Lisbeth Ordoñez Barajas

Expediente 265/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 18 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
265/2019
Año
2019
Actuaciones
18
Última actuación
29/08/2019

Partes del expediente

  • Lisbeth Ordoñez Barajas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Vista; la certificación secretarial de cuenta, así como el estado de autos, se advierte que ya feneció el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia de treinta de julio de dos mil diecinueve (fojas 302 a 315); en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que sobresee HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  2. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; siete de agosto de dos mil diecinueve. Visto; el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el treinta de julio pasado, se dictó sentencia en el presente sumario, sin que se haya notificado vía electrónica a la quejosa *****; en esa tesitura, en obvio de mayores dilaciones procesales se ordena al Actuario adscrito que se notifique a la impetrante dicha resolución, así como el presente proveído, para los efectos legales conducentes. Notifíquese a la quejosa vía electrónica la sentencia de treinta de julio de dos mil diecinueve, y éste acuerdo. Así lo provee y firma Juan Manuel Acevedo Mejía, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido de Mariella Jaramillo Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe.- Sentencia de treinta de julio de dos mil diecinueve: "VISTOS los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo 265/2019, promovido por *****, por derecho propio, contra actos del Instituto Mexicano del Seguro Social y de otra autoridad; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el trece de marzo de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, remitido por razón de turno al día siguiente a este Juzgado Cuarto de Distrito, *****, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: "[.] III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: a).- INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, con domicilio en Avenida Cuauhtémoc, número 95, de Acapulco, Guerrero. c).- UNIVERSIDAD DEL MAR, con domicilio en Ciudad Universitaria Carretera Costera, kilómetro 250, Boulevard Chehue, C.P. 70902, San Pedro Pochutla, Oaxaca. IV.- ACTO RECLAMADO: a).- Del INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, reclamo el otorgar atenciones médicas sin restricción alguna, medicamentos y tratamientos de rehabilitación derivados del riesgo de trabajo sufrido el día 21 de febrero del 2013,sin costo económico alguno para la promovente. c).- De UNIVERSIDAD DEL MAR, reclamo la omisión de exigir al Instituto Mexicano del Seguro Social, el otorgar atenciones médicas sin restricción alguna, medicamentos y tratamientos de rehabilitación derivadas del riesgo de trabajo sufrido el día 21 de febrero del 2013, sin consto económico alguno para esta impetrante." SEGUNDO. Derechos humanos vulnerados y narración de antecedentes. La quejosa invocó como derechos humanos transgredidos los contenidos en los numerales 4 y 123 B) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transcribió los antecedentes de los actos reclamados que estimó conducentes. TERCERO. Admisión. Mediante proveído de quince de marzo de dos mil diecinueve, este Juzgado Federal admitió a trámite la demanda instaurada, la que se registró bajo el número 265/2019; solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; ordenó dar a la Agente del Ministerio Público adscrita la intervención que legalmente le compete; y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previos diferimientos, tuvo verificativo con el resultado asentado en el acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, se encuentra facultado para conocer del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, párrafo primero, 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General; 25 de la Convención Americana; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en términos del Acuerdo General 28/2016, que reforma, adiciona y deroga el similar 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; en virtud de que la ejecución del acto reclamado tiene lugar dentro de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio. TERCERO. Fijación del acto reclamado. Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el o los actos reclamados que se desprendan del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por el quejoso. Así lo ha definido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 40/2000 , que enseguida se transcribe: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese tenor, cabe mencionar que, del análisis integral de la demanda de amparo y demás constancias que integran el sumario, se advierte que la quejosa reclama: Del Instituto Mexicano del Seguro Social.- La negativa a brindarle servicios de salud, asistencia médica, suministrar medicamentos y tratamientos de rehabilitación derivadas del riesgo de trabajo sufrido el veintiuno de febrero de dos mil trece de manera gratuita y sin costo a su cargo. De Universidad del Mar.