Lisbeth Anel Zepeda Becerra

Expediente 491/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
491/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
11/11/2021

Partes del expediente

  • Juez Tercero del Ramo Familiar, Ciudad
  • Lisbeth Anel Zepeda Becerra

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación en la cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término legal de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la quejosa Lisbeth Anel Zepeda Becerra, por sí y en representación de su menor hijo con iniciales A.A.Z., recurra el proveído por el que se desechó la demanda de amparo, sin que haya interpuesto recurso de queja. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de desechamiento

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. EXPEDIENTE Y REGISTRO Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido a la parte quejosa por acuerdo de trece de octubre de dos mil veintiuno, para que diera cumplimiento a la prevención ahí efectuada, sin que lo hubiere hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento a la impetrante Lisbeth Anel Zepeda Becerra, por sí y en representación de su menor hijo con iniciales A.A.Z., y se tiene únicamente como acto reclamado en el presente asunto: El acuerdo de veintidós de septiembre del año en curso, dictado por el Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tapachula, Chiapas, dentro del expediente 642/2016 de su índice. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Ahora bien, de un análisis integral de la demanda de amparo, como lo prevé el artículo 113 de la Ley de Amparo, se advierte de manera notoria y manifiesta que existe una causal que hace improcedente la promoción del juicio de amparo, ya que respecto del acto que se reclama, se actualiza la hipótesis establecida en el artículo 61 fracción XXIII, de la citada legislación. Para confirmar el acierto de mérito, conviene traer a cuenta, primeramente, lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "causa manifiesta e indudable de improcedencia", ha sido explicado por su contenido y alcance en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ciertamente, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Enseguida, de conformidad con el artículo 74 de la ley de la materia, es menester precisar que del estudio íntegro de la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: - El acuerdo de veintidós de septiembre del año en curso, dictado por el Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tapachula, Chiapas, dentro del expediente 642/2016 de su índice. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicado analógicamente y que a la letra dice: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo. Asimismo, resulta aplicable por identidad jurídica esencial, la tesis aislada número VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de abril de 2004, Novena Época, que a la letra dice: ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el suscrito estima que respecto al acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que a la letra refiere: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". Como puede advertirse claramente, el motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que la parte quejosa, previo acudir a la instancia constitucional, no agote los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar, la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte, de invalidar los actos de las autoridades, en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado consistente en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios (lato sensu) tendentes a revocar o modificar los actos que estime lesivos. En ese orden, se trae a contexto el contenido de los artículos 666, 669, último párrafo, 671, primer párrafo, y 991, todos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, los cuales disponen: "Artículo 666. La apelación debe interponerse por escrito ante el juez que pronunció la resolución en la forma y términos previstos en los artículos siguientes, salvo cuando se trate de apelaciones extraordinarias. Los autos e interlocutorias serán apelables cuando lo fuere la sentencia definitiva." "Artículo 669. (.) La apelación admitida en ambos efectos suspende desde luego la ejecución de la sentencia, hasta que cause ejecutoria. Cuando se interponga contra auto o interlocutoria que por su contenido impida la continuación del procedimiento y la apelación se admita en ambos efectos, se suspenderá la tramitación del juicio. De no ser así, sólo se suspenderá en el punto que sea objeto del auto o la interlocutoria apelada y se continuará el procedimiento en todo lo demás." "Artículo 671. De los autos y sentencias interlocutorias que deriven una ejecución que pueda causar daño irreparable o de difícil reparación y la apelación proceda en el efecto devolutivo, se admitirá en ambos efectos si el apelante lo solicita al interponer el recurso, en el que deberá señalar los motivos por los que considera el daño irreparable o de difícil reparación. (.)" "Articulo 991. La apelación deberá interponerse en la forma y términos previstos por el artículo 666. Cuando la tramitación del juicio se haya regido por las disposiciones generales del código, igualmente se regirá por estas disposiciones, por lo que toca a los recursos; pero en todo caso, si la parte recurrente careciere de abogado, la propia sala solicitara la intervención de un defensor de oficio, quien gozara de un plazo de tres días mas para enterarse del asunto y a efecto de que haga valer los agravios o