Liliana Marmolejo Ibarra
Expediente 1510/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1510/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Liliana Marmolejo Ibarra
Actuaciones
- Principal
"..."...Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito de demanda firmado por ********************, por propio derecho, fórmese el expediente relativo con el número 1510/2023-VIII en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado. ACTO RECLAMADO - El acuerdo de veinte de octubre de dos mil veintitrés, dictado por el Juez de lo Familiar en el Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, en el expediente ******************** de su índice. DESECHAMIENTO Este juzgador federal advierte que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XII, interpretado en relación al ordinal 5, fracción I, de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado no afecta la esfera jurídica del quejoso. De la intelección de dichos artículos se desprende, en lo que nos interesa, que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo, que ante la transgresión directa del mismo, lo faculte para promover la acción constitucional. Así, se entiende por perjuicio la transgresión que una autoridad realiza cuando lesiona directamente la esfera de derechos de una persona, ya sea en ella o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la facultad para promover la acción de amparo para protegerlos. En el caso concreto, la parte quejosa se duele del acuerdo dictado por el Juez de lo Familiar en el Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, de veinte de octubre de dos mil veintitrés, en el expediente ********************, en el que el juez responsable precisó que la hoy quejosa no dio cumplimiento a lo solicitado en el oficio ********************; es decir, no indicó la cantidad que fue determinada como finiquito que correspondía al demandado en el juicio de origen, por lo que apercibió a la hoy agraviada a efecto de dar cabal cumplimiento a lo solicitado, con el apercibimiento que de reincidir se le duplicará la multa por desacato a una determinación judicial, sin perjuicio de que pueda ser declarada como deudora solidaria al negarse a proporcionar información que resulta indispensable en el juicio de origen; sin embargo, este juzgador estima que dicho acto no transgrede de forma alguna su esfera de derechos. En efecto, el acto reclamado consiste en el apercibimiento realizado a la parte quejosa, de que en caso de que incumpla con lo requerido por el juez responsable, se hará acreedora a una medida de apremio consistente en una multa de cincuenta unidades de medida y actualización a que se refieren los artículos segundo y quinto del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Ante ello, es evidente que dicho acto no afecta de manera alguna la esfera jurídica de la quejosa, pues no constituye una molestia y afectación en sus derechos, debido a que la circunstancia de requerirle que proporcione información en los términos apuntados y apercibiéndole en el sentido que, de no desahogar, se haría acreedora a una multa, no le causa un perjuicio que pudiera afectar de manera directa su esfera jurídica, pues la consecuencia de no hacerlo, se encuentra sub judice a que la moral quejosa por conducto de quien legalmente la represente, atienda el requerimiento de marras. De ahí que, la decisión que adopte la autoridad responsable, en cuanto a la imposición de la multa se trata de un acto futuro e incierto, por lo que en este momento no pude ser motivo de análisis, en tanto que su existencia depende de la conducta de la quejosa. Por tanto, la determinación adoptada por la autoridad responsable, que ahora pretende combatir la quejosa, se ubica como un acto futuro e incierto en razón de que el apercibimiento, en todo momento va a depender de la conducta que la quejosa asuma con relación al requerimiento judicial, de manera que si cumple, la autoridad responsable proveerá lo que legalmente corresponda, y de no cumplir, entonces sí estaría en condiciones, en su caso, de hacer efectivo el apercibimiento decretado a la quejosa; por lo que, al tratarse de un acto futuro e incierto, no se ven trastocados sus derechos tutelados por las normas legales. De lo anterior, se obtiene que no existe una afectación inminente o actual, real y directa en la esfera jurídica de la parte quejosa, pues resulta evidente que el acto reclamado no tiene la finalidad de causarle un detrimento en sus derechos sustantivos, sino de proseguir con el procedimiento de origen; de ahí que, carezca del interés jurídico necesario para promover la acción de amparo, pues el acto reclamado en este momento no causa perjuicio alguno en su esfera de derechos. Máxime si se considera que la promoción del juicio constitucional tiene como finalidad obtener la protección de la justicia federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce del derecho violado y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la especie. Estimar lo contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos o de realización cierta e inminente, pues se insiste, los actos reclamados de ninguna