede efectuarse ese estudio, implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado, incluso en forma oficiosa, lo que quebrantaría el principio de instancia de parte agraviada e implicaría que el fallo respectivo se tornara incongruente, al verificar cuestiones ajenas a la materia del juicio y, además, llevaría a que se resolvieran aspectos de fondo que técnicamente no pueden abordarse si debe decretarse el sobreseimiento en el juicio." En tales condiciones, al haber cesado los efectos del acto reclamado en estudio, debe declararse improcedente el juicio de amparo y decretar el sobreseimiento al respecto, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Audiencia constitucional sin efectos. Finalmente, se deja sin efectos la fecha designada para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se encontraba señalada para las diez horas con veintiocho minutos del dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; personalmente a los quejosos y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, quince de abril de dos mil veintidós. 1. Radicación. Fórmese el expediente respectivo, regístrese en el libro uno de Juzgado, correspondiente al registro de juicios de amparo con el número que le corresponda; y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 2. Promovente. Visto el escrito de cuenta presentado por Jhosye Emmanuel Aramburo Sarabia, quien promueve juicio de amparo en favor de Lisdermi González Verdecia, Batista Macey Félix, Dora Yaima Benítez Arbolay y Yedesma Amarilis González Martínez, contra actos del delegado del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda se advierte que el promovente hace consistir los actos, en la incomunicación, y/o ocultamiento, actos de tortura y de crueldad, desaparición forzada y actos de deportación y/o expulsión, de los que según dice son objeto, por parte de las autoridades señaladas como responsables; actos que se encuentran prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo tanto, se provee al respecto lo siguiente: 3. Suspensión de plano. En términos de lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión para que cese cualquier acto de incomunicación, y/o ocultamiento, actos de tortura y de crueldad, desaparición forzada y actos de deportación y/o expulsión, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esas circunstancias, y toda vez que las directas quejosas se encuentran en riesgo de ser devueltas a su país de origen, se otorga la suspensión de plano, la cual tiene el efecto de que las agraviados Lisdermim González Verdecia, Batista Macey Félix, Dora Yaima Benítez Arbolay y Yedesma Amarilis González Martínez, no sean objeto de deportación fuera de procedimiento o expulsión, ni de los demás actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales, que pudieran poner en peligro su vida; además, para que se les permita el acceso de manera prudente a sus familiares y abogados en horas hábiles, ésto, sin alterar el debido orden, medidas de sanidad y seguridad establecidas; procurando en todo caso la protección de los derechos humanos de las quejosas; debiendo informar las autoridades responsables dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación de este auto, sobre el cumplimiento que dén a esta resolución, ya que dicha determinación deberá ser obedecida bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo establecido en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; (.)" Además, requiérase al delegado del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, para efectos de que bajo los términos antes señalados comunique a las quejosas, el derecho que tienen al contacto y asistencia consular, pues es obligación de las autoridades informar a los extranjeros sobre la existencia del derecho fundamental, a la asistencia y contacto consular. Apercibidas que de no cumplir con lo anterior se les impondrá una multa equivalente a cien unidades de medidas de actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como ser consignado ante el agente del Ministerio Público de la Federación por el delito previsto y sancionado en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Al particular, es aplicable la jurisprudencia P./J.80/2007, del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, página 15, del rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." 4. Se requiere a las agraviadas para que ratifiquen la demanda. Por otra parte, se comisiona al actuario judicial adscrito, a fin de que se constituya en las oficinas donde se localiza el Instituto Nacional de Migración a través de la Oficina de Representación en Sonora, con residencia en esta ciudad, y solicite al encargado de ese lugar poner a las referidas agraviadas ante su presencia para dar fe de su integridad física y requerirlas para que en el acto de la notificación, o bien, dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación, manifiesten si ratifican o no la demanda promovida en su nombre por Jhosye Emmanuel Arambruro Sarabia; además, en el supuesto de que el encargado del resguardo de las directamente agraviadas se niegue a ponerlas ante su presencia o permitirle el acceso para cerciorarse si se encuentran en ese lugar, deberá apercibirlo que de persistir en su conducta se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, con tales hechos que pudieran tipificar el delito de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad o de responsabilidad de funcionario respectivo. Lo anterior, en el entendido de que si las agraviadas no hablaran el idioma español, la responsable deberá fijar fecha, en el plazo de ocho horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído, para que el fedatario adscrito, acompañado del traductor oficial que hasta el momento haya servido para comunicarse, les haga de su conocimiento esta resolución. En el caso de no contar con intérprete, deberá informar a este juzgador, lo siguiente: a) Qué idioma hablan las quejosas; b) De qué manera se ha comunicado con ellas; y, c) Si dio vista al consulado del país del cual provienen. Apercibidas que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa equivalente a cien unidades de medidas de actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción IV, de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, se autoriza al fedatario público para que de ser posible, haga uso de algún instrumento de cualquier índole que le permita comunicarse con las agraviadas, cuyas circunstancias deberán quedar asentadas en la diligencia en comento. 5. Domicilio. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta. 6. Prevención a las autoridades. En caso de que las autoridades se nieguen a recibir un oficio de notificación, se tendrá por hecha la misma, debiendo el actuario adscrito levantar una razón sobre el particular. 7. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 8. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 9. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 10. Oficio de compensación. Finalmente, mediante oficio comuníquese al jefe de Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, de esta ciudad, la recepción de la demanda de amparo de cuenta, adjuntándole copia simple de la misma, a fin de que proceda a realizar el registro y compensación correspondiente, para equilibrar las cargas de trabajo en los órganos jurisdiccionales de esta ciudad. Notifíquese electrónicamente al promovente, personalmente a las agraviadas y por oficio a las responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, quince de abril de dos mil veintidós. 1. Admisión de la demanda. Vista la constancia actuarial de cuenta, se advierte que Lisdermi González Verdecia, Batista Macey Félix, Dora Yaima Benítez Arbolay y Yedesma Amarilis González Martínez ratificaron el escrito de demanda presentado en su favor por Jhosye Emmanuel Aramburo Sarabia. En consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII, y XV de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 33 fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida a favor de Lisdermi González Verdecia, Batista Macey Félix, Dora Yaima Benítez Arbolay y Yedesma Amarilis González Martínez por Jhosye Emmanuel Aramburo Sarabia, contra actos del delegado del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. 2. Audiencia constitucional. Se fijan las diez horas con veintiocho minutos del dieciocho de mayo de dos mil veintidós, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Se comunica a las partes que podrán comparecer a la celebración de la audiencia mediante escrito, videoconferencia o presencialmente -previa solicitud del código QR, el cual puede ser generado a través del sistema de "Agenda OJ" disponible en el Portal de Servicios en Línea-. 3. Informes justificados. Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se solicita a las autoridades señaladas como responsables rindan sus informes justificados, lo que deberán hacer dentro del plazo de quince días, enviando adjunto a dichos informes copia certificada, completa y legible de las constancias que sirvan de apoyo. Al efecto, se proporciona el correo institucional 1jdo5cto@correo.cjf.gob.mx a efecto de que hagan llegar sus informes o cualquier comunicación dirigida al órgano. 4. Apercibimiento a las autoridades responsables. Apercíbaseles que de no cumplir con lo anterior en el lapso fijado, además de presumirse cierto el acto que se les reclama, con fundamento en los artículos 117, párrafo cuarto, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, y los artículos transitorios primero, segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, que reformó y adicionó diversos dispositivos del texto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, se le impondrá en la sentencia que se dicte, multa de cien unidades de medida de actualización. 5. Requerimiento a las autoridades responsables. Requiéraseles a las autoridades señaladas como responsables para que, al momento de rendir sus informes con justificación, comuniquen si la parte quejosa ha tramitado diverso juicio de amparo en contra de los mismos actos reclamados; asimismo, para que tan pronto como ocurra una causa notoria de sobreseimiento o hayan cesado los efectos de los actos combatidos, así lo hagan saber a este juzgado; apercibidas que de no hacerlo, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cincuenta unidades de medida de actualización. 6. Herramientas de comunicación. Se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional (662) 108 2100, extensión 1018. 7. Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Conforme al artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete. 8. Emplazamiento. Debido a la naturaleza de los actos reclamados se estima que no existen terceros interesados. 9. Información de contacto. En apego al artículo 23, fracciones I y III, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazo y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se requiere a las partes para que proporcionen una dirección de correo electrónico y número telefónico. En el entendido que la parte quejosa proporcionó el correo electrónico indicado en su demanda. 10. Incidente de suspensión. Sin tramitarse el incidente de suspensión, en virtud de que los actos reclamados fueron objeto de la suspensión de plano otorgada en el cuaderno principal. 11. Autorizados. En cuanto a las personas que se mencionan en su demanda, se autorizan en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, se autorizan sólo para el efecto de recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. 12. Acceso al expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 38, 39, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todo los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza al usuario "LIC.SARABIA" el acceso al expediente electrónico, para los efectos solicitados. 13. Autorización de medios electrónicos. En atención a su solicitud relativa a la autorización de medios electrónicos, de conformidad con la circular 12/2009, de la Secretaria Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza para que tome fotografías de las constancias que integran el presente juicio de amparo, con los medios tecnológicos que refiere la referida circular; en la inteligencia que podrán hacer uso de tal derecho una vez que las labores de este órgano jurisdiccional lo permitan, en atención a que nos encontramos en el contexto de las medidas de protección adoptadas por el Consejo de la Judicatura Federal frente a la pandemia por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 14. Pruebas. Del escrito de demanda no se advierte que se haya ofrecido medio de convicción alguno. 15. Presentación de documentos o valor. En el supuesto de que el órgano requiera por la exhibición físicamente de un documento o valor, las partes podrán presentarlo ante la Oficialía de Partes Común, salvo que elijan agendar una cita para hacerlo directamente, en cuyo caso será su responsabilidad cumplir el requerimiento dentro del plazo establecido. 16. Comunicación a las responsables de cuáles resoluciones se les notificará por oficio. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J.176/2012 (10ª), emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, registro 2002576, cuyo rubro se cita "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento mediante oficio), y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado. 17. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. 18. Exhortación a las partes. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, lo anterior, en cumplimiento al artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. Notifíquese personalmente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, por oficio a las responsables, y por vía electrónica a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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