Liliana Antonio Celaya

Expediente 724/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
724/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
07/08/2023

Partes del expediente

  • Liliana Antonio Celaya

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de agosto de dos mil veintitrés. Causa estado determinación. Vistos los autos y la primera certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que concede el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja contra el auto dictado el veintiuno de julio de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2, de la ley de la materia, se declara que ha causado estado la referida determinación; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; no obstante, dése cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del ocho de junio de dos mil veintitrés, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado en último término. Destino. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se ordenó el archivo de este expediente, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme al artículo 20, fracción IV, del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, háganse las anotaciones relativas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verifíquese el correcto contenido generado en el libro electrónico. Notifíquese por lista electrónica.

  2. Principal

    (notificación por lista a la parte quejosa) San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Registro de demanda Con la demanda de amparo depositada en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en este municipio, el veinte de julio de este año y turnada físicamente a este órgano jurisdiccional, el mismo día, promovida por * * * * * * *, por propio derecho, contra actos del Delegado Catastral en el Distrito Judicial de Zimatlán, del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca; fórmese expediente físico y electrónico, regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y verifíquese el correcto contenido generado en el libro electrónico, con el número 724/2023. Expediente electrónico Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y al artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica, conforme a los lineamientos establecidos en los acuerdos antes mencionados. Por lo cual, todas las constancias y documentos remitidos físicamente por las partes, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico, al igual que los acuerdos, diligencias, notificaciones, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos que integran el contenido de la totalidad de las actuaciones judiciales. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado en primer término. En el entendido que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente por las partes, y se formará con los documentos remitidos por esa vía y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, por lo que, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán a dicho expediente físico; por tanto, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Análisis de la demanda y desechamiento Ahora, es pertinente señalar que el escrito inicial de demanda debe ser analizada en su integridad junto con los anexos que se acompañan, a efecto de determinar lo que en derecho corresponda. Es de aplicación, la tesis emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXXIII, Materia(s): Civil, página 716, con registro digital 363344, que establece: "DEMANDA, ADMISIÓN DE LA. Los Jueces y tribunales están facultados para normar sus actos conforme a la ley del procedimiento, y cuidar de que las demandas se formulen con la claridad, precisión y demás requisitos de ley que los códigos exigen, cuidando, también de que la acción respectiva se ejercite en la vía y forma que legalmente procede, y cuando la demanda no se entabla en la vía legal pertinente, debe desecharse de plano, sin que obste el razonamiento de que la parte contraria no alegue esa improcedencia, toda vez que esto solamente podrá hacerlo en la forma de excepción, lo cual no es posible, puesto que no se le da entrada a la demanda". Por tanto, antes de proveer respecto a la admisión de la demanda es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, que al efecto señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito, se advierte que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia visible en la página ochocientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En el caso, este juzgador federal, de oficio, advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones. Para una mejor comprensión del contenido de la fracción XII del Artículo 61, antes transcrito, es importante identificar en qué consiste el interés jurídico, institución que se encuentra prevista en rango constitucional en el artículo 107, fracción I, y que se traslada en idénticas condiciones al diverso numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo, este último que prevé: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. * * * * *". Del contenido de la porción normativa antes transcrita se aprecia que el interés jurídico se entiende como aquella vulneración proveniente de una autoridad a un derecho subjetivo del cual el quejoso se ostenta como titular; de esta forma, es meridianamente fácil advertir que el interés jurídico hace referencia a uno de los principios torales del juicio de amparo, al caso, el de agravio personal y directo. En efecto, el juicio de amparo se rige, entre otros principios por el de agravio personal y directo, a través del cual se supedita la promoción de la presente instancia constitucional a favor de aquellos gobernados que: Ven afectados sus derechos por parte de las autoridades (agravio). Que dicha afectación sea respecto de aquellos derechos sobre los cuales el quejoso sea titular (personal). En tanto que el agravio sobre sus derechos debe ser pasado, presente o de un futuro en el cual no exista lugar a duda de la proximidad del nacimiento del acto de autoridad violatorio de algún derecho fundamental (directo). Asimismo, es importante precisar que de conformidad con la doctrina establecida por los órganos terminales del Poder Judicial de la Federación, el estándar probatorio exigible para la comprobación del interés jurídico debe ser elevado, es decir, se requiere de pruebas contundentes con las cuales se compruebe fehacientemente dentro del juicio de amparo el interés jurídico con que debe contar el accionante de la instancia constitucional, pues dicho tipo de interés no puede ser demostrado con sustento en presunciones; de ahí, la obligación procesal del quejoso de demostrar con elemento de prueba idóneo que resiente de manera personal y directa el agravio con la emisión del mandato de autoridad. Lo anterior, deviene del contenido de la jurisprudencia XX. J/14, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en el tomo III, enero de 1996, novena época, página 148, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE ACREDITARSE EN FORMA FEHACIENTE EL. En el juicio de amparo, el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no tratar de demostrarlo a base de presunciones". En el caso concreto, se dice que se actualiza la causa de improcedencia invocada, porque de las constancias de autos se evidencia que la peticionaria del amparo no justificó tener interés jurídico para acudir a solicitar la protección federal. En efecto, la parte quejosa señaló como acto reclamado la falta de respuesta a su solicitud de trámite catastral formulada el dos de septiembre de dos mil veintiuno a la autoridad responsable, misma que, de acuerdo a los antecedentes del acto reclamado, narrados bajo protesta de decir verdad, la parte quejosa confiesa que fue el notario público número 105 en el Estado de Oaxaca, quien presentó la solicitud de trámite de integración al padrón catastral a nombre de la quejosa, lo