Lisbeth Ordoñez Barajas

Expediente 156/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
156/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
10/12/2020

Partes del expediente

  • Lisbeth Ordoñez Barajas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; diez de diciembre de dos mil veinte. Visto; la certificación secretarial de cuenta y del estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha fenecido el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia de dieciocho de noviembre del año en curso; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que sobresee HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; déjese por separado el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo de que se trata. En la inteligencia de que, en su oportunidad, y con fundamento en los artículos 21, inciso a), y 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, tanto el expediente principal, como el duplicado del incidente de suspensión correspondiente al presente juicio de amparo, son susceptibles de destrucción; por tanto, el duplicado una vez que transcurra el término de seis meses y el expediente principal, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo.

  2. Incidental

    Acapulco de Juárez, Guerrero; diez de diciembre de dos mil veinte. Visto; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2°; agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, la copia simple del proveído de esta misma fecha dictado en el cuaderno principal del juicio de amparo del cual deriva el presente cuaderno incidental, tal y como esta ordenado en dicho auto. Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, se declara que es susceptible de depuración el original del incidente de suspensión; en la inteligencia de que sólo deberán conservarse las constancias relativas a la demanda, las resoluciones del otorgamiento de la suspensión y, en su caso, violación a la misma, toda vez que se negó y concedió la suspensión provisional y definitiva; consecuentemente, en su momento procédase al desglose de las demás constancias que lo integran para su destrucción; por tanto, el duplicado una vez que transcurra el término de seis meses, a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo se destruirá. Atento a lo ordenado en el artículo 35 del referido acuerdo, hágase las anotaciones respectivas en las carátulas del incidente de suspensión en que se actúa. Notifíquese.

