Linda Lorie Cruz Barrera
Expediente 64/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 64/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 06/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Linda Lorie Cruz Barrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Finalmente, en observancia al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es depurable, ya que se sobreseyó y negó el amparo solicitado; y el original del incidente de suspensión es depurable, pues se concedió la medida cautelar, por lo que deberá glosarse a este juicio. Una vez que transcurran seis meses de concluido, destrúyase el duplicado del incidente.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Vistos para resolver el juicio de amparo indirecto 64/2020-III; y, R e s u l t a n d o Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintidós de enero de dos mil veinte en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, y remitido el veintitrés siguiente por razón de turno a este órgano jurisdiccional, Linda... por derecho propio y en representación de los menores de iniciales KLLC y ELLC, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra el Juez y Notificador del Juzgado Primero Familiar de Ecatepec de Morelos, Estado de México, por los actos que se indicarán más adelante en el considerando segundo. Segundo. Trámite y admisión de la demanda. Por auto de veinticuatro de enero de la pasada anualidad este Juzgado de Distrito radicó la demanda con el número 64/2020-III y requirió a la promovente para que desahogara diversas prevenciones; una vez realizado lo anterior, el trece de febrero de dos mil veinte se admitió a trámite, se dio la intervención que legalmente le compete a la representante social federal de la adscripción, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se solicitó la designación de un representante especial en favor de los menores quejosos y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, el dos de septiembre último se tuvo como tercero interesado a Eder Giovanni López Lara, por lo que se ordenó su emplazamiento mediante exhorto -verificado oportunamente. Tercero. Reanudación del procedimiento. Debido a la suspensión de labores de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación ocasionada por la crisis en salubridad derivada de la enfermedad Covid-19, el veintidós de febrero del año actual se ordenó la continuación del procedimiento y se señaló nueva fecha para la audiencia de ley, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o Primero. Competencia del órgano jurisdiccional. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México es legalmente competente para conocer del presente juicio biinstancial, de conformidad con los artículos 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, toda vez que los actos impugnados emanan de un procedimiento del orden familiar seguido ante una autoridad residente dentro del territorio en que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Definición de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos que se advierten del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, de la lectura de la demanda constitucional, en concordancia con la información allegada al juicio, se concluye que los peticionarios de amparo reclaman: La resolución dictada el dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve en el procedimiento especial sobre violencia familiar 921/2017, mediante la cual se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por la parte actora -aquí quejosa- contra el auto de veintinueve de noviembre de esa anualidad, en el que se le impuso a Linda Lorie Cruz Barrera una multa por la cantidad de veinte unidades de medida y actualización. La notificación de esa resolución. Tercero. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Juez y Notificadora, ambos adscritos al Juzgado Primero Familiar de Ecatepec de Morelos, Estado de México, al rendir sus informes justificados aceptaron los actos que se les reprochan, razón por la que se tiene acreditada su existencia. La certeza de los actos combatidos se corrobora además con las constancias remitidas por la responsable ordenadora, consistentes en copias certificadas del procedimiento especial sobre violencia familiar 921/2017, a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que se trata de la reproducción de actuaciones que tienen la certificación de la fecha y lugar en que fueron realizadas por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley. Cuarto. Causales de improcedencia. Una vez determinada la certeza de los actos combatidos y previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en este juicio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo dispone el numeral 62 de la legislación de la materia. Al respecto, el juez primigenio sostiene que se configura la causal prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dado que, desde su óptica, la parte quejosa debió impugnar el auto en el que se le apercibió con la imposición de una multa y no el diverso por el cual se le hizo efectiva, de modo que al no hacerlo consintió la aplicación