Lidia María Ibarra Murillo
Expediente 1287/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1287/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 27/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Lidia María Ibarra Murillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Con base en la certificación de cuenta y dado que las partes no recurrieron la sentencia dictada en este juicio de garantías, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA; en tal virtud, agréguese a los autos el cuaderno original del incidente de suspensión. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En el entendido que hasta en tanto se encuentren debidamente notificadas las partes del presente acuerdo, se remitirá físicamente al archivo definitivo el juicio en que se actúa. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción. Toda vez que el duplicado del incidente es susceptible de destrucción; en consecuencia, una vez que transcurra el término de seis meses que establece el citado Acuerdo, dese nueva cuenta para acordar lo procedente; en la inteligencia de que la Secretaría deberá realizar el cómputo correspondiente para facilitar, en su oportunidad, la destrucción respectiva. En el entendido que de conformidad con las fracciones III y IV del artículo noveno, capítulo tercero del referido acuerdo, este expediente no tiene valor jurídico ni relevancia documental, por no actualizarse ninguno de los supuestos indicados en las fracciones de referencia. Notifíquese.
- Principal
Audiencia constitucional En Culiacán Rosales, Sinaloa, a las diez horas con veintidós minutos del veintiséis de enero de dos mil veintitrés, señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo indirecto ********************, asistido del Secretario José Manuel Íñiguez Ramos y sin presencia de las partes, el licenciado Ramón Gustavo Grajeda Tello, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización comunicada mediante oficio CCJ/ST/6040/2022, de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, procede a celebrar la audiencia, para lo cual solicita al secretario dé cuenta y relación de las constancias del expediente. El Secretario da cuenta con las constancias relevantes, entre ellas: demanda de amparo, auto de admisión, notificación a las partes, informes justificados y pruebas. El Secretario encargado del despacho acuerda: Téngase hecha la relación de constancias y rendidos los informes justificados; apertúrese la siguiente etapa. Se abre el período de pruebas, en el que a solicitud del Secretario encargado del despacho, el Secretario hace constar las documentales allegadas por las partes. El Secretario encargado del despacho acuerda: Se admiten dichas pruebas y se tienen desahogadas en razón de su naturaleza. Al no existir medio de convicción pendiente de relacionar, admitir o desahogar, se cierra esta fase y se ordena pasar a la siguiente. Se apertura el periodo de alegatos, en el que a instancia del Secretario encargado del despacho, el Secretario hace constar que las partes no los formularon, asimismo, el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no presentó alegato ministerial. El Secretario encargado del despacho acuerda: Se cierra esta fase de alegatos. Concluidas las etapas de pruebas y alegatos, se procede dictar la sentencia que en derecho corresponda. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo ********************. TRÁMITE PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Culiacán Rosales, Sinaloa, ********************solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa y otra autoridad. SEGUNDO. Admisión. Por acuerdo de veinticuatro de noviembre siguiente se admitió la demanda, se ordenó solicitar informe justificado a las autoridades responsables, dar intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se fijó hora y día para la audiencia constitucional que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. RESOLUCIÓN PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es competente, virtud que se reclaman actos con ejecución en esta localidad, donde ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Autoridades responsables y actos reclamados. De la Secretaría de Administración y Finanzas, así como de la Dirección de Recursos Humanos, ambas del Gobierno del Estado de Sinaloa. Retenciones o descuentos en el pago de su sueldo conceptos: cuatro D004 087a ******************** S.A. DE C.V., uno D004 073a ********************y uno D004 027a ********************. TERCERO. Inexistencia de actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, virtud que así lo manifestó al rendir su informe con justificación. Sin que la parte quejosa desvirtúe la negativa de la autoridad responsable. En consecuencia, ante la inexistencia