Lidia Siria Diaz Suarez

Expediente 1478/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1478/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
13/09/2023

Partes del expediente

  • Lidia Siria Diaz Suarez

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Causa estado desechamiento. Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA QUEDADO FIRME. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto en el que se determinó desechar la de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción IV, del artículo 20 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: IV. Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado;". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente. Digitalización. Previo a su transferencia, en cumplimiento al párrafo tercero, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó desechar la demanda de amparo, y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otro lado, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal referido, dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Se declara cumplida sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, tomando en consideración que únicamente la parte quejosa -por conducto de su autorizado en términos amplios- desahogó la vista otorgada mediante auto de catorce de agosto del año en curso, se procede a hacer el pronunciamiento respectivo sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Sentencia. Al respecto, se precisa que mediante sentencia de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: "VIII. DECISIÓN En virtud de lo fundado de uno de los conceptos de violación formulado por las quejosas, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, deje insubsistente todo lo actuado en el juicio laboral ********************, a partir de los emplazamientos reclamados -lo que desde luego incluye sus citatorios previos y el laudo- ordenando reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión conforme a la ley que lo rige. Es aplicable la jurisprudencia 99/2017, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 287, libro 49, tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a diciembre de 2017, que dice: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN. De los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 77 de la Ley de Amparo, para que tenga plenos efectos la sentencia estimativa de amparo, es decir, la que declara que el acto reclamado resulta violatorio del orden constitucional por ser contrario a los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección, o porque vulnera la esfera de competencia de la autoridad federal, la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, es necesario vincular a la autoridad responsable para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo la conducta o las actuaciones conducentes para restituir al quejoso en el goce del orden constitucional transgredido en su perjuicio. Así, tratándose de actos de autoridad positivos, se establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, a que el órgano jurisdiccional responsable deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen." Es importante destacar que en el juicio laboral de origen, entre las quejosas y las restantes demandadas existe un litisconsorcio pasivo necesario, porque fueron demandadas simultáneamente y se les reclamaron las mismas prestaciones, pero actúan por derecho propio ya que ocupan la misma posición en el proceso, por lo que la reposición ordenada, como tal, alcanza a las codemandadas, pero con una modalidad distinta a la justiciable. Al respecto, resulta necesario destacar la jurisprudencia P./J. 9/96 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO ORDENEN REPONER EL PROCEDIMIENTO, SUS EFECTOS DEBEN HACERSE EXTENSIVOS A LOS CODEMANDADOS DEL QUEJOSO, SIEMPRE QUE ENTRE ESTOS EXISTA LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO.", así como la diversa jurisprudencia 1a./J. 72/2011 (9a.), de la Primera Sala del Alto Tribunal, de rubro siguiente: "LITISCONSORCIO PASIVO. LA CONCESIÓN DE AMPARO A UNO DE LOS LITISCONSORTES PARA EL EFECTO DE SER EMPLAZADO AL JUICIO, NO TIENE EL ALCANCE DE DEJAR INSUBSISTENTES LOS EMPLAZAMIENTOS DE LOS DEMÁS LITISCONSORTES Y ORDENAR SU NUEVO LLAMAMIENTO A JUICIO.". De los criterios invocados se desprende que cuando por virtud de una sentencia de amparo se ordene reponer el procedimiento, sus efectos deben hacerse extensivos a los codemandados de la parte quejosa, siempre que entre estos exista litisconsorcio pasivo necesario, pero con una modalidad distinta, pues la extensión de los efectos del amparo concedido a los litisconsortes, solamente se justifica en la medida en que debe existir una sentencia que se ocupe en forma común de quienes formen parte del litisconsorcio pasivo, así como que se respeten los posibles plazos comunes en su favor, pero no implica dejar insubsistentes los llamamientos a juicio de aquellos que sí fueron emplazados de forma legal. En esas condiciones, se advierte que en el presente caso la única prerrogativa de la que puede beneficiarse las codemandadas, consiste en el plazo común que se otorgue a las partes para presentar sus alegatos, en