de la medida de apremio que le fue impuesta. Tal afirmación carece de sustento, ya que, al margen de que el precepto legal en que se apoya la responsable se refiere a una causal de improcedencia distinta a la invocada (definitividad), el auto que contiene el apercibimiento de imposición de multa como medida de apremio, por sí mismo, no causa un daño o perjuicio irreparable a quien se dirige, dado que esa afectación está supeditada a la postura que adopte el sujeto procesal requerido de acatar voluntariamente el requerimiento que se le formuló. Por ello, el acto que trasciende a la esfera jurídica del gobernado es aquél que hace efectiva la medida de apremio, en el caso específico, el auto de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, porque a través de él se determinó que la agraviada no dio cumplimiento a lo solicitado por el juez de origen y se hizo efectiva la sanción económica con que se le apercibió. Se cita en apoyo a lo expuesto la jurisprudencia PC.I.L. J/14 L (10a.), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que señala: MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una Autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o, fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar; lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley. No obstante lo anterior, la acción constitucional ejercida es improcedente únicamente por cuanto hace a los infantes quejosos, de conformidad con la fracción XXIII del artículo 61, concatenada con los diversos ordinales 5°, fracción I y 6, de la ley de la materia. Ello radica en que la determinación de veintinueve de noviembre de dos mil veinte, dictada en el procedimiento especial sobre violencia familiar 921/2017, a través de la cual se impuso a Linda Lorie Cruz Barrera una multa de veinte unidades de medida y actualización, no representa una ofensa, lesión o agravio en la esfera de derechos de los menores de iniciales KLLC y ELLC. En efecto, los infantes quejosos no son titulares de un derecho subjetivo que se vea afectado con el acto de autoridad, esto es, de un interés jurídico cuya lesión los legitime para acudir al amparo, pues, se reitera, a quien se impuso la multa fue a su progenitora, no a ellos, sin que la sola expectativa o incluso disminución de ingresos económicos de la madre pueda considerarse un agravio en la esfera jurídica de los menores. Sirve de sustento la tesis V.2o.28 C, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito2 , que señala: INTERES JURIDICO. CARECE DE, LA ESPOSA PARA IMPUGNAR EL DESCUENTO EN LOS INGRESOS DE SU MARIDO, QUE COMO PENSION ALIMENTICIA DEBE ENTREGAR A PERSONA AJENA. Aun cuando la esposa demuestre estar casada bajo el régimen de sociedad legal y que el acto que reclama tiene como fin el que se descuente de los ingresos de su esposo determinada cantidad para entregarla como pensión alimenticia a diversa persona ajena a su familia, carece de interés jurídico para acudir al juicio constitucional en defensa de tal acto, ya que la disminución de los ingresos de su cónyuge sólo le originará una afectación de índole económico y no jurídico. De modo que, al quedar evidenciado el motivo de improcedencia de este juicio, lo procedente es decretar el sobreseimiento únicamente por lo que haca a los menores quejosos de iniciales KLLC y ELLC, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la normatividad de la materia Quinto. Cuestión jurídica de fondo a resolver. A continuación, se examinará la constitucionalidad de los actos combatidos, sin que para tal efecto sea necesaria la transcripción de los motivos de disenso formulados por la parte agraviada, por no causar perjuicio a las partes y no existir disposición legal que obligue a ello. Antes de continuar con este fallo debe precisarse que, de las constancias que integran el presente sumario constitucional y el procedimiento especial sobre violencia familiar 921/2017, no se advierte que exista alguna situación de poder que por cuestiones de género ponga de manifiesto un desequilibrio entre las partes intervinientes, tampoco hay evidencia de la existencia de estereotipos o prejuicios de género, de igual forma no se observa alguna situación de desventaja por cuestiones de género, que implique la necesidad de efectuar el análisis de este asunto bajo la perspectiva de género. Medularmente, la quejosa plantea la inconstitucionalidad de la resolución reclamada a partir de las siguientes líneas argumentativas: - Asevera que el juez responsable ha minimizado los alcances de la sentencia definitiva, en la que se halló como generador de violencia a su contraparte, pero que el trato que ha recibido hace suponer que es ella quien ejerció los actos violentos. - Que se le ordenó ratificar un ocurso de trámite sin precisar el plazo perentorio para su cumplimiento. - Que si bien se solicitó su comparecencia para el desahogo de una prueba pericial en materia medicina, en el auto en el que se hizo efectiva la multa se indicó que fue debido a que no acudió a la cita programada para la pericial en psicología. - Que la sanción económica le fue impuesta pasando por alto