Lisbiet Garcia Cedeño
Expediente 377/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 377/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 28/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Lisbiet Garcia Cedeño
- Ernesto Guevara Perez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese para que obre como constancia el oficio del Sub Comisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración, con residencia en la Ciudad de México. Sin que se realice mayor pronunciamiento, toda vez que el presente ya se dictó la resolución correspondeinte.
- Principal
De inicio, el Secretario hace constar que obran agregados al presente sumario: 1.- Escrito inicial de demanda y su anexo. 2.- Constancia de emplazamiento del Agente del Ministerio Publico de la Federación. Asimismo, el Secretario certifica: a) El Agente del Ministerio Público de la Federación no formuló pedimento o alegato de amparo de su intención; b) Que las autoridades responsables Secretaria de Gobernación, Comisionado del Instituto Nacional de Migración, en la Ciudad de México, Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración y Encargado de la Estación de la Policía Federal en Tapachula, en esta ciudad, no rindieron su respectivo informe justificado, no obstante de encontrarse debidamente emplazados, tal como se advierte de la constancia de notificación que obra en autos. Enseguida, el Juez acuerda: Se tiene por realizada la anterior relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Por su parte, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se declara abierto el período probatorio, en el que el Secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció prueba alguna. A continuación se abre el diverso de alegatos, en el que el Secretario hace constar que ninguna parte formuló los de su intención; ante ese escenario, se cierra el citado período. Desahogadas las etapas correspondientes a la presente audiencia y al no existir actuaciones pendientes por desahogar, el Juez procede a dictar la siguiente resolución. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 377/2019. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito de demanda presentado el cuatro de abril de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, Lisbiet García Cedeño y Ernesto Guevara Pérez, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de actos y autoridades que en un apartado posterior se precisarán. SEGUNDO. Trámite. Por auto de cuatro de abril de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo de previa reseña, se decretó la suspensión de plano respecto del acto reclamado, se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es competente para conocer del presente juicio, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII de la Constitución Federal, 1, fracción I, 33, fracción IV, 37, párrafo primero, y 107 de la Ley de Amparo, 48, 50 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, modificado mediante el diverso acuerdo 16/2016, publicado el once de marzo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, esto, porque el acto reclamado tiene ejecución en la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de la litis. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, resulta necesario fijar con claridad y precisión en qué consiste el acto reclamado, para lo cual se atiende la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de la Segunda Sala de la misma superioridad, respectivamente de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" y "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS". Del estudio íntegro de la demanda de garantías, en relación con las demás constancias que obran en el expediente, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, lo siguiente: * La orden de detención o inminente expulsión del territorio de los Estados Unidos Mexicanos y detención. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La siguiente autoridad responsable negó la existencia de la totalidad del acto reclamado, sin que la parte quejosa desvirtuara dicha negativa con prueba fehaciente alguna. Comisionado General de la Policía Federal, en residencia en la Ciudad de México En consecuencia, al no existir dato objetivo alguno que confirme la participación de dicha potestad en la emisión y ejecución del referido acto reclamado; lo conducente es sobreseer en el presente juicio de amparo por cuanto el, acorde a lo preceptuado por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la ley de Amparo. También, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, número veinte, que dice: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo. CUARTO. Presunción de la existencia del acto reclamado. La Secretaria de Gobernación, Comisionado del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México, Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración y Encargado de la Estación de la Policía Federal en Tapachula, en esta ciudad, no rindieron su respectivo informe justificado, no obstante de encontrarse debidamente emplazados, tal como se advierte de la constancia de notificación que obra en autos; por lo tanto, con fundamento en el artículo 117, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos atribuidos a dicha autoridad responsable. Es aplicable la jurisprudencia 8/99, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, página 