Lidia Peña Ayón
Expediente 790/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 20 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 790/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 06/03/2018
Partes del expediente
- Lidia Peña Ayón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, SEIS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que mediante auto de veintitrés de febrero de la presente anualidad, se tuvo por recibido el oficio signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual informó que la parte quejosa había sido omisa en comparecer a recoger el cheque que dejó a su disposición en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por concepto de actualización; no obstante de encontrase debidamente notificada, como lo demostró con las documentales que adjuntó. En relación con lo anterior, se ordenó dar vista a la parte promovente del amparo, para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que surtiera efectos la notificación correspondiente, manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna en dicho plazo, este órgano jurisdiccional de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos, sin que durante dicho plazo hubiera hecho uso de ese derecho, como se precisó en la certificación de cuenta. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado procede resolver si de acuerdo con las constancias que existen en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese sentido, mediante sentencia dictada en el presente sumario constitucional el dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Lidia Peña Ayón, por lo que se determinó que las autoridades responsables en el ámbito de sus respectivas atribuciones debían: "1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el precepto 23, fracción XV, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los artículos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales arábigos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito." (.) "2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residente en esta ciudad, devuelva al quejoso la cantidad de $6,148.66 (seis mil ciento cuarenta y ocho pesos con sesenta y seis centavos moneda nacional), que pagó el diez de abril de dos mil diecisiete, por concepto de "CERVECERIA CON O SIN VENTA DE ALIMENTOS", así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit" (fojas 8 y 9), pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, lo aplicado con apoyo en el dispositivo 23, fracción XV de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit para el ejercicio dos mil diecisiete, es inválido, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó al solicitante del amparo." (.) Cabe precisar, que dentro de la cantidad a devolver, no se encuentra el cobro de comisión bancaria de $3.00 (tres pesos) que se indicó en el formato de revalidación de permiso de cervecería con o sin venta de alimentos de forma anual (foja 9), documental que exhibió la parte quejosa a su demanda de amparo; toda vez que la accionante de garantías no reclamó la inconstitucionalidad de dicho concepto." (.) 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por refrendo, a efecto de que la parte quejosa sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto..." Resolución que causó ejecutoria el siete de junio del año próximo pasado. De lo transcrito se colige, que los actos que debía realizar el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes: A) Que no le fuera aplicado a la quejosa el artículo 23, fracción XV, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, en relación con los artículos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal; esto es, para que la misma vigilara que fuera desincorporado de la esfera jurídica de la parte peticionaria del amparo, en el presente y en el futuro; y B) Devolver a la impetrante la cantidad de $6,148.66 (seis mil ciento cuarenta y ocho pesos con sesenta y seis centavos moneda nacional), menos el monto de $3.00 (tres pesos), que pagó por concepto de comisión bancaria; cantidad que debía ser actualizada en términos de la ejecutoria de que se trata. Luego, mediante oficio signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, informó que se había dado cumplimiento al fallo protector, tal y como lo pretendió demostrar con la copia inserta del cheque 0001 de diez de octubre del año inmediato anterior, con firma original de recibido, así como con la diversa documental simple que adjuntó, de las que se advierte que se devolvió a Lidia Peña Ayón, la cantidad erogada con motivo del cobro declarado inconstitucional, sin incluir el monto de $3.00 (tres pesos), que pagó por concepto de comisión bancaria. No obstante, en virtud de que la cantidad consignada en el citado título nominativo, a saber, $6,145.66 (seis mil ciento cuarenta y cinco pesos con sesenta y seis centavos moneda nacional), no se encontraba debidamente actualizada, se requirió nuevamente al ente de que se trata, a efecto de que realizara la adecuación correspondiente. Y al efecto, en proveído de veintitrés de febrero de este año, el citado director general jurídico exhibió ante este juzgado las operaciones aritméticas realizadas a fin de actualizar la cantidad materia de reclamo, copia del cheque 0000195 que ampara la cantidad resultante por concepto de actualización y la notificación practicada a la parte quejosa, en la que se le hizo saber que se encontraba a su disposición el citado título nominativo. En ese tenor, si tenemos que debía entregarse a la impetrante la cantidad de $6,145.66 (seis mil ciento cuarenta y cinco pesos con sesenta y seis centavos moneda nacional), debidamente actualizada, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. Ahora, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el diez de abril de dos mil diecisiete y en el mes de octubre de ese año, se efectúo la devolución mediante cheque a la parte quejosa; por tanto, la actualización de que se habla comprende el periodo transcurrido entre dichos meses; sin embargo, en los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes más reciente del período, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado, en el caso, los meses de marzo y septiembre del año inmediato anterior. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de septiembre entre el índice para el mes de marzo de dos mil diecisiete (al ser los meses inmediatos anteriores al periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de marzo de dos mil diecisiete fue de 126.087; y para el mes de septiembre de ese año de 127.912. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.01447. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad de $6,145.66 (seis mil ciento cuarenta y cinco pesos con sesenta y seis centavos moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $6,234.58 (seis mil doscientos treinta y cuatro pesos con cincuenta y ocho centavos moneda nacional); entonces, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa a devolver, esto es, $6,145.66 (seis mil ciento cuarenta y cinco pesos con sesenta y seis centavos moneda nacional), se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $88.92 (ochenta y ocho pesos con noventa y dos centavos moneda nacional). Por tanto, si la responsable de mérito entregó a la parte quejosa la cantidad de $6,145.66 (seis mil ciento cuarenta y cinco pesos con sesenta y seis centavos moneda nacional); y dejó a su disposición la diversa de $192.87 (ciento noventa y dos pesos con ochenta y siete centavos moneda nacional), por concepto de actualización, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. No pasa inadvertido que el monto que el recaudador responsable debía devolver por concepto de actualización a la parte quejosa era de $88.92 (ochenta y ocho pesos con noventa y dos centavos moneda nacional).y que éste reintegró la diversa de $192.87 (ciento noventa y dos pesos con ochenta y siete centavos moneda nacional), es decir, reintegró un excedente de $103.95 (ciento tres pesos con noventa y cinco centavos moneda nacional), ya que dicha diferencia no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada su magnitud a nada práctico conduciría reintegrarla. Tampoco es obstáculo que la quejosa no haya recogido el cheque expedido en su favor por concepto de actualización, en virtud de que la responsable ejecutora acreditó que le notificó que se encontraba a su disposición un cheque por dicho concepto; por lo que únicamente resta que dicha parte acuda ante el ente de que se trata, a fin de que le sea entregado el título nominativo en comento. Bajo ese contexto, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta firmado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual en vías de cumplimiento al fallo protector, informa que le notificó a la parte quejosa que se encuentra a su disposición en las oficinas de esa Dirección General Jurídica, un cheque número 0195, expedido por la Institución Bancaria Santander, Sociedad Anónima, correspondiente al pago de actualización, como lo acredita con los anexos que exhibe; por tanto, agréguese a los presentes autos para que obren como corresponda. En consecuencia, de conformidad con el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, requiérase a la parte solicitante del amparo, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante la autoridad en mención, a recibir el citado título de crédito; asimismo, deberá informar al día siguiente hábil en que transcurra el término otorgado, si ya le fue entregado el cheque de que se trata. Bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este Órgano Jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás constancias que obran en autos se pronunciará en relación con el cumplimiento de referencia, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.
- Principal
Tepic, Nayarit, doce de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, no ha informado el trámite realizado a fin de dar cumplimiento al fallo protector concedido a la parte quejosa. En consecuencia, en acatamiento a los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo en vigor, requiérase nuevamente a dicho ente, a fin de que dentro del término de CINCO DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio de notificación correspondiente, dé cumplimiento a la ejecutoria de mérito, o bien, informe el impedimento que tenga para realizarlo. Apercibido que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá a una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a ciento cincuenta días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. De igual manera, se le hace del conocimiento a la citada autoridad, que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este órgano jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá la multa que proceda; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el numeral 193 de la Ley citada.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Téngase por recibido, el oficio suscrito por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual manifiesta en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que se encuentra a disposición de la parte quejosa el cheque número 0195, expedido por la Institución Bancaria Santander, motivo por el cual solicita que este Juzgado Federal haga del conocimiento lo anterior a la citada parte procesal; en consecuencia, agréguense a sus autos sin mayor pronunciamiento, en virtud de que mediante proveído de veinticinco de enero del año en curso (foja 110), se tuvo por recibido el mismo y se proveyó al respecto.
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