Lilianis Reballo Benavides

Expediente 1744/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1744/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
16/01/2023

Partes del expediente

  • Lilianis Reballo Benavides

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Villahermosa, Tabasco, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio signado por la Representante Local, Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de veinte de diciembre de dos mil veintidós, remite copia certificada del procedimiento administrativo de la quejosa Lilianis Reballo Benavides. Ahora de una revisión a dichas constancias se advierte que el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, fue emitida el acta de hechos de evasión de control migratorio, debido a que la aludida quejosa no se presentó al control de firmas correspondientes y por ello se dio por terminado el procedimiento administrativo migratorio. Por otra parte, en relación con la designación de delegados y domicilio que menciona la autoridad responsable, indíquesele que en proveído de catorce de octubre de dos mil veintidós, se acordó favorable a su petición. Conforme al artículo 119 de la ley de la materia en cita, se tiene por ofrecida como prueba, la documental que anexa la referida autoridad, consistente en copia certificada del expediente administrativo a nombre de la quejosa. Documental que goza de pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su segundo numeral, al haber sido expedida por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Es aplicable la jurisprudencia 226, emitida por el propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, página 153, registro 394182, de contenido literal que a continuación se transcribe: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, este órgano de control constitucional advierte que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que entre otras cosas, establece: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del contenido del artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; esto es, cuando desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicional sus efectos. Se estima oportuno destacar que de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Así, la causa de improcedencia que nos ocupa, se encuentra orientada por la imposibilidad de alcanzar la finalidad que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; dicho de otra manera, la restitución a la agraviada en el pleno goce de los derechos vulnerados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando el acto sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61 de la ley de la materia, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no sea posible alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos, la reparación constitucional carezca de materia. En la especie, se aprecia que los actos reclamados en el presente juicio consistes en la detención con fines de deportación de la quejosa, privación de la libertad e incomunicación. Ahora, de la documental que remitió la autoridad responsable, se advierte que el doce de octubre del año en curso, ordenó la salida provisional de Lilianis Reballo Benavides y que, el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, al no haberse presentado al control de firmas correspondiente, se dio por concluido el procedimiento administrativo migratorio iniciado a la quejosa. De lo antes expuesto, se puede advertir que, a pesar de que en la fecha en que se ejerció la acción constitucional (diez de octubre de dos mil veintidós), el acto reclamado existía; sin embargo, durante el transcurso del procedimiento del presente juicio, éste dejó de surtir sus efectos, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido. Ello pues fue la propia quejosa quien incumplió con las medidas que le fue impuesta por la responsable, evadiendo de esta manera el control migratorio, por lo que el procedimiento seguido en su contra quedó sin posibilidad de ser resuelto. Así, la cesación no dejó ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a tal consideración la jurisprudencia 2a./ J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de 1999, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO, ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por ende, en el caso se ha restituido a la peticionaria de amparo en el pleno goce de sus derechos, como si no se hubiere invadido en su esfera jurídica, toda vez que, tal como quedó precisado con antelación, el acto que combatían ha cesado en sus efectos, en virtud de que la responsable ordenó la salida de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración con sede en esta ciudad el veinte de octubre de dos mil veintidós y el veintiunio de octubre de dos mil veintidós, fue emitida el acta de hechos de evasión de control migratorio, debido a que la aludida quejosa no se presentó al control de firma correspondiente y por ello se dio por terminado el procedimiento administrativo migratorio respectivo. En consecuencia, se sobresee fuera de audiencia el juicio en que se actúa, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el precepto 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Sin que se inadvierta que en el escrito inicial de demanda, se señale como acto reclamado la incomunicación y malos tratos; sin embargo, en diligencia actuarial de once de octubre de dos mil veintidós, la propia quejosa, al momento de ratificar la demanda, manifestó no encontrarse incomunicada ni haber sido maltratada, de ahí la inexistencia del acto reclamado antes precisado. Finalmente, no es obstáculo para resolver en el sentido anterior, el hecho de que la audiencia constitucional se encuentre señalada para que tenga lugar a las once horas con seis minutos del veinticinco de enero de dos mil veintitrés, ya que al haber acontecido una cesación de efectos de los actos reclamados, no tiene objeto alguno el desahogo de probanzas, porque con ninguna de ellas podría desvirtuarse tal situación; en consecuencia, déjese sin efectos la audiencia constitucional de referencia. Lo anterior es así, pues a ningún efecto práctico conduciría celebrar la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para dar oportunidad a la quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas tendentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que la causa de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, pues al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada; además dicha determinación no provoca indefensión en el gobernado. De lo que se colige que esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario a la ratio legis del artículo 17 de la Constitución Federal, que en la parte inicial de su párrafo segundo establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de apoyo a lo anterior, además, la jurisprudencia por contradicción de tesis 26/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelta en sesión de siete de febrero de dos mil tres, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y comuníquese lo anterior a las partes.

  2. Principal

    Villahermosa, Tabasco; veinte de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que la autoridad responsable Subdirectora de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco, no ha remitido las constancias que le fueron solicitadas mediante el oficio 2002 VI 2 de quince de noviembre de este año, así como tampoco obra el acuse del mismo. En consecuencia, en obvio de mayores dilaciones gírese nuevo oficio con trascripción del presente proveído y del quince de noviembre de dos mil veintidós, para que esté en posibilidad de dar cumplimiento a lo solicitado en el último acuerdo referido. Diferimiento audiencia constitucional Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia programada para este día y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se fijan las once horas con dieciséis minutos del veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Notifíquese en términos de Ley.

