Lilia Chávez Fuentes

Expediente 986/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
986/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
29/10/2018

Partes del expediente

  • Lilia Chávez Fuentes

Actuaciones

  1. Principal

    ... veintinueve de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito de la quejosa ********************, en atención a su contenido, por una parte, dígasele que el veinticinco de octubre de este año, se ordenó devolver los documentos que adjuntó al escrito de demanda; y, por otra, se le tiene como autorizados para recibir los citados documentos a las personas que indica. Notifíquese.

  2. Principal

    notificación a la quejosa.-Número de expediente: 986/2018 Acuerdo:...nueve de octubre de dos mil dieciocho. I.- Recepción de demanda y creación del expediente. Con la demanda de amparo presentada el ocho del mes en curso, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, recibida en ese Juzgado en igual fecha, que promovió Lilia Chávez Fuentes, contra actos del Director General de Notarías y Archivo General de Notarías del Estado de Oaxaca. Fórmese expediente con el número ****; y regístrese su ingreso en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, previo a proveer sobre la admisión de la demanda de amparo que promovió Lilia Chávez Fuentes, contra actos del Director General de Notarías y Archivo General de Notarías de Oaxaca, es preciso mencionar que el artículo 113 de la ley de la materia, dispone que ésta se examine y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Así, del análisis de la citada demanda se tiene que la quejosa reclama en esencia: "La emisión del oficio ****, de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho." II. Desechamiento. De la anterior disposición legal se desprende que el juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número I.13º.A.4 K, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1631 del Tomo XX, de septiembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 180663, de epígrafe y contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Por otro lado, el artículo 62 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. Así, del estudio de la demanda de amparo, se advierte que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dado que la quejosa no agotó el principio de definitividad que aquélla exige para la procedencia del juicio constitucional; numeral que, en lo conducente, dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.). XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)". En efecto, el principio de definitividad que impera en el juicio de amparo y que se encuentra contemplado en la fracción transcrita, dispone que antes de acudir al juicio de amparo, el promovente del amparo debe agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios establecidos en la ley que rige el acto, que tengan por objeto modificar, revocar o nulificar la resolución recurrida, ante la autoridad competente. Sentado lo anterior, de la lectura de la demanda de amparo y del escrito de cuenta, se advierte que el acto reclamado en esta instancia constitucional, se hace consistir en el oficio CJGEO/DGNyAGN/DJ/T/771/2018 de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, mediante el cual la autoridad responsable, hace del conocimiento que no se encontró inscrito aviso de otorgamiento de testamento a nombre de Paula Atenea Chávez Fuentes; asimismo, informó que en la Dirección General de Notarías y Archivo General de Notarías, dentro del protocolo del entonces notario público 49 del Estado de Oaxaca, observó el instrumento 8,998, volumen 97, de cuatro de febrero de dos mil nueve, que se refiere a la escritura de su interés, no cumple con los requisitos legales establecidos en la Ley del Notariado para el Estado de Oaxaca; acto que atribuye al Director General de Notarías y Archivo General de Notarías del Estado de Oaxaca. Así, el acto reclamado en este juicio consiste, esencialmente, en una controversia de carácter administrativo entre la quejosa y la autoridad dependiente de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. Al respecto, los artículos 1º y 120, fracción IV, de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, establecen: Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de interés social, se aplicará en todo el Estado de Oaxaca en los actos administrativos y los procedimientos que desarrollen las Dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, Entidades Paraestatales y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal, cuando estas emitan una resolución administrativa de cualquier naturaleza; por los Ayuntamientos de los Municipios del Estado de Oaxaca, por las Dependencias de estos y por sus Entidades Paramunicipales. De igual forma regulará la organización y funcionamiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas del Estado de Oaxaca y la impartición de la Justicia Administrativa en el Estado de Oaxaca. La presente Ley no será aplicable a las materias de carácter electoral, de justicia agraria y laboral, resoluciones administrativas que tengan relación con la defensa de los derechos humanos, con las actividades desarrolladas por la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca; ni por las dictadas por la Fiscalía General del Estado en ejercicio de sus funciones constitucionales de investigación de los delitos o de la representación social, ni con los conflictos suscitados entre los integrantes de los Ayuntamientos, asimismo tampoco se aplicará a los actos desplegados por la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca, ni por la elección de las autoridades auxiliares de carácter municipal. Artículo 120.- El Tribunal tiene competencia para resolver las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten: I. Entre los particulares y las autoridades de la administración pública del Estado; los Organismos públicos Descentralizados y Desconcentrados; De los preceptos citados, se advierte que dicha legislación es de orden público y de interés social, que se aplicará en todo el Estado de Oaxaca en los actos administrativos y los procedimientos que desarrollen las Dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, Entidades Paraestatales y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal, cuando éstas emitan una resolución administrativa de cualquier naturaleza; por las autoridades de la administración pública del Estado de Oaxaca. Además, en dicha ley (Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca) se aprecian excepciones para su aplicación y conocimiento de ciertos asuntos, los cuales son: a) En las materias de carácter electoral; b) Justicia agraria; c) Laboral; d) Resoluciones administrativas que tengan relación con la defensa de los derechos humanos; e) Con las actividades desarrolladas por la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca; f) Las dictadas por la Fiscalía General del Estado en ejercicio de sus funciones constitucionales de investigación de los delitos o de la representación social; g) Conflictos suscitados entre los integrantes de los Ayuntamientos, o por la elección de las autoridades auxiliares de carácter municipal. Sentado lo anterior, si en el caso, se reitera, la quejosa reclama el oficio de treinta y uno de agosto del año en curso, por el que el Director General de Notarías y Archivo General de Notarías del Estado, informó que no se encontró inscrito aviso de otorgamiento de testamento a nombre de Paula Atenea Chávez Fuentes; asimismo, que en la Dirección General de Notarías y Archivo General de Notarías, dentro del protocolo del entonces notario público 49 del Estado de Oaxaca, observó el instrumento 8,998, volumen 97, de cuatro de febrero de dos mil nueve, que se refiere a la escritura de su interés, no cumple con los requisitos legales establecidos en la Ley del Notariado para el Estado de Oaxaca. Por ello, en razón de que el acto reclamado se trata de una determinación de carácter administrativa, emitida por autoridad perteneciente a la administración pública estatal, en su contra procede un medio ordinario de defensa ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca. Además, el acto reclamado no se encuentra en alguna de las excepciones previstas en el artículo 1, párrafo segundo, de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca.. Por tanto, la parte quejosa estuvo en condiciones de recurrir el acto reclamado a través de la vía judicial administrativa en términos de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, antes de acudir a esta instancia constitucional. En consecuencia, dado que no se advierte que la quejosa hubiera accionado, previamente ese medio ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, es evidente que no se agotó el principio de definitividad que exige la Ley de Amparo para la procedencia del juicio constitucional. En ese contexto, con fundamento en el artículo 61, fracción XX, en relación con el numeral 62, de la Ley de Amparo, procede desechar, de plano, por improcedente, la demanda de amparo que promovió Lilia Chávez Fuentes. Al respecto, debe decirse que la causa de improcedencia analizada se interpretó de manera estricta, sin que ello implique vulnerar derechos humanos consagrados en su caso, en tratados internacionales, pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. Es ilustrativa al respecto la tesis 2a. CLVII/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, registro 165538, página 324, del rubro y texto siguientes: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA..... III. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica, y por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Pedro Lozano Jiménez, en tanto que los restantes, únicamente para imponerse de autos, oír y recibir notificaciones, por así solicitarlo expresamente. IV. Habilitación de días y horas. En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los Actuarios Judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. V. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General conjunto 1/2015, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración (tanto en el juicio principal como en el incidente de suspensión deducido del mismo). Por tanto, como está dispuesto en el artículo 3, quinto y séptimo párrafos, de la citada Ley de Amparo, así como 90 y 92 del también referido Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, se comisiona al Secretario, a los Oficiales Administrativos correspondientes de mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92, del acuerdo mencionado, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 92. No formarán parte del expediente electrónico y, por ende, no deberán digitalizarse, las copias de traslado, las hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias presentadas como anexos por las partes, de los que se advierta que corresponden a actuaciones del propio Juzgado de Distrito o Tribunal de Circuito que evidentemente ya forman parte de los autos y los documentos anexos a los informes justificados que no resulten necesarios para sustentar una determinación judicial." VI. Protección de datos personales... Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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