manera pueden combatirse a partir de una simple presunción. Es aplicable en lo conducente la tesis de jurisprudencia PR.L.CS. J/3 L (11a.), emitida por el Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Marzo de 2023, Tomo III, página 2840, de la undécima época, cuyo contenido es el siguiente: "MULTA EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. EL APERCIBIMIENTO DE SU IMPOSICIÓN ES UN ACTO QUE, POR SU NATURALEZA, NO ES DE EJECUCIÓN IRREPARABLE, AL SER FUTURO DE REALIZACIÓN INCIERTA Y, POR ENDE, NO ES IMPUGNABLE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones diversas respecto a si el acuerdo por el que una autoridad de trabajo realiza un apercibimiento de imposición de una multa en un procedimiento de ejecución de laudo es o no impugnable en la vía de amparo indirecto; pues mientras uno de ellos sostuvo que sí es procedente, porque conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se trata de un acto autónomo e independiente de la etapa de ejecución, que afecta de manera real y directa derechos sustantivos; el otro órgano jurisdiccional sostuvo que el juicio de amparo indirecto es improcedente, en virtud de que no se trata de la última resolución dentro del procedimiento de ejecución. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que el acuerdo por el que se apercibe a una persona en el juicio laboral, que de no cumplir con un mandato se hará acreedora a una multa, no constituye un acto que pueda ser reclamado en la vía de amparo indirecto, porque no es de imposible reparación, ya que se trata de un acto futuro de realización incierta y no violenta derecho humano alguno y, por tanto, no genera afectación actual, real y directa en la esfera jurídica del requerido. Justificación: Conforme al artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, el juicio de amparo indirecto procede contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. Por otro lado, el artículo 61 de la propia legislación establece los casos en que el juicio de amparo es improcedente, y en sus fracciones XII y XXIII dispone que será improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la propia ley, y en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución General de la República o del mismo cuerpo legal. Ahora bien, el artículo 5o. dispone que en el juicio constitucional tendrá la calidad de quejoso la persona que aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que con el acto reclamado se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De ese modo, debe considerarse que el acuerdo en que una autoridad de trabajo dicta, dentro de un juicio laboral, un apercibimiento a una persona, para el caso de no dar cumplimiento a un mandato, con imponer una multa, no constituye un acto impugnable en la vía de amparo indirecto, en principio, porque por sí mismo no afecta derechos humanos ni las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto, porque la imposición de la sanción no se encuentra contenida en el propio acuerdo, sino que ese acto impositivo está condicionado al actuar del obligado requerido y de la propia autoridad, inclusive. De ahí que ese auto de apercibimiento, por sí mismo, no constituye uno de aquellos que tenga una ejecución irreparable, al ser un acto futuro de realización incierta, toda vez que si el obligado asume una conducta con la que acata la orden, la sanción pecuniaria no será impuesta y, por tanto, no se violentará derecho alguno de su esfera jurídica. En tanto que si por el contrario, su actuar es rebelde, aun cuando se impusiera la multa, el acuerdo que contiene la sanción puede ser impugnado en la vía correspondiente, pues ambos acuerdos resultan ser independientes y autónomos uno del otro." De igual forma, se invoca en lo conducente, la Tesis: VII.2o.T.303 L (10a.) de la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 84, Marzo de 2021, Tomo IV, página 2739, con Registro digital: 2022821, que dispone: "APERCIBIMIENTO DE PRESENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE LA FUERZA PÚBLICA COMO MEDIDA DE APREMIO EN JUICIOS LABORALES. ES UN ACTO DE REALIZACIÓN FUTURA E INCIERTA RESPECTO DEL CUAL ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [ABANDONO DE LA TESIS AISLADA VII.2o.T.188 L (10a.)]. Hechos: De una nueva reflexión, este Tribunal Colegiado de Circuito abandona el criterio sostenido en la tesis aislada VII.2o.T.188 L (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 26 de octubre de 2018 a las 10:36 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 59, Tomo III, octubre de 2018, página 2209, registro digital: 2018227, en el que sostuvo, en anterior integración y por mayoría de votos, que contra el apercibimiento de presentación mediante el uso de la fuerza pública como medida de apremio en juicios laborales procedía de inmediato el juicio de amparo indirecto, al tratarse de un acto que afecta la libertad personal (al menos parcialmente), en atención a los efectos que produce, al colocar a la persona en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial y de perturbación indirecta en su esfera jurídica de manera inminente por el solo hecho de no