Lidia Siriaa Díaz Suárez
Expediente 1023/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1023/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 21/12/2020
Partes del expediente
- Lidia Siriaa Díaz Suárez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de diciembre de dos mil veinte. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, contra el proveído del uno de diciembre de dos mil veinte, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del presente año, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Se determina que el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: [.] b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; y [.]" Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Digitalización. En cumplimiento al artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de constancias. Finalmente, devuélvase al Juzgado Tercero Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil ***, de su índice; en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dos de diciembre de dos mil veinte. Sin mayor acuerdo. Agréguese a los autos el de la Juez Tercero Especializada en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla; mediante el cual rinde su informe justificado; lo anterior, sin hacer mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que mediante proveído de uno de diciembre de dos mil veinte, dictado en los autos del juicio de amparo en que se actúa, se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia, por los motivos ahí expuestos. Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, uno de diciembre de dos mil veinte. Quejoso ratifica escrito. Se desecha ampliación de demanda. Sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la diligencia del treinta de noviembre de dos mil veinte, en la que Lydia Ciria Díaz Suárez o Lidia Siria Díaz Suárez ratifica el contenido y firma de su escrito de ampliación de demanda que presentó el diecinueve de noviembre de dos mil veinte; por tanto, se le tiene dando cumplimiento a lo requerido en proveído del veintitrés de noviembre del presente año y se procede a acordar lo conducente respecto a su ocurso. En ese contexto, visto el escrito en cuestión se advierte que la quejosa pretende ampliar su demanda en contra del auto del veintidós de octubre de dos mil veinte, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 1281/2009, del índice del Juzgado Tercero Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, en el que se declaró que causó estado el auto por el que se adjudicó el inmueble embargado en ese procedimiento a la parte actora y ordenó remitir los autos a la Notaría respectiva para el tiraje de la escritura correspondiente. Así respecto a dicho acto con apoyo en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la ampliación de demanda por actualizarse manifiesta y notoriamente una causa de improcedencia. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente el quejoso, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. En ese sentido, respecto al acto reclamado primigeniamente en el presente juicio de amparo y aquel materia de la ampliación de demanda, oficiosamente se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, entre otros actos, contra resoluciones judiciales respecto de las cuales la ley conceda recurso o medio de defensa legal dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo que se afecten a personas terceras extrañas a juicio, que el acto reclamado afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal, o bien, cuando importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. En efecto, el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe previamente a su promoción acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes, así como de actos que afectan la libertad personal, y la proposición en exclusiva de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, debe decirse que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que el afectado los haga valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses legales, tiene la posibilidad de acudir al medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo, de modo tal que si la parte afectada no tuviera la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración de justicia local. Sentado lo anterior, en cuanto al acto reclamado en forma primigenia en el presente juicio de amparo y el diverso materia de la ampliación de demanda, esto es, al auto del veinte de febrero de dos mil veinte dictado en el juicio ejecutivo mercantil 1281/2019, del índice del Juzgado Tercero Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla en el que, entre otras cosas, se determinó que la quejosa debió promover una tercería excluyente de preferencia y se adjudicó el inmueble embargado en ese procedimiento a favor de la parte actora, y el diverso del veintidós de octubre siguiente, en el que se declaró que causó estado el aludido proveído y se ordenó remitir los autos a la Notaría respectiva para el tiraje de la escritura correspondiente, se estima que son susceptibles de ser impugnados a través del recurso de apelación, de conformidad con los previsto en el artículo 1341 del Código de Comercio, que establece: "Artículo. 1341. Las sentencias interlocutorias son apelables, si lo fueren las definitivas conforme al artículo anterior. Con la misma condición, son apelables los autos si causan un gravamen que no pueda repararse en la definitiva, o si la ley expresamente lo dispone." Del citado precepto legal se desprende que procede el recurso de apelación contra los autos si causan un gravamen que no pueda repararse en la sentencia definitiva. Ahora, a efecto de corroborar que los acuerdos reclamados son apelables deben tenerse en cuenta los artículos 1339, 1340 del Código Comercio vigente en el momento en que se emitieron los acuerdos reclamados, cuyo contenido dice: "Artículo. 