que su contraparte no le ha proporcionado la pensión alimenticia a que fue condenado en el expediente 685/2015, radicado ante el Juzgado Sexto Familiar del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México. - Que no se tomó en consideración que sus hijos se encontraban en periodo de exámenes para justificar la falta a la cita en que fue solicitada su presencia. - Que la multa impuesta transgrede en perjuicio de sus hijos el interés superior de los menores, porque el dinero necesario para sufragar esa medida de apremio está destinado al sostenimiento de ellos. Los motivos de disenso hechos valer por la impetrante son infundados, razón por la cual debe negarse el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que se desprenda deficiencia de la queja que suplir, de conformidad con el precepto 79, fracción II, de la Ley de Amparo. Sentado lo anterior y para dar mayor claridad a esta sentencia, es menester tener en cuenta diversos antecedentes que se advierten de las copias certificadas del procedimiento especial sobre violencia familiar 921/2017, de las que se advierte, en lo que interesa, lo siguiente: i) El veinticinco de octubre de dos mil dieciocho se dictó sentencia definitiva en el expediente de origen, en la que, entre otros aspectos, el juez concluyó que en el seno familiar existe violencia que han padecido los infantes, por lo que estableció que peritos en psicología y medicina analicen bimestralmente la situación que prevalece entre las partes y sus menores hijos, particularmente si continúan los rasgos de violencia y si existe algún indicio de lesiones en ellos. ii) Una vez declarado firme ese fallo, la especialista Nuvia Olmos Meza, perito en medicina designada por la Dirección de Peritos del Poder Judicial del Estado de México, solicitó al juez responsable se citara a las partes el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve para llevar a cabo los análisis solicitados en la sentencia definitiva. iii) Así, por auto de cinco de noviembre de dos mil diecinueve se citó a Linda Lorie Cruz Barrera y a Eder Giovanni López Lara -mediante notificación personal en el domicilio procesal designado- para que comparecieran a las doce horas con treinta minutos del veinticinco de ese mes y año en las instalaciones del juzgado en el que se tramita el procedimiento, en el entendido de que la actora debía presentar a sus menores hijos para la práctica de los estudios correspondientes a la prueba de medicina ordenada, y se les apercibió que de ser omisos se les impondría una multa de veinte unidades de medida y actualización, con fundamento en el artículo 1.124 del Código de Procedimientos Civiles de la entidad. iv) Una vez llegada la fecha prevista para la diligencia de mérito, sin que acudiera Linda Lorie Cruz Barrera ni sus menores hijos, se hizo efectivo el apercibimiento con que fue conminada y se le requirió para que dentro del plazo de tres días exhibiera billete de depósito por la cantidad fijada. v) Inconforme con esa determinación (veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve), la actora interpuso recurso de revocación, el cual, previa vista otorgada a la parte contraria, fue declarado improcedente el dieciséis de diciembre de dos mil nueve. Esta resolución constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. Las consideraciones que expuso el juez responsable para declarar improcedente el recurso de revocación interpuesto por la impetrante, en resumen, consisten en: - Que la multa combatida fue impuesta con base en la facultad que le otorga la ley para mantener el buen orden y tomar las medidas necesarias tendentes a prevenir o sancionar cualquier acto contrario al respeto del tribunal. - Que el auto de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, en el que se citó a las partes para el desahogo de la pericial en materia de medicina, les fue debidamente notificado de manera personal en el domicilio procesal designado para tal efecto. - Que el cumplimiento de las determinaciones adoptadas por una autoridad judicial no puede quedar al arbitrio de ninguna de las partes, porque de ser así se les restaría de autoridad y firmeza. - Que las medidas de apremio son aplicadas ante el incumplimiento a las determinaciones judiciales de índole procesal y, por consiguiente, pueden hacerse efectivas con motivo del desacato de un mandato judicial que tenga que ver directamente con la tramitación del proceso. - Que el hecho de que la parte actora Linda Lorie Cruz Barrera no se presentara para la valoración médica ocasiona que se retarde el procedimiento y con ello se afectan los derechos de terceros, porque su conducta ocasiona un retardo en la impartición de justicia, la cual debe ser pronta y expedita; máxime que fue omisa en justificar con prueba alguna el impedimento que tuvo para ello. - Que a pesar de que en el auto de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve se asentó que la imposición de la multa fue con motivo de que no acudió a la práctica del estudio en la pericial en psicología, cuando lo correcto es en medicina, esa sola circunstancia no es suficiente para