que se acredita con los documentos que exhibe, mismos que adquieren valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa contenida en su numeral 2. En este orden de ideas, resulta inconcuso que la parte quejosa necesariamente debe acreditar en su demanda de amparo la causa de la que se advierta fehacientemente contar con el derecho para que la autoridad responsable dé una contestación congruente, en términos del artículo 8 constitucional, a su solicitud. En efecto, de la solicitud de trámite catastral presentada ante la Delegación de Zimatlán de Álvarez del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, el dos de septiembre de dos mil veintiuno (foja 5 de autos), se advierte que el tramite fue realizado por el licenciado * * * * * *, Notario público número * * * * * en el Estado de Oaxaca, a la cual le correspondió el número de trámite * * * * * *. En ese contexto, se estima que la quejosa, * * * * * * * no acredita la afectación a su esfera jurídica derivado de la falta de contestación de la autoridad responsable a la solicitud realizada por el notario * * * * * * *. Lo anterior, porque la solicitante del amparo no suscribió la petición en comento, lo que es indispensable para acreditar alguna afectación a su derecho de petición, consagrado en el dispositivo 8 constitucional, toda vez que, no tuvo participación en la solicitud dirigida ante la autoridad responsable. Lo que resultaba necesario, pues la solicitante del amparo basa su acción de amparo en una afectación a su derecho de petición establecido en el artículo 8º de la Constitución Federal, el cual surge de una relación jurídica entre gobernante y gobernado, con la petición presentada por el particular ante una autoridad en ejercicio de su función pública, por lo que no se advierte que el quejoso se haya integrado en esa relación. Sirve como orientación la jurisprudencia P./J. 42/2001 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materias(s): Común, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Abril de 2001, página 126, de rubro y texto siguientes: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular". Así, en virtud de que la quejosa no realizó la petición de la que deriva el acto combatido, no se afecta su esfera jurídica, pues el citado escrito fue promovido por Eduardo García Corpus, de ahí que la violación reclamada, sólo interese a éste, sin que en la especie se advierta que, inclusive existiera alguna respuesta que pretendiera privar al accionante del amparo de alguna prerrogativa incorporada a su esfera jurídica, o una afectación a un derecho sustantivo. No se soslaya que en el escrito inicial de demanda, la solicitante del amparo manifestó bajo protesta de decir verdad que por instrumento público número * * * * * * volumen * * * * * otorgado ante la fe del Notario Público Número * * * * * en el Estado de Oaxaca, se hubiere protocolizado la adquisición de un inmueble en favor de la quejosa; sin embargo, como se estableció el interés jurídico en el juicio constitucional debe estar plenamente demostrado, de tal manera, que no basta con la sola presentación de la demanda de amparo para tenerlo por justificado, o por las manifestaciones que la parte quejosa haga, o bien, que éste se pueda inferir a base de indicios aislados; lo anterior, porque con la sola promoción de la demanda no se acredita la titularidad del derecho que se estima vulnerado derecho de petición, pues su finalidad es únicamente la de activar al órgano jurisdiccional; además, porque la protesta de decir verdad es un requisito formal que debe satisfacer toda demanda de amparo y, finalmente, porque con base en una simple presunción no se puede llegar al extremo de tener por demostrado plenamente algún derecho. Es ilustrativa a lo anterior la jurisprudencia 3a./J. 28/90 emitida por la otra Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, Materias(s): Común, consultable en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, página 230, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. A FIN DE TENERLO POR ACREDITADO NO BASTA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA RESPECTIVA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4o. de la Ley de Amparo en relación con la fracción V del artículo 73 de este ordenamiento, el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos para la procedencia de la acción constitucional es la comprobación plena del interés jurídico del quejoso, pudiendo hacerlo por cualquiera de los medios de prueba previstos por las leyes, pero no basta para tenerse por acreditado el solo hecho de presentar la demanda respectiva, lo que implica únicamente la pretensión de excitar el órgano jurisdiccional, pero no la comprobación de que la ley o acto reclamado lesionan sus intereses jurídicos por lo que de no satisfacerse dichos requisitos, debe sobreseerse en el juicio de amparo." Así como la diversa jurisprudencia 3a./J. 27/90, Octava Época, Materias(s): Común, consultable en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo V, Primera Parte, Enero Junio de 1990, página 229, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés". Ante ello, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5, fracción I, de la Ley de Amparo, y 107 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se desecha de plano, la demanda de amparo promovida por * * * * * * *, por propio derecho, contra actos del Delegado Catastral en el Distrito Judicial de Zimatlán, del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, por notoriamente improcedente. La actualización de la causal de improcedencia en estudio no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia consagrados en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, se podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, registro 165538, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA". Domicilio y autorizados En otro contexto, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda; y por autorizados para tales efectos a las personas que se mencionan, en términos restringidos del artículo 12 de la ley de amparo, por así haberlo solicitado expresamente. Por otra parte, se tienen por autorizado, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ******, por encontrarse registrada su cédula profesional ante el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales" y así haberse solicitado expresamente. Habilitación de días y horas inhábiles En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los actuarios judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. Publicación de datos personales En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Autorización de medios electrónicos Se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para obtener fotografía de las actuaciones en este asunto; lo anterior de acuerdo con la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debiendo dejar constancia respectiva. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que hagan las partes, quienes estarán obligadas a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales. Ilustra a lo anterior, la tesis I . 3 . C . 725 C, con registro digital 167640, con el rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". En otro contexto, hágase del conocimiento de las partes que conforme al artículo 41 Bis del Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, deberán consultarlo en su versión electrónica. Quienes carezcan de acceso al Portal o quienes no hayan solicitado el acceso para consultar el expediente electrónico, podrán hacerlo al acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, donde se pondrá un equipo a su disposición y asesoría para que puedan llevar a cabo la consulta respectiva, desde una clave de usuario habilitado para ello. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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