de actos procede sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto de tales actos y autoridades con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Actos ciertos. Son ciertos los actos reclamados al Director de Recursos Humanos del Gobierno del Estado de Sinaloa, ya que al rendir su informe justificado los aceptó. QUINTO. Causas de improcedencia actualizadas. La parte quejosa reclama las retenciones o descuentos realizados a su sueldo como niñera de la ********************, del Gobierno del Estado de Sinaloa. Al respecto, se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, de la Ley de Amparo, esta última aplicada en sentido contrario, al no estar ante actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. De ambos preceptos deriva que, por regla general, el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad; del segundo de esos numerales se advierte dos supuestos para determinar quién es autoridad para los efectos de juicio de amparo, a saber: 1. La que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica, o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, con independencia de la naturaleza formal de dicho sujeto. 2. Los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos, cuyas funciones estén determinadas por alguna norma general. A diferencia de la Ley de Amparo anterior, la vigente atribuye calidad de autoridad con independencia de la naturaleza formal del órgano o sujeto que emite el acto; es decir, el concepto de autoridad responsable quedó desvinculado de su naturaleza formal y, ahora, atiende al tipo de acto, el cual debe ser susceptible de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria. Los particulares tendrán calidad de autoridades responsables cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos de particulares, cuyas funciones estén determinadas por alguna norma general. En el proceso legislativo origen a la inclusión de este concepto de autoridad para efectos del amparo, específicamente en el Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia de Gobernación, de Estudios Legislativos, Segunda a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expidió la Ley de Amparo, en la consideración Sexta se abordó el tema de autoridad responsable y particulares en los siguientes términos: Autoridad Responsable y Particulares. Se define a la autoridad responsable como parte en el juicio de amparo en el artículo 5, fracción II del presente proyecto. Tendrá tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En la teoría tradicional de los derechos fundamentales que ha sido predominante en México, su eficacia vertical implicaba que sólo fueran oponibles ante los actos del Estado. Esto estaba en gran medida justificado en que los derechos de las personas eran concebidos como limitantes de la actuación del Estado y provenía de las primeras declaraciones de derechos que surgieron como reacción a los Estados absolutistas y que representaban el 'enemigo a vencer' por el gran poder que detentaban sus gobernantes. Este concepto de verticalidad tuvo gran apoyo doctrinal y jurisprudencial en la relación jurídica de la 'garantía individual' de suprasubordinación entre el gobernado y los órganos de autoridad, y por lo mismo la procedencia del amparo se restringió al concepto de autoridad responsable que fuere constituida con ese carácter conforme a la ley o que bien dispusiera directa o indirectamente de la fuerza pública para hacer cumplir sus resoluciones. El énfasis que se hizo en esta concepción de los derechos como una afectación del Estado en la esfera de los particulares, si bien es comprensible, también ha quedado rebasado por la realidad actual por tres razones principales. La primera es que el surgimiento de los derechos económicos, sociales y culturales ha transformado el papel del Estado frente a los gobernados de tal suerte en que ya no debe ser visto únicamente como enemigo, sino todo lo contrario, debe ser percibido como un aliado para hacer estos derechos efectivos. La tutela, respeto y protección de este tipo de derechos debe verse a través de una actividad positiva del Estado a favor de los particulares, como sucede en la educación, la vivienda, la salud, la cultura, el deporte, el medio ambiente, y en otros derechos concretamente establecidos en las normas fundamentales. La segunda, es precisamente que hoy en día, en materia de derechos humanos, la vulneración más importante de tales derechos no sólo provienen del Estado, sino que también provienen de la actuación de los particulares en ciertas circunstancias. El medio ambiente ha sido principalmente vulnerado por los actos de particulares, más que del Estado mismo; la discriminación social no solamente proviene de los agentes del Estado, sino que lamentablemente es alimentada por prácticas dentro de la sociedad y de los mismos particulares; el derecho a la intimidad, a las comunicaciones privadas y a la protección de datos personales es una responsabilidad que hoy corresponde también a los particulares garantizar. Y finalmente la tercera razón es porque la vía de protección procesal que permita prevenir o reparar violaciones de derechos humanos realizadas por particulares era prácticamente nula o de una eficacia muy limitada. En muchos casos de la jurisprudencia y doctrina jurídica en México se ha interpretado y reflejado que los destinatarios de los derechos básicos de las personas no sólo son las autoridades, sino también a los demás gobernados, y que la continuación de esta teoría tradicional nos puede conducir a la violación de los compromisos internacionales que ha asumido el Estado mexicano. En un análisis de derecho comparado se ha visto que el constitucionalismo latinoamericano cada vez abandona más la teoría tradicional o liberal de los derechos fundamentales para reconocer la plena eficacia horizontal de los derechos humanos. Países como Argentina, Venezuela, Uruguay, Chile, Perú y Bolivia admiten en lo general el amparo contra particulares, ya sea por su disposición normativa lo contempla expresamente, o que por no excluirlo en la norma constitucional se ha abierto en legislación secundaria y en interpretación jurisprudencial. En el caso de países como Costa Rica, Colombia y Guatemala, su admisión es de forma restrictiva, ya que procede el amparo contra particulares cuando actúen en ejercicio de funciones o potestades públicas, cuando actúen por ley o concesión del Estado, cuando estén en posición de poder de superioridad frente a los otros gobernados, o cuando los remedios jurisdiccionales resulten insuficientes. Estas dictaminadoras coinciden en que éste no es un cambio menor y que debe considerarse el impacto en la administración de justicia de la eficacia horizontal de los derechos humanos. Tales derechos se protegen con los mismos medios que tiene un particular para defenderse de los actos de autoridad, y por consecuencia pudiera interpretarse equivocadamente que los derechos remediables por las vías civil, penal o laboral, necesariamente deban iniciarse por la vía constitucional. Sin embargo, sí existen casos en los que deban tener este cauce procesal para obtener una protección más eficaz, más justa y por tratarse de una violación directa a este tipo de derechos. Por ello se considera que la mejor forma de plasmar este concepto en esta Ley y de explicarlo en el presente dictamen es definir el acto de autoridad y que los particulares tendrán dicha calidad cuando sus actos u omisiones sean equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos del acto de autoridad que objetivamente se define en la fracción II, y cuya potestad o función derive de una norma general y abstracta. En casos paradigmáticos sobre el tema en países como Argentina, Colombia, Perú y Bolivia, que datan desde los años 50, donde se ha verificado que ha sido posible obtener la protección constitucional contra actos de particulares. En un caso se interpretó que si bien el nacimiento del amparo y de los derechos fundamentales había sido diseñado para proteger a los particulares contra la autoridad pública, también tuvieron los constituyentes la sagacidad y prudencia de no fijar exclusivamente en los textos constitucionales que la protección de los derechos humanos sólo fuera contra ataques que provengan de la autoridad, ni que pudieran emanar de otros particulares o sus agrupaciones, ya que éstos acumulan gran poder material o económico y cuya fuerza se opone incluso a las del Estado. En otros casos donde la vía ordinaria se había considerado más adecuada para remediar una violación a estos derechos, los tribunales constitucionales estimaron que, por lo contrario, al tratarse de violaciones directas a derechos fundamentales y por los alcances sociales que se concretan en este tipo de derechos, la vía constitucional resultaba idónea y más efectiva. A pesar de que los particulares pueden tener el carácter de autoridad en el juicio de amparo cuando realicen los actos identificados en el segundo párrafo de (sic) del artículo en cuestión, esto no implica el desconocimiento de las vías ordinarias de resolución, así como el agotamiento de los elementos procesales respectivos, El reconocimiento de estos actos de autoridad dependerá del planteamiento realizado por el quejoso y la posibilidad de evaluar por parte de tribunal el acto como lesivo de su esfera de derechos fundamentales. En ningún momento se pretende que el Poder Judicial de la Federación sustituya a las autoridades ordinarias competentes para la resolución de este tipo de conflictos. Hay que tomar en cuenta que en la gran mayoría de los casos este tipo de violaciones requieren la mediación de las autoridades ordinarias, las cuales tienen que valorar inicialmente este tipo de actos. Sin embargo, siempre existirán actos que puedan llegar de manera directa al amparo cuando los particulares estén en una situación de supra-subordinación y sin medios de defensa que le permitan solventar su pretensión. De conformidad con lo anterior, para definir cuándo se está en presencia de autoridad para efectos del juicio de amparo, debe tenerse en cuenta: 1. La existencia de un ente u organismo del Estado, independientemente de su naturaleza formal. 