- La omisión de exigir al Instituto Mexicano del Seguro Social, que otorgue a la impetrante, servicios de salud, asistencia médica y suministrar medicamentos y tratamientos de rehabilitación derivadas del riesgo de trabajo sufrido el veintiuno de febrero de dos mil trece de manera gratuita y sin costo a su cargo. CUARTO. Oportunidad de la demanda. La demanda de amparo promovida por la parte quejosa es oportuna, atendiendo a que los actos reclamados se hace consistir en la omisión y/o negativa de exigir y proporcionar servicios de salud, asistencia médica, suministrar medicamentos y tratamientos de rehabilitación, de manera gratuita, por lo que al ser actos de abstención, crea una situación permanente mientras se subsana y puede reclamarse en cualquier tiempo. QUINTO. Certeza de los actos. Conforme a la técnica que rige al juicio de amparo, el tribunal que conozca, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar de manera oficiosa las causas de improcedencia que advierta se actualicen en el particular, para, de ser procedente el juicio, pronunciar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo que es así, entre otros motivos, porque al no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razón de orden lógico, ocuparse del estudio de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 61 de la ley de la materia, es decir, del análisis de alguna causal de improcedencia o bien del fondo del asunto, pues todo ello implica inicialmente que se tiene plena certeza de que los actos reclamados resultan ciertos, lo que se reitera, conducirá al análisis de alguna causa de improcedencia y de no actualizarse alguna, es posible estudiar el asunto de fondo. Apoya esta consideración la jurisprudencia XVII.2o. J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." (Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 76, Abril de 1994, Octava Época, página 68). Por tanto, es menester determinar si los actos que se reclaman son ciertos o no. Son ciertos los actos atribuidos al Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto del Jefe del Departamento Contencioso en suplencia por ausencia del Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Guerrero, y a la moral responsable Universidad del Mar, toda vez que la primera de las mencionadas al rendir informe justificado reconoció expresamente la existencia de los actos que por esta vía se reclaman, precisando que la quejosa se encuentra vigente en el instituto con el Seguro de Salud para la Familia, con un reingreso de fecha uno de febrero de dos mil diecinueve, el cual se trata de un seguro de salud al que pueden incorporarse de manera voluntaria los miembros de las familias de México o de mexicanos en el extranjero, que no cuenten con un esquema de seguridad social. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 749, consultable en la página 830, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, Materia(s): Común, Quinta Época, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 1002815, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Luego, tomando en consideración que en tratándose de actos omisivos, es la propia autoridad quien debe demostrar con las constancias relativas que no existe la conducta omisiva que se le imputa, lo cual, en la especie no acontece por lo que toca a la Universidad del Mar; habida cuenta, que de lo expuesto con anterioridad, se colige al menos la existencia de que la quejosa se encuentra vigente en el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través del Seguro de Salud para la Familia y, por ende, la eventual obligación de atender la exigencia de la quejosa. Lo anterior se corrobora con las constancias que aportó el Instituto Mexicano del Seguro Social, relativas a copias certificadas de las constancias relacionadas con el ingreso de la quejosa al Seguro de Salud para la Familia, las que por estar certificadas por funcionario público en ejercicio de sus funciones, constituyen documento público y tienen eficacia plena en términos de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. La conclusión adoptada se robustece con la jurisprudencia número 226, visible en la página 153, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 394182, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente hacen prueba plena". SEXTO. Causas de sobreseimiento y de improcedencia. Previamente al estudio del fondo del asunto deben analizarse las causales de improcedencia, ya sea de oficio o bien a petición de parte, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo. Es aplicable a lo anterior, en lo conducente, la tesis jurisprudencial número II.1o. J/5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página noventa y cinco, Tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y uno, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo, los que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.". "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas Generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)" "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas (.)" De los numerales transcritos se pone de manifiesto que el juicio de amparo, tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, entre otros, por leyes o actos de la autoridad que violen los derechos humanos. Asimismo, se