Ligia Gabriela Mendoza Duarte
Expediente 1695/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1695/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 20/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Ligia Gabriela Mendoza Duarte
- Titular de la Oficina del Instituto Nacional de Migracion en Chiapas y los servidores publicos a su cargo en Tapachula, Chiapas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el auto en el que se desechó de plano la demanda promovida por Manuel Antonio Noriega Reyes, en representación de Ligia Gabriela Mendoza Duarte, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese este juicio como asunto concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se ordena: 1. Al haberse concedido en su momento la suspensión de plano en este asunto, procede calificar este expediente, según lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relacionado con el Capítulo 7, punto 7.4, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, como DEPURABLE, por lo que se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 de dicho Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes noventa días deberá procederse a su depuración, conservando las resoluciones relativas a la demanda, el decreto de la suspensión de plano, la resolución que puso fin al juicio y el auto que la declara firme, y terminado el proceso de depuración, deberá solicitarse la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo y último párrafo del mencionado artículo. Máxime que no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. 2. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno. Hágase constar en la carátula del expediente, la leyenda "DEPURABLE", de conformidad con lo dispuesto por el aludido numeral 35 del citado Acuerdo Archivístico, para efectos de su transferencia.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos se el oficio signado por la Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, encargada de la Estación Migratoria Siglo XXI, con sede en esta ciudad en atención a los oficios 2175/2023, 2176/2023, 2177/2023 de treinta de enero del año en curso (foja 66 y reverso) y del diverso 116/2023 de dieciocho de enero del presente año (foja 61 y reverso), del índice de este Juzgado. Asimismo, remite el oficio INM/ORCHIS/DEM/31269/2022, por el que rinde informe de suspensión de plano y por el cual comunica que está enterado de la medida decretada en el juicio en que se actúa. En atención a su contenido, ténganse por recibidas las documentales que anexa la citada autoridad y se deja sin efectos el apercibimiento realizado en auto de treinta de enero del año en curso (fojas 63-65). Por otra parte, informa que se ejecutó la resolución de retorno asistido dictada dentro del Procedimiento Administrativo Migratorio aperturado a la quejosa ******************** por el que se dio salida del territorio mexicano de conformidad al Memorándum de Entendimiento entre los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos de la República de El Salvador, de la República de Guatemala, de la República de Honduras y de la República de Nicaragua, para su repatriación vía terrestre. Así, en el mismo día en que se dictó auto de radicación y se concedió la suspensión de plano en el presente juicio de amparo a la quejosa ******************** se le otorgó salida de la estación migratoria Siglo XXI, el día quince de diciembre de dos mil veintidós, en cumplimiento a la resolución asistida emitida por el que se le determinó sujetar a la extranjera al programa de retorno asistido, anexando copia certificada de la lista de retorno número ORCHIS/DEM/SOC/CONTAP/1326/2022. DELEGADA Y DOMICILIO. De conformidad con el precepto 9 de la ley de la materia, se tiene como delegados a las personas que menciona; asimismo, como domicilio para oír y recibir notificaciones el que para tal efecto señala. SE LEVANTA RESERVA. Visto el estado que guardan los presentes autos, se levanta la reserva efectuada en auto de quince de diciembre de dos mil veintidós (fojas 16-29), respecto de los actos reclamados consistentes en: "(.) PRIMERO: -reclamamos de las autoridades responsables la trasgresión del derecho humano de la asegurada LIGIA GABRIELA MENDOZA DUARTE, consistente en el derecho de la libertad y libre tránsito, mismo que se encuentra consagrado en el artículo 11, 14 16 y 22 de la constitución política de los estados unidos mexicanos los artículos 22 y 23, y 3 la convención americana de los derechos humanos 12.3 del pacto internacional de los derechos civiles y políticos de más relativos y aplicables al caso concreto. (.)". Asimismo, se advierte que en proveído de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós (fojas 42-43), se reservó proveer lo conducente con relación a la imposibilidad que tuvo la actuaria judicial adscrita para localizar a la impetrante ******************** en virtud de que ya no se encontraba alojada la referida quejosa en la estación migratoria Siglo XXI, de esta ciudad, hasta en tanto se contaran con los informes de suspensión de plano solicitadas a las responsables. En ese sentido, se levantan las reservas decretadas en autos de quince y veintiuno de diciembre de dos mil veintidós (fojas 16-29 y 42-43, respectivamente), y al efecto se provee: DESECHAMIENTO RESPECTO A LOS ACTOS RECLAMADOS CONSISTENTES EN LA DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN, REPATRIACIÓN, RETENCIÓN, ASEGURAMIENTO E INCOMUNICACIÓN A fin de acordar lo procedente es necesario hacer desglose de los hechos que obran en el presente sumario. Por escrito presentado a través de la secretaria de guardia en turno de este juzgado el quince de diciembre de dos mil veintidós,********************, promovió demanda de amparo en representación de 1 ******************** contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración y de otras autoridades, de quien reclamaba sustancialmente deportación, expulsión, repatriación, retención, aseguramiento e incomunicación. Por acuerdo de esa propia de fecha de quince de diciembre de dos mil veintidós (fojas 16-29), se dictó auto de radicación, se concedió suspensión de plano por los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, reclamados por la parte promovente, se ordenó su ratificación por conducto del actuario y se le previno para que aclarara su escrito de demanda. En auto de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós (foja 42-43), se tuvo por recibida la razón actuarial signada por la fedataria judicial adscrita a este juzgado (foja 40), asentó la imposibilidad que tuvo para notificar a ******************** el auto de quince de diciembre de dos mil veintidós (fojas 16-29), y requerirla para que ratificara la demanda de amparo promovida en su favor por********************, toda vez que ya no se encontraba alojada la referida quejosa en la estación migratoria Siglo XXI, de esta ciudad ya que el día anterior se le había otorgado oficio de salida. En ese sentido, de las actuaciones remitidas por la responsable oficiante glosadas en párrafos que anteceden, se advierte que mediante oficio ORCHIS/DEM/SOC/CONTAP/1326/2022, de quince de diciembre de dos mil veintidós,se detalla la lista de las próximas personas a ser retornadas a su país, entre ellas la impetrante ******************** toda vez que le otorgada salida de la estación migratoria Siglo XXI a la referida quejosa, en cumplimiento a la resolución asistida emitida en el que se determinó sujetar a la quejosa al programa de retorno asistido, en el que obra sello de recibo de quince de diciembre del año próximo pasado, del Instituto Guatemalteco de Migración Delegación El Carmen Grupo A. Constancia, que tienen valor probatorio pleno en términos de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º de dicho ordenamiento legal. En el caso, esta juzgadora estima que en relación a los actos reclamados consistentes en la deportación, expulsión, repatriación, retención, aseguramiento e incomunicación, han sido consumados de forma irreparable, por lo que cualquier violación cometida en su contra no podría repararse por haberse concretado sus efectos y consecuencias de manera total e inevitable. En efecto, el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable. [.]" La anterior causal establece que el juicio de amparo es improcedente contra todos aquellos actos que se consumaron de manera irreparable. Así, para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, en atención a su naturaleza y efectos se clasifican en: a) Actos consumados de modo reparable; y, b) Actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que, a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias, pueden ser reparados por medio del juicio constitucional. Es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 77 de la Ley de Amparo). De ahí que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que, al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas. Razón por la cual es improcedente el juicio de amparo. A estos actos se refiere la causa de improcedencia en estudio. Para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Éstos no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo. Porque se llegaría al extremo de que cualquier acto por el sólo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable. Sin embargo, la restitución del acto ejecutado es posible incluso cuando sea en otro tiempo y momento. Los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos. Es decir, al hecho de que la persona gobernada pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas. Pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución. Porque, se insiste, el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados). En consecuencia, la demanda promovida en favor de ******************** resulta notoriamente improcedente respecto a los actos reclamados consistentes en la deportación, expulsión, repatriación, retención, aseguramiento e incomunicación, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo. De lo anterior, es claro en el caso se actualiza la hipótesis de improcedencia que prevé la fracción XVI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en razón de que los actos reclamados han sido consumados de forma irreparable, pues conforme al oficio ORCHIS/DEM/SOC/CONTAP/1326/2022, de quince de diciembre de dos mil veintidós, se detalla la lista de las próximas personas a ser retornadas a su país, entre ellas la impetrante ********************; por lo que cualquier violación cometida en su contra no podría repararse por haberse