Lidia Peña Ayón

Expediente 2242/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 11 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
2242/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
18/12/2020

Partes del expediente

  • Lidia Peña Ayón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    TEPIC,NAYARIT,DIECIOCHODE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en este juzgado federal el nueve de septiembre del año en curso, el Delegado del Director General de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de diez de septiembre de la presente anualidad, se dio vista a la parte agraviada para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, por sentencia dictada, el veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, se determinó por una parte, sobreseer y por otra, conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para los efectos siguientes: "[.] 1. Los artículos 76, 77, 78, 79, 80, 81 y 82 de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit, así como el 24, fracción XV, 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, además del diverso ordinal 33, fracción II de la Ley que regula los establecimientos dedicados, a la producción, almacenamiento, distribución y enajenación de bebidas alcohólica en el Estado de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de la amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit devuelva las contribuciones erogadas por la amparista, con fundamento en las disposiciones anteriores, determinadas en el recibo de pago exhibido por la parte quejosa, que corresponde a las sumas que la citada amparista enteró a favor de la recaudación responsable por conceptos de refrendo de alcoholes (relativo al ejercicio fiscal dos mil diecinueve) y multa por pago extemporáneo, así como el monto que resulte por concepto de impuestos para el fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit. 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por refrendo de alcoholes, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el dispositivo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. [.] No pasa inadvertido que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, no fue señalado como autoridad responsable; sin embargo, éste, por razón de sus funciones, tiene intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo y, por tanto, está obligado a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento de la presente sentencia protectora [.]". Inconforme con dicha resolución, el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, en representación del Recaudador de Rentas, interpuso recurso de revisión contra la misma. Sin embargo, por ejecutoria emitida el veinte de febrero del año en curso, por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, dentro del amparo en revisión número 960/2019, desechó el medio de impugnación interpuesto. En ese tenor, seguido el juicio por sus demás trámites, mediante oficio presentado el nueve de septiembre de la presente anualidad, el Delegado del Director General de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, adjuntó copia del cheque generado el diez de marzo del año en curso, a nombre de la quejosa Lidia Peña Ayón y del que se advierte que devolvió la cantidad de $10,946.86 pesos, a la promovente del amparo con su actualización fiscal respectiva. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $10,617.19 pesos; cantidad sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el cinco de septiembre de dos mil diecinueve y el diez de marzo del año en curso, se generó el cheque número 0001896 por concepto de devolución de lo erogado. Por lo que el período de actualización comprende del mes de agosto de dos mil diecinueve al mes de febrero de dos mil veinte. Luego, el factor de actualización, debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de agosto del año próximo pasado entre el índice para el mes de febrero del año actual (al ser los meses inmediatos anteriores de los del período involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de agosto de la anterior anualidad fue de 103.670; y para el mes de febrero del presente año de 106.889. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.03105. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad a devolver $10,617.19 pesos, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $10,946.85 pesos; luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente a devolver $10,617.19 pesos, se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $329.66 pesos. Así de las constancias que obran en autos, se aprecia que la responsable de que se trata devolvió a la parte promovente del amparo $10,946.86 pesos; es decir, en exceso $0.01 centavos; pero dicho monto no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la mínima diferencia, a nada práctico conduciría reintegrarla. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Luego, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el artículo 18, fracción I, inciso b, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de amparo por una parte se sobreseyó y por otra, se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el oficio de cuenta, suscrito por el Actuario del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, a través del cual, comunica que dicho Tribunal, admitió el recurso de revisión interpuesto por el Director Jurídico Contencioso dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en representación de la autoridad denominada Recaudador de Rentas de dicha Secretaría, en contra de la sentencia emitida en autos, mismo que quedó registrado con el número 960/2019, de su estadística; entonces, agréguese a los presentes autos para los efectos legales procedentes. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que por oficios signados por la Magistrada Presidente de la Sala de Jurisdicción Mixta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit y Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar, ambos con residencia en esta ciudad, comunicaron la forma en que se dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Asimismo, mediante proveído de nueve de septiembre del año en curso (foja 178), se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada, con los referidos oficios, para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidas que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. El citado proveído se notificó a ambas partes el diez de septiembre siguiente (fojas 179 y 180), notificaciones que surtieron efectos al día hábil posterior; por tal motivo, el término de tres días otorgado a dichas partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al día de hoy ya transcurrió, conforme se advierte de la certificación de cuenta, sin que se hubiere efectuado manifestación alguna. Por consiguiente, este Órgano procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese tenor, se tiene que por sentencia terminada de engrosar el uno de julio del año en curso (fojas 121 a 128), se concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que: La Sala de Jurisdicción Mixta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad de Tepic, deje insubsistente la resolución de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, emitida dentro del toca familiar 176/2018 y dicte una diversa que la sustituya, atendiendo a los lineamientos que se destacaron en la sentencia, hecho lo cual, se le otorgó plenitud de jurisdicción, a fin de resolver lo conducente. Protección que se hizo extensiva a los actos reclamados a la autoridad ejecutora al no reclamarse por vicios propios. Resolución que por proveído de doce de agosto del presente año (fojas 140 a 141), se declaró ejecutoriada, para todos los efectos legales a que hubiere lugar. Luego, primeramente por oficio y anexos, signado por la Magistrada Presidente de la Sala de Jurisdicción Mixta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad (fojas 148 a 150), informó que por acuerdo dictado el trece de agosto de dos mil diecinueve, dejó insubsistente la sentencia emitida por esa sala el veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, dentro del toca familiar 176/2016. Posteriormente, dicha Magistrada remitió copia certificada de la sentencia de tres de septiembre del año actual, emitida dentro del toca en mención, de la que se advierte la forma en que se dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, en la cual se desprende que atendiendo a ello, se revocó la resolución de veinte de agosto de dos mil dieciocho, pronunciada por el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad, determinando que operó la caducidad de la instancia respecto al incidente de pensión alimenticia, presentado en el expediente 232/1989 (fojas 156 a 169). Por su parte, el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, solicitó se le tuviera por adherido a dicha sentencia, en virtud de que sus actos no se reclamaron por vicios propios (foja 174). Por tales motivos, al advertirse que en la sentencia de amparo emitida en este sumario, se determinó que la resolución impugnada carecía de fundamentación y motivación, en la medida que la autoridad responsable ordenadora no estudió el tercer agravio que se hizo valer dentro del recurso de apelación que se interpuso contra la interlocutoria de primer grado de veinte de agosto de dos mil dieciocho, pues en esa oportunidad destacó que en su concepto debió decretarse la caducidad de la instancia de oficio al haber transcurrido el lapso previsto en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, que, en su opinión, resulta aplicable al incidente de reducción de pensión alimenticia. Y al haberse considerado fundado dicho concepto, en la nueva determinación emitida, revocando la determinación previamente adoptada por el A quo; por ende, es evidente que con ello se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos y garantías violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es, declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Legislación de Amparo en vigor, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se CONCEDIÓ el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Por otra parte, con sustento en los artículos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio es susceptible de depuración, debido a que la medida cautelar provisional se concedió respecto de los actos reclamados, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de amparo y las resoluciones incidentales, las cuales deberán conservarse, por ende, déjese por separado para su conservación; en tanto que, el duplicado respectivo, es susceptible de destrucción, una vez transcurridos seis meses de dictada la interlocutoria, procédase a la destrucción del éste previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda. Por otro lado, una vez que transcurran la temporalidad que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, por resultar innecesario, devuélvase a la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar, con residencia en esta ciudad, el legajo de constancias certificado que remitió en dos tomos, en apoyo a su informe justificado, mismo que obra por separado. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LAS PARTES QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta signado por el Juez Octavo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Mazatlán, Sinaloa, por medio del cual remite los autos originales del juicio de amparo número 1724/2018, en un tomo, en el que se encuentra glosada la sentencia pronunciada el treinta y uno de octubre del presente año, en el cuaderno de auxiliar 687/2019 y de la que se advierte que se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Agréguese a este expediente el cuaderno de antecedentes correspondiente, a partir, del acuerdo por el que se envió al referido juez auxiliar. Asimismo, téngase por recibidos tres legajos de constancias. Acúsese el recibo de estilo. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes personalmente y remítase copia simple de la indicada resolución a las autoridades responsables, para los efectos legales conducentes. En la inteligencia de que será este órgano jurisdiccional quien continuará con el trámite del presente asunto hasta su archivo definitivo. Notifíquese personalmente a las partes.

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