considera como autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado; por tanto, es necesario precisar el concepto de autoridad responsable, entendiendo por tal, aquel órgano o ente que ejerce facultades decisorias en uso de sus atribuciones que les confiere la ley, cuyo ejercicio es irrenunciable por ser de naturaleza pública la fuente de su potestad, por ello, a fin de establecer si a quien se le atribuye el acto, tiene el carácter de autoridad para los efectos del juicio constitucional, se debe atender a la naturaleza propia del acto que se le reclame; esto es, a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública, o bien, a través de otras autoridades. En ese tenor tenemos que atendiendo a los actos que se reclaman, la Universidad del Mar, no actúa como autoridad, sino en su carácter de patrón atendiendo un vínculo laboral; caso en el cual actúa en un plano de igualdad. Por consiguiente, no tiene ese carácter cuando realiza actos positivos, negativos u omisivos, que tienen su origen en una relación jurídica con trabajadores, lo que significa que la peticionaria de amparo, de estimarlo conveniente, antes de ocurrir a este juicio de amparo, debe agotar el procedimiento laboral correspondiente. En ese aspecto, se pronunció el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P.XXVII/97, publicada en el Semanario Judicial y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, página ciento dieciocho, que a la letra dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Al igual, la Jurisprudencia I.6º.T. J/28(10ª.), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo número de registro es 2011343, del tenor literal siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación." De ahí que, la relación entre la Universidad del Mar y la quejosa, en todo caso se ubica en un plano de coordinación. En consecuencia, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo, por cuanto hace a la Universidad del Mar y el acto que le es atribuido, , de conformidad con los artículos 61 fracción XXIII, 63, fracción V, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Causales de improcedencia desestimadas. Así tenemos, que la autoridad responsable Instituto Mexicano del Seguro Social, con domicilio en esta ciudad, aduce que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia; sin embargo, no expone mayor razonamiento a virtud del cual revelara los motivos por los cuales estima se materializa en el caso dicha hipótesis; en ese sentido, como la misma no es obvia y objetiva constatación se estima infundada, máxime que como quedó expuesto en el considerando cuarto de la presente resolución, la demanda de amparo promovida por la parte quejosa se considera oportuna, atendiendo a que los actos reclamados se hace consistir en la negativa de proporcionar servicios de salud, asistencia médica, suministrar medicamentos y tratamientos de rehabilitación, de manera gratuita. En esa misma línea de pensamiento, se estima infundada la diversa causal invocada por la citada autoridad responsable, prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la ley de la materia, al sostener que se encuentra un medio de defensa interpuesto ante la Junta Federal Número 43 de Conciliación y Arbitraje, que puede tener el efecto de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Lo anterior, puesto que del análisis de las prestaciones reclamadas por la aquí quejosa al Instituto Mexicano del Seguro Social ante la Junta Federal Número 43 de Conciliación y Arbitraje, se constata: "[..] PRESTACIONES: a).- La determinación y calificación como riesgo de trabajo, del accidente que sufrí durante la duración de la relación de trabajo sostenida como mi patón, como de incapacidad permanente parcial definitiva, en términos de la clasificación o valuación que se determine a través de los peritos médicos, en términos de los artículo 899 A al G de la Ley Federal del Trabajo, tal y como más adelante se precisará en los hechos de esta demanda. b).- Asistencia médica y farmacéutica, y en caso de ser necesario la correspondiente intervención quirúrgica. c).- Servicio de rehabilitación médica; y hospitalización en el caso de ser necesario. d).- El pago de la incapacidad permanente parcial definitiva, de acuerdo al porcentaje fijado por la tabla de evaluación de incapacidades, calculada sobre mi salario diario integrado por la cantidad de $732.83 pesos. e) La determinación de derechos y en su caso el pago correspondiente de los mismos que se derivan de la Ley del Seguro Social y de la Ley Federal del Trabajo, en especial de los artículos 473, 474, 478, 479, 482, 487, 492, 498 y 499 de este último ordenamiento legal en cita. f).