Lilia Dolores Rangel Carrillo

Expediente 46/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 14 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
46/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
08/09/2023

Partes del expediente

  • Lilia Dolores Rangel Carrillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Incidental

    En ocho de septiembre de dos mil veintitrés, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 14963. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la promoción de cuenta suscrita por el Secretaria del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que adjunta copia certificada de la resolución pronunciada por ese Órgano Colegiado, en fecha veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, en el incidente en revisión administrativa 124/2023; acúsese recibo de estilo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en atención a que la Superioridad mediante la ejecutoria de cuenta DESECHÓ la resolución impugnada, dictada por este Juzgado, en la que se concedió a la parte quejosa la suspensión definitiva, hágase dicha circunstancia del conocimiento de las partes para los efectos legales conducentes. Notifíquese. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del once de septiembre de dos mil veintitrés, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.

  2. Incidental

    El ocho de marzo de dos mil veintitrés, se da cuenta con una promoción registrada con folio 3986. Conste. Zacatecas, Zacatecas, ocho de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos la promoción de cuenta signada por el delegado de la autoridad responsable Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, por medio de la cual, por los motivos que en la misma expone, manifiesta que persiste la imposibilidad material y jurídica para cumplir con el pago de la prestación denominada aguinaldo de los quejosos. Ahora bien, cabe precisar que la suspensión definitiva dictada en el presente sumario, lo fue para los siguientes efectos: "En ese sentido, en atención a la petición de la parte quejosa, SE CONCEDE la suspensión definitiva solicitada, respecto de los actos reclamados que hace consistir en la omisión del pago de aguinaldo; para el efecto de que se continúen pagando las prestaciones que le corresponden con motivo de la pensión por jubilación de la cual aducen ser beneficiarios; puesto que con dicha medida cautelar no se contravienen disposiciones de orden público ni se lesiona el interés social, y por el contrario, existe un peligro en la demora pues, de negarse resentiría un daño económico que afectaría su subsistencia y por consiguiente la de su núcleo familiar; lo anterior, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la sentencia ejecutoriada que se dicté en el expediente principal. Orienta a lo anterior, por identidad de razones la Tesis IV.1o.C.7 C (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, página 3079, registro digital 2017591, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS CONTRA LA ORDEN DE EMBARGO DE UNA PENSIÓN JUBILATORIA A UN ADULTO MAYOR EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, CON BASE EN LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA. Conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 138 de la Ley de Amparo, el juzgador, atento a la naturaleza del acto reclamado, tiene la obligación de ponderar la apariencia del buen derecho que con la concesión de la medida cautelar puede corresponder al quejoso y la afectación que dicha medida pueda ocasionar al interés social, para que derivado de ese análisis, determine si es o no factible conceder la suspensión, determinando hipotéticamente, con base en un conocimiento superficial del caso, la existencia del derecho cuestionado y las probabilidades de que la sentencia de amparo declare la inconstitucionalidad del acto. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con el artículo 10 de la Ley del Seguro Social, las prestaciones que corresponden a los asegurados y a sus beneficiarios son inembargables; que en los juicios de amparo deducidos de asuntos laborales o contencioso-administrativos, en los que se controviertan el otorgamiento y los ajustes de pensiones, así como de cualquiera otra prestación derivada de éstas, ya sea por los interesados o por sus beneficiarios, el órgano de amparo queda obligado a suplir la deficiencia de la queja en favor de los demandantes de esas pretensiones y que, asimismo, si se trata de un adulto mayor que se encuentre en condiciones de vulnerabilidad, esto representa una desventaja frente al resto de la población, por lo cual, las autoridades judiciales deben procurar su mayor beneficio posible. En consecuencia, si quien promueve la demanda de amparo indirecto reúne todas estas características, es decir, se trata de un adulto mayor en condiciones de vulnerabilidad, que no cuenta con otro ingreso más que el de su pensión jubilatoria y reclama el embargo de la cuenta bancaria donde se realiza el depósito inherente a dicho concepto, supuestos frente a los cuales solicita la suspensión del acto reclamado, afirmando que requiere de la cantidad embargada para cubrir las necesidades básicas de su familia; entonces, el juzgador de amparo debe conceder la suspensión definitiva con efectos restitutorios contra la orden de embargo de la pensión jubilatoria del adulto mayor vulnerable, para que ésta se deje sin efectos con base en un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, haciendo un cálculo de posibilidades acerca de la existencia del derecho del quejoso que se encuentra en esa situación especial, de modo que, sin prejuzgar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, debe partir de la base de que existe peligro en la demora pues, de negarse la medida, resentiría un daño económico que afectaría su subsistencia y la de su núcleo familiar. En la inteligencia de que con esta postura no se contraviene el interés social sino, al contrario, de no concederse la medida, se infringiría la norma de la legislación de seguridad social que establece que son inembargables las pensiones de los trabajadores." Sin que en el caso, pueda considerarse como justificación para no pagar el aguinaldo relativo a la pensión por jubilación, la posible manifestación relativa a la falta de suficiencia financiera que en su caso, refiera la autoridad responsable. Dado que, de lo señalado por la parte quejosa, no se ha demostrado la existencia de algún procedimiento laboral, en el que se informe al jubilado aquí quejoso, de la suspensión de la prestación a que tiene derecho; de ahí, que su pago debe ser realizado conforme a lo previsto de forma legal. De igual forma, no debe perderse de vista, que con base en un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, haciendo un cálculo de posibilidades acerca de la existencia del derecho de la parte quejosa que se encuentra en esa situación especial, de modo que, sin prejuzgar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, debe partir de la base de que existe peligro en la demora pues, de negarse la medida, resentiría un daño económico que afectaría su subsistencia y la de su núcleo familiar, debe concluirse que la autoridad responsable deberá realizar todas las gestiones necesarias para que bajo ningún motivo, se suspenda el pago de la pensión por jubilación a que tiene derecho la parte quejosa, conforme a la ley aplicable. Sin que el caso, sea factible exigir garantía alguna para que surta efectos la medida cautelar concedida a la parte quejosa, toda vez que en la especie no existe interés alguno que garantizar, ni tampoco tercero interesado que pudiera resultar afectado en términos del precepto 132 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que esta medida cautelar tiene vigencia únicamente si la parte quejosa efectivamente es beneficiaria de una pensión con motivo de su retiro laboral; de igual forma, no surtirá efecto legal alguno, si las autoridades responsables actúan dentro del juicio de origen del que deriva el acto reclamado, en cumplimiento a alguna ejecutoria de amparo dictada por diverso órgano de control constitucional, aunque se trate de un acto nuevo y distinto para la parte quejosa, ya que hay interés público en que no se entorpezca el cumplimiento de las ejecutorias de amparo, que tienden a restablecer el orden constitucional violado (artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo); pues, la majestad de las sentencias constitucionales hace que resulte un peligro menor la negativa de la suspensión contra un acto que, según todas las apariencias y elementos del incidente, tiende a respetar una ejecutoria de amparo.". No obstante, a fin de dar cumplimiento a la suspensión definitiva, atendiendo a las razones que la autoridad oficiante expone, se le concede una prórroga inaplazable de cinco días hábiles, a fin de que dé cabal cumplimiento a la suspensión. Ello es así, dado que no puede considerarse como justificación para no pagar el concepto de aguinaldo, la manifestación relativa a la falta de suficiencia financiera, pues en el caso, no se ha demostrado la existencia de algún procedimiento laboral o administrativo, en el que se informe al pensionado, de la suspensión de la prestación relativa a su pensión por jubilación; de ahí, que su pago debe ser realizado conforme a lo previsto de forma legal. En la inteligencia que de no cumplimentarla dentro del plazo otorgado, podrá incurrir en la hipótesis que establece el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Notifíquese. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del nueve de marzo de dos mil veintitrés, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.

  3. Incidental

    El seis de marzo de dos mil veintitrés, se da cuenta con una promoción registrada con folio 3883. Conste. Zacatecas, Zacatecas, seis de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la actuaria judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, por el que acusa recibo del recurso de revisión, interpuesto contra la resolución interlocutoria de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, dictada en el incidente de suspensión. Notifíquese. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del siete de marzo de dos mil veintitrés, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.

  4. Incidental

    El tres de marzo de dos mil veintitrés, se da cuenta con una promoción registrada con folio 3787 y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, tres de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por Noemí Valverde Flores, (autorizada de la parte quejosa en el presente asunto), mediante el cual desahoga la vista otorgada en auto de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, por otra parte respecto de la solicitud de que se requiera el cumplimiento de la suspensión definitiva a las autoridades responsables por el término de veinticuatro horas, dígasele que no ha lugar ya que la prórroga concedida en el propio auto de veintiocho de febrero aún se encuentra transcurriendo al haber sido notificado de ello el uno de marzo actual. Notifíquese. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del seis de marzo de dos mil veintitrés, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.

Quedan 10 actuaciones en este expediente

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