1339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $682,646.89 (Seiscientos ochenta y dos mil seiscientos cuarenta y seis pesos 89/100 M.N.) por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. Corresponderá a la Secretaría de Economía actualizar cada año por inflación el monto expresado en pesos en el párrafo anterior y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 30 de diciembre de cada año. Para estos efectos, se basará en la variación observada en el valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía entre la última actualización de dicho monto y el mes de noviembre del año en cuestión. Las sentencias que fueren recurribles, conforme al primer párrafo de este artículo, lo serán por la apelación que se admita en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. El recurso de apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones, que se dicten en el trámite del procedimiento se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva, sin que sea necesario en tal escrito la expresión de agravios; interpuesta esta apelación, se reservará su trámite para que se realice en su caso conjuntamente con la tramitación de la apelación que se formule en contra de la sentencia definitiva por la misma parte apelante. Para que proceda la apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones en efecto devolutivo o en el suspensivo se requiere disposición especial de la ley. La apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado el auto, interlocutoria o resolución, a más tardar dentro de los nueve días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación si se tratare de sentencia definitiva, seis si fuere contra auto, interlocutoria o resolución, dictada en el procedimiento si se trata de apelaciones de tramitación inmediata y en el término de tres días si se trata de apelación de tramitación conjunta con la sentencia definitiva. Los agravios que hayan de expresarse en contra del auto, interlocutoria o resolución, cuando se trate de apelaciones de tramitación inmediata o de sentencia definitiva, se expresarán al interponerse el recurso de apelación. Los agravios que en su caso se deban expresar en contra de resoluciones de tramitación conjunta con la sentencia definitiva se expresarán en la forma y términos previstos en el artículo 1344 de este Código." "Artículo. 1340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $682,646.89 (Seiscientos ochenta y dos mil seiscientos cuarenta y seis pesos 89/100 M.N.) por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339." De los preceptos legales transcritos, en lo que interesa, se desprende se desprende que la apelación es procedente: En aquellos asuntos que por su monto no se ventilen en juzgados de paz o de cuantía menor; y Cuando dicho monto sea superior a $682,646.89 (seiscientos ochenta y dos mil seiscientos cuarenta y seis pesos 89/100 M.N.) por concepto de suerte principal, sin considerar los intereses y demás accesorios. En el caso se actualizan los dos supuestos para estimar que los proveídos reclamados son apelables, pues por un lado, el juicio mercantil de origen no se ventila en un juzgado de cuantía menor, sino ante el Juzgado Tercero Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla y, por otra parte, el monto reclamado por concepto de suerte principal equivale a setecientos treinta y ocho mil pesos. Ahora, en términos del artículo 1341 del Código de Comercio, los acuerdos son apelables si causan un gravamen que no pueda repararse en la sentencia definitiva, aunado a que la procedencia de dicho recurso está condicionada a que también sea apelable la sentencia definitiva conforme a los dos requisitos señalados, esto es, que el asunto no se ventile en juzgados de paz o de cuantía menor, y cuando su monto sea superior a $682,646.89 (seiscientos ochenta y dos mil seiscientos cuarenta y seis pesos 89/100 M.N.), por concepto de suerte principal. En el caso, se encuentra colmado el requisito señalado, pues si bien los acuerdos reclamados se emitieron en ejecución de sentencia, de cualquier modo causan un gravamen que no puede repararse en la resolución que ponga fin al procedimiento de ejecución. Para corroborar lo anterior, conviene realizar una breve relatoría de la sustanciación del juicio de origen, al tenor siguiente: Mediante escrito presentado el siete de octubre de dos mil nueve, Proveedora de Abarrotes Rivera, sociedad anónima de capital variable, por conducto de apoderado Alberto Castillo Vázquez, promovió juicio ejecutivo mercantil en contra de Sergio Raúl López Espinoza, reclamando el pago de diversas prestaciones (fojas 136 a 138 del tomo anexo). Por razón de turno correspondió conocer de la demanda al entonces Juez Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, quien la radicó con el número 1281/2009, y previa prevención el veintiséis de octubre siguiente la admitió a trámite, por lo que ordenó realizar la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento al demandado (fojas 160 y 162 ídem). Mediante acuerdo del veintiséis de enero de dos mil diez, dado que el demandado no formuló su contestación se le tuvo por perdido su derecho para hacerlo y se proveyó sobre las pruebas ofrecidas (fojas 176 y 177 ídem). Seguidas las etapas procesales correspondientes el veintiséis de