revocar el auto recurrido y estimar cumplida la exigencia procesal impuesta a la aquí agraviada. Hecha la anterior relatoría, el suscrito concuerda con las razones plasmadas en la resolución combatida, la cual se encuentra ajustada a derecho. En efecto, las medidas de apremio constituyen los instrumentos jurídicos mediante los cuales los órganos jurisdiccionales pueden hacer cumplir sus determinaciones de carácter procedimental y consisten generalmente en amonestación, multa, auxilio de la fuerza pública, cateo y arresto administrativo, entre otras. Tales medidas tienen su origen en el artículo 17, párrafo séptimo, de la Constitucional Federal, en lo relativo a que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Por ello, la imposición de este tipo de medidas surge de la necesidad de contar con alguna especie de herramienta con la cual los tribunales encargados de impartir y administrar justicia estén en aptitud de hacer que sus mandatos sean obedecidos, dado el carácter de autoridad con que aquéllos se encuentran investidos. En ese contexto, las medidas de apremio sólo pueden ser aplicadas tratándose del desacato a un mandato judicial que tenga que ver directamente con la tramitación del proceso, como puede ser la citación de una persona para una audiencia, la orden girada hacia una de las partes para que presente testigos, la comparecencia de un perito o el requerimiento para que se aporte algún dato, entre otros. De lo que se sigue que, si durante la tramitación de un proceso, el juez y una de las partes se encuentran frente a frente, aquél dirigiendo la actividad jurisdiccional y aquélla se muestra renuente a cumplir los mandatos emitidos a fin de agotar las etapas procedimentales, lo conducente será ordenar la aplicación de uno de los medios de apremio autorizados por la ley para hacer cumplir la determinación judicial de que se trate, siempre que observe el imperativo constitucional de estar debidamente fundado y motivado. Ante ese panorama, fue correcto que se apercibiera a las partes -tanto a la actora como a la demandada- que en caso de que no se presentaran a la hora y fecha fijadas para la práctica de los estudios correspondientes a la pericial en materia de medicina se les aplicaría una multa de veinte unidades de medida y actualización. Ello obedece a que, en primer lugar, el motivo del apercibimiento con que se conminó a las partes encuentra su justificación en el hecho de que la presencia de las partes y de sus menores hijos tenía como finalidad el desahogo de la prueba pericial en medicina ordenada en la sentencia definitiva dictada en el expediente de origen, cuya trascendencia radica en la necesidad de prevenir y preservar la integridad física de los menores involucrados, pues la práctica de esos estudios permitirán conocer si aún existen rasgos de violencia o indicios de lesiones físicas de las partes. Sobre este punto es importante reiterar el papel que desempeñan los estudios que deben realizarse con motivo de las periciales en materia de medicina y psicología, pues con base en ellos se podrá asegurar a los niños su protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, lo cual constituye una obligación de todas las autoridades, en este caso de las judiciales, de acuerdo con lo señalado en los artículos 3, numeral 2 y 6, numeral 2, de la Convención Sobre los Derechos del Niño, así como 44 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. De ahí que, si el juez responsable concluyó que era necesario que tanto las partes como sus menores hijos se sometieran a estudios psicológicos y médicos con la finalidad de constatar si predomina la situación de violencia, lo cual indudablemente es en beneficio de los infantes que intervienen en el procedimiento de origen, la exigencia de que sean presentados por conducto de su progenitora para la práctica de los estudios correspondientes no afecta los derechos sustantivos de las partes, ya que ello fue atendiendo al interés superior de los menores, contrariamente a lo sostenido por la agraviada. En segundo lugar, debe destacarse que el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México (legislación adjetiva aplicable al procedimiento de origen), específicamente en su artículo 1.1243, prevé diversos medios para hacer cumplir sus determinaciones, entre ellos, la multa por el equivalente de hasta cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Nótese que, a pesar de que el numeral mencionado en el párrafo que antecede no establece el orden que debe seguirse para la imposición de las medidas de apremio ahí previstas, sino que señala que podrán emplearse indistintamente, fue adecuado que el apercibimiento formulado a las partes consistiera en la imposición de una multa, porque de todas las contempladas en aquella legislación adjetiva la sanción económica es la menos gravosa, lo que demuestra que fue proporcional e idónea para lograr el fin pretendido, esto es, la presencia de las partes para el desahogo de la pericial en la especialidad de medicina. Sobre este punto la quejosa aduce que dicha sanción económica se le impuso aun ante el hecho de