  3. Principal

    VISTOS los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo 156/2020, promovido por****, por derecho propio, contra actos de la Subdelegación Acapulco, Órgano Operativo de la Delegación Estatal Guerrero, del Instituto Mexicano del Seguro Social; y, R E S U L T A N D O: PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 156/2020 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veinte de febrero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, remitido por razón de turno a este Juzgado Cuarto de Distrito, Lisbeth Ordoñez Barajas, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos que a continuación se transcriben: ". III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. IV.- ACTO RECLAMADO: Del INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, reclamo el pago hecho a favor del dicho instituto por la cantidad de $6,800.00 pesos por concepto de Renovación Oportuna Sin Restricciones Médicas, que tuve que realizar para recibir las atenciones médicas, medicamentos y tratamientos de rehabilitación derivadas del riesgo de trabajo sufrido el 21 de febrero del 2013." SEGUNDO. Derechos humanos vulnerados y narración de antecedentes. La parte quejosa invocó como derechos humanos transgredidos los contenidos en los numerales 4 y 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transcribió los antecedentes del acto reclamado que estimó conducentes. TERCERO. Tramitación del juicio. Por acuerdo de tres de marzo de dos mil vente, previo registro de la demanda de amparo bajo el número 156/2020 y desahogo de prevención formulada para aclarar el acto destacado como reclamado, este órgano jurisdiccional la admitió a trámite; solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; ordenó dar a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete; y, finalmente, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. Suspensión de funciones. En virtud de que mediante acuerdo General 4/2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, suspendió las funciones de los órganos jurisdiccionales en los asuntos que consideró como no urgentes, a fin de evitar la propagación del virus COVID-19; por auto de siete de agosto de dos mil veinte, se levantó la suspensión de los plazos y continuaron transcurriendo los términos, reanudándose el procedimiento y se reprogramó la celebración de la audiencia de ley, por lo que finalmente, se llevó a cabo su celebración al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, bajo los siguientes: C O N S I D E R A N D O S PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y decidir el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo; así como conforme al Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Lo anterior, porque el presente asunto se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos que se atribuyen a una autoridad que tienen su residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio.1 TERCERO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, antes de analizar la certeza del acto reclamado, es necesario fijarlo claramente, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda y ocurso aclaratorio, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, ya que constituye un todo, con la finalidad de precisar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con la tesis número P.VI/2004, con el rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SUFIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO."2; de ahí que, de conformidad con el análisis contextual señalado, se obtiene que la parte quejosa reclama lo siguiente: 1 SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. 2 Tesis P.VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 156/2020 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO ? De la Subdelegación Acapulco, Órgano Operativo de la Delegación Estatal Guerrero, del Instituto Mexicano del Seguro Social.- El pago realizado por la cantidad de $6,800.00 (seis mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), por concepto del seguro denominado "Renovación Oportuna sin Restricciones Médicas", seguro de salud éste último, al que se incorporó de manera voluntaria, a fin de recibir las atenciones médicas, medicamentos y tratamientos de rehabilitación. CUARTO. Oportunidad en la demanda. La demanda se presentó dentro del término de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, debido a que a la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado el veintinueve de enero de dos mil veinte; por lo que el plazo para su promoción transcurrió del treinta de enero siguiente al veintiuno de febrero de dos mil veinte, descontando los días tres, cinco, ocho, nueve, quince y dieciséis de febrero, por haber sido inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Luego, si el escrito de demanda se presentó el veinte de febrero de dos mil veinte, es inconcuso que se interpuso en tiempo. QUINTO. Certeza de los actos reclamados. Una vez que se llevó a cabo la fijación clara y precisa del acto reclamado, este órgano jurisdiccional de amparo analizará su certeza o inexistencia, en observancia a la tesis de jurisprudencia número XVII.2o. J/10, cuyo rubro establece: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO."3. En ese contexto, debe tenerse por cierto el acto reclamado a la Subdelegación Acapulco, Órgano Operativo de la Delegación Estatal Guerrero, del Instituto Mexicano del Seguro Social, puesto que si bien, lo negó al momento de rendir informe justificado; las manifestaciones formuladas se encuentran encaminadas a sostener su constitucionalidad, siendo así evidente la existencia del acto reclamado, lo que incluso se robustece con las constancias allegadas en copias certificadas; las que gozan pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código 3 Sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 68, tomo 76, abril de 1994, Octava Época, materia común, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Octava Época, Registro: 211004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, consultable en su página 391, del tenor: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Asimismo, tiene aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia 226, del Pleno del Máximo Tribunal del País, consultable en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." SEXTO. Causas de sobreseimiento y de improcedencia. Previamente al estudio del fondo del asunto deben analizarse las causales de improcedencia, ya sea de oficio o bien a petición de parte, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo. Es aplicable a lo anterior, en lo conducente, la tesis jurisprudencial número II.1o. J/5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página noventa y cinco, Tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y uno, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 156/2020 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO Respecto al acto reclamado, este juzgador aprecia de oficio que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción I del artículo 1 y la primera parte de la fracción II del numeral 5, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas". De conformidad con los preceptos transcritos, el juicio de amparo es procedente en contra de normas generales, actos u omisiones que emite una autoridad merced al cual