26, Tomo IX, marzo de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: INFORME JUSTIFICADO. CONSECUENCIAS DEL MOMENTO DE RENDICIÓN O DE SU OMISIÓN (HIPÓTESIS DIVERSAS DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO). Del contexto del artículo 149 de la Ley de Amparo, en relación con los efectos que se producen en el juicio de amparo con la rendición u omisión del informe justificado, se advierten las siguientes hipótesis: a) Por regla general, el Juez de Distrito, al solicitar los informes justificados de las autoridades responsables, concede un término de cinco días, contados a partir de la notificación del auto correspondiente; b) Si el Juez Federal lo estima conveniente, por la importancia y trascendencia del caso, a lo que procede agregar que puede haber situaciones de complejidad para la obtención de constancias, es posible discrecionalmente ampliar el término por cinco días más, para que la autoridad responsable rinda su informe con justificación; c) La circunstancia de que las autoridades responsables presenten sus informes justificados con posterioridad al término de cinco días o, en su caso, al de su ampliación discrecional, no trae como consecuencia que se deba tener por presuntivamente cierta la existencia de los actos que se les atribuyen, según se destacará en inciso subsecuente; d) Las autoridades responsables rendirán sus informes con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la audiencia constitucional; e) La consecuencia de que se rinda el informe justificado con insuficiente anticipación en relación con la fecha de la celebración de la audiencia constitucional, será que el Juez difiera o suspenda tal audiencia, según lo que proceda, a solicitud de las partes, que inclusive podrá hacerse en la misma fecha fijada para la celebración de la diligencia; f) Si el Juez de Distrito omite dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido con insuficiente anticipación en relación con la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, el tribunal revisor podrá ordenar la reposición del procedimiento, atento lo que establece el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo; y g) Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Esta parte del precepto se refiere a casos de ausencia de rendición de informe justificado por parte de la autoridad responsable, o bien, para el evento en que dicho informe hubiera sido rendido con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, lo que hace precluir cualquier oportunidad de las partes para apersonarse, presentar promociones o aportar constancias en el juicio de garantías. QUINTO.- Estudio de las causas de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente; sin embargo, al no advertir alguna que en el caso se actualice, se procede al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado ya precisado. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 231, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ciento ochenta y nueve, Tomo VI, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro siguiente: IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. SEXTO. Estudio de fondo. Este juzgador considera que debe negarse la protección Constitucional solicitada. Para ilustrar este aserto, primeramente, es necesario transcribir el contenido del artículo 117, primer y tercer párrafos, de la Ley de Amparo, que literalmente reza: Artículo 117. La autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes. El órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo por otros diez días. (.) Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1o de esta Ley. De ello, se colige que, en los casos en los que la autoridad responsable no rinde su informe con justificación, debe presumirse cierto el acto reclamado siempre que no exista en el sumario prueba alguna que desvirtúe tal presunción, mas, quedará a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen la inconstitucionalidad del acto reclamado cuando no sea violatorio de derechos fundamentales en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Es importante destacar que la presunción a que se hace referencia, se limita a la certeza del acto reclamado, pero no la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, de conformidad con el criterio 2a./J. 7/94, de la Octava Época, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 79, Julio de 1994, página 17, con número de registro 206350, cuyo rubro reza: INFORME JUSTIFICADO. SU FALTA SOLO HACE PRESUMIR CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO LA TOTALIDAD DE LOS HECHOS SEÑALADOS EN LA DEMANDA. En términos del artículo 149 párrafo tercero de la Ley de Amparo, la omisión de la autoridad responsable de rendir informe justificado sólo hace presumir la certeza del acto reclamado, pero no la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo. Y el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis publicada en la página 248, del Tomo XIII, enero de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, intitulado: INFORME JUSTIFICADO. EL NO RENDIRLO NO DETERMINA LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. El hecho de que la autoridad responsable omita rendir su informe justificado no obstante estar debidamente notificada para ese efecto, de ninguna manera puede determinarse que los actos reclamados sean inconstitucionales, pues