mayo de dos mil diez se dictó la sentencia definitiva, en la que se determinó que la parte actora había probado su acción y, por consiguiente, se condenó al demandado al pago de diversas prestaciones (fojas 190 a 192 ídem). Por auto del siete de septiembre siguiente se declaró que la sentencia en cuestión había causado ejecutoria y se tuvo al actor promovido incidente de liquidación de sentencia (foja 149 ídem). Cabe destacar que durante la diligencia de exeqüendo se embargó un inmueble, por lo que una vez que se exhibió su certificado de gravámenes se advirtió la existencia de diversos coacreedores, entre ellos la quejosa Lydia Ciria Díaz Suárez o Lidia Siria Díaz Suárez, por lo que por auto del nueve de marzo de dos mil doce se ordenó notificarles el estado de la ejecución de la sentencia (foja 265 ídem), lo cual respecto a la impetrante se reiteró el veintitrés de agosto siguiente (foja 286 ídem). Por auto del veintiocho de enero de dos mil trece se tuvo a la quejosa Lydia Ciria Díaz Suárez o Lidia Siria Díaz Suárez apersonándose como coacreedora al procedimiento de remate (foja 308 ídem). El veintinueve de octubre de dos mil catorce se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia de remate en primera almoneda del bien embargado (foja 408 ídem), y el diecisiete de abril de dos mil quince se aclaró que el remate únicamente era respecto del cincuenta por ciento del bien que le correspondía al demandado, por lo que se señaló nueva fecha y hora para la almoneda (foja 800 y 801). La audiencia de remate se celebró el dieciséis de diciembre dos mi dieciséis, en la que no se presentaron posturas y se negó adjudicar el inmueble al actor (foja 890 ídem). Inconforme con lo anterior el actor promovió recurso de apelación, del cual conoció la Segunda Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia, quien lo radicó con el número 303/2017 y lo resolvió el diez de julio de dos mil diecisiete, en donde si bien se reformó el acuerdo no varió la negativa de adjudicación (fojas 903 a 914 ídem). Por auto del treinta y uno de enero de dos mil diecinueve se denegó la petición del actor de rematar el inmueble embargado (foja 963 ídem), por lo que inconforme con ello por auto del trece de febrero siguiente se tuvo a la quejosa promoviendo recurso de revocación (foja 966 ídem), el cual se resolvió el veintiséis de junio de ese año, en el sentido de confirmar el auto impugnado (fojas 1004 a 1008 ídem). Por auto del nueve de septiembre de dos mil diecinueve se señaló nueva fecha y hora para la audiencia de remate (fojas 1009 y 1010 ídem), la cual se realizó el veintiuno de noviembre posterior, en la que la quejosa y el actor presentaron posturas; no obstante para determinar lo relativo a la adjudicación se ordenó requerir a las coacreedores para que informaran a cuanto ascendían sus créditos (1016 a 1019 ídem). Por auto del veinte de febrero de dos mil veinte se adjudicó el inmueble embargado a favor de la parte actora, en virtud de que su postura fue mayor a la de la quejosa, y se expuso que la impetrante debió promover una tercería excluyente de preferencia (foja s 1038 y 1039 ídem), determinación que constituye el acto reclamado primigeniamente por la justiciable. Finalmente, el veintidós de octubre del presente año se declaró que el auto anterior había causado ejecutoria y se ordenó remitir los autos a la Notaria respectiva para el tiraje de la escritura de adjudicación (foja 1047 ídem), lo cual es el acto materia de la ampliación de demanda. Los proveídos descritos en los incisos k) y l) constituyen los actos reclamados, los cuales se estima que causan un gravamen que no puede repararse en la resolución que ponga fin al procedimiento de ejecución, en tanto afectan derechos de la quejosa desde el momento de su realización, con lo que quedaría irremediablemente consumada la afectación, pues con posterioridad ya no serán materia de escrutinio. Asimismo, como se desprende de los antecedentes relatados los acuerdos reclamados se dictaron en la fase de ejecución de sentencia; en consecuencia, no existe posibilidad jurídica ni material de que se revisen en la sentencia definitiva porque está ya se dictó, por lo que el artículo 1341 del Código de Comercio debe interpretarse en el sentido de que tratándose de actos pronunciados en ejecución de sentencia son recurribles en apelación, si causan un gravamen que no pueda repararse en la resolución que ponga fin al procedimiento de ejecución y de que el interés del asunto exceda de $682,646.89 (seiscientos ochenta y dos mil seiscientos cuarenta y seis pesos 89/100 M.N.), en términos del artículo 1340 de la legislación mercantil. Además, cabe destacar que circunstancia de que los acuerdos reclamados no puedan repararse en la resolución que ponga fin al procedimiento de ejecución, se corrobora si ponderamos que precisamente uno de ellos, en específico el del veintidós de octubre de dos mil veinte es el que pone fin a ese procedimiento, pues en él se está ordenado remitir los autos a la Notaría respectiva para el tiraje de la escritura de adjudicación. Lo anterior encuentra sustento en lo expresado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 13/2016, en la que precisó que en el procedimiento de remate, la última resolución es la que indistintamente ordena otorgar la escritura de adjudicación, o bien entregar la posesión de los bienes inmuebles rematados. Por todo lo anterior, es evidente que en contra de los acuerdos reclamados es procedente el recurso de apelación, por lo que la quejosa estaba obligada a agotar dicho medio de defensa