2. Ese ente u organismo emita u omita actos jurídicos derivados de las facultades que les confiera alguna norma jurídica. 3. Con el actuar u omisión se cree, modifique o extinga determinada situación jurídica en forma unilateral y obligatoria. De lo anterior deriva que la definición de autoridad para efectos de juicio de amparo que ofrece el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo sigue esencialmente las notas distintivas que se describen en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, la cual señala: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Sin embargo, la vigente Ley de Amparo en el precepto indicado resulta flexible, pues acepta la posibilidad que los actos de particulares sean considerados de autoridad cuando afecten derechos de las personas, a condición que esas funciones estén determinadas por alguna norma general. Como puede observarse del Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia de Gobernación, de Estudios Legislativos, trascrita con anterioridad, la intención del legislador (interpretación funcional mediante argumentación psicológica) es que los actos de particulares susceptibles de reclamar en amparo no son los estrictamente realizados entre particulares, sino el de su actuar vinculado con el de autoridad, específicamente cuando estén en situación de supra-subordinación, sin medios de defensa que permitan al afectado solventar su pretensión, virtud que la potestad o función de quien emite el acto derive de alguna norma general y abstracta. Así, la finalidad perseguida por el creador de la norma no fue el desconocimiento de las vías ordinarias de resolución, ni el agotamiento de los elementos procesales respectivos, cuando sean actos eminentemente entre particulares en relaciones de coordinación, pues no pretendió sustituir a las autoridades ordinarias competentes para la resolución de este tipo de conflictos. En todo caso, el acto de particular lo debe colocar en plano de supra-subordinación al emanar su actuación de alguna norma general y abstracta que lo obligue realizar el acto, como si se tratara de ente del Estado. En esa medida, los actos de particulares combatibles en amparo son los equivalentes a los de las autoridades, lo que significa que el particular realice actos alejado de su ámbito privado o particular convencional. Conclusión acorde con el significado del vocablo equivalente proporcionado por la ******************** en el ********************, Editorial ********************, vigésima segunda edición, España 2001: Equivalente. (Del lat. aequivalens, -entis). 1. adj. Que equivale a otra cosa. U. t. c. s. 2. adj. Geom. Dicho de una figura o de un sólido: Que tiene igual área o volumen y distinta forma que otro. En ese contexto, el vocablo equivalente consiste en la connotación que una cosa, figura o persona debe tener en igualdad de estimación, valor, potencia, eficacia, área o volumen que otra. Bajo esa perspectiva, el actuar del particular debe revestir las características de unilateral, por actuar de iniciativa propia; ser imperativo, debido a que constriñe al particular a un hacer u omisión que se le exige inexcusablemente; coercitivo, esto es, que a través de la infraestructura del Estado se someta obligatoriamente la voluntad del particular a través de medios represivos o inhibitorios para que se cumpla la decisión. En vía de consecuencia, el acto de autoridad al que en su caso debe ser equivalente el acto del particular debe ser manifestación unilateral, externa y definitiva de voluntad que exprese decisión de carácter imperativo y coercitivo como órgano autoritario del Estado, que puede producir afectación a los intereses jurídicos de los gobernados. Por tanto, los actos de particulares no pueden someterse a análisis constitucional cuando actúen en el ámbito y ejercicio de su esfera de derecho privado o en cumplimiento de un convenio particular, aun cuando se pretenda indicar que ese pacto encuentra sustento en alguna norma general, pues todo actuar que pudiera derivar de plano de igualdad con otros particulares no tiene sustento constitucional ni legal para su impugnación mediante el juicio de garantías. De acuerdo con lo antes razonado, para efectos del juicio de amparo el actuar del particular ha de colocarse en plano semejante respecto al de autoridades coercitivas y que realice actos unilaterales e imperativos, por lo que la realización de actos en plano de igualdad con otros particulares, que no impliquen supra subordinación, no constituye causa para tenerles con carácter de autoridades responsables. En conclusión, el actuar del particular debe estar determinada en alguna ley que le imponga tal obligación, esto es, que no sea potestativo sino imperativo su accionar. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, de la Ley de Amparo, pues no se está ante actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, como enseguida se explica: De la demanda de amparo la quejosa sostiene que es trabajadora activa del Gobierno del Estado de Sinaloa; lo que se corrobora con el informe de autoridad, en el que se indicó que aquélla es trabajadora activa de ese organismo, cuyo salario quincenal tiene deducciones para el pago de préstamos solicitados por la propia amparista. La peticionaria de tutela constitucional sostiene que los descuentos de su sueldo se realizan en forma quincenal por el pago de créditos los que, asegura, desconoce; alega que no fue notificada ni tuvo oportuno conocimiento de los procedimientos de descuento. La autoridad responsable indico que la quejosa solicitó préstamos ante terceros no institucionales, para acreditarlo allegó cartas de instrucción, mandatos y orden de descuento, en los cuales autorizó a sus mutuantes para que se le realicen descuentos a sus ingresos que recibe como empleada al servicio del Estado (fojas 46 vuelta, 49 vuelta, 52 vuelta, 56, 59, 62, 64 vuelta, 65 y 67). Con esas constancias, mediante auto de nueve de diciembre de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito ordenó dar vista a la quejosa, lo que le fue notificado el trece de ese mes y año (foja 69). Sin que la parte quejosa realizara manifestación alguna al respecto. De lo anterior deriva que el ente en calidad de patrón equiparado realiza los descuentos cuestionados, esto es, se da en el plano de coordinación entre empleador y empleado, inmerso en la relación laboral, derivado de los préstamos otorgados a la quejosa; esto, en la medida que se trata de actos efectuados que afectan el salario de la ahora amparista como trabajadora activa de la citada dependencia, realizados por su empleador equiparado. Luego, cabe destacar que en términos de los artículos 1, 2, 3, 6 y 7 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, la relación jurídica entre aquélla y los servidores públicos que en ella trabajan es de naturaleza laboral; por tanto, se trata de patrón equiparado. Por su parte, el numeral 113 de esa legislación determina que corresponde al Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje el conocimiento y resolución de los conflictos que se susciten entre las entidades públicas y sus trabajadores, derivados de las relaciones de trabajo o de hechos íntimamente vinculados con ellas. Interesa que el precepto 46 de la citada codificación prevé los supuestos en que podrán hacerse descuentos al salario de los trabajadores de los entes de gobierno, entre las que destaca la prevista en la fracción IX, consistente en descuentos por obligaciones aceptadas libremente por el trabajador con motivo de préstamos o créditos otorgados por el Sindicato y con base al convenio que al efecto celebre. Bajo esas condiciones, en el caso los descuentos reclamados se dan por la relación laboral por préstamos concedidos, esto es, en plano de coordinación, no se supra a subordinación, tan es así que los preceptos antes analizados prevén que los conflictos se ventilarán ante el indicado tribunal; por lo que las controversias por descuentos es la vía ordinaria la adecuada para resolverlos, lo que pone de manifiesto que, en ese aspecto, se dan en la relación patrón equiparado-trabajador. Este Órgano de Control Constitucional no desatiende que el derecho a percibir el salario es irrenunciable por disposición de los numerales 4, fracción V, y 40 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa; por tanto, también es imprescriptible. Empero, en todo caso, la afectación al salario está inmerso en la relación entre trabajador y empleados, en ese plano de coordinación; sin que tampoco implique renuncia a percibir el salario, en la medida que es destinado para el pago de los préstamos voluntariamente aceptados, por lo que de esa manera lo recibe. En las condiciones anotadas, no se está ante actos de autoridad para efectos del juicio de amparo; de ahí la actualización de la causa de improcedencia en