  3. Principal

    Juicio 1744/2022 quince de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que aún no obra el informe justificado de la Subdirectora de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco, no obstante encontrarse notificada, lo que se corrobora con el acuse de recibo del oficio 17320/2022, por tanto, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se decreta la presunción de certeza de los actos que se les atribuyen. Requerimiento de constancias Atento a lo anterior, a fin de emitir una sentencia apegada a derecho con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a las citadas responsables, PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE TRES DIAS, que se contará a partir del momento al en que tenga conocimiento del presente proveído, remitan copia certificada de las constancias relacionadas con los actos reclamados. Se hace saber a la autoridad responsable que subsiste el apercibimiento decretado en el auto admisorio de catorce de octubre de dos mil veintidós, en caso de ser omisas. Diferimiento audiencia constitucional Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia programada para este día y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y SEIS MINUTOS DEL VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.

  4. Principal

    Villahermosa, Tabasco; catorce de octubre de dos mil veintidós. Vista la razón realizada por la actuaria judicial adscrita a este juzgado, se advierte que la quejosa Lilianis Reballo Benavides, se dio por enterada del contenido del auto de diez de octubre de dos mil veintidós y ratificaron la demanda de amparo que promovió a su favor Carlos Raúl Rodríguez de la Cruz; en consecuencia, agréguese a los autos la diligencia de mérito para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes, continuándose con el trámite procesal del presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, de conformidad con los artículos 6, fracción II; 16, párrafo segundo, 103, fracción I, 107, fracciones I, VIII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 5, fracción IV, 12, 21, 33, fracciones IV, 35, 37, 64, 74, 107, 108, 110 y 112 de la Ley de Amparo, se ADMITE la demanda de amparo promovida por Carlos Raúl Rodríguez de la Cruz, en favor de Lilianis Reballo Benavides, contra el acto reclamado a la Subdirectora de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco. Sin que haya lugar a aperturar los cuadernos incidentales, en virtud de que estos tienen la finalidad de suspender la ejecución de los actos reclamados y en el presente juicio, en auto de diez de octubre de dos mil veintidós, se decretó la suspensión de plano de los mismos. Dése a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le compete. Se señalan las doce horas con dieciséis minutos del quince de noviembre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional. Requerimientos a la autoridad responsable. Que con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, rinda su informe justificado, respecto del acto reclamado. Mismo que deberá rendir dentro del término de quince días que será contado a partir de que reciba el oficio relativo a este acuerdo. Acompañe copias certificadas, legibles, de forma clara y ordenada, de las constancias tomadas en consideración para emitir el acto o actos que se les reclaman, exponiendo los fundamentos y razones que sostengan la constitucionalidad o improcedencia del juicio de amparo. Apercibimiento a la autoridad responsable. En caso de incumplimiento, se hará acreedora a lo siguiente: Multa de cien Unidades de Medida y Actualización equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), de conformidad con los transitorios Primero, Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y en los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de Amparo. Requerimiento a todas las partes 1. Comuniquen si la parte quejosa ha promovido algún otro juicio de amparo que se relacione con el acto aquí reclamado, debiendo informar ante qué Juzgado de Distrito fue promovida y, en su caso, remitan las constancias certificadas que lo acrediten. 2. Informen oportunamente cuando hayan cesado los efectos de los actos reclamados o se actualice una causa de improcedencia. En caso de incumplimiento, se les impondrá multa de treinta Unidades de Medida y Actualización equivalente a $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos 60/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), de conformidad con los transitorios Primero, Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y con el artículo 261 de la Ley de Amparo. Autorización vía correo electrónico Se autoriza a la responsable para que remitan su informe justificado a través de la Firma Electrónica (de contar con ella), por medio del portal del Consejo de la Judicatura Federal o bien, al correo electrónico 5jdo10cto@correo.cjf.gob.mx, dentro de las posibilidades tecnológicas a su alcance. Lo anterior en aras de una pronta impartición de justicia y sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente. Autorizado y domicilio para oír y recibir notificaciones. Ahora, de la constancia actuarial de cuenta se advierte que los quejosos señalaron que era su deseo señalar como autorizado al promovente Carlos Raúl Rodríguez de la Cruz; por tanto, en atención a su manifestación y certificación de cuenta, téngase por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al citado profesionista y únicamente para oír citas y notificaciones a las demás personas que menciona. De igual forma, téngasele por ratificando como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda; así como medios de notificación alternos el número telefónico proporcionado. Por otra parte, agréguese el oficio suscrito por la Representante Local Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Delegación Federal en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, mediante el cual con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, informa sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano. De lo anterior, queda enterado este juzgado para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, con fundamento en los artículos 9 y 26, fracción II de la Ley de Amparo, se tienen como delegadas de la autoridad responsable citada, a las personas que indica en su informe de cuenta y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en el mismo. Asimismo, tómese nota de los números telefónicos y correos electrónicos que menciona el ocursante para los efectos legales conducentes. PRUEBAS Por otra parte, conforme al artículo 119 de la citada ley, se tienen por ofrecidas como pruebas las documentales que anexó la responsable, consistente en copia certificada del procedimiento administrativo de la quejosa Lilianis Reballo Benavides. Vista En consecuencia, de las constancias referidas, se colige diverso acto que se encuentra relacionado con los inicialmente reclamados; por ende, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley de Amparo, dese vista a la quejosa, con la copia de las constancias que obra en el procedimiento administrativo migratorio INM/ORTAB/EMV/PAM/03528/2022, para que dentro del término de quince días manifiesten si es su deseo ampliar su escrito inicial de demanda. Apercibimiento Bajo el apercibimiento que, de no desahogar el requerimiento que antecede, se continuará con el procedimiento en el juicio de amparo como en derecho corresponda, esto es, únicamente se resolverá respecto de los actos reclamados que señalaron en su escrito inicial de demanda.

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