ordinario previamente a acudir al juicio de amparo. Por otro lado, conviene destacar que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, prevé algunos casos de excepción al principio de definitividad, entre los que se encuentran aquellos que importen peligro de privación de la vida y en general los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal; órdenes de aprehensión, reaprehensión, autos de vinculación a proceso, excepto la sentencia definitiva en el proceso penal; y cuando se trate de persona extraña al procedimiento, además de los señalados expresamente en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, en ninguno de los casos de excepción se ubica el presente asunto, y dado que las normas que establecen excepciones son de estricta aplicación, no es posible extender ese beneficio al acto reclamado. Cabe precisar que si bien la quejosa Lydia Ciria Díaz Suárez o Lidia Siria Díaz Suárez no tiene el carácter de actor o demandado en el juicio de origen, lo cierto es que se encuentra incorporada la relación jurídico-procesal, por lo menos para la etapa de remate, ya que se le ordenó llamar al mismo con el carácter de coacreedora, e incluso se apersonó y ha estado actuando, por lo que es evidente que quedó vinculada al procedimiento de remate, con lo que automáticamente dejó de tener el carácter de tercera extraña. En consecuencia, dado que la quejosa fue incorporada a la etapa de remate del juicio mercantil de origen, al cual ya compareció, es evidente que no le puede revestir la calidad de tercera extraña al juicio, por lo que está obligada a agotar los medios de defensa ordinarios, tan es así que incuso con anterioridad ya promovió un recurso de revocación en contra de un acuerdo dictado en el juicio natural, el cual se admitió y se resolvió. No se soslaya que en el acuerdo reclamado del veintidós de octubre de dos mil veinte se haya ordenado remitir los autos a la Notaria respetiva para el tiraje de la escritura de adjudicación del inmueble rematado en el juicio natural, lo cual constituye la última resolución dictada en el procedimiento de remate, por lo que en términos del artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el juicio de derechos es procedente en su contra; sin embargo, previamente es necesario agotar el principio de definitividad. No obstante no le asiste la razón a la justiciable, ya que en primer término se destaca que en el auto del veintidós de octubre de dos mil veinte se declaró que causaba ejecutoria un acuerdo que declaró adjudicado a favor del actor en el juicio natural el inmueble embargado en ese procedimiento, por lo que no se trata de ninguna sentencia. Aunado a lo anterior, no se debe soslayar que para que opere la supletoriedad de la ley deben reunirse ciertos requisitos, a saber: La ley a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando el ordenamiento legal que puede aplicarse supletoriamente. Que la ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente, o estableciéndolas no las desarrolle o las regule deficientemente. Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia. Las normas aplicables supletoriamente no contradigan el ordenamiento legal a suplir. Ahora, en el caso que nos ocupa, por lo que hace al requisito contemplado en el inciso a), el Código de Comercio en su artículo 1054, prevé expresamente la posibilidad de aplicar supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles; no obstante, por lo que hace al inciso b), se considera que no se encuentra cumplido, pus se estima que el Código de Comercio regula suficientemente lo relativo a los recursos que prevé, sin que en ninguna parte se aprecie que se prohíba la impugnación del auto que declara ejecutoriada una sentencia o un proveído, por lo que el precepto legal invocado por la quejosa no se puede aplicar supletoriamente. En las relatadas circunstancias, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia se desecha de plano la ampliación de demanda propuesta por la quejosa en contra del auto del veintidós de octubre de dos mil veinte, dictado en el juicio ejecutivo mercantil ..., del índice del Juzgado Tercero Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla. Asimismo, dado que esa misma causa de improcedencia se actualiza respecto al acto reclamado en forma primigenia por la justiciable, consistente en el acuerdo del veinte de febrero de dos mil veinte, dictado en el aludido procedimiento mercantil, lo procedente es sobreseer en el juicio, por lo que se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las CATORCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE; en consecuencia, una vez que cause estado el presente auto, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese personalmente vía electrónica a la quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Autoridad remite constancias. Agréguese a los autos el oficio de cuenta de la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveídos del tres y once de noviembre de dos mil veinte, y al efecto remite copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil *** de su índice. Finalmente, tomando en consideración el volumen de la documental en comento, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 63, 64 y 65 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, fórmese por separado un tomo de pruebas debidamente identificado a fin de facilitar el manejo del presente expediente, respetando el sello y folio originales, el cual deberá tenerse a la vista en el momento procesal oportuno. Notifíquese.
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