la falta de informe justificado solamente presume cierto el acto que se reclama, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinan su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependan de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. En esa tesitura, debe decirse que la omisión de las autoridades responsables de rendir su informe justificado, no obstante estar debidamente notificadas para tal efecto, no es suficiente para determinar que el acto reclamado sea inconstitucional, pues ese incumplimiento solamente presume cierto el acto que se reclama, pero deja a cargo de la parte quejosa la prueba de los hechos que determinan su inconstitucionalidad, cuando este no es violatorio de derechos fundamentales en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Luego, si la carga de la prueba de los hechos que determinan la legalidad del acto reclamado, correspondía a la parte quejosa, y ésta se abstuvo de ofrecer prueba para demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, debe negársele el amparo solicitado; máxime, porque hay constancia de que tiene nacionalidad extranjera y que ingreso al país sin justificar su legal estancia. Apoya este argumento, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la tesis publicada en la página 301, del Tomo XIII, marzo de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro establece: ACTO RECLAMADO. LA CARGA DE LA PRUEBA DE INCONSTITUCIONALIDAD, CORRESPONDE AL QUEJOSO. El artículo 149 de la Ley de Amparo en su tercer párrafo, establece: "Art. 149.-... Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto."; términos de los que se desprende que la carga de la prueba de los hechos que determinan la inconstitucionalidad del acto reclamado, corresponde al quejoso cuando aquéllos no sean en sí mismos violatorios de garantías sino que su inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto, de tal manera que si el peticionario no aporta dicha prueba debe negarse la protección federal. Por lo expuesto y fundado se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por Lisbiet García Cedeño y Ernesto Guevara Pérez, contra el acto y autoridades a que se contrae el considerando tercero de esta resolución, atento a los motivos ahí expuestos. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Lisbiet García Cedeño y Ernesto Guevara Pérez, contra el acto precisado en el considerando segundo, atribuidos a las autoridades señaladas en el considerando cuarto, por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido del licenciado José Alfredo Arévalo Treviño, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.De inicio, el Secretario hace constar que obran agregados al presente sumario: 1.- Escrito inicial de demanda y su anexo. 2.- Constancia de emplazamiento del Agente del Ministerio Publico de la Federación. Asimismo, el Secretario certifica: a) El Agente del Ministerio Público de la Federación no formuló pedimento o alegato de amparo de su intención; b) Que las autoridades responsables Secretaria de Gobernación, Comisionado del Instituto Nacional de Migración, en la Ciudad de México, Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración y Encargado de la Estación de la Policía Federal en Tapachula, en esta ciudad, no rindieron su respectivo informe justificado, no obstante de encontrarse debidamente emplazados, tal como se advierte de la constancia de notificación que obra en autos. Enseguida, el Juez acuerda: Se tiene por realizada la anterior relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Por su parte, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se declara abierto el período probatorio, en el que el Secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció prueba alguna. A continuación se abre el diverso de alegatos, en el que el Secretario hace constar que ninguna parte formuló los de su intención; ante ese escenario, se cierra el citado período. Desahogadas las etapas correspondientes a la presente audiencia y al no existir actuaciones pendientes por desahogar, el Juez procede a dictar la siguiente resolución. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 377/2019. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito de demanda presentado el cuatro de abril de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, Lisbiet García Cedeño y Ernesto Guevara Pérez, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de actos y autoridades que en un apartado posterior se precisarán. SEGUNDO. Trámite. Por auto de cuatro de abril de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo de previa reseña, se decretó la suspensión de plano respecto del acto reclamado, se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es competente para conocer del presente juicio, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII de la Constitución Federal, 1, fracción I, 33, fracción IV, 37, párrafo primero, y 107 de la Ley de Amparo, 48, 50 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, modificado mediante el diverso acuerdo 16/2016, publicado el once de marzo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, esto, porque el acto reclamado tiene ejecución en la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de la litis. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, resulta necesario fijar con claridad y precisión en qué consiste el acto reclamado, para lo cual se atiende la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de la Segunda Sala de la misma superioridad, respectivamente de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" y "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS". Del estudio íntegro de la demanda de garantías, en relación con las demás constancias que obran en el expediente, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, lo siguiente: * La orden de detención o inminente expulsión del territorio de los Estados Unidos Mexicanos y detención. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La siguiente autoridad responsable negó la existencia de la totalidad del acto reclamado, sin que la parte quejosa desvirtuara dicha negativa con prueba fehaciente alguna. Comisionado General de la Policía Federal, en residencia en la Ciudad de México En consecuencia, al no existir dato objetivo alguno que confirme la participación de dicha potestad en la emisión y ejecución del referido acto reclamado; lo conducente es sobreseer en el presente juicio de amparo por cuanto el, acorde a lo preceptuado por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la ley de Amparo. También, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, número veinte, que dice: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo. CUARTO. Presunción de la existencia del acto reclamado. La Secretaria de Gobernación, Comisionado del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México, Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración y Encargado de la Estación de la Policía Federal en Tapachula, en esta ciudad, no rindieron su respectivo informe justificado, no obstante de encontrarse debidamente emplazados, tal como se advierte de la constancia de notificación que obra en autos; por lo tanto, con fundamento en el artículo 117, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos atribuidos a dicha autoridad responsable. Es aplicable la jurisprudencia 8/99, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, página 26, Tomo IX, marzo de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: INFORME JUSTIFICADO. CONSECUENCIAS DEL MOMENTO DE RENDICIÓN O DE SU OMISIÓN (HIPÓTESIS DIVERSAS DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO). Del contexto del artículo 149 de la Ley de Amparo, en relación con los efectos que se producen en el juicio de amparo con la rendición u omisión del informe justificado, se advierten las siguientes hipótesis: a) Por regla general, el Juez de Distrito, al solicitar los informes justificados de las autoridades responsables, concede un término de cinco días, contados a partir de la notificación del auto correspondiente; b) Si el Juez Federal lo estima conveniente, por la importancia y trascendencia del caso, a lo que procede agregar que puede haber situaciones de complejidad para la obtención de constancias, es posible discrecionalmente ampliar el término por cinco días más, para que la autoridad responsable rinda su informe con justificación; c) La circunstancia de que las autoridades responsables presenten sus informes justificados con posterioridad al término de cinco días o, en su caso, al de su ampliación discrecional, no trae como consecuencia que se deba tener por presuntivamente cierta la existencia de los actos que se les atribuyen, según se destacará en inciso subsecuente; d) Las autoridades responsables rendirán sus informes con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la audiencia constitucional; e) La consecuencia de que se rinda el informe justificado con insuficiente anticipación en relación con la fecha de la celebración de la audiencia constitucional, será que el Juez difiera o suspenda tal audiencia, según lo que proceda, a solicitud de las partes, que inclusive podrá hacerse en la misma fecha fijada para la celebración de la diligencia; f) Si el Juez de Distrito omite dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido con insuficiente anticipación en relación con la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, el tribunal revisor podrá ordenar la reposición del procedimiento, atento lo que establece el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo; y g) Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Esta parte del precepto se refiere a casos de ausencia de rendición de informe justificado por parte de la autoridad responsable, o bien, para el evento en que dicho informe hubiera sido rendido con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, lo que hace precluir cualquier oportunidad de las partes para apersonarse, presentar promociones o aportar constancias en el juicio de garantías. QUINTO.- Estudio de las causas de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente; sin embargo, al no advertir alguna que en el caso se actualice, se procede al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado ya precisado. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 231, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ciento ochenta y nueve, Tomo VI, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro siguiente: IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. SEXTO. Estudio de fondo. Este juzgador considera que debe negarse la protección Constitucional solicitada. Para ilustrar este aserto, primeramente, es necesario transcribir el contenido del artículo 117, primer y tercer párrafos, de la Ley de Amparo, que literalmente reza: Artículo 117. La autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes. El órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo por otros diez días. (.) Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1o de esta Ley. De ello, se colige que, en los casos en los que la autoridad responsable no rinde su informe con justificación, debe presumirse cierto el acto reclamado siempre que no exista en el sumario prueba alguna que desvirtúe tal presunción, mas, quedará a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen la inconstitucionalidad del acto reclamado cuando no sea violatorio de derechos fundamentales en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Es importante destacar que la presunción a que se hace referencia, se limita a la certeza del acto reclamado, pero no la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, de conformidad con el criterio 2a./J. 7/94, de la Octava Época, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 79, Julio de 1994, página 17, con número de registro 206350, cuyo rubro reza: INFORME JUSTIFICADO. SU FALTA SOLO HACE PRESUMIR CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO LA TOTALIDAD DE LOS HECHOS SEÑALADOS EN LA DEMANDA. En términos del artículo 149 párrafo tercero de la Ley de Amparo, la omisión de la autoridad responsable de rendir informe justificado sólo hace presumir la certeza del acto reclamado, pero no la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo. Y el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis publicada en la página 248, del Tomo XIII, enero de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, intitulado: INFORME JUSTIFICADO. EL NO RENDIRLO NO DETERMINA LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. El hecho de que la autoridad responsable omita rendir su informe justificado no obstante estar debidamente notificada para ese efecto, de ninguna manera puede determinarse que los actos reclamados sean inconstitucionales, pues la falta de informe justificado solamente presume cierto el acto que se reclama, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinan su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependan de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. En esa tesitura, debe decirse que la omisión de las autoridades responsables de rendir su informe justificado, no obstante estar debidamente notificadas para tal efecto, no es suficiente para determinar que el acto reclamado sea inconstitucional, pues ese incumplimiento solamente presume cierto el acto que se reclama, pero deja a cargo de la parte quejosa la prueba de los hechos que determinan su inconstitucionalidad, cuando este no es violatorio de derechos fundamentales en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Luego, si la carga de la prueba de los hechos que determinan la legalidad del acto reclamado, correspondía a la parte quejosa, y ésta se abstuvo de ofrecer prueba para demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, debe negársele el amparo solicitado; máxime, porque hay constancia de que tiene nacionalidad extranjera y que ingreso al país sin justificar su legal estancia. Apoya este argumento, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la tesis publicada en la página 301, del Tomo XIII, marzo de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro establece: ACTO RECLAMADO. LA CARGA DE LA PRUEBA DE INCONSTITUCIONALIDAD, CORRESPONDE AL QUEJOSO. El artículo 149 de la Ley de Amparo en su tercer párrafo, establece: "Art. 149.-... Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto."; términos de los que se desprende que la carga de la prueba de los hechos que determinan la inconstitucionalidad del acto reclamado, corresponde al quejoso cuando aquéllos no sean en sí mismos violatorios de garantías sino que su inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto, de tal manera que si el peticionario no aporta dicha prueba debe negarse la protección federal. Por lo expuesto y fundado se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por Lisbiet García Cedeño y Ernesto Guevara Pérez, contra el acto y autoridades a que se contrae el considerando tercero de esta resolución, atento a los motivos ahí expuestos. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Lisbiet García Cedeño y Ernesto Guevara Pérez, contra el acto precisado en el considerando segundo, atribuidos a las autoridades señaladas en el considerando cuarto, por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido del licenciado José Alfredo Arévalo Treviño, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
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Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa en su numeral 2, agréguese a los autos para que obre como constancia el oficio de la Jefa de la Administración Postal, en esta ciudad; en atención a su contenido, téngase por hechas sus manifestaciones para los efectos legales a que haya lugar...
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SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL SEÑALADA PARA HOY, Y SE FIJAN LAS DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, PARA SU CELEBRACIÓN, PARA QUE TENGA VERIFICATIVO ESE ACTO PROCESAL...
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