concretado sus efectos y consecuencias de manera total e inevitable. En consecuencia, por las consideraciones vertidas en párrafos precedentes, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por********************, en representación de ******************** únicamente respecto a los actos reclamados consistentes en la deportación, expulsión, repatriación, retención, aseguramiento e incomunicación, en razón de que se actualiza de manera notoria, plena e indubitable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo. En tales condiciones, si bien es verdad que la directa quejosa no ratificó la demanda de amparo promovida en su favor, según se aprecia de la diligencia que obra en autos, también lo es que los actos reclamados se consumaron de modo irreparable, pues en ese mismo día fue retornada a su país de origen incluso dicho acto se llevó a cabo en la propia fecha en que fue presentada la demanda de amparo, es decir que la quejosa directa fue retornada a su país el día quince citado, y la demanda de amparo se presentó el mismo día en que la quejosa ya había sido retornada a su país. De ahí que, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, al haberse consumado los actos de modo irreparable. Trasgresión DESECHAMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS CONSISTENTES EN LA TRANSGRESIÓN DEL DERECHO HUMANO DE LA LIBERTAD Y LIBRE TRÁNSITO DE LA PARTE QUEJOSA. Por otra parte, respecto a los actos reclamados por la quejosa ******************** consistentes en la transgresión del derecho humano de la libertad y libre tránsito de la parte quejosa, en el caso, esta juzgadora advierte que la demanda en estudio también resulta notoriamente improcedente, en virtud de que el escrito de demanda que se presentó a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, carece de la firma electrónica de la directa quejosa y con base en ello, en atención a que los referidos actos reclamados no se encuentran previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, es de señalar que, se actualiza de manera patente y cierta, la causal prevista por el artículo 61, fracción XXIII, coligado con el diverso 6º, ambos de la Ley de Amparo, que literalmente señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De la interpretación a lo trascrito, se obtiene que las causas de improcedencia factibles de actualizarse en el juicio de amparo no se limitan a las hipótesis previstas en las primeras XXII fracciones del citado numeral 61 de la Ley de Amparo, dado que su fracción XXIII posibilita la improcedencia de la instancia constitucional en comento, en razón de cualquier otro motivo derivado de la Constitución General de la República o de la ley, uno de los cuales es el que deriva de lo ordenado por el artículo 6º, de la ley de la materia, de acuerdo con el cual, el juicio de amparo sólo es procedente si es promovido por la persona a quien perjudique la ley, tratado internacional, reglamento o cualquier otro acto que se reclame, o en ciertos casos, a través de su representante, por su defensor, algún pariente e inclusive, por persona extraña, siempre que la ley de la materia así lo permita. De tal suerte que, al no estar contemplados los actos reclamados en el artículo 15 de la Ley de Amparo, contraviene a lo dispuesto en el referido artículo 6° de la Ley de Amparo, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional, por ser la firma una formalidad esencial de cualquier acto jurídico que debe constar por escrito, y que denota la voluntad de quien ha sido afectado en su interés jurídico para promover un medio de defensa, máxime que la ley de la materia en el numeral 108, precisa que la demanda de amparo deberá formularse por escrito. Ahora, es de conocido derecho que el juicio de amparo se rige, entre otros principios, por el de instancia de parte agraviada, el cual se materializa en el referido artículo 6° de la Ley de Amparo, y que conlleva como exigencia para la procedencia de aquél, que el gobernado que se cree afectado en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien promueva el mismo, debiendo cumplir con requisitos formales tales como lo es el presentar el escrito de mérito firmado, ya que en caso de no hacerlo así, el documento relativo carecería de la voluntad de quien lo presenta, lo que en la especie no ocurre, ya que del escrito que se provee, se advierte que quien promueve en su representación es********************, lo que se corrobora con la boleta de turno, de ahí que se actualiza de manera manifiesta la causal de improcedencia en estudio. Es aplicable la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 508, del tomo VI, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1990, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que se lee: "DEMANDA DE AMPARO, SU FALTA DE FIRMA DETERMINA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. El juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está, el de "iniciativa o instancia de parte agraviada" consagrada por el artículo 107 constitucional en su fracción I, que dice: "El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada"; principio que reproduce el diverso artículo 4o. de la Ley de Amparo, al estatuir que el juicio, únicamente, puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame; además