Lilia Guadalupe Sosa Hernandez

Expediente 1330/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1330/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
06/09/2023

Partes del expediente

  • Lilia Guadalupe Sosa Hernandez

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada ley, contra el acuerdo de veintitrés de agosto del año en curso, con el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º, se declara que el citado acuerdo en que se desechó la demanda, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de amparo, no se encuentra en alguno de los supuestos de relevancia documental, ni cuenta con documentos determinados como información reservada, es susceptible de destrucción, lo que se podrá realizar una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Por otro lado, se hace notar que no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente, en el sentido de que este asunto es destruible. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    veintitrés de agosto de dos mil veintitrés Mérida, Yucatán, a veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, contra el acto que reclama del Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, fórmese expediente, y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado con el número 1330/2023-lll-A, y se provee: Con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." En ese sentido, debe precisarse que del capítulo de actos reclamados de su demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa impugna de la autoridad responsable, el siguiente acto de forma destacada: El acuerdo de fecha once de agosto de dos mil veintitrés, emitido por la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, en autos del expediente 35/2023, por medio del cual la juez responsable confirma la medida provisional de guarda y custodia del menor de edad de iniciales E.S.U.S., a favor de su padre ********************, dictada anteriormente en diverso expediente ********************, de su índice. Ahora bien, la suscrita considera que en el caso, respecto de los aludidos actos, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales concede la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." En el precepto y fracción transcrita se consigna la improcedencia del juicio de amparo, cuando no se han agotado los recursos o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, precisamente respecto de actos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Asimismo, el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad transgresores de derechos fundamentales y que, por tanto, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común; mismos principios que se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre los que se contemplan el denominado por la doctrina como de definitividad, mismo que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, 61, fracciones XIV, XVIII y XX, y 107 de la Ley de Amparo; así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones ponen de manifiesto que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes, a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de alguno de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad. Expuesto lo anterior, se estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia invocada, porque se ejerció el medio de control constitucional, sin colmar de forma previa, contra el acto reclamado, el principio de definitividad, que rige el juicio de amparo. Se afirma lo anterior, de conformidad con el artículo 423 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, que a la letra dice: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS FAMILIARES DEL ESTADO DE YUCATAN CAPÍTULO II De la revocación Recurso de revocación "Artículo 423. Los autos y decretos dictados en audiencia o fuera de ella y que no fueren apelables, son revocables por el propio juez que los haya dictado.". De lo anterior se colige que, en el caso particular, se debió agotar el recurso de revocación a que se refiere el citado arábigo 423, lo cual no aconteció en la especie, como se aprecia de la demanda de amparo; y sin embargo, con dicho recurso o medio de defensa, podría la parte afectada, obtener la modificación, revocación o anulación de la resolución reclamada. Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por incumplimiento del principio de definitividad, al no haberse agotado previamente a la instancia constitucional, el recurso o medio de defensa que contempla el artículo 423 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán. Por tales motivos, de conformidad a la técnica que rige el juicio de amparo, es obvio que la parte peticionaria debió agotar dicho recurso, antes de acudir al juicio de amparo, y si tal medio de impugnación no se agotó de manera previa, evidentemente se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia. En consecuencia, y como ya se dijo, tomando en consideración que existe un medio de defensa ordinario mediante el cual pudo revocarse, modificarse o anularse el acto reclamado en el presente juicio de amparo, sin que la ley que regula ese medio de defensa exija mayores requisitos que la Ley de Amparo, para efectos de suspender el acto reclamado, y sin que se advierta algún motivo de excepción al principio de definitividad que rige al presente medio de control constitucional, resulta ineludible que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, del citado ordenamiento legal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del epígrafe y contenido siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que nos es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Por último, debe decirse que en la especie no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, para la procedencia del presente juicio, puesto que el acto reclamado no constituye un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; ni la quejosa es persona extraña al procedimiento, sino que es parte promovente del mismo, tal y como se advierte de la lectura de la propia demanda de amparo. En ese orden de ideas es inconcuso que contra el acto reclamado consistente en el auto de once de agosto de dos mil veintitrés, dictado en juicio de guarda y custodia ********************, del índice del Juzgado Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, procedía el mencionado recurso de revocación, el cual la parte quejosa estuvo en aptitud de agotar; y al no haberlo hecho así, el juicio de amparo indirecto es improcedente al no ser susceptible de análisis un acto respecto del cual previamente debió interponerse el medio de impugnación que la ley prevé, actualizándose así, la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que impone en consecuencia, sobreseer en el presente juicio respecto de dicho acto, en términos de la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, debe decirse que ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la irreparabilidad del acto no constituye, por sí misma, una excepción al principio de definitividad; de ahí que la parte quejosa se encontraba obligada a agotar previo a la promoción del presente juicio de amparo, el recurso de revocación procedente en contra del acto aquí reclamado. Sirve de sustento a lo anterior, en lo conducente, la tesis de Jurisprudencia 1ª./J. 113/2013 (10ª.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 350 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, con rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Al respecto, también resulta importante destacar, que no pasa inadvertida para quien esto resuelve, la existencia de la Jurisprudencia 1ª./J.77/2013 (10ª), sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO"; sin embargo, la misma no resulta exactamente aplicable al caso, pues aun y cuando el quejoso hace diversas manifestaciones relacionadas con la afectación que aduce pudiese sufrir su hijo menor ante la imposibilidad de llevarse a cabo la convivencia paterno filial, lo cierto es que dicha afectación no deriva de manera directa de la ejecución del acto reclamado en este juicio, sino de la negativa por parte de la madre del menor al no permitirle la convivencia; esto es, con la emisión del acuerdo reclamado no se advierte que de ejecutarse el mismo se genere la existencia de un riesgo para el precitado menor y que por ello se requiera la existencia de un medio de impugnación que permita la suspensión de la ejecución del acto reclamado, sobre todo, si los aspectos que se combaten del acto reclamado mencionado, entrañan actitudes declarativas de la autoridad responsable que evidentemente no son susceptibles de suspenderse, por lo que en la especie no se actualiza el supuesto de excepción establecido en la Jurisprudencia mencionada. No pasa desapercibido para esta Juzgadora la tesis jurisprudencia con rubro "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO.", ya que en el presente caso no se está ante la actualización de dicha hipótesis, pues como se ha señalado, se reclama el auto de once de agosto de dos mil veintitrés, dictado en autos del expediente número ********************, del índice del Juzgado Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, que reiteró la medida provisional de guarda y custodia del menor de edad de iniciales E.S.U.S., a favor de su padre dentro del diverso expediente ******************** del índice del propio Juzgado Segundo. De lo anterior, puede colegirse que el acto reclamado en esta vía de amparo, no contiene una ejecución que pudiere producir una molestia o la existencia de un riesgo para el menor de edad referido y que por tanto, se requiera que el medio de impugnación ordinario sea imprescindiblemente de los que suspenden dicha ejecución ante esos efectos, por lo que no se aprecia que el menor de edad cuya guarda y custodia fue reiterada, esté en una situación de vulnerabilidad frente al acto reclamado. En estas condiciones, al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, PROCEDE DESECHAR la demanda promovida por ********************; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la Materia. Tómese nota del domicilio proporcionado por la parte quejosa en su demanda de amparo; y téngase como sus autorizados a las personas que señala, con las facultades conferidas. Asimismo, de conformidad con el referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós, se tiene como correo electrónico y número de celular de la parte quejosa los proporcionados en su escrito de demanda, a efecto de que le sean practicadas las notificaciones, previa razón actuarial que se levante al respecto, solicitando el acuse de recibo por la misma vía. De igual manera, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de aparatos electrónicos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos, siempre y cuando sea con la supervisión del personal de este Juzgado, previo señalamiento de la actuación que pretenda reproducir. En diverso orden, desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe. AGC*

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano