Lidio Castañeda López

Expediente 1120/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1120/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
14/07/2015

Partes del expediente

  • Lidio Castañeda López

Actuaciones

  1. Principal

    En la misma fecha el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, doy cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a catorce de julio de dos mil quince Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 98, de la Ley de Amparo vigente, sin que haya sido recurrido el auto de veintinueve de junio de dos mil quince, que desechó la demanda de garantías promovida por LIDIO CASTAÑEDA LÓPEZ; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, de la propia Ley de la materia, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO; por lo que en su oportunidad, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que el presente expediente no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 29, DE JULIO DE 2015, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) D ELA LEY DE AMPARO. #Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de junio de dos mil quince. Vista la demanda de garantías promovida por LIDIO CASTAÑEDA LÓPEZ, contra actos de SEGUNDA SALA CIVIL Y DE LO FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, que considera violatorios en su perjuicio de las garantías tuteladas por los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución General de la República; regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1120/2015 que por su orden le corresponde, y en atención a su contenido, se acuerda: Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera cauda manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano [.]" Del precepto transcrito se advierte que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el Juez de Distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En el caso concreto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, sin suspender el acto reclamado; hipótesis que se surte en el caso en estudio, toda vez que con relación al acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [. . .] "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Por su parte, el numeral 369 del Código de Procedimiento Civiles del Estado, consigna: "Artículo 369. Procede la reposición de los proveídos y autos del Supremo Tribunal, siendo aplicables a la reposición las mismas reglas que para la revocación se establecen en el artículo anterior.". En efecto, del análisis integral de la demanda de garantías se advierte que el acto reclamado consiste en el auto de seis de mayo de dos mil quince que declara inadmisible el recurso de apelación interpuesto contra la resolución interlocutoria de trece de marzo de dos mil quince que resolvió al incidente de preclusión de crédito, dictado por la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado dentro del toca A.C. 272/2015; al respecto, debe decirse que, atendiendo a la interpretación del invocado numeral 369, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, al tener el quejoso el carácter de promovente dentro del citado juicio origen del que emana el auto que aquí reclama, es evidente que se encontraba en aptitud de impugnar el citado proveído, a través del medio ordinario de defensa que al efecto establece la legislación instrumental en consulta, como en la especie lo es el recurso de reposición, dado que es el conducto legal por el cual la determinación que se combate puede ser modificada, revocada o nulificada; y en ese contexto, al no haber hecho valer el indicado medio de impugnación, previamente a la interposición del juicio constitucional, deviene improcedente el amparo que en esta vía indirecta promueve, en virtud de que no se agotó el principio de definitividad que lo rige. Sirve de apoyo al respecto la Jurisprudencia 8/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja once, del tomo XV, Marzo de 2002, Pleno y Salas, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "AUTO QUE TIENE POR DESIERTA LA APELACIÓN. PROCEDE EN SU CONTRA EL RECURSO DE REPOSICIÓN A QUE ALUDE LA LEY PROCESAL (LEGISLACIONES DE SONORA Y ZACATECAS). Conforme a lo dispuesto en los artículos 156, 367 y 369 de los Códigos de Procedimientos Civiles para los Estados de Sonora y Zacatecas (de idéntica numeración y contenido), procede el recurso de reposición en contra de los proveídos y autos dictados por el Supremo Tribunal de Justicia. Ahora bien, de un estudio sistemático de los preceptos invocados se concluye que el medio de impugnación referido es procedente en contra de la determinación que declara desierto el recurso de apelación, pues cumple con los presupuestos de procedencia de dicho recurso, a saber: a) Es un auto, por tratarse de una resolución de carácter definitivo que puede imponer cargas o afectar derechos procesales, dado que provoca que la resolución combatida quede firme y, en su caso, deban cumplirse las obligaciones en ella determinadas, sin que el recurrente sea escuchado en defensa, con la consecuente afectación a su derecho de impugnar la resolución que lo lesiona; b) En las propias legislaciones procesales en cita no se hace alusión en forma expresa a la procedencia de otro medio de impugnación por virtud del cual pueda ser combatida la determinación de referencia; y, c) Tampoco se establece que la resolución en comento sea irrecurrible. Aunado a ello, con la reposición se podrán corregir algunas anomalías que dieron origen al desechamiento de la apelación, con el consecuente saneamiento de la actividad procesal.". En consecuencia, al no haberse agotado el recurso de reposición previo a la promoción del juicio de garantías, es por ello que en la especie se actualiza la causa de improcedencia analizada; y en esa tesitura, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de garantías que se plantea, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 113, de la Ley Reglamentaria en vigor de los artículos 103 y 107 constitucionales. Finalmente, se tiene como autorizado de su parte en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo a el licenciado J. Jesús Correa Salcedo, quien cuenta con su cédula con número 537748; registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, requisito indispensable dada la materia sobre la que versa el presente asunto, y por no acreditarse lo anterior en cuanto a al licenciado CHRISTIAN PAUL CORREA CORVERA, únicamente se les tiene para oír notificaciones e imponerse de los autos, en términos del segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de Amparo en vigor; asimismo se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Pedro Ruiz González número 124, Colonia Sierra de Álica, en esta ciudad. Ahora bien, en razón a que el impetrante de garantías no señala domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; en esa virtud, mientras no haga señalamiento alguno al respecto, se determina que la presente notificación, así como las subsecuentes que tengan el carácter de personales, le sean practicadas por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firmó el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del Secretario que autoriza, licenciado Jorge Martín Zamora González.- DOY FE. *FHuizar

  3. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de junio de dos mil quince Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta suscrito por el Delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Estado de Zacatecas, por el que en respuesta a lo solicitado mediante proveído de veintitrés de junio del año en curso, informa que envió la carta rogatoria a efecto de lograr el emplazamiento de la tercera interesada María Carmela Pérez Herrera y/o María del Carmen Pérez, al Consulado Mexicano en Atlanta, Georgia mediante oficio ZAC-2015/2015 de veinticinco de mayo último, sin que se haya recibido respuesta; en atención a lo anterior, téngase por recibida tal información para los efectos legales correspondientes. Notifíquese por medio de lista. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza.- Doy fe.

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