el principio enunciado no tiene excepciones y, por consiguiente, rige en todo caso. Ahora bien, la parte agraviada exterioriza su voluntad a través de la firma estampada en la demanda de garantías, formalidad indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales; por tanto, si la demanda de garantías no se suscribe, por quien aparece como promovente en su texto, debe entenderse que conforme a las disposiciones invocadas, propiamente no existirá agraviado y la demanda resultará improcedente, según lo previene el artículo 73, fracción XVIII de la misma ley, en relación con el artículo 4o. del propio ordenamiento." Sin que sea el caso prevenir a la directa quejosa del amparo, en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, a fin de que subsane la omisión de que se trata, pues el citado numeral señala de manera específica los supuestos en que el Juez de Distrito debe prevenir al promovente para que satisfaga algún requisito formal, haga las aclaraciones que correspondan o exhiba las copias necesarias para correr traslado a las partes; pero en ninguna de esas hipótesis se encuentra la de falta de firma autógrafa en el escrito de demanda. Apoya lo anterior por identidad de razón la Tesis visible en la página 213, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, enero de 1991, Octava Época, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA DEL PROMOVENTE. LA FALTA DE REQUERIMIENTO DEL JUZGADOR PARA SUBSANAR TAL OMISIÓN, NO CONTRAVIENE DISPOSICIÓN LEGAL. El hecho de que el juez de Distrito haya desechado la demanda de amparo porque el promovente omitió firmar el escrito respectivo, sin haberlo requerido previamente para que lo hiciera, no resulta ilegal, ya que ningún precepto de la ley establece la obligación a cargo del juzgador de efectuar tal requerimiento; pues si bien, el artículo 146 de la Ley de Amparo señala de manera específica, en qué casos el juez deberá prevenir a los promoventes para que llenen algún requisito formal, hagan las aclaraciones que correspondan o exhiban las copias necesarias para correr traslado a las partes, de la simple lectura del citado artículo se advierte que dentro de esas hipótesis, no se encuentra la de la falta material de la firma en el escrito de demanda. Lo anterior resulta comprensible si tomamos en cuenta que siendo la firma el signo gráfico con el que, en general, se obligan las personas en todos los actos jurídicos en que se requiere la forma escrita, como es el caso de la demanda de amparo, al no obrar materialmente ésta en el escrito respectivo, no puede decirse que exista certeza respecto quién intenta la acción constitucional y a quién pueda o debe requerirse para subsanar tal omisión." Así mismo resulta aplicable la diversa visible en la página 241, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, segunda parte-1, enero a junio de 1988, bajo el rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE FIRMA EN LA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA Y NO IRREGULARIDAD EN EL ESCRITO DE DEMANDA. No puede sostenerse válidamente que la ausencia de firma en la demanda de garantías constituya una irregularidad en el escrito y que por ello sea factible que el juez de Distrito se encuentre facultado para ordenar que la misma se subsane en los términos previstos por el artículo 146 de la Ley de Amparo, supuesto que un escrito presentado en esas condiciones no obliga al órgano de control a realizar acto alguno tendiente a darle curso, en la medida en que, al no encontrarse firmado, debe estimarse como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza. Por consiguiente, en esos casos procede que se deseche de plano la demanda por ser notoria e indudable su improcedencia." En consecuencia, por las consideraciones vertidas en párrafos precedentes, lo procedente es desechar de plano la demanda de derechos fundamentales intentada por********************, en representación de ******************** consistente en transgresión del derecho humano de la libertad y libre tránsito de la parte quejosa, ello debido a que se actualiza de manera notoria, plena e indubitable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo que dispone en el diverso numeral 6° de la propia ley de la materia. Sin que el desechamiento en atención al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal, implique agravio o deje sin defensa al amparista, pues las hipótesis en que se sustenta es notoria, manifiesta e indudable, de tal suerte, que ni aun admitiéndose la demanda podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Comuníquese lo anterior, a las autoridades señaladas como responsables, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por último, tomando en consideración que el escrito de demanda en cita no fue ratificada por la quejosa ******************** en virtud de que no se encontró en la estación migratoria Siglo XXI debido a que fue puesta en libertad por la autoridad oficiante, se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se publica en este juzgado federal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente la jueza Karla Luisa Sánchez Luna, titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida del secretario que autoriza y da fe, Exal Aguilar Velázquez.