estudio. Incluso, también se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa consintió expresamente los actos reclamados. Ese numeral prevé la improcedencia del juicio de amparo contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Como fue indicado con anterioridad, la ahora quejosa solicitó y expresó su consentimiento para que el patrón retuviera de sus percepciones en nómina los importes y en la frecuencia de pago señalados en los documentos respectivos, virtud de los préstamos obtenidos. En ese contexto, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, toda vez que la parte quejosa se conformó con los descuentos a su salario, al derivar de los contratos de préstamo; de ahí su consentimiento. En las condiciones anotadas, ante la configuración de las causas de improcedencia señaladas, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procedente sobreseer en el juicio constitucional. Este Órgano de Control Constitucional no desatiende que el derecho a percibir sueldo es irrenunciable e imprescriptible. Empero, en el caso no se está ante alguno de los supuestos de renuncia o pérdida del derecho a percibir el salario, sino solo que ante el consentimiento expreso al ser la quejosa quien dio instrucción para su realización. Incluso, tan percibe el sueldo que es destinado al pago de los créditos contratados por la amparista, lo que refleja positivamente su peculio al pagar su deuda. Sin que las causas de improcedencia advertidas inmiscuya cuestiones de fondo de la problemática constitucional planteada, pues no se aborda la legalidad de las instrucciones dadas por la quejosa para la realización de los descuentos cuestionados; aspectos que, además, no son controvertidos por la peticionaria de tutela constitucional. Aunado a que las instrucciones dadas por la quejosa constituyen declaración unilateral de voluntad, luego basta que sea la propia peticionaria de tutela constitucional quien deje sin efectos esas instrucciones a fin que cesen los descuentos, sin necesidad de acudir a esta instancia constitucional. Sin que pase inadvertido que probablemente los créditos contratados por la aquí quejosa, por la fecha de su contratación y por la frecuencia de los descuentos, probablemente a la fecha pudieran estar saldados; sin embargo, dicha circunstancia resulta intrascendente pues, a fin de cuentas, dichos descuentos, como ya se dijo, no son actos de autoridad, además que fueron consentidos por la parte quejosa. En las condiciones anotadas, ante la configuración de las causas de improcedencia señaladas, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la citada ley, procedente sobreseer en el juicio constitucional. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, a veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. Del estado que guardan los autos se advierte que está programada en este juicio la audiencia constitucional para este día. No obstante, se desprende que el nueve de diciembre del año en curso se agregó el informe justificado rendido por el Procurador Fiscal del Estado, en representación del Secretario de Administración y Finanzas, y del Director de Recursos Humanos, ambos del Gobierno del Estado de Sinaloa, por lo que trascurre el plazo de ocho días para que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de preparar la defensa de sus intereses. Por tanto, para dar tiempo a lo anterior, con sustento en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTIDÓS MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE ENERO DEL DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Finalmente, del sumario se desprende que que la parte quejosa no amplió la demanda de amparo como se le indicó era su derecho en acuerdo de veinticuatro de noviembre del año en curso, el cual se le notificó el veintiocho siguiente (foja 28). En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el mencionado acuerdo y se prosigue la substanciación del presente juicio en la forma inicialmente planteada. Notifíquese.
- Incidental
Culiacán, Sinaloa, a veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito signado por ********************, parte quejosa, mediante el cual exhibe billete de depósito ******************** expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, por la cantidad de mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos con cincuenta y cinco centavos, con el cual garantiza la suspensión definitiva otorgada. Atento a lo anterior, notifíquese a las autoridades señaladas como responsables en el presente asunto, para su debido conocimiento y efectos legales conducentes, en la inteligencia que a partir de esta fecha se reanudan los efectos de la medida cautelar decretada el dos de los actuales. Se reitera a las responsables, que en caso de haber sