Liliana Toquero Mendoza

Expediente 507/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
507/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
28/06/2016

Partes del expediente

  • Liliana Toquero Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de junio de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que ha transcurrido el plazo de diez días que prevé en artículo 86, de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, en consecuencia, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto que sobreseyó fuera de audiencia, para todos los efectos legales. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos en el acuerdo de referencia, en el entendido de que este asunto se tramitó sin incidente de suspensión. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Licenciado Alfonso Ortiz López, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante el Secretario Christian Bonilla Loranca, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de abril de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Arbitraje en el Estado de Puebla, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento hecho por esta autoridad, mediante auto de veintiocho de marzo del año en curso, y rinde su informe justificado; asimismo remite copia certificada del acuerdo dictado el doce de abril de la presente anualidad, dentro del expediente laboral D-294/2015 de los de su índice. Al respecto, del presente expediente se advierte que mediante escrito presentado el dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, Liliana Toquero Mendoza promovió juicio de amparo en el que señaló como autoridad responsable al Tribunal de Arbitraje en el Estado de Puebla, de quien reclamó la omisión de dictar el laudo dentro del juicio laboral D-294/2015, ya que en el mismo no se había desahogado ninguna de sus etapas. Ahora bien, la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje en el Estado de Puebla, a través de su Magistrado Presidente, en su informe justificado negó la existencia del acto reclamado, y manifestó que el doce de abril de dos mil dieciséis, acordó conceder al aquí quejoso, un término de tres días a fin de que exhibiera documento idóneo por virtud del cual acreditara su identidad, mismo que le fue notificado el quince de abril de la presente anualidad. En ese sentido, esta autoridad advierte que respecto del acto reclamado al Tribunal de Arbitraje en el Estado de Puebla, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, resulta importante reiterar que Liliana Toquero Mendoza, acude a esta instancia constitucional a inconformarse con la omisión de dictar el laudo dentro del juicio laboral D-294/2015, ya que no se había desahogado ninguna de sus etapas, esto es, no se había admitido a trámite su demanda en el juicio laboral. Así, de las constancias remitidas por la responsable, a las cuales se otorgó valor probatorio pleno en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el doce de abril de dos mil dieciséis, acordó conceder al aquí quejoso, un término de tres días a fin de que exhibiera documento idóneo por virtud del cual acreditara su identidad. Bajo esa óptica, es dable concluir que la autoridad responsable al haber proveído conceder al aquí quejoso, un término de tres días a fin de que exhibiera documento idóneo por virtud del cual acreditara su identidad, dentro del expediente laboral de origen, además de notificar el auto respectivo, cesaron los efectos del acto reclamado, en razón de que la omisión de acordar su demanda laboral desapareció o se destruyó de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. Al respecto es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de epígrafe y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En las relatadas condiciones, como se dijo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en la fracción V del artículo 63 íbidem, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, respecto del acto que Liliana Toquero Mendoza reclamó del Tribunal de Arbitraje en el Estado de Puebla. En el entendido que este órgano de control constitucional no se encuentra facultado para analizar la legalidad del proveído de doce de abril de dos mil dieciséis, dictado en los autos del juicio natural, ya que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, la litis constitucional únicamente puede constreñirse a la omisión reclamada, sin que pueda comprender diversas resoluciones que no fueron impugnadas; sobre todo si se toma en consideración que estudiar una violación distinta rompería con los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias de amparo; de ahí que el estudio de la constitucionalidad o no de los actos reclamados, debe limitarse a lo reclamado primigeniamente en relación con la etapa procesal en que se encuentre el juicio laboral. En efecto, el criterio de que las omisiones y dilaciones en el trámite de un juicio laboral debe estudiarse aun tratándose de las subsecuentes a las reclamadas, fue abandonado conforme a la tesis aislada 2a. CV/2013 (10a.), por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página: 732, de rubro y texto siguientes: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. Lo anterior no deja en estado de indefensión a la parte quejosa, pues de considerar que en una etapa distinta a la estudiada en este asunto existe una dilación procesal o violación por parte del tribunal responsable, está en aptitud de hacer valer los recursos o medios de defensa que estime pertinentes. Además, aun cuando también se reclamara el aludido proveído de doce de abril de dos mil dieciséis, se estima que dicha actuación no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa como lo exige el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, razón por la cual el juicio de amparo resultaría improcedente, en tanto que esa actuación solamente recaería en derechos adjetivos susceptibles de ser subsanados con posterioridad cuando se resuelva en definitiva el juicio de origen y, en su caso, reclamables en amparo directo. Sirve de apoyo a lo anteriormente determinado la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página: 39, de rubro y texto siguientes: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Por lo anterior, se dejan sin efecto las nueve horas con veintiocho minutos del doce de mayo de dos mil dieciséis, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, uno de abril de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio de la Subdirectora de Amparos y representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con sede en México, Distrito Federal, por el que interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de garantías; en tal sentido, distribúyanse las copias simples del recurso entre las partes, con fundamento en los artículos 81, 84, 88 y 89 de la Ley de Amparo. Asimismo, una vez que obren en autos las constancias de notificación a las partes del acuerdo de esta fecha, por el que se tiene por interpuesto el recurso de revisión y se ordena correr traslado con copia del escrito de agravios, dentro del término de tres días siguientes a ello, remítanse los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, con el escrito original de expresión de agravios y una copia simple del mismo para el Agente del Ministerio Público Federal Adscrito al tribunal, a fin de que sirva sustanciarlo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de marzo de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el escrito de los quejosos Jorge Hernández Magaña y Arturo Hernández Magaña, por el que interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de garantías; en tal sentido, distribúyanse las copias simples del recurso entre las partes, con fundamento en los artículos 81, 84, 88 y 89 de la Ley de Amparo. Asimismo, una vez que obren en autos las constancias de notificación a las partes del acuerdo de esta fecha, por el que se tiene por interpuesto el recurso de revisión y se ordena correr traslado con copia del escrito de agravios, dentro del término de tres días siguientes a ello, remítanse los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito en turno, con el escrito original de expresión de agravios y una copia simple del mismo para el Agente del Ministerio Público Federal Adscrito al tribunal, a fin de que sirva sustanciarlo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES.

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