Lilia Ernestina Rejon Palma
Expediente 2372/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 6 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2372/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 06/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Lilia Ernestina Rejon Palma
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Mérida, Yucatán, seis de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, por medio del cual, acusa recibo del diverso oficio, con el que se remitió vía interconexión el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, contra la sentencia definitiva dictada el veintidós de noviembre de dos mil veintidós; asimismo, comunica que dicho recurso se registró bajo el número ********************así como que se admitió a trámite el mismo. De lo anterior este juzgado toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Pablo Pérez Pacheco, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por autorización otorgada en sesión de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada en oficio CCJ/ST/5781/2022, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el escrito presentado vía electrónica por Carlo Guillermo Cervera Pérez, autorizado en términos amplios de la parte quejosa del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintidós de noviembre del año en curso, y formula agravios; por ende, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo; entréguese copia del escrito de expresión de agravios a las autoridades señaladas como responsables en el presente asunto. En tal virtud, a fin de acreditar la legalidad de la sentencia recurrida, toda vez que la actuación electrónica es el eje rector en la tramitación de expedientes en todas las materias e instancias, una vez notificadas las partes de la interposición de los recursos de referencia, remítanse vía electrónica al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en turno del Decimocuarto Circuito, los escritos de interposición de los recursos de mérito, en los que expresan sus agravios, por lo que resulta innecesario el envío de las copias de éstos que corresponden a la Agente del Ministerio Público de la Federación, ya que el traslado correspondiente podrá obtenerse digitalmente. Asimismo, se ordena dar acceso al expediente electrónico a fin de que el Tribunal aludido, se encuentre en aptitud de tener a la vista la totalidad de las constancias que integran el presente expediente a fin de acreditar la legalidad del acto impugnado. Hágase del conocimiento del Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado, la autorización del acceso al expediente electrónico ordenada en párrafos anteriores, para que realice las acciones necesarias a fin de que el Tribunal de Alzada se encuentre en aptitud de acceder y consultar el presente asunto mediante el expediente electrónico. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Mérida, Yucatán, a las diez horas con veintiún minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintidós, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional, en el juicio de amparo 2372/2022-VIII, promovido Lilia Ernestina Rejón Palma, estando presente la licenciada Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, se procede a celebrarla sin la asistencia de las partes; y la Jueza declara abierta la audiencia. El Secretario de Juzgado hace relación de la demanda, constancias de autos e informe justificado rendido por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en su nombre y representación del Secretario de dicho cuerpo policiaco, el cual obra agregado en los presentes autos. Seguidamente la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendido en tiempo y forma el informe de ley de las autoridades responsables para ser tomados en consideración como correspondan. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las exhibidas y las relacionadas por la parte quejosa en su demanda y en su escrito presentado vía electrónica el veinte de octubre de dos mil veintidós, consistentes en las documentales, instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, legal y humana. En mérito de lo anterior, la Jueza acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas relacionadas, por lo que se tienen por desahogadas en virtud de su naturaleza jurídica y se tomarán en cuenta al resolver, con lo cual, se cierra dicha etapa. Abierto el período de alegatos, se da cuenta que la parte quejosa no formuló alegatos y la Agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado no realizo pedimento alguno; por lo que, la Jueza acuerda: Téngase por perdido el derecho de la parte quejosa para formular alegatos y de la representación social para presentar pedimentos. A continuación, no habiendo diligencias pendientes por desahogar, la Jueza declara visto el expediente y procede a dictar la siguiente resolución. Visto, para resolver el presente juicio de amparo número 2372/2022-VIII