que su contraparte Eder Giovanni López Lara ha sido omiso en pagar la pensión alimenticia a que fue condenado en el procedimiento 685/2015, del índice del Juzgado Sexto Familiar del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México. Ese argumento es insuficiente para declarar la inconstitucionalidad de la resolución combatida, puesto que, al margen de que no se demostró esa circunstancia en el expediente de origen (sino únicamente se hizo mención de ello en un escrito que no fue ratificado), el hecho de que el deudor alimentario no haya suministrado los medios para la subsistencia de sus menores hijos, no exceptúa a la actora del cumplimiento de las obligaciones procesales que se generan durante la sustanciación del procedimiento especial sobre violencia familiar 921/2017. Sostener lo contrario implicaría dejar a voluntad de la amparista la observancia de los mandatos de la autoridad con el pretexto de que una de las partes no ha cumplido una obligación emanada de un procedimiento distinto al en que se dictó la orden respectiva, desvirtuando totalmente el propósito de las medidas de apremio, que radica en obligar al contumaz a acatar las determinaciones adoptadas en un procedimiento judicial, privilegiando por encima del interés individual del afectado el interés de la sociedad en que se instrumenten los medios necesarios para que los mandatos de la autoridad se cumplan a la brevedad posible, en aras de que sea efectiva la garantía consagrada en el artículo 17 constitucional. Cobra relevancia el hecho de que, tanto el requerimiento de acudir a la práctica de los estudios en materia de medicina como el apercibimiento en caso de no asistir, se formuló a ambas partes, esto es, Linda Lorie Cruz Barrera y Eder Giovanni López Lara, lo que constituye un aspecto trascendental para evidenciar que no se actuó en beneficio o en perjuicio de ninguna de las partes, de modo que las no puede considerarse que la imposición de la multa obedeció a que, en palabras de la propia quejosa "se le ha dispensado el trato como si se le hubiera encontrado como la generadora de la violencia", puesto que ello sólo es una apreciación subjetiva que no encuentra sustento legal alguno. También resulta relevante el hecho de que las partes fueron debidamente citadas a la diligencia mencionada, pues ello se efectuó de manera personal en el domicilio procesal designado en el procedimiento especial sobre violencia familiar 921/2017; además, entre la fecha del auto en que se citó a las partes (cinco de noviembre de dos mil diecinueve) y la designada para el desahogo de los estudios en materia de medicina (veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve) mediaron diecinueve días, lo que pone en evidencia que existió una clara anticipación entre la citación y la diligencia programada. Tales circunstancias son significativas para evaluar la actuación del juez responsable, especialmente porque si a las partes se les notificó conforme a las reglas previstas en el código procedimental de la obligación procesal impuesta y de la consecuencia que conllevaría su desacato (imposición de una multa), y además de ello existió un plazo razonable para que se impusieran de su contenido y estuvieran materialmente en aptitud de acatar lo exigido, es evidente que la decisión reclamada está ajustada a derecho. Resulta ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 20/2001 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: MEDIDAS DE APREMIO. EL APERCIBIMIENTO ES UN REQUISITO MÍNIMO QUE DEBE REUNIR EL MANDAMIENTO DE AUTORIDAD PARA QUE SEA LEGAL LA APLICACIÓN DE AQUÉLLAS (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN Y CHIAPAS). Si bien dentro de las legislaciones procesales civiles del Distrito Federal y de los Estados de Nuevo León y Chiapas, no se encuentra específicamente reglamentado el procedimiento para la imposición de una medida de apremio, dado que únicamente se enumeran cuáles se pueden aplicar, y tomando en consideración que el apercibimiento es una prevención especial de la autoridad hacia la persona a quien va dirigido el mandamiento, que especifica un hacer o dejar de hacer algo que debe cumplirse, que se concreta en una advertencia conminatoria respecto de una sanción que se puede aplicar en caso de incumplimiento, puede concluirse que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal que consagran los principios de legalidad y seguridad jurídica, para que sea legal la aplicación de la medida, la autoridad debe emitir su mandamiento en términos y bajo las condiciones establecidas por dichos principios para que el gobernado tenga la certeza de que aquél está conforme con las disposiciones legales y sus atribuciones; así, los requisitos mínimos que tal mandamiento debe contener son: 1) La existencia de una determinación jurisdiccional debidamente fundada y motivada, que deba ser cumplida por las partes o por alguna de las personas involucradas en el litigio, y 2) La comunicación oportuna, mediante notificación personal al obligado, con el apercibimiento de que, de no obedecerla, se le aplicará una medida de apremio precisa y