acatar o cumplir con lo solicitado, sin necesidad de esperar a que se hiciera efectivo, al constituir un acto de imposible reparación. Criterio jurídico: Con motivo de la nueva integración de este órgano colegiado, se determina, también por mayoría de votos, que debe abandonarse el anterior criterio, ya que el referido apercibimiento de presentación mediante el uso de la fuerza pública como medida de apremio en un juicio laboral, es un acto futuro de realización incierta, respecto del cual el juicio de amparo indirecto es improcedente. Justificación: Lo anterior es así, debido a que la imposición de dicha medida de apremio depende, al menos, de dos aspectos: 1) de la conducta que asuma el sujeto a quien se dirige el apercibimiento, de manera que si cumple no se hará efectivo; y, 2) si no cumple, entonces dependerá de que la autoridad decida, mediante la emisión de la resolución o acuerdo correspondiente, hacer efectivo el apercibimiento e imponer la sanción relativa, quedando así a su voluntad la imposición o no de ese medio punitivo. En consecuencia, no se está frente a un acto de ejecución inminente, por el contrario, de un acto de realización futura e incierta, porque depende de la conducta que asuman el quejoso y la autoridad. Además, el mero apercibimiento carece de ejecución como acto autónomo que lo haga efectivo e imponga la sanción decretando su presentación, por no existir un acto de molestia individualizado que implique algún cambio en su esfera jurídica, sino solamente hasta que se imponga la sanción, lo que se efectuará en otro acto autónomo e independiente de aquél y, finalmente, porque el referido apercibimiento no es un acto restrictivo de la libertad personal, sino un acto de molestia, pues aun cuando se hiciese efectivo, sólo tiene como propósito hacer comparecer a quien se encuentra dirigido ante la autoridad laboral, para el desahogo o cumplimiento de alguna comparecencia o determinación." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena realizar las notificaciones vía electrónica, por así haberlo solicitado a través del usuario ******************** Asimismo, téngase como autorizada a la persona que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tenga registrada su cédula profesional en el sistema computarizado para registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír notificaciones e imponerse de autos, como a la persona que autoriza para tales efectos. Como lo solicita, con fundamento en la parte final del párrafo quinto, del artículo 3º de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico derivado del presente juicio al usuario que refiere; y, dígase que se encuentra disponible la consulta del mismo en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Se solicita a las partes proporcionen, de ser su deseo, un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que, en caso de que sea necesario, se pueda entablar comunicación no procesal y así estar en posibilidad de lograr una mayor celeridad en la integración de este asunto, en aras de acatar lo estipulado en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx para el supuesto de que deseen presentar promociones relacionadas con el presente expediente, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, las remitan de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través del referido correo electrónico oficial. También, se informa a las partes que el horario de atención al público en este juzgado de distrito es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO Conforme a lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; se instruye al oficial de partes, oficiales judiciales o administrativos, actuarios judiciales y demás personal del órgano jurisdiccional que intervengan en la formación de este expediente, para integrar debidamente el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se exhiban de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se adjunten de forma electrónica, para que previo acuerdo respectivo, incorporarlas al expediente impreso; lo anterior, sin que sea necesario notificar esta determinación a los referidos servidores públicos, en la medida que su intervención en la formación del expediente de mérito implica el conocimiento del presente mandato. Asimismo, se precisa que no se digitalizarán las constancias consistentes en copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante y de los que se aprecie que únicamente se presentaron con la finalidad de proteger documentos; tampoco aquellos anexos, promociones o constancias que, por imposibilidad material de origen no se puedan digitalizar, sin embargo, éstas últimas quedarán a disposición de las partes para su consulta dentro de las instalaciones de este órgano jurisdiccional. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO EN LÍNEA Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas. IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia aludida, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda por ser manifiesta y notoriamente improcedente. Notifíquese vía electrónica al quejoso.
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