promovido por Lilia Ernestina Rejón Palma, contra los actos que reclama de la Secretaría de Seguridad pública del Estado; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. La demanda de amparo fue presentada el cuatro de octubre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Tercero de Distrito, en la que Lilia Ernestina Rejón Palma, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. SEGUNDO. TRAMITE DEL JUICIO. En auto de seis de octubre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo; se ordenó dar a la representante social de la Federación adscrita a este Juzgado, la intervención legal que le compete; se solicitó a las autoridades su informe justificado, todo lo cual se hizo en sus términos; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo este día, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, modificado por el 53/2013 y reformado y adicionado por el Acuerdo General 28/2016 del propio Pleno del Consejo citado, pues se reclama un acto con ejecución dentro de la circunscripción territorial donde esta juzgadora ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario fijar claramente el acto reclamado, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de determinar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal; acorde con la tesis de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En esas condiciones, de una lectura integral de la demanda de amparo e informe justificado se aprecia que los actos reclamados en el presente juicio, son: La negativa de realizar el cambio de tarjeta de circulación, plazas y calcomanía del vehículo marca HINO, modelo 2014, línea Chasis Cabina 300, tipo de combustible diésel, número de serie JHHYEPOH6EK001181, número de motor N04CUV16844, número de placa YN-1574-B, así como inscribir el cambio de propietario del citad vehículo en el Registro de Control Vehicular, y como consecuencia la restricción al libre tránsito. TERCERO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Al rendir su informe justificado el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, manifestó que era cierto el acto reclamado, ya que no se podía realizar ningún trámite del vehículo señalado, debido a que tiene un embargo trabado por la Agencia de Administración Fiscal. Por tanto, se tienen por existentes los actos que se atribuyen a la responsable, sirviendo de apoyo la jurisprudencia 305 de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". CUARTO. ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. . En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causal de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, ni las partes lo hicieron valer, por lo que procede al estudio de los conceptos de violación formulados por el quejoso, cuya transcripción se estima innecesaria pues en todo caso se observarán los principios de congruencia y exhaustividad. QUINTO. ESTUDIO DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son fundados los conceptos de violación en los que se aduce una violación al principio legalidad Ahora bien, el artículo 16 de la Constitución, establece que nadie puede ser molestado en sus papeles o posesiones, sino mediante acto de autoridad fundado y motivado, como se advierte de su contenido: "ARTÍCULO 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal de procedimiento..." Ese derecho fundamental se ha entendido como el deber que tiene la autoridad de expresar sus actos por escrito, así como los preceptos legales que regulen el hecho, las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con ese acto autoritario, así como la obligación de expresar las razones por las cuales la autoridad considera legal su acto. Esto es, que no sólo es necesario que exprese sus actos por escrito, sino que debe fundar y motivar el mismo, estableciendo sobre bases objetivas la racionalidad y la legalidad de aquéllos, a efecto de procurar eliminar, en la medida de lo posible, la subjetividad y la arbitrariedad de las decisiones de la autoridad; lo que además permite la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que considere afectan o lesionan su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de defensa de aquéllos ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 65, Mayo de 1993. En la página 61, que dice lo siguiente: "SEGURIDAD JURÍDICA, GARANTÍA DE. LAS ÓRDENES VERBALES DE AUTORIDAD SON VIOLATORIAS EN SI MISMAS DEL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. El artículo 16 constitucional contiene una garantía de seguridad jurídica, que se traduce en la forma del acto autoritario de molestia, el cual debe derivarse siempre de un mandamiento por escrito, pues solamente de esta manera puede observarse la fundamentación del acto de autoridad, por lo que cualquier mandamiento u orden verbal que originen una molestia en los bienes jurídicos, son contrarios a dicho precepto Constitucional." De lo anterior, se desprende que existen