- La nulidad de la resolución emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, de fecha 10 de octubre del 2016, en que se determinó el otorgamiento de una indemnización global, así como todas aquellas prestaciones generadas durante la duración del presente juicio, y que la suscrita deje de percibir por causas imputables a la demandada." (foja 73). De lo que se colige que dichas prestaciones son diversas al acto aquí reclamado consistente en la negativa de proporcionar servicios de salud, asistencia médica, suministrar medicamentos y tratamientos de rehabilitación, de manera gratuita, derivada de la circunstancia de que la quejosa se encuentra vigente en el Instituto Mexicano del Seguro Social a través del Seguro de Salud para la Familia, esto es, incorporada de manera voluntaria; de ahí que no se actualice la causal de improcedente de que se trata. SÉPTIMO. Análisis sistemático de los conceptos de violación. Se omite la transcripción de los conceptos de violación, ya que el artículo 74 de la Ley de Amparo no obliga a ello, además, así lo dispone la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Novena Época, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, correspondiente a Mayo de 2010, registro 164618, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Son infundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte peticionaria del amparo, sin que se advierta queja deficiente que suplir, en atención a las siguientes consideraciones. La parte quejosa señala como conceptos de violación que, al negarle la autoridad responsable atención médica de manera gratuita, infringe en su contra el artículo 4° constitucional que establece el derecho de protección a la salud. Así, resulta oportuno retomar que el acto aquí reclamado consistente en la negativa de proporcionar servicios de salud, asistencia médica, suministrar medicamentos y tratamientos de rehabilitación, de manera gratuita; lo anterior, derivado de la circunstancia de que la quejosa se encuentra vigente en el Instituto Mexicano del Seguro Social a través del Seguro de Salud para la Familia, esto es, incorporada de manera voluntaria, y por tanto, realiza aportaciones a su cargo, tal y como se constata de las constancias relativas a la "Hoja de Control de Inscripción" y de los "avisos de inscripción"(fojas 212 a 217). Además, es de ponderarse que la quejosa se encuentra sin vigencia en el régimen obligatorio del seguro social por terminación de la relación laboral con su patrón Universidad del Mar, el cual, la dio de baja. Ahora bien, el Estado Mexicano tiene el deber de cumplir con el derecho a la salud de las personas; adoptando medidas legislativas, administrativas, presupuestos o de cualquier otro tipo para garantizar la plena efectividad al derecho a la salud. Esto además de atender de forma urgente y eficaz las situaciones que afectan la salud de las personas. Sin embargo, tal derecho (como la mayor parte de los derechos humanos) no es absoluto, sino que su cumplimiento puede válidamente ser modulado a través de la implementación de un sistema constitucional de competencias en materia de salud, que responda a las distintas necesidades del diverso conglomerado social. Al ser así, la efectividad del derecho a la salud no depende de que sea necesariamente una determinada institución la que preste el servicio correspondiente, si existen otras instituciones en las que, de acuerdo con su ámbito competencial, puede insertarse a la persona de acuerdo con su circunstancia particular. Tal derecho a la salud, se reglamenta en la Ley General de Salud, la cual, en su artículo 34, clasifica los servicios de salud conforme a los prestadores que los brindan, en los siguientes términos: "ARTÍCULO 34.- Para los efectos de esta Ley, los servicios de salud, atendiendo a los prestadores de los mismos, se clasifican en: I.- Servicios públicos a la población en general; II.- Servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social o los que con sus propios recursos o por encargo del Poder Ejecutivo Federal, presten las mismas instituciones a otros grupos de usuarios; III.- Servicios sociales y privados, sea cual fuere la forma en que se contraten, y IV.- Otros que se presten de conformidad con lo que establezca la autoridad sanitaria". De este modo, conforme al precepto legal, los servicios de salud, atendiendo a quienes los prestan, se clasifican en: a) Servicios públicos a la población general; b) Servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social o los que con sus propios recursos o por encargo del Poder Ejecutivo Federal, presten las mismas instituciones a otros grupos de usuarios; c) Servicios sociales y privados y, d) Otros que se presten de conformidad con la autoridad sanitaria, como lo son aquellos que conforman el Sistema de Protección Social en Salud, previsto para las personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud. Esa clasificación es trascendente, pues a partir de ella, la ley establece los distintos ámbitos competenciales para la prestación del servicio, bajo el eje rector de que ninguna persona quede excluida de ese derecho. En cuanto a los servicios públicos a la población en general, la ley consigna en su artículo 35 lo siguiente: "ARTICULO 35.- Son servicios públicos a la población en general los que se presten en establecimientos públicos de salud a los residentes del país que así lo requieran, preferentemente a favor de personas pertenecientes a grupos sociales en situación de vulnerabilidad, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad en el momento de usar los servicios, fundados en las condiciones socioeconómicas de los usuarios. Los derechohabientes de las instituciones de seguridad social podrán acceder a los servicios a que se refiere el párrafo anterior en los términos de los convenios que al efecto se suscriban con dichas instituciones, de conformidad con las disposiciones aplicables." De lo que se desprende que los servicios públicos a la población en general son los que se presten en establecimientos públicos de salud a los residentes del país que así lo requieran, preferentemente a favor de personas pertenecientes a grupos sociales en situación de vulnerabilidad, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad en el momento de usar los servicios, fundados en las condiciones socioeconómicas de los usuarios. Lo que demuestra que existe un ámbito de protección a la salud para la población en general, y particularmente para aquella que se encuentra en una desventaja social o económica. Esto, bajo un criterio de universalidad, y de gratuidad en función de la condición socioeconómica concreta de cada usuario. Es decir, que para la determinación de las cuotas de recuperación se tomará en cuenta el costo de los servicios y las condiciones socioeconómicas del usuario, sobre la base de los principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando el usuario carezca de recursos para cubrirlas, o en las zonas de menor desarrollo económico y social conforme a las disposiciones de la Secretaría de Salud. En adición a lo anterior, la propia norma general de salud, en su artículo 37 precisa los servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social de la forma siguiente: "ARTICULO 37.- Son servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social los prestados por éstas a las personas que cotizan o a las que hubieren cotizado en las mismas conforme a sus leyes y a sus beneficiarios, los que con sus propios recursos o por encargo del Ejecutivo Federal presten tales instituciones a otro (sic) grupos de usuarios. Estos servicios se regirán por lo establecido en las disposiciones legales que regulan la organización y funcionamiento de las instituciones prestadoras y por las contenidas en esta Ley, en lo que no se oponga a aquéllas. ." De lo que se advierte que, los servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social, son los prestados por éstas a las personas que cotizan o a las que hubieren cotizado en las mismas conforme a sus leyes y a sus beneficiarios, los que con sus propios recursos o por encargo del Ejecutivo Federal presten tales instituciones a otros grupos de usuarios. Servicios que, dice la ley, han de regirse por lo establecido en las disposiciones legales que regulan la organización y funcionamiento de las instituciones prestadoras y por las contenidas en esa ley de salud, en lo que no se oponga a aquéllas. En consonante con lo anterior, el artículo 50 de la propia ley, define al usuario de servicios de salud, de la forma siguiente: "ARTICULO 50.- Para los efectos de esta Ley, se considera usuario de servicios de salud a toda persona que requiera y obtenga los que presten los sectores público, social y privado, en las condiciones y conforme a las bases que para cada modalidad se establezcan en esta Ley y demás disposiciones aplicables." Lo anterior deja en evidencia que, el usuario de los servicios de salud tiene derecho a obtenerlos por parte de cualquier sector, ya sea al público, el de seguridad social, o el privado. Pero esto, bajo las condiciones y modalidades que establezcan las propias normas. Es decir, que ante todo debe determinarse cuál es el sistema en el que debe ser incluido el usuario, ya sea público, o de seguridad social. Lo que demuestra que en el orden jurídico mexicano, existe un sistema de competencia constitucional, proyectado en el ámbito legal, que impone a diversas autoridades el deber de cumplir con el derecho a la salud; y dentro de ese ámbito competencial, se acota que los servicios que prestan las instituciones de seguridad social están dirigidos a quienes reúnen los requisitos propios de ese sistema, en tanto que los servicios públicos de salud, están dirigidos a la población en general, bajo los principios de universalidad y gratuidad (esto último en función de la condición socioeconómica de cada persona). Como puede advertirse de lo anterior, el instituto responsable no es un prestador de servicios de salud para la población en general, sino es de aquellos que atienden a un determinado sector, que tiene como principal fuente de financiamiento las cuotas que los patrones pagan. Por tanto, es claro que la prestación del servicio de salud no es general, sino sólo se brinda a los derechohabientes, y para tener esa calidad, es necesario estar en activo, o ser familiar o dependiente económico de uno de ellos. La población en general también puede recibir servicios de salud, pero siempre que se contrate el seguro facultativo o se pague el costo de los servicios recibidos. Ello, ya que, si bien la impetrante del amparo tiene derecho a la protección de su salud, no debe soslayarse que dicha protección la brinda el Estado Mexicano en su conjunto, a través de los diversos servicios de salud, ya descritos, y por sus características y naturaleza, el instituto responsable es de aquellos descritos en el inciso b) que antecede, esto es, los que prestan servicios únicamente a sus derechohabientes y sus