Liliana Tlacuilo Torres

Expediente 1889/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1889/2015
Año
2015
Actuaciones
5
Última actuación
16/02/2016

Partes del expediente

  • Liliana Tlacuilo Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de febrero de dos mil dieciséis. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., agréguese a los autos el oficio 000211 signado por la Secretaria de Acuerdos adscrita al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada el ocho de febrero de dos mil dieciséis, relativo a la queja formulada por Liliana Tlacuilo Torres en el recurso de queja Q-222/2015; y como lo solicita, acúsese el recibo correspondiente. Dése a conocer a las partes que el recurso de referencia fue resuelto bajo el siguiente punto resolutivo: "PRIMERO. Es infundado el presente recurso de queja. SEGUNDO. Se confirma el acuerdo impugnado. TERCERO. Se desecha la demanda de amparo promovida por Liliana Tlacuilo Torres, en contra de los actos que reclama el Juez Décimo Especializado en Materia Mercantil de la ciudad de Puebla, consistente en la falta de cumplimiento a la interlocutoria dictada el siete de enero de dos mil quince; la inscripción del embargo trabajo (sic) en el juicio de origen, efectuada en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de Puebla; así como la orden de trance y remate del inmueble embargado; dentro del expediente número 1298/2011, relativo al juicio de desocupación por terminación de contrato de arrendamiento promovido por MARÍA YOLANDA MARTÍNEZ TORIJA, en contra de la quejosa." Asimismo, en razón a que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, desechó la demanda de amparo promovido por Liliana Tlacuilo Torres; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de respectivo y archívese el presente asunto. Finalmente, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, uno de diciembre de dos mil quince. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio de la Actuaria adscrita al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, por medio del cual comunica a este Juzgado que fue admitido el recurso de queja interpuesto por la quejosa Liliana Tlacuilo Torres, quedando registrado bajo el recurso de queja Q-222/2015 de los de su índice, relativo al expedientillo en que se actúa. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    PRIMERO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de noviembre de dos mil quince. 1 CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN Agréguese a los autos el escrito de cuenta por el que Liliana Tlacuilo Torres, desahoga el requerimiento que se formuló en proveído de veintiuno de octubre de dos mil quince; en consecuencia, se procede a acordar el escrito de demanda, así como el diverso aclaratorio en los siguientes términos: 2DESECHAMIENTO En principio, es necesario señalar que de la lectura integral al escrito de demanda, así como al diverso aclaratorio se desprende que el acto reclamado en la presente instancia lo constituye la falta de debido cumplimiento a la interlocutoria de siete de enero de dos mil quince, que resolvió el incidente de nulidad interpuesto por la promovente en contra de la notificación realizada por lista respecto del proveído de nueve de diciembre de dos mil trece, en el juicio de desocupación por terminación de contrato de arrendamiento 1298/2011, del Juzgado Décimo Especializado en Materia Mercantil de la ciudad de Puebla, al haberse ordenado inscribir el embargo trabado respecto del bien inmueble que refiere de su propiedad identificado como casa marcada con el número oficial 70, de la calle Valle de la Tortuga, construida sobre el lote número 9, de la manzana 26, del fraccionamiento Lomas del Valle de la ciudad de Puebla, y como consecuencia la orden de trance y remate respecto del referido bien inmueble. De lo antes expuesto, el suscrito advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, está última interpretada a contrario sentido, de la Ley de Amparo, que disponen XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; De la interpretación de los anteriores preceptos se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados en ejecución, cuando no se trate de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. Asimismo, establece que las resoluciones con dicha característica son 1. Aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. 2. En procedimientos de remate, es la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. En cuanto a este segundo supuesto, debe decirse que para su actualización se deben emitir ambas órdenes, sin que sea obstáculo el hecho de que se determinen en acuerdos separados, pues de cualquier manera será hasta entonces que el afectado podrá acudir al juicio de amparo indirecto. Debe decirse que la causal de improcedencia invocada tiene sustento en el principio de economía procesal, cuya finalidad es evitar la proliferación o cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones suscitadas en el procedimiento de ejecución. Así, el legislador de amparo pretende evitar que las partes contendientes en un procedimiento de ejecución puedan intentar el juicio de amparo tantas veces como violaciones se cometan en dicho procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la conclusión definitiva del procedimiento respectivo. De esa manera, lo que se logra es que se continúe la ejecución de la sentencia del juicio sin mayores trabas y que el afectado con las posibles violaciones que se cometan durante el mismo al impugnar la última resolución dictada, puede hacer valer tantas violaciones al procedimiento como estime que se le hubieren cometido. En el caso, el acto que se reclama, como ya quedó precisado, se originó en el procedimiento de remate; sin embargo, de las manifestaciones vertidas bajo protesta de decir verdad por la parte promovente se advierte que no se ha ordenado el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien embargado en el juicio de origen. Por tanto, es innegable que el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de remate, y en ese sentido, la presente instancia constitucional resulta improcedente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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