tres requisitos indispensables en todo acto de autoridad, los cuales son: 1. El hecho de que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones. 2. En caso de que tenga que ser así, debe existir un mandamiento escrito, expedido por la autoridad competente; y, 3. Que dicho mandamiento, funde y motive la causa legal de tal molestia en los bienes y posesiones de las personas. Por tanto, se establece que cualquier acto de autoridad, debe contener esos tres requisitos para que en principio, no sea violatorio de derechos humanos, traduciéndose lo anterior, en el hecho de que en caso de que el acto de autoridad, carezca de cualquiera de los requisitos mencionados, el mismo, resultará violatorio de los derechos fundamentales de los gobernados. En el caso, de las manifestaciones del quejoso vertidas en su demanda y de las constancias adjuntas se desprende que para efectos del presente juicio de amparo, demostró su interés jurídico, como propietaria del vehículo marca HINO, modelo 2014, línea Chasis Cabina 300, tipo de combustible diésel, número de serie JHHYEPOH6EK001181, número de motor N04CUV16844, número de placa YN-1574-B, pues al efecto exhibió las siguientes pruebas: 1.- Copia de su credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral. 2.- Impresión del comprobante Fiscal Digital por Internet (factura) con folio TG4234, de seis de junio de dos mil veintidós, emitida por "TG Distribuciones del Sureste", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, favor de la quejosa Lilia Ernestina Rejón Palma. 3.- Impresión del comprobante Fiscal Digital por Internet (factura) con folio ABF190339, de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, emitida por "Grupo Arrendador del Sureste"; sociedad Anónima de Capital Variable, a favor de "TG Distribuciones del Sureste", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. 4.- Impresión del comprobante Fiscal Digital por Internet (factura) con folio TGO19977, de diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, emitida por "Tensoactivos del Golfo", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, favor de "Grupo Arrendador del Sureste"; sociedad Anónima de Capital Variable. 5.- Impresión del comprobante Fiscal Digital por Internet (factura) FVA-37, de nueve de abril de dos mil catorce, emitida por "Farrera del Golfo", Sociedad Anónima de Capital Variable (HINO), a favor de "Tensoactivos del Golfo", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. 6.- Copia de la tarjeta de circulación a nombre de "Tensoactivos del Golfo", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. A dichas pruebas, se les otorga valor probatorio en términos de los artículos 133, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletoria a la Ley de Amparo y de la concatenación de esas pruebas, se aprecia que el vehículo fue refacturado en diversas ocasiones hasta que fue adquirido por la quejosa, motivo por el cual se expidió el comprobante Fiscal Digital por Internet (factura) con folio TG4234, de seis de junio de dos mil veintidós, cuya verificación en la página electrónica del Servicio de Administración Tributaria, acredita la existencia de ésta última factura y su vigencia, con ello forma convicción en esta Juzgadora de que la peticionaria de amparo, resulta tener la propiedad del automotor relacionado con los actos reclamados; máxime que al ofrecer las pruebas en su escrito presentado vía electrónica el veinte de octubre de dos mil veintidós, cumplió la formalidad establecida en el aartículo 3 fracción VI, del ACUERDO General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, pues señaló que los documento digitalizados respectivos eran copia íntegra e inalterada del documento físico. En ese tenor, se arriba a la conclusión que la quejosa demostró su interés jurídico en el presente asunto. Por otro lado, se tiene que en su demanda manifestó que el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, acudió al Centro de Servicios Yucatán de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para realizar la inscripción de cambio de propietario del vehículo mencionado en el Registro Estatal de Control Vehicular, pero el personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se negó a realizar esa inscripción, así como el cambio de tarjeta de circulación. Luego, ya se vio que en el informe justificado la autoridad responsable aceptó la existencia de los actos reclamados y expresó que la negativa a los tramites pretendidos por la quejosa, se debe a que existe un embargo trabado por la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, y acompañó las constancias para acreditarlo. Ahora bien, no obstante que la autoridad responsable acreditó el referido embargo y aceptó la existencia del acto reclamado, éste resulta violatorio de las garantías de seguridad jurídica en perjuicio de la quejosa, puesto que la responsable fue omisa en emitir una determinación por escrito que funde y motive la negativa a realizar el cambio de propietario, pues el acto verbal en la forma en que fe emitido es evidentemente inconstitucional, ya que es contrario a lo señalado por el numeral 16 de la Carta Magna. En efecto, la responsable fue omisa en acreditar que el acto reclamado, se emitió mediante un mandamiento escrito en el que se funde y motive la negativa a realizar el cambio de propietario y el de tarjeta de circulación, pues aunque haya expresado que tiene un embargo, tal situación no la hizo por escrito, ni menos aún estableció cual es el fundamento legal que en su caso le permite actuar en la forma en que lo hizo. Por tanto, si no existió un mandamiento escrito expedido por la autoridad, es de concluirse que los actos reclamados son violatorios del principio de legalidad y seguridad jurídica en perjuicio de la quejosa. Cuestión que resulta una transgresión a su derecho fundamental contenido en el artículo 16 Constitucional, en tanto que el Director Jurídico de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, impide la realización de un trámite sin haber emitido una determinación escrita con fundamento y motivo legal. De lo que se sigue que en autos del presente no quedó acreditada la existencia de un mandamiento escrito, de autoridad competente que justifique e impida el cambio de propietario, así como el cambio de tarjeta de circulación. Lo que pone de manifiesto que la quejosa está siendo afectada en su derecho de propiedad, sin que se colmen las exigencias constitucionales para tal acto de molestia, puesto que no se advierte que la negativa de los trámites que solicitó hayan estado respaldados por una determinación escrita de manera fundada y motivada Lo antes razonado encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, 14 tercera parte, visible a página 37, que dice textualmente: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable en el caso, y por lo segundo, que también deben señalarse con precisión las circunstancias especiales o razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la eficiencia del acto." Así como la tesis jurisprudencial, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, 30 tercera parte, visible a página 57, que dice: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, GARANTIA DE. Para que la autoridad cumpla la garantía de legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución Federal en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones, en ellas debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, que las origina, encuadra en los presupuestos de la norma que invoca." En ese sentido, al resultar fundado el concepto de violación que hizo valer, procede otorgarse el Amparo y la Protección de la Justicia Federal, a la aquí quejosa Lilia Ernestina Rejón Palma. SEXTO. EFECTOS DE LA SENTENCIA. Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable Secretaría de Seguridad Pública del Estado con sede en esta ciudad de Mérida, deberá: - Con libertad de jurisdicción, emitir mediante escrito fundado y motivado, una determinación que resuelva la solicitud de cambio de propietario y expedición de tarjeta de circulación que pidió la quejosa Lilia Ernestina Rejón Palma, respecto del vehículo marca HINO, modelo 2014, línea Chasis Cabina 300, tipo de combustible diésel, número de serie JHHYEPOH6EK001181, número de motor N04CUV16844, número de placa YN-1574-B, debiendo notificar la determinación que emita a la quejosa. Por lo expuesto y fundado; se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a quejosa Lilia Ernestina Rejón Palma,, contra los actos que reclamó de la Secretaría de Seguridad pública del Estado, con sede en esta ciudad, precisados en el considerando segundo; por las razones expuestas en el considerando quinto y para los efectos precisados en el último considerando de este fallo. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito presentado vía electrónica por Carlo Guillermo Cervera Pérez, autorizado en términos amplios de la parte quejosa del artículo 12 de la Ley de Amparo, el cual contiene la evidencia criptográfica correspondiente, mediante el cual formula alegatos; en tal virtud, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, tengas pro hechas sus manifestaciones en vía de alegatos, y relaciónense en la respectiva audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
Quedan 5 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes
- Lilia Aurora del Carmen Angulo Angulo1432/2021
- Lilia Beatriz Gonzalez Heredia962/2018
- Lilia Beatriz Gonzalez Heredia101/2018
- Lilia Beatríz Ontiveros Vázquez1979/2022
- Lilia Cámara Y Canul272/2020
- Lilia del Rosario Mendoza Puc919/2020
- Lilia Guadalupe Sosa Hernandez1330/2023
- Lilia Guadalupe Sosa Hernández1620/2023
- Lilia Guadalupe Sosa Hernandez631/2023
- Lilia Guadalupe Sosa Hernandez584/2023
- Lilia Guadalupe Yanez Canul1066/2018
- Lilia Marisol Alcocer Gasca2103/2022