beneficiarios, dado que su financiamiento proviene de las cuotas y aportaciones que aquéllos enteran, junto con el Estado-patrón, y por consiguiente, no pueden brindar servicios a personas que no tengan derecho, so riesgo de sufrir una merma financiera, de modo que si la quejosa ya no se encuentra amparada por las prestaciones que le brindaba el hecho de que era derechohabiente al ser dada de baja por su patrón, el instituto no está obligado a brindarle atención médica gratuita; a menos que se inscriba en el seguro facultativo y pague las cuotas que determine el Consejo Directivo. De modo que, si la quejosa ya no es derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, éste no tiene obligación de proporcionarle atención médica de manera gratuita, precisamente porque no reúne los requisitos legales para ello; en consecuencia, contrariamente a lo que señala la impetrante, no existe vulneración a su derecho a la salud, ya que el Estado Mexicano cumple con la obligación de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud, como en el caso, el Sistema de Protección Social en Salud, previsto para las personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, acorde a lo dispuesto en el artículo 77 Bis 1 de la Ley General de Salud. Por tanto, resulta infundado el concepto de violación esgrimidos por la quejosa, ya que no se vulneró, en su perjuicio, el derecho humano de acceso a la salud, ni incumple la responsable su obligación de garantizar la protección de los derechos humanos y los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, pues el Instituto responsable ya no está facultado para otorgarle la atención médica que solicitaba al ser dada de baja por su patrón y por ello, no se infringen los artículos 4°, párrafo cuarto, de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 12, inciso d), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis III.4o.(III Región) 22 A (10a.) sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, consultable en la página 1385, Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 2 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Materia Constitucional de rubro y texto siguiente: "DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. LA DETERMINACIÓN DE SEPARAR DE SU CARGO A UN SERVIDOR PÚBLICO Y, COMO CONSECUENCIA, DESINCORPORARLO DEL INSTITUTO DE SALUD AL CUAL SE ENCONTRABA AFILIADO, NO VULNERA ESE DERECHO HUMANO. Entre los servicios de salud que el Estado Mexicano otorga a los gobernados, existen aquellos que bajo ciertas normas y condiciones se prestan a los trabajadores, tanto a los del Estado, cuya relación se encuentra prevista por el artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como a quienes su nexo laboral se rige por el apartado A del citado artículo, pero también se cuenta con diversas instituciones de salud, dependientes de los tres niveles de gobierno, que prestan sus servicios a personas que no se encuentran en alguno de los supuestos de previsión social referidos, los cuales, incluso, pueden estar exentos del pago de contribución alguna. En ese contexto, la determinación de separar de su cargo a un servidor público y, como consecuencia, desincorporarlo del instituto de salud al cual se encontraba afiliado, no vulnera el derecho humano de protección a la salud que la Constitución Federal y diversos tratados internacionales tutelan en su favor de conformidad con el artículo 1o. constitucional, ya que, con independencia de que el instituto de salud ya no le otorgue sus servicios, existen otras instituciones públicas, de los tres niveles de gobierno, que pueden brindárselos." Así también se cita, por su idea jurídica, la diversa tesis2a. CXVII/2017 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1245, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo II de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Constitucional de rubro y texto como sigue: "SERVICIOS MÉDICOS. EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA, QUE PREVÉ EL PERIODO DE CONSERVACIÓN DE ESE DERECHO A LOS TRABAJADORES QUE DEJEN DE PRESTAR SUS SERVICIOS AL ESTADO POR UN LAPSO QUE NO DEBERÁ EXCEDER DE 3 MESES, NO VIOLA EL DERECHO HUMANO A LA SALUD. El precepto mencionado, al disponer que los trabajadores al dejar de prestar sus servicios al Estado conservarán los derechos a servicios médicos por un lapso que no deberá exceder de 3 meses, no viola el derecho humano a la salud reconocido por el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que lejos de limitar su acceso al servicio de salud, les otorga un beneficio adicional no previsto en la Constitución Federal, consistente en obtener el servicio médico del que venían gozando durante los 3 meses posteriores al en que causaron baja; previsión que es acorde con la libertad configurativa que el Constituyente otorgó al legislador local para regular las relaciones laborales de los trabajadores aludidos, así como las normas que rigen las prestaciones sociales que deriven de aquéllas, como es la extensión de los servicios médicos a los que dejan de laborar para el Estado." Sin que pase inadvertido al suscrito, que el artículo 109 de la Ley de Seguro Social señala lo siguiente: "Artículo 109. El asegurado que quede