cualquier derecho a nombre de la parte que asesore." De la lectura de los anteriores preceptos legales, se desprende que se otorga al gobernado un medio de impugnación ordinario para combatir la determinación que reclama de la autoridad que señala como responsable, el cual es el recurso de apelación. En ese sentido, si en el caso concreto la parte quejosa acude a esta instancia constitucional doliéndose de la determinación del juez de primera instancia que ordenó la entrega a su progenitor de su menor hijo, es incuestionable que en términos de los artículos 666, 669, último párrafo, 671, primer párrafo, y 991, todos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, estaba obligada a agotar, previamente a intentar el juicio de amparo, el recurso de apelación a que aluden los citados numerales, para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Máxime que la resolución de la apelación puede tener por efecto, de acuerdo con el artículo 663 del código adjetivo mencionado, que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior, por lo que se insiste, a través de ese recurso, la parte quejosa pudo haber revocado o modificado los actos que tilda de inconstitucionales. En ese contexto, resulta evidente que la promovente debió interponer el señalado medio de defensa, cumpliendo así con el principio de definitividad rector de la instancia constitucional, contenido en la fracción XVIII, del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, toda vez que no se actualizan los supuestos de excepción previstos en ese normativo, a saber, que se trate de un tercero extraño a procedimiento o que el acto importe peligro de privación de la vida, deportación de destierro, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, porque el acto reclamado no es privativo de la libertad personal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página trescientos cincuenta, Libro 1, Tomo I, diciembre de dos mil trece, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. Asimismo, la jurisprudencia1a./J. 44/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página setecientos veintinueve, Libro X, Tomo 1, julio de dos mil doce, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo. También apoya a lo anterior, la diversa tesis I.3o.C.44 K, que sustentó el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que aparece a foja mil doscientos setenta y dos, Tomo XVI, agosto de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo texto establece: DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE. De la interpretación relacionada de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal; 37, 73, fracciones XII, XIII y XV, y 114 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones y el examen integral de la normatividad jurídica mexicana ponen de manifiesto que no existe ninguna razón jurídica para sostener que contra los actos de ejecución irreparable no es obligatorio agotar los recursos ordinarios, antes bien, informan en cuanto a que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, no debe hermanarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, pues de acuerdo con las anteriores precisiones, debe estimarse que aun contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad. También se cita de conformidad con el mencionado precepto legal transitorio, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, visible en la página ochocientos noventa, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa y ocho, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. No pasa inadvertido la jurisprudencia 1a./J. 77/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página novecientos noventa, Libro XXV, Tomo 2, octubre de dos mil trece, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO", toda vez que en el caso concreto, el recurso de apelación aludido, puede tramitarse, como se dijo, con efectos suspensivo y devolutivo, como ya se estableció. Además, resulta conveniente citar el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, al resolver la queja 20/2016, en sesión de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, en el que declaró infundada el recurso de queja interpuesto por la ahí parte recurrente, sosteniendo -entre otras consideraciones-, lo siguiente: ".De los numerales anteriormente transcritos, como lo refirió el Juez de Distrito, se advierte que la apelación admitida en ambos efectos suspende la ejecución del acto impugnado; asimismo, que tratándose de autos y sentencias interlocutorias que deriven en una ejecución que pueda causar daño irreparable o de difícil reparación y la apelación proceda en el efecto devolutivo, se admitirá en ambos efectos si el apelante lo solicita al interponer el recurso, en el que deberá señalar los motivos por los que considera el daño irreparable o de difícil reparación, caso en el cual el juez que reciba el escrito de apelación deberá resolver si la admite en ambos efectos, y en caso de que se niegue la admisión del recurso en ambos efectos, se podrá recurrir dicha determinación a través del recurso de queja. En ese contexto, es evidente que la legislación procesal civil de la Entidad sí prevé la suspensión del acto impugnado al interponerse el recurso en comento. Por tanto, se concluye que la excepción a que se refiere la jurisprudencia antes citada no se actualiza en este caso en concreto, ya que aplica únicamente en el supuesto de que el recurso ordinario que prevea la legislación aplicable al caso, no admita la suspensión del acto recurrido; empero, como ya se precisó, la indicada legislación adjetiva civil sí contempla la suspensión del acto al interponerse el indicado medio ordinario de impugnación.". En consecuencia, al actualizarse una causa notoria e indudable y manifiesta de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; con fundamento en el ordinal 113 del citado ordenamiento legal se desecha de plano la demanda de amparo promovida. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de Amparo y en la estadística de este Juzgado. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA OBTRENCIÓN DE LA FIRMA ELECTRÓNICA Se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", para lo cual, es menester que observen lo siguiente:  Las personas interesadas en acceder a los servicios que se presentan en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, forzosamente deberán contar con firma electrónica, que comprende a la certificada por el Poder Judicial de la Federación, conocida como FIREL, y a la "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o FIEL).  Para registrarse en el citado portal los usuarios deberán indicar su nombre, correo electrónico, registro federal de contribuyentes y clave única de registro de población, crear un nombre de usuario, una contraseña y vincular al registro su firma electrónica, el registro de cada usuario en el sistema ese carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra.  La consulta del expediente electrónico depende de que la propia parte formule una petición en ese sentido.  En términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, para la solicitud de notificación electrónica se deberá realizar la manifestación expresa para que se les practiquen notificaciones de esa naturaleza, en virtud de que la sola presentación de promociones o recursos en forma electrónica, no implica gestión ni autorización alguna para recibirlas de esta forma, según se desprende del artículo 15, inciso a), del Acuerdo General Conjunto 1/2013 y el diverso artículo 79 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 en alusión. Ello permitirá presentar promociones y recursos en forma electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, disponible en http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea. Adicionalmente, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con el Comunicado 28/2020, del quince de julio del dos mil veinte, publicado en la página oficial del Consejo de la Judicatura Federal, se encuentra disponible la aplicación -APP- para teléfonos móviles que utilicen los sistemas operativos iOS y Android, de modo que, a través de este medio también podrán tramitar la Firma Electrónica Certificada (FIREL) con su credencial para votar vigente expedida por el Instituto Nacional Electoral. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a la autorización notificada mediante oficio CCJ/ST/0390/2021 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, quien a su vez es asistido por Pedro Castillo Castañón, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a trece de octubre de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Vista la demanda promovida por Lisbeth Anel Zepeda Becerra, por su propio derecho y en representación de su menor hijo con iniciales A.A.Z., mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tapachula, Chiapas, y otra autoridad; fórmese el cuaderno correspondiente y regístrese en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número 491/2021. PREVENCIÓN Consecuentemente, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114, fracción IV, en relación con el artículo 108, fracción IV de la Ley de Amparo, que en su párrafo primero textualmente dispone: "Artículo 114.- El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: (..) IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado;." Por lo tanto, con fundamento en el artículo 114, fracciones I, en relación al 108, fracción V, de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa para que en el plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que se encuentre notificada de este acuerdo, aclare su demanda en lo siguiente: Único. - Precise el acto reclamado que le atribuye al Actuario adscrito al Juzgado Tercero de los Familiar del Distrito Judicial de Tapachula, Chiapas. Lo anterior, toda vez que en el inciso IV de la demanda de amparo relativo a la fijación del acto reclamado, la quejosa manifiesta que la notificación del acuerdo de veintidós de septiembre del año en curso, fue realizada el veintisiete del mismo mes y año, sin cumplir con las formalidades de ley. Asimismo, en el último párrafo de ese mimo apartado, la quejosa señala como acto reclamado atribuido al Actuario adscrito al Juzgado Tercero de los Familiar del Distrito Judicial de Tapachula, Chiapas, el cumplimiento que pretende dar al acuerdo de veintidós de septiembre del año en curso, sin precisar un acto concreto de ejecución. El anterior requerimiento encuentra justificación en el hecho de que, de admitirse así la demanda de amparo, propiciaría una amplia gama de incertidumbre, expectativas y opiniones respecto de cuáles son las circunstancias objetivas bajo las cuales la parte quejosa acciona este medio de control constitucional, en los términos expuestos en este auto, lo cual tiene fundamento en lo previsto en las fracciones I a V, del citado artículo 108, de la Ley de Amparo, esto es, que deberá exponer, bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado y que puedan servir de fundamento a los conceptos de violación; además, de no hacerlo, redundaría en la imprecisa e interminable configuración de la litis constitucional, con la consecuente inseguridad jurídica para las partes en el debido proceso del sumario de amparo, de no demostrarse exactamente los precedentes, naturaleza y sus características del acto reclamado. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar respuesta de manera precisa a esta prevención, se tendrá únicamente como acto reclamado el acuerdo de veintidós de septiembre del año en curso, dictado por el Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tapachula, Chiapas, dentro del expediente 642/2016 de su índice. En el entendido de que si con posterioridad y con motivo de las constancias allegadas por las partes, este tribunal advierte que la parte promovente, sus representantes, abogados y/o autorizados afirmaron hechos falsos u omitieron los que le constaba con relación al acto reclamado y sus antecedentes, lo manifestado en su demanda y/o aclaración, se procederá contra quien resulte responsable en la comisión del delito federal de falsedad, previsto en el artículo 261, de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de la parte quejosa que deberá exhibir copias de su escrito aclaratorio, que resulte necesarias para emplazar a las autoridades responsables, correr traslado a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y aperturar el incidente de suspensión. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS En atención a lo solicitado por el promovente del amparo en el escrito de demanda respecto a la forma que desea recibir las notificaciones, y vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se localizó el nombre del usuario "gabrieltriton", al cual se encuentra relacionado el correo electrónico angelgabrielp@hotmail.com, que pertenece a Ángel Gabriel Pérez Morales. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 26, fracción IV, y 30 de la Ley de Amparo, así como en términos del numeral 79 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza a la citada parte quejosa, la consulta del expediente electrónico vía internet, haciéndole de su conocimiento que este acuerdo y las subsecuentes resoluciones, le serán notificados de forma electrónica por así haberlo solicitado expresamente, a través de la plataforma dispuesta para ello en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Asimismo, se da instrucciones a la encargada del SISE (Sistema Integral de Seguimiento de Expediente), para que proceda a dar de alta el usuario "gabrieltriton". Asimismo, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a María Elena Hidalgo Ruiz y Ángel Gabriel Pérez Morales, toda vez que cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Mientras tanto, se tiene por autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Rodolfo Domínguez Barrios, toda vez que no cumple con el requisito señalado en párrafo precedente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. AUTORIZACIÓN EN EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y COPIAS Desde ahora se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Por tanto, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3º.C725C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". También se autoriza expedir, en un solo tanto, las copias simples o certificadas que a su costa solicite cualquiera de las partes al comparecer a este juzgado, previa toma de razón y recibo que de ello se deje en autos para constancia legal; lo anterior de conformidad con los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ello, en el entendido de que, de encontrarse algún motivo por el que deba ampliarse esa prerrogativa, el compareciente deberá solicitarla por escrito en la oficialía de partes de este juzgado, la cual se acordará como legalmente corresponda. DATOS DE CONTACTO Igualmente, con fundamento en el artículo 22, fracción II, del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el correo electrónico angelgabrielp@hotmail.com, a fin de que este órgano jurisdiccional pueda entablar comunicación -no procesal con parte quejosa, en caso de ser necesario. Lo anterior, conforme al diverso ordinal 23, fracción I de la referida normatividad, propiciará el éxito y seguridad de la práctica de notificaciones personales, en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes intervengan en la diligencia concerniente. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de once de junio del año dos mil dos, y con el artículo 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el referido medio de difusión oficial el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor al día siguiente, así como el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley antes mencionada, cabe señalar a las partes el derecho que les asiste para oponerse a hacerse públicas las sentencias, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS Los responsables en el manejo de este expediente, procederán a la oportuna digitalización de las constancias que lo integren (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y proceso técnico informático y documental), con excepción de los anexos que dadas sus características y voluminosidad la dificulten. Todo ello a efecto de cumplir con el artículo 3, párrafos quinto y sexto de la ley de la materia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a la autorización notificada mediante oficio CCJ/ST/0390/2021 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, quien a su vez es asistido por Pedro Castillo Castañón, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

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