se lesionen los derechos fundamentales del gobernado. De esta manera, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar dicho acto. Bajo este contexto, resulta incuestionable que se torna improcedente el juicio de amparo que se impulsó, pues no se está en presencia de actos de autoridad para efectos del amparo, ya que, en el caso, la Subdelegación Acapulco, Órgano Operativo de la Delegación Estatal Guerrero, del Instituto Mexicano del Seguro Social actuó en su faceta de ente asegurador y, por ello, las conductas que se le endilgan no reúne las características propias de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. De acuerdo con los artículos 294 y 295 de la Ley del Seguro Social4 los patrones y demás sujetos obligados, así como los asegurados y sus beneficiarios, pueden recurrir cualquier acto definitivo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embargo, hay que distinguir la posición jurídica que hay entre los patrones y el Instituto Mexicano del Seguro Social, de la que existe entre los asegurados y el propio instituto; pues las controversias que existan entre los primeros serán dirimidas ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mientras que las habidas entre los segundos (asegurados) se resolverán ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Esa distinción obedece a que la naturaleza jurídica del Instituto Mexicano del Seguro Social no es similar cuando actúa frente a los patrones y demás sujetos obligados, que cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios. En efecto, de acuerdo con los artículos 5°, 270 y 271 de la Ley del Seguro Social5, la naturaleza de organismo fiscal autónomo del Instituto Mexicano del Seguro Social, se relaciona con las facultades que la ley le otorga en materia de recaudación, administración, determinación y liquidación de las contribuciones que conforme al artículo 2°, fracción II, y penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, tienen la naturaleza de aportaciones de seguridad social. 4 "Artículo 294. Cuando los patrones y demás sujetos obligados, así como los asegurados o sus beneficiarios consideren impugnable algún acto definitivo del Instituto, podrán recurrir en inconformidad, en la forma y términos que establezca el reglamento, o bien proceder en los términos del artículo siguiente. Las resoluciones, acuerdos o liquidaciones del Instituto que no hubiesen sido impugnados en la forma y términos que señale el reglamento correspondiente, se entenderán consentidos. "Artículo 295. Las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto sobre las prestaciones que esta Ley otorga, deberán tramitarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en tanto que las que se presenten entre el Instituto y los patrones y demás sujetos obligados, se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa". 5 "Artículo 5°. La organización y administración del Seguro Social, en los términos consignados en esta Ley, están a cargo del organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, de integración operativa tripartita, en razón de que a la misma concurren los sectores público, social y privado, denominado Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual tiene también el carácter de organismo fiscal autónomo." "Artículo 270. El Instituto, en su carácter de organismo fiscal autónomo, se sujetará al régimen establecido en esta Ley, ejerciendo las atribuciones que la misma le confiere de manera ejecutiva, con autonomía de gestión y técnica, en los ámbitos regulados en la presente Ley." "Artículo 271. En materia de recaudación y administración de las contribuciones que conforme a esta Ley le corresponden, que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2o., fracción II y penúltimo párrafo, del Código, tienen la naturaleza de aportaciones de seguridad social, el Instituto recaudará, administrará y, en su caso, determinará y liquidará, las cuotas correspondientes a los seguros establecidos en esta Ley, aplicando al efecto lo dispuesto en la misma y en lo no previsto expresamente en ella, el Código, contando respecto de ambas disposiciones con todas las facultades que ese Código confiere a las autoridades fiscales en él previstas, las que serán ejercidas de manera ejecutiva por el Instituto, sin la participación de ninguna otra autoridad fiscal." PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 156/2020 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO Así, de acuerdo con el numeral 15, fracción III, de la Ley del Seguro Social6 el Instituto Mexicano del Seguro Social actúa como órgano fiscal autónomo cuando ejerce su potestad jurídica para exigir a los patrones las cuotas obrero-patronales a su cargo. En cambio, la relación que hay entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y sus asegurados y beneficiarios no es de supra a subordinación y, por ende, frente a ellos no actúa como autoridad. En efecto, de acuerdo con los artículos 2°, 4°, 5°A, fracciones IX, XI, XII, XIII y XIV, 6°, 7°, 8°, 10, 11 y 12, fracción I, de la Ley del Seguro Social7, el Instituto Mexicano del Seguro Social es el organismo 6 "Artículo 15. Los patrones están obligados a: [.] III. Determinar las cuotas obrero patronales a su cargo y enterar su importe al Instituto;" 7 "Artículo 2°. La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado." "Artículo 4°. El Seguro Social es el instrumento básico de la seguridad social, establecido como un servicio público de carácter nacional en los términos de esta Ley, sin perjuicio de los sistemas instituidos por otros ordenamientos." "Artículo 5°A. Para los efectos de esta ley, se entiende por: [.] IX. Sujetos o sujeto de aseguramiento: los señalados en los artículos 12, 13, 241 y 250 A, de la ley; [.] XI. Asegurados o asegurado: el trabajador o sujeto de aseguramiento inscrito ante el Instituto, en los términos de la Ley; XII. Beneficiarios: el cónyuge del asegurado o pensionado y a falta de éste, la concubina o el concubinario en su caso, así como los ascendientes y descendientes del asegurado o pensionado señalados en la Ley; XIII. Derechohabientes o derechohabiente: el asegurado, el pensionado y los beneficiarios de ambos, que en los términos de la Ley tengan vigente su derecho a recibir las prestaciones del Instituto; XIV. Pensionados o pensionado: el asegurado que por resolución del Instituto tiene otorgada pensión por: incapacidad permanente total; incapacidad permanente parcial superior al cincuenta por ciento o en su caso incapacidad permanente parcial entre el veinticinco y el cincuenta por ciento; invalidez; cesantía en edad avanzada y vejez, así como los beneficiarios de aquél cuando por resolución del Instituto tengan otorgada pensión de viudez, orfandad, o de ascendencia; [.]" "Artículo 6°. El Seguro Social comprende: I. El régimen obligatorio, y II. El régimen voluntario." "Artículo 7°. El Seguro Social cubre las contingencias y proporciona los servicios que se especifican a propósito de cada régimen particular, mediante prestaciones en especie y en dinero, en las formas y condiciones previstas por esta Ley y sus reglamentos." "Artículo 8°. Los derechohabientes para recibir o, en su caso, seguir disfrutando de las prestaciones que esta Ley otorga, deberán cumplir con los requisitos establecidos en la misma y en sus reglamentos. Para tal efecto el Instituto expedirá a todos los derechohabientes, un documento de identificación a fin de que puedan ejercitar los derechos que la Ley les confiere, según el caso." "Artículo 10. Las prestaciones que corresponden a los asegurados y a sus beneficiarios son inembargables. Sólo en los casos de obligaciones alimenticias a su cargo, pueden embargarse por la autoridad judicial las pensiones y subsidios hasta por el cincuenta por ciento de su monto." "Artículo 11. El régimen obligatorio comprende los seguros de: I. Riesgos de trabajo; II. Enfermedades y maternidad; III. Invalidez y vida; IV. Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y V. Guarderías y prestaciones sociales." "Artículo 12. Son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio: I. Las personas que de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo, presten, en forma permanente o eventual, a otras de carácter físico o moral o unidades económicas sin personalidad jurídica, un servicio remunerado, personal y subordinado, cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón aun cuando éste, en virtud de alguna ley especial, esté exento del pago de contribuciones; [.]" público descentralizado encargado de administrar el seguro social, como instrumento básico de la seguridad social, cuya finalidad es garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado. La seguridad social prevista en la Ley del Seguro Social, se encuentra dirigida, en primer término, a la protección de los trabajadores y, después, a sus beneficiarios, quienes para ser acreedores de las prestaciones de seguridad social deben satisfacer los requisitos previstos por la misma ley y sus reglamentos. Por tanto, cuando un asegurado o su beneficiario solicita al Instituto Mexicano del Seguro Social cualquier prestación de seguridad social prevista en la ley, este último actuará como ente asegurador, porque al resolver cualquier petición sobre ese particular, sólo cumplirá con su obligación de garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. Entonces, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter, como organismo fiscal autónomo frente a los patrones y sujetos obligados y como órgano asegurador frente a los asegurados y sus beneficiarios. Por tanto, la conducta que la quejosa reclama no es un acto de autoridad para efectos del amparo, puesto que el pago realizado por la cantidad de $6,800.00 (seis mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), por concepto del seguro denominado "Renovación Oportuna sin Restricciones Médicas", seguro de salud éste último, al que se incorporó de manera voluntaria, al no contar con un esquema de seguridad social, con motivo de la resolución de fecha diez de octubre de dos mil dieciséis, en el que el Instituto Mexicano del Seguro Social le otorgó su indemnización global, se ubica en una relación jurídica donde el instituto carece de imperio, ya que actúa en el marco del vínculo que justifica el otorgamiento de la referida prestación a que se contrae el seguro voluntario. Por eso, los actos que emita en ese plano carecerán de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad. Es decir, actuará en una relación de coordinación. Por ello, de acuerdo con el artículo 295 de la Ley del Seguro Social8, las partes en conflicto deben acudir a los tribunales ordinarios para que resuelvan la controversia e impongan, aun coactivamente, las consecuencias jurídicas establecidas por la ley. Así, tratándose como en el caso del pago realizado por la cantidad de $6,800.00 (seis mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), por concepto del seguro denominado "Renovación Oportuna sin Restricciones Médicas", seguro de salud éste último, al que se incorporó de manera voluntaria la impetrante, los conflictos que se susciten con motivo de ello entre el instituto y la asegurada aquí quejosa, corresponden al ámbito competencial de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en términos de los artículos 123, apartado A, fracción XX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 604 de la Ley Federal del Trabajo9. Por tanto, para determinar si el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del amparo, no hay que atender al derecho humano que el quejoso aduzca violado (derecho a la salud) sino a la calidad con la que dicho instituto actúe, porque cuando lo hace como ente asegurador carece de facultades de imperio. En ese sentido, si el acto reclamado está relacionado con la procedencia de una prestación a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, consistente en la atención médica a favor de la quejosa, no procede el amparo. Menos aun tratándose de su incorporación de manera voluntaria a través del seguro denominado "Renovación Oportuna sin Restricciones Médicas". 3 "Artículo 295. Las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto sobre las prestaciones que esta Ley otorga, deberán tramitarse ante la Junta. Federal de Conciliación y Arbitraje, en tanto que las que se presenten entre el instituto y los patrones y demás sujetos obligados, se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa" 4. Artículo 604. Corresponden a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en el ámbito de su competencia, el conocimiento y la resolución de los conflictos de trabajo que se susciten entre trabajadores y patrones, sólo entre aquéllos o sólo entre éstos, derivados de las relaciones de trabajo o de hechos relacionados con ellas. Esto se sustenta en la jurisprudencia 2a./J. 134/2011 consultable en la página 1511 del Tomo XXXIV, Septiembre de 2011 de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son: "SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia". Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 1, fracción I y artículo 5, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente litigio constitucional, con apoyo en el ordinal 63, fracción V, de la normativa en cita. En ese orden, no ha lugar a examinar los conceptos de violación expresados en su libelo actio, pues la actualización de causal de improcedencia, impide analizar la cuestión que se planteó, atento a la directriz forjada en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 24, Tercera Parte, página 49, Materia Común, Séptima Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado, y además con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, 74, 75 y 217, de la Ley de Amparo; se, se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Lisbeth Ordoñez Barajas, en contra del acto y autoridad precisados, por los motivos expuestos en el último considerando. Notifíquese.

  4. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; doce de noviembre de dos mil veinte. Visto; téngase por recibido el oficio de cuenta del Presidente de la Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, por el que remite copias certificadas del expediente laboral 751/2018 de su índice; por tal motivo, téngase por desahogado el requerimiento de documentación formulado en auto de veintitrés de octubre último, sin perjuicio de la relación respectiva de las constancias remitidas en la etapa correspondiente de la audiencia constitucional, al tratarse de constancias recabadas por este órgano jurisdiccional en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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