Liliana Noemi Almeida Magaña

Expediente 1149/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 9 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1149/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
08/12/2022

Partes del expediente

  • Liliana Noemi Almeida Magaña

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    SE HACE DEL CONOCIMIENTO. Visto, hágase del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo establecido por el numeral 263, y el transitorio sexto, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos por Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente sumario se continuará integrando de forma electrónica, y únicamente se incorporarán al expediente físico aquellos documentos recibidos por esa vía. Por otra parte, agréguense únicamente para que obre como corresponda, los oficios signados por el Magistrado Representante de las Entidades Públicas y la Magistrada Representante de los Trabajadores, ambos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad; a través de los cuales informan que se adhieren al oficio número TCyA/AMP/10036/2022, remitido por el Magistrado Presidente del citado Tribunal; lo anterior, en virtud de que mediante proveído de siete de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó el archivo del presente juicio como un asunto totalmente concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Villahermosa, Tabasco; siete de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y en debido acatamiento a lo establecido por los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de las constancias existentes en el presente juicio se ha restituido a la quejosa Liliana Noemí Almeida Magaña en el goce de sus derechos vulnerados en términos de la sentencia dictada en el presente juicio; lo anterior en atención a que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y de análisis oficioso. Antecedente en relación al cumplimiento. El ocho de septiembre de dos mil veintidós, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Liliana Noemí Almeida Magaña, contra el acto que reclamó al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco y Actuario de su adscripción, para el efecto siguiente: "Notifiquen a la parte demandada el laudo de once de febrero de dos mil veintidós, emitido en el juicio laboral 144/2018 de su estadística; o, en su defecto, comuniquen la imposibilidad jurídica que tenga para ello" La sentencia dictada en el presente juicio, causó ejecutoria el tres de octubre de dos mil veintidós. Acto de la Autoridad en relación con el cumplimiento. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, mediante oficio TCYA/AMP/10036/2022, de once de octubre del año en curso, allegó copia certificada del laudo de once de febrero de la presente anualidad, dictado dentro del juicio laboral 144/2018 así como las constancias de notificación a las partes actora y demandada. Dichas constancias tienen valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición de su 2° numeral, al ser expedidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Análisis Evaluativo Así, del análisis de la constancia remitida por la responsable, se advierte que en el caso la SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA, en razón a que notificó a las partes el laudo de once de febrero de dos mil veintidós, emitido en el juicio laboral 144/2018 de su estadística; sin que dicha determinación implique decidir sobre la legalidad del cumplimento dado por la responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis 2a./J.201/2009, visible en la página 301, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Anotaciones Por otra parte, de autos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO del mismo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: 1.- DEPURAR el expediente principal dentro de los treinta días siguientes al vencimiento del plazo de tres años de conservación, contado a partir del dictado del presente acuerdo, ya que se actualiza la hipótesis del numérico 18, inciso b) del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo concedido. 2.- TRANSFERIR el expediente principal una vez concluido el proceso de depuración, previa solicitud a los depósitos documentales dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación, así como su anotación correspondiente en los libros de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de conformidad con el artículo 29 del citado acuerdo.

  3. Principal

    Villahermosa, Tabasco, catorce de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee; téngase por recibido el oficio remitido por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco; mediante el cual remite copia certificada del laudo emitido el once de febrero de dos mil veintidós, en el expediente 144/2018 de su estadística, así como las constancias de notificación practicadas a las partes contendientes en el mismo, respecto del laudo en comento, documentales con las que informa del cumplimiento dado a la sentencia concesoria de amparo dictada en autos. En esas condiciones, para determinar lo procedente respecto del cumplimiento que la autoridad responsable dice dar a la ejecutoria de amparo, hay que tomar en consideración lo dispuesto por la jurisprudencia 17, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 22, del tomo VI, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, actualización 2001, que en lo conducente establece: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA. (...) 7. En la hipótesis de que ante una sentencia ejecutoria que otorgó el amparo y, en su caso, ante las gestiones de la autoridad judicial federal correspondiente, para lograr su cumplimiento, la autoridad o autoridades responsables comuniquen que acataron la sentencia, el Juez de Distrito o el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, deberán dictar un acuerdo dando vista al quejoso con ese informe, apercibiéndolo de que, de no desahogarlo dentro de un determinado plazo, resolverá si se dio o no el cumplimiento al fallo protector, con apoyo en el referido informe y con los demás elementos con los que cuente. (...)". Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con las documentales descritas en supra líneas, para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir del día siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga, en relación con el cumplimiento remitido por la responsable; apercibida que de no hacerlo así, dentro del lapso indicado, este juzgado federal emitirá un auto en el que se pronunciará acerca del cumplimiento al fallo protector, tomando en consideración lo manifestado por la citada autoridad y con las constancias que integran este expediente.

  4. Principal

    Villahermosa, Tabasco, tres de octubre de dos mil veintidós. Vistas la certificación de cuenta se advierte que no se interpuso ante este Juzgado Quinto de Distrito el recurso de revisión previsto por el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, contra la sentencia dictada en autos el ocho de septiembre de dos mil veintidós, mediante la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Liliana Noemí Almeida Magaña, en el término establecido en el diverso numeral 86 del citado ordenamiento. Por tanto, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de Gobierno respectivo y en la estadística. En consecuencia, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, por conducto de Narciso Contreras Hernández, en su calidad de Magistrado Presidente, Gustavo García Pereyra, en su calidad de Magistrado Representante de las Entidades Públicas y Soledad López Álvarez, en su calidad de Magistrada Representante de los Trabajadores, todos adscritos al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, así como el actuario de su adscripción, para que dentro del término de TRES DIAS HÁBILES, siguientes a la recepción del oficio en el que se transcribe este acuerdo, procedan a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, o bien, informen a este Juzgado Federal sobre los actos que se encuentren realizando para ese fin, misma que se concedió para los efectos siguientes: Notifiquen a la parte demandada el laudo de once de febrero de dos mil veintidós, emitido en el juicio laboral 144/2018 de su estadística; o, en su defecto, comuniquen la imposibilidad jurídica que tenga para ello. Hecho que sea lo anterior, remitan copias certificadas de las constancias relativas que así lo acrediten. Apercibidas que de no hacerlo, en el término señalado, se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 107, fracción XVI de la Constitución Federal, en relación con los numerales 192, 193, 195, 238 y 258 de la Ley de Amparo; es decir, se les impondrá una medida de apremio consistente en una multa de cien unidades de medida y actualización equivalentes a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional) vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós, según el Decreto emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación; y, en su caso, se implementarán las penas a que hace referencia el arábigo 267 de la ley de la materia. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la citada ley, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en Turno, para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal, en donde el fallo que se dicte puede tener como consecuencia, que se les destituya del cargo que desempeñan y sean consignados al Juez de Distrito correspondiente, por la desobediencia cometida. Esto encuentra sustento en la tesis P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el libro 12, tomo I, página 19, Noviembre de 2014, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que es del siguiente rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO.

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