la medida en que las excepciones y defensas que opongan las quejosas -a quienes no se emplazó correctamente-, así como las pruebas que aporten al juicio natural, pueden variar las conclusiones que las partes obtienen de lo actuado y, por ende, existirá la posibilidad de ver resuelta su situación jurídica en la misma sentencia. Por tanto, los efectos de la reposición decretada deben tener por alcance que las demandadas quejosas, a quienes se concede el amparo, estén en aptitud de emprender su defensa, y para los litisconsortes -codemandados-, estar en posibilidad de formular alegatos, una vez que se arribe a esa etapa procesal, de ahí que el nuevo laudo que, en su caso, se llegue a emitir, deberá comprender a todos los demandados, y los alegatos que lleguen a presentar en el plazo común que se conceda con motivo de dicha reposición (.)." Ejecutoria En auto de diecisiete de julio de dos mil veintitrés, la sentencia de mérito causo ejecutoria y, en consecuencia, se requirió a la autoridad responsable que informara sobre el cumplimiento dado al fallo protector y remitiera las constancias relativas para acreditarlo. Cumplimiento. Atento a lo anterior, mediante oficio registrado con número de promoción ********************el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, informó el contenido del proveído de diez de agosto del año en curso, dictado en el juicio laboral ********************, del que se desprende, en lo que interesa, lo siguiente: Ordenó dejar sin efecto todo lo actuado a partir del citatorio y diligencia de emplazamiento realizado a las demandas ******************** y********************, ambas sociedades anónimas de capital variable. Ordenó la reposición del procedimiento de origen y señaló las once horas del treinta de agosto de dos mil veintitrés para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. En consecuencia, en auto de catorce de agosto de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes con las constancias remitidas, para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera, pronunciándose únicamente la parte quejosa. Conclusión. Por tanto, se estima que se colmaron los alcances del fallo protector y se declara que el fallo protector ha quedado cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, toda vez que se satisficieron los efectos de la sentencia de amparo, conforme a los parámetros fijados en la misma. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO." Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a las partes esta determinación, a efecto de que, de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes puedan interponer recurso de inconformidad. Manifestaciones de la parte quejosa. ******************** -autorizado en términos amplios de la parte quejosa-, realiza manifestaciones en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, con motivo de la vista otorgada a las partes el catorce de agosto de dos mil veintitrés, en las que, en esencia, indica: Que la autoridad responsable, al emitir el auto de diez de agosto de dos mil veintitrés -por el cual dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo- no ordenó notificar personalmente al resto de las demandadas, por lo que no se encuentra cumplido el fallo protector. En atención a lo anterior, debe decirse que la sentencia definitiva concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para los siguientes efectos: "VIII. DECISIÓN En virtud de lo fundado de uno de los conceptos de violación formulado por las quejosas, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, deje insubsistente todo lo actuado en el juicio laboral ********************, a partir de los emplazamientos reclamados -lo que desde luego incluye sus citatorios previos y el laudo- ordenando reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión conforme a la ley que lo rige. (.)." De lo anterior se advierte que, los efectos del fallo protector fueron para que la Junta responsable dejara insubsistente todo lo actuado en el juicio laboral de origen, a partir de los emplazamientos realizados a las quejosas, y se ordena reponer el procedimiento. En efecto, la autoridad responsable, mediante proveído de diez de agosto del año en curso, dictado en el juicio de origen, determinó dejar insubsistente todo lo actuado en el juicio laboral desde los citatorios y diligencias de emplazamiento realizadas a las demandadas ******************** y********************, ambas sociedades anónimas de capital variable, señaló día y hora para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ordenó el emplazamiento a dichas demandadas y ordenó notificar personalmente a las partes. En ese sentido, contrario a lo manifestado por el promovente, resulta evidente que la Junta responsable sí ordeno la notificación personal de las partes, como se desprende del contenido del acuerdo que remitió a fin de justificar el cumplimiento dado al fallo protector. De ahí que no le asista la razón al promovente, en relación con lo aseverado en el escrito indicado con antelación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por lista a la tercera interesada.

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