Linda Patricia Ramírez Alcaraz
Expediente 1527/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 7 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1527/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 21/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Linda Patricia Ramírez Alcaraz
- Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, Ciudad.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL En Hermosillo, Sonora, a las doce horas con veintisiete minutos del veintitrés de marzo de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, en unión de Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe, declaró abierta la presente audiencia. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, con las constancias de emplazamiento a juicio de las partes y con el informe justificado rendido por la responsable. Por otro lado, revisado el estado de autos, se advierte que en proveído de radicación de la demanda, se reservó proveer sobre la existencia de terceros interesados, sin embargo, una vez rendido el informe por las autoridades responsables, no se advierte la existencia de estos. Por otra parte, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que se impongan del contenido del informe rendido por la autoridad responsable. A continuación, se declara abierto el periodo probatorio, se da cuenta con las documentales ofrecidas por la quejosa y por la autoridad responsable. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitidas y desahogadas por su naturaleza las aludidas probanzas. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para expresar alegatos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1527/2021; y, Resultando: Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el siete de diciembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el siguiente día hábil, por razón de turno, a este Juzgado de Distrito, Linda Patricia Ramírez Alcaraz solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra los actos reclamados a la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, y otra autoridad, ambas con sede en esta ciudad. El trece de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de derechos; se solicitó a las responsables informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo lugar en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se impugnan actos de autoridades cuya residencia se encuentra dentro de la circunscripción territorial de este juzgado federal. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados por la quejosa son los siguientes: El acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se señalaron las diez horas del treinta de marzo de dos mil veintidós para la celebración de la audiencia prevista por el artículo 873 de la ley laboral, esto es, fuera del plazo legal; y La omisión de emplazar a juicio a la parte demandada. Existencia de los actos reclamados Son ciertos los actos reclamados a la junta laboral y actuario adscrito, toda vez que al rendir el informe con justificación el presidente de la junta laboral, aceptó la existencia de estos, y dicha certeza se corrobora con las constancias que remitió en apoyo. Causa de improcedencia actualizada En la especie se actualiza una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente y de oficio, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, en el caso se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]". Esta causa de improcedencia, se encontraba establecida en los mismos términos en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada y fue interpretada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a/J. 59/99, en el sentido de que la hipótesis de improcedencia ahí contenida se actualiza cuando todos los efectos del acto reclamado se destruyen en forma total e incondicional. Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce de la garantía violada. De modo tal que, la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica del quejoso, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no solo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que esta exija. Tiene aplicación en la especie, la jurisprudencia 2a./J.59/99, -invocada en el punto 8 que antecede-, consultable en la foja 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." 13. En el caso, se llega a la firme convicción de que los actos reclamados, consistentes en el acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se señalaron las diez horas del treinta de marzo de dos mil veintidós para la celebración de la audiencia prevista por el artículo 873 de la ley laboral, esto es, fuera del plazo legal; y la omisión de emplazar a juicio a la parte demandada dentro del juicio arbitral 1179/2021 JE1, han cesado en sus efectos, ya que se constituyó una nueva situación jurídica que destruyó la que le dio motivo al presente juicio de derechos, al haber señalado la responsable fecha para el desahogo de la audiencia a que se refiere el artículo 873 de la ley obrera, incluso, el diecisiete de febrero pasado tuvo verificativo la consabida audiencia; y por otra parte, el once de enero del año actual, se realizó el emplazamiento de la demandada en el juicio laboral de origen. 14. En efecto, en la diligencia de once de enero de dos mil veintidós, se emplazó al juicio laboral de origen a la demandada Posadas de Sonora, sociedad anónima de capital variable, y se hizo de su conocimiento la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia a que se refiere el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, esto es, las catorce horas del diecisiete de febrero del presente año. 15. Además, como se advierte de la constancia respectiva, a las catorce horas del diecisiete de febrero de dos mil veintidós, tuvo lugar la audiencia prevista en el artículo 73 de la Ley Federal del Trabajo, en sus etapas de conciliación, demanda y excepciones. 16. Consecuentemente, al haber cesado las omisiones reclamadas a la junta y al actuario adscrito; es incuestionable que durante la tramitación del presente juicio de amparo, cesaron los efectos de los actos impugnados, al haber celebrado la junta la audiencia respectiva y haberse emplazado a juicio a la parte demandada. 17. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia publicada en la página 198, Tomo XI-Marzo, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que expresa: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Han cesado los efectos del acto reclamado, cuando la autoridad responsable dicta nueva resolución que substituye procesalmente a la anterior o cuando revoca su propio acto en el que se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que con esa nueva situación, se restituya al quejoso en el goce de sus garantías violadas." 18. De igual forma cobra vigencia sobre el particular la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 15, Tomo 55, Sexta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Ahora bien, en principio debe estimarse que esos efectos han cesado cuando las autoridades responsables comunican al Juez de Distrito que han dejado sin efecto los actos reclamados y han mandado archivar el asunto como totalmente concluido, aunque no le hayan hecho al quejoso ninguna comunicación al respecto, pues aunque sería de desearse que lo hicieran no podría decirse que conforme al precepto indicado los efectos del acto no cesen sino hasta el momento en que se comunique tal cosa al afectado. Es cierto que para sobreseerse el amparo, es menester que se conozca ciertamente la resolución que dejó sin efectos el acto, pero para ello es bastante que se le comunique oficialmente al Juez. Sería contrario a los fines de una expedita administración de justicia entrar al fondo de los negocios, en situaciones como la apuntada. Y, en todo caso, el quejoso puede obtener constancia de la cesación de efectos del acto reclamado, ya solicitando copias certificadas de las constancias pertinentes del juicio de amparo, o ya solicitándolas de las propias autoridades. Y la negligencia de éstas en lo relativo a notificar al quejoso la nueva resolución que dejó sin efectos la reclamada, no puede justificar que se entre al fondo del estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. A más de que, cuando las autoridades afirman categóricamente que han archivado el asunto como concluido, resultaría difícil entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, para decidir si se debe conceder la protección federal o no, pues en esta última hipótesis se crearía una situación legal extremadamente confusa. Y sólo podría justificarse el estudio del fondo del negocio, cuando los términos del informe justificado fueran ambiguos en forma tal, que no pudiera saberse el alcance de la cesación de los efectos del acto reclamado." 19. Así, al haber cesado los efectos de los actos impugnados en estudio (omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia a que se refiere el artículo 873 de la ley obrera, dentro del plazo legal; y la omisión de emplazar a la parte demandada), es obvio que debe declararse improcedente el juicio de amparo y decretar el sobreseimiento en términos de lo dispuesto en la fracción V del artículo 63, en relación con el diverso 61 fracción XXl, ambos de la Ley de Amparo. 20. Sustenta lo considerado, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, de la época y fuente en consulta, que refiere: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Decisión 21. Al haberse actualizado la causa de improcedencia establecida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de derechos, en términos de lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia. 22. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo, se: Resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido Linda Patricia Ramírez Alcaraz, por las razones expuestas en el considerando V, del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Jvr
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, diez de marzo de dos mil veintidós. Cumple requerimiento. Agréguese a los autos el oficio remitido por el presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante el cual, da cumplimiento a lo requerido en auto de veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexa; sin perjuicio de relacionarlas durante la audiencia constitucional que se celebre en el presente juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del presente juicio, de los que se advierte que no fue posible celebrar la audiencia constitucional, en virtud de que se encuentra pendiente que la autoridad Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, conteste el requerimiento efectuado el veintiuno de febrero del año en curso. Diferimiento de audiencia constitucional. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las doce horas con veintisiete minutos del veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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