- Principal
MESA 7-B.- Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y de la certificación que antecede, se advierte que las autoridades responsables 1. Titular de la Oficina del Instituto Nacional de Migración en Chiapas y los Servidores Públicos a su cargo; 2. Coordinadora Regional de la Zona Sur Sureste de México y/o Delegada Regional del Instituto Regional de Migración de la Estación Migratoria del Siglo XXI y 3. Director de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración Siglo XXI, todas con sede en esta ciudad, no han dado cumplimiento a lo solicitado en auto de dieciocho de enero de la presente anualidad (foja 58-60), por el que se les solicitó lo siguiente:...No obstante de encontrarse debidamente notificadas las citadas autoridades responsables, según el acuse de recibo que obra en autos (foja 62). En tales circunstancias, requiérase por última ocasión a las autoridades antes citadas, para que dentro del término de IMPRORROGABLE DE VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de que reciban la notificación relativa al presente auto, para efecto de que remitan las constancias referidas con antelación. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, esta juzgadora se pronunciará sobre el incumplimiento y se les impondrá una multa de cien unidades de medida y de actualización, la que asciende a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 Moneda Nacional), esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 259, en relación con el 237, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 Moneda Nacional), conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. No obstante lo anterior, se precisa que el incumplimiento a la suspensión de plano constituye un delito en términos de lo que establece el artículo 262 de la Ley de Amparo, el cual establece:...
- Principal
MESA 7-B.- Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y de la certificación que antecede, se advierte que la autoridad responsable Titular de la Oficina del Instituto Nacional de Migración en Chiapas y los Servidores Públicos a su cargo, con sede en esta ciudad, no ha dado cumplimiento a lo solicitado en auto de tres de enero de la presente anualidad (foja 52-54), por el que se le solicitó lo siguiente: - Remitir el oficio INM/ORCHIS/DEM/31269/2022, con firma electrónica o bien, de manera ordinaria, toda vez que el mismo fue recibido vía correo electrónico sin firma electrónica, por lo que no se pudo acreditar su autenticidad. - Enviar copia certificada del oficio de salida o de los documentos con los cuales se demuestre que Ligia Gabriela Mendoza Duarte, abandonó el país, tal como hizo referencia en su informe recibido el tres de enero de dos mil veintitrés (foja 52-54). Sin que a la presente fecha haya dado cumplimiento a lo solicitado en referido proveído, no obstante de encontrarse debidamente notificada la citada autoridad responsable, según el acuse de recibo que obra en autos (foja 57). En tales circunstancias, requiérase por última ocasión a las autoridades antes citadas, para que dentro del término de IMPRORROGABLE DE VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de que reciban la notificación relativa al presente auto, para efecto de que remitan las constancias referidas con antelación. Es menester resaltar, que subsiste el apercibimiento de multa decretado a las responsables en auto de tres de enero de la presente anualidad (foja 52-54).
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