Lilia Guadalupe Aguayo Peña
Expediente 1259/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 18 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1259/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 30/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Lilia Guadalupe Aguayo Peña
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
MESA 5-B Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a treinta de mayo de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese el escrito signado por la parte tercero interesada Rubén Grajales Martínez, mediante el cual, por una parte, solicita copias certificadas del auto que declaró cumplida la sentencia; y, por otra, solicita se ordene al Presidente de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, expida el oficio de cancelación gravamen laboral, con la finalidad de que quede estrictamente cumplida la ejecutoria. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de la materia, expídase la copia a que hace referencia, previa identificación y razón de recibo que se deje en autos, haciendo de su conocimiento que para tal efecto deberá acudir a este Juzgado preferentemente dentro del horario de doce a catorce horas, en día hábil. Ahora bien, respecto a su diversa solicitud, dígasele al promovente que se esté a lo acordado en proveído de veinticinco de marzo del año en curso (fojas 134 a 137), en el que se tuvo por cumplida la sentencia pronunciada en el juicio en que se actúa.
- Principal
MESA 5-B Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintisiete de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de quince días, que el artículo 202 de la Ley de Amparo, concede para interponer recurso de inconformidad, contra el auto de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve (fojas 134 a 137), mediante el cual, se tuvo por cumplida la sentencia amparadora, sin que la parte interesada lo hubiese hecho valer; en consecuencia, se tiene por consentida dicha determinación. En razón a que el presente asunto se encuentra concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo; agréguese a sus autos únicamente el original del incidente de suspensión respectivo. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, generados en los Juzgado de Distrito, se ordena: 1. Transferir el expediente principal y el original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. 2. Depurar el expediente principal, al ubicarse en la hipótesis prevista en la fracción IV, párrafo segundo del punto mencionado en último término, se considera que es susceptible de depuración el presente expediente, toda vez que se concedió el amparo de la Justicia Federal; asimismo, que no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdos General Conjunto en cita. 3. Destruir el original del incidente relativo al presente juicio de amparo que se ordenó glosar a los autos en líneas que anteceden, de conformidad a la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo vigésimo primero, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva. 4. Destruir de conformidad con la fracción III del ordinal Vigésimo del Acuerdo General Conjunto únicamente el duplicado del referido incidente de suspensión, una vez que transcurran seis meses a partir del presente proveído, previa acta, relación que se elabore para la identificación del incidente y anotaciones correspondientes en los libros respectivos.
- Principal
MESA 5-B (CITATORIO). SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LILIA GUADALUPE AGUAYO PEÑA Y A LA PARTE TERCERO INTERESADA RUBÉN GRAJALES MARTÍNEZ, POR MEDIO DE LA LISTA DE ACUERDOS QUE SE PUBLICA EN LOS ESTRADOS EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISO B), Y 29, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO, LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN: Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintisiete de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de quince días, que el artículo 202 de la Ley de Amparo, concede para interponer recurso de inconformidad, contra el auto de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve (fojas 134 a 137), mediante el cual, se tuvo por cumplida la sentencia amparadora, sin que la parte interesada lo hubiese hecho valer; en consecuencia, se tiene por consentida dicha determinación. En razón a que el presente asunto se encuentra concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo; agréguese a sus autos únicamente el original del incidente de suspensión respectivo. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, generados en los Juzgado de Distrito, se ordena: 1. Transferir el expediente principal y el original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. 2. Depurar el expediente principal, al ubicarse en la hipótesis prevista en la fracción IV, párrafo segundo del punto mencionado en último término, se considera que es susceptible de depuración el presente expediente, toda vez que se concedió el amparo de la Justicia Federal; asimismo, que no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdos General Conjunto en cita. 3. Destruir el original del incidente relativo al presente juicio de amparo que se ordenó glosar a los autos en líneas que anteceden, de conformidad a la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo vigésimo primero, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva. 4. Destruir de conformidad con la fracción III del ordinal Vigésimo del Acuerdo General Conjunto únicamente el duplicado del referido incidente de suspensión, una vez que transcurran seis meses a partir del presente proveído, previa acta, relación que se elabore para la identificación del incidente y anotaciones correspondientes en los libros respectivos.
- Principal
MESA 5-B Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, la certificación secretarial que antecede de la que se advierte que transcurrió el término concedido a la parte quejosa en proveído de siete de marzo del año en curso, sin que hubiera hecho manifestación al respecto (foja 117). Por otra parte, con el propósito de declarar lo procedente acerca del cumplimiento de la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo. El artículo 77 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." De acuerdo con el artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución General de la República, la sentencia que conceda el amparo y protección de la Justicia Federal tendrá por objeto restituir a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. En ese contexto, en sentencia de siete de diciembre de dos mil dieciocho, se otorgó el amparo a la quejosa Lilia Guadalupe Aguayo Peña (fojas 70 a 80), para los siguientes efectos: " 1.-Deje sin efectos la resolución de doce de junio de dos mil dieciocho. 2.-Emita una nueva, en la que, de manera exhaustiva se pronuncie de manera integral respecto de todos y cada uno de los argumentos aducidos por la promovente de la revisión, valorando las consideraciones de este fallo constitucional." En proveído de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, causó ejecutoria dicha sentencia (foja 87 a la 88); por lo que se requirió a la responsable el cumplimiento al fallo protector (folio 89). Por acuerdo de catorce de febrero de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el oficio signado por los integrantes de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, con el que comunicó que dejó sin efectos la resolución de doce de junio de dos mil dieciocho y adjuntó el auto de ocho de ese mes dictado en el juicio A/I/100/2018, para corroborarlo (folio 102 al 105). En diverso auto de siete de marzo del año en curso, se tuvo por recibido el diverso oficio signado por el Presidente de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, al que adjuntó copias certificadas de la resolución de uno de marzo del actual, por medio del cual se declaró legalmente el recurso de revisión (folios 114 al 116); y con tales pruebas, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés legal conviniera (foja 117). En consecuencia, procede que el suscrito juzgador federal realice el pronunciamiento relativo, a fin de determinar si se encuentra cumplido o no el fallo protector. Ahora bien, el artículo 196, de la Ley de Amparo, establece en lo que es de interés lo siguiente: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Si en estos términos el órgano judicial de amparo la declara cumplida, ordenará el archivo del expediente. Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta Ley". De lo anterior se deduce que a fin de determinar si en el caso la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones hayan sido correctamente cumplidas, pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Como se precisó, el efecto sustancial de la ejecutoria de amparo fue para que la autoridad responsable, dejara sin efectos la resolución reclamada y en su lugar, de manera exhaustiva se pronunciara de manera integral respecto de todos y cada uno de los argumentos aducidos por la promovente de la revisión. En la nueva resolución, la responsable declaró legalmente improcedente el recurso de revisión interpuesto contra los actos de ejecución del Presidente de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. En dicha resolución, la responsable sostuvo en lo que es de interés, lo siguiente: ".no le asiste la razón toda vez que de autos se advierte la actora promoción presentada con fecha veintiocho de mayo del dos mil trece y nuevamente presenta promoción hasta fecha veintiséis de abril del año dos mil seis, por lo que existe más de dos años en esa circunstancia, procedente la prescripción, si bien es cierto establece que la prescripción se interrumpe por la sola presentación de la demanda o de cualquier promoción ante la junta de conciliación y arbitraje; además precisa que no es obstáculo para la interrupción que la junta sea incompetente y, también opera si la persona a cuyo favor corre las prescripción reconoce el derecho de aquel contra quien prescribe, de palabra, por escrito o por hechos individuales. La razón de las anteriores hipótesis normativas atiende al hecho de que las partes no queden perpetuas de su voluntad, en observancia al principio de seguridad jurídica, por lo que les otorga un término limitado para que hagan las promociones necesarias para impulsar el procedimiento, obtener una resolución, o bien, solicitar su ejecución, ya que la prescripción de laudo opera por el solo transcurso del tiempo y la inactividad del vencedor en el juicio en este caso, el actor, sin que sea exigible algún otro requisito, por lo que la figura jurídica de la prescripción, solo es susceptible de interrupción, mientras no se consume, pues cuando transcurre el término legal para que opere la de dos años, la acción se extingue y no puede renacer por una promoción posterior a la fecha en que aquellas se completó, dado que no es posible interrumpir algo ya concluido, por lo que, el hecho de que la demanda haya reconocido su derecho de la actora LILIA GUADALUPE AGUAYO PEÑA, no es suficiente para que no opere las prescripción de Laudo, ya que la acción de prescripción para ejecutar el laudo es de dos años a partir de la fecha que la actora deja de impulsar el procedimiento para ejecución del laudo, conforme a lo previsto en el artículo 519, fracción III de la Ley Federal del Trabajo, ya que como se analizó en dicha resolución que la última actuación fue cuando la parte actora con fecha veintiocho de mayo del dos mil trece, solicito copias certificadas, lo cual no es suficiente, porque no es una promoción que no le da impulso a la ejecución de laudo, y nuevamente promueve con fecha veintiséis de abril del dos mil dieciséis, por lo tanto se resolvió que existió inactividad procesal dentro del mismo, es decir no le han dado impulso procesal, ya que hubiera bastado con la sola presentación de una promisión para interrumpir dicho término, lo cual en el presente caso, no existió dicha interrupción, por otra parte como dice la actora que no se tomó en cuenta lo manifestado por la actora por conducto de su Apoderado Legal C PATRICIO CRECENCIO GUTIERREZ RAMIREZ, no le asiste la razón, ya que la C. Presidente de la Junta, al emitir dicha resolución estudio todas y cada una de las constancias que integran dicho expediente de ejecución E/L/23/2005, tal pretensión de impugnación es inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, en la medida que evita referirse al fundamento, razones o argumentos y por qué solicitar que se deje sin efecto la resolución de fecha veintinueve de enero del dos mil dieciocho. En cuanto a las probanzas ofrecida por la actora LILIA GUADALUPE AGUAYO PEÑA, consistente en la Instrumental de Actuaciones y la Presunción Legal y Humana, así como como la documental consistente en el escrito de fecha veinte de septiembre del año dos mil dieciséis, a las que se le niegan valor probatorio para acreditar que es procedente la revisión planteada y en especial la documental, ya que como se ha indicado en líneas anteriores, no queden perpetuas a la voluntad a su voluntad de las partes, el darle impulso procesal, en observancia al principio de seguridad jurídica, ya que el acreedor estaría sujeto a las acciones ejercitadas por las partes, negándole certeza jurídica, por lo tanto la prescripción decretada fue emitida conforme a derecho. De ahí que con fundamento en el artículo 519, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, se determinó que ha operado la prescripción para que la C. Lilia Guadalupe Aguayo Peña, ejerza la acción para solicitar la ejecución del convenio que fue elevado a categoría de laudo celebrado dentro del expediente PP/CON/109/2005, tras dejar de promover dentro del expediente de ejecución de que se trata por más de dos años. Esta autoridad del Trabajo concluye y declara que el Recurso de Revisión de los Actos de Ejecución de la C. Presidente de la Junta Especial Numero Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, es improcedente, ya que la resolución de fecha veintinueve de enero del dos mil dieciocho, fue dictada a conciencia y dentro de los lineamientos que marca la Ley Federal del Trabajo, por lo que se ordena dejar firme la resolución en mención, para los efectos legales correspondientes. Luego, si por interlocutoria de uno de marzo del año en curso, la responsable declaró legalmente improcedente el recurso de revisión, pronunciándose en relación a sus agravios planteados y pruebas; es inconcuso que ha cumplido con el fallo protector; en razón de lo cual, se declara cumplida la sentencia pronunciada en el juicio constitucional en que se actúa, conforme a los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 414, tomo IV, octubre 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Hágase lo anterior del conocimiento de la autoridades responsable, para los efectos legales procedentes y las anotaciones en el libro que corresponda.
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