privado de trabajo remunerado, pero que haya cubierto inmediatamente antes de tal privación un mínimo de ocho cotizaciones semanales ininterrumpidas, conservará durante las ocho semanas posteriores a la desocupación, el derecho a recibir, exclusivamente la asistencia médica y de maternidad, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria que sea necesaria. Del mismo derecho disfrutarán sus beneficiarios." Sin embargo, como se dijo, el acto reclamado no vulnera el derecho a la protección de la salud, pues la quejosa gozó del plazo previsto en el artículo 109 de la Ley del Seguro Social, para poder migrar a otro servicio de salud, al no poder ya ser derechohabiente del instituto responsable, pues se advierte que fue dada de baja y, en el caso, ya ha transcurrido el plazo de conservación de derechos, de ocho semanas posteriores a su baja. Sin que ello implique desconocer el deber del Estado Mexicano, de cumplir con el derecho a la salud; habida cuenta que, como antes se dijo, ese derecho no es absoluto, sino que puede ser modulado a través de la implementación de requisitos o condiciones para incorporarse a alguna de las instituciones que el Estado Mexicano tiene establecidas conforme al sistema de competencia constitucional y legal, que de igual forma están obligadas a hacer efectivo el derecho a la salud. Sin que lo anterior contraste los criterios sustentados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis invocadas por la impetrante en el escrito inicial de demanda bajo los rubros: "DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIÓN INDIVIDUAL Y SOCIAL" y "DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD. IMPONE DEBERES TANTO A LOS PODERES PÚBLICOS COMO A LOS PARTICULARES QUE SE DEDICAN AL ÁMBITO DE LA SALUD", así como el diverso criterio jurisprudencial del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativo del Primer Circuito, bajo el rubro "DERECHOS HUMANOS A LA SALUD Y A UN MEDIO AMBIENTE SANO, LA EFICACIA EN EL GOCE DE SU NIVAL MAS ALTO, IMPLICA OBLIGACIONES PARA EL ESTADO Y DEBERES PARA TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD"; puesto que en éstas se abordan temas relativos a la obligatoriedad de velar la protección de la salud por parte de los poderes públicos dentro del Estado Mexicano, mas no así, el imperativo de proporcionar atención médica de manera gratuita por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, en casos, como en el que nos ocupa, en el que no se reúnen los requisitos legales para ello. En consecuencia, la negativa de proporcionar servicios de salud, asistencia médica, suministrar medicamentos y tratamientos de rehabilitación, de manera gratuita, cuando la quejosa ya no es derechohabiente del instituto responsable, y ha transcurrido ya el plazo previsto en el artículo 109 de la citada ley, no es violatorio del derecho a la protección de la salud, por lo que, ante lo infundado de los conceptos de violación, lo procedente es negar la protección constitucional solicitada. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 124 y relativos de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo, por lo que hace a la autoridad, acto precisado y por las consideraciones expuestas en los considerandos sexto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a *****, por los motivos expuestos en el último considerando. Notifíquese personalmente Lo resolvió y firma Juan Manuel Acevedo Mejía, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, hasta el día de hoy treinta de julio de dos mil diecinueve, fecha en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido por César Barajas García, Secretario que autoriza y da fe."

  3. Principal

    Visto; se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el Jefe del Departamento Contencioso del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, mediante el cual desahoga el requerimiento formulado en acuerdo de tres de julio actual, y al efecto remite copia certificada de las constancias relacionadas con el ingreso de la quejosa *****, al seguro de la salud para la familia así como el expediente médico legal con número de seguridad social *****; por tanto con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de relacionarla el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional.

  4. Principal

    Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la audiencia constitucional en el presente asunto; sin embargo, no se está en aptitud de celebrarla, toda vez que en proveído de veintiuno de junio pasado, se tuvieron por recibidas las copias certificadas del expediente 694/17-15-01-3, que remitió el Magistrado de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y con su contenido se dio vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, acuerdo que se notificó por lista el veinticuatro de junio del año curso (foja 189), y surtió efectos el veinticinco de junio del año en curso, lo que evidencia que aún no fenece el término de ocho días que señala el párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de su contenido. Por tanto, resulta procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, para su celebración...

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