concreta. Si bien es cierto que en el proveído de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve se mencionó que la multa impuesta a la quejosa fue debido a que no compareció al desahogo de la pericial en psicología, cuando lo correcto es en medicina, esa sola circunstancia no es suficiente para estimar ilegal la aplicación de la sanción económica, en virtud de que en el auto en que se hizo efectivo el apercibimiento (veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve) se precisó que ello fue en razón de que se desacató la obligación impuesta a la parte actora en acuerdo de cinco de noviembre de esa anualidad. Por esos motivos es válido sostener que el incumplimiento al requerimiento contenido en el auto de cinco de noviembre de dos mil diecinueve fue un acto volitivo de la parte quejosa, habida cuenta que, como se dijo, se tiene la convicción de que ésta tuvo conocimiento de ello y, por tanto, estuvo en aptitud de acudir junto con sus menores hijos a la práctica de la prueba pericial en materia de medicina. Ante este panorama carece de sustento lo argumentado por la quejosa, en el sentido de que la autoridad ordenadora pasó por alto el hecho de que los menores de iniciales KLLC y ELLC se encontraban en periodo de exámenes y que por tal motivo no estaban en aptitud de acudir a la cita programada; ello obedece a que, como se sostuvo en la resolución reclamada, la promovente fue omisa en justificar el impedimento que tuvo para ello y tampoco acreditó con prueba alguna su dicho. Entonces, si la quejosa no acreditó ante la responsable la causa por la cual no dio cumplimiento a lo exigido, es evidente que la aplicación de la medida de apremio está justificada, ya que antes de que ésta se dictara, e incluso después de ello, no informó sobre el impedimento que ocasionó que la parte actora y sus menores hijos no se presentaran en las instalaciones del juzgado para cumplimentar lo solicitado. Consecuentemente, al encontrarse la resolución reclamada ajustado a derecho, procede negar la protección de la Justicia Federal solicitada, en tanto que no existe deficiencia alguna que suplir en términos del numeral 79, de la Ley de Amparo, que lleve a concluir lo contrario. La negativa del amparo debe hacerse extensiva por cuanto hace a la notificación atribuida a la Notificadora del Juzgado Primero Familiar de Ecatepec de Morelos, Estado de México, ya que su intervención no se impugna por vicios propios, sino que es consecuencia de la resolución de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve dictada en el procedimiento especial sobre violencia familiar 921/2017. En mérito de lo expuesto y fundado, se: R e s u e l v e Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo por lo que hace a los menores quejosos de iniciales KLLC y ELLC, por los motivos y fundamentos expresados en el considerando cuarto de este fallo. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Linda Lorie Cruz Barrera, atendiendo a las razones y fundamentos expuestos en la última parte considerativa de esta sentencia. Notifíquese por lista a la quejosa y al tercero interesado Eder Giovanni López Lara, vía electrónica al representante especial de los menores de iniciales KLLC y ELLC y a la agente del Ministerio Público Federal adscrita
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Continúese con la tramitación del presente asunto conforme al Acuerdo General 21/2020, atendiendo a que por Circular SECNO/10/2021 se levantó la suspensión decretada por su similar CAP/2/2020 relativa a la "Propuesta de medidas en relación con los contagios de la enfermedad Covid-19 en los órganos jurisdiccionales del Segundo Circuito", misma que fue extendida por las diversas SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021, SECNO/8/2021 y SECNO/9/2021. En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con diez minutos del seis de enero pasado y en su lugar se fijan las nueve horas con treinta minutos del nueve de marzo de dos mil veintiuno para su verificativo. Se hace del conocimiento de las partes su derecho a comparecer a la audiencia de ley a través de videoconferencia, para lo cual es necesario que manifiesten su voluntad de manera previa, por lo menos con tres días de anticipación, a la fecha señalada para tal efecto. Notifíquese por lista a la quejosa y al tercero interesado Eder Giovanni López Lara, vía electrónica al representante especial de los menores de iniciales K.L.L.C. y E.L.L.C. y a la agente del Ministerio Público Federal adscrita...
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos la comunicación oficial 292/2020 del índice de este órgano federal, devuelta por el Secretario del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, enviado para emplazar al tercero interesado Eder ... Sin que haya lugar a remitir el acuse correspondiente en forma ordinaria respecto del exhorto recibido vía electrónica, toda vez que al ser enviado a través de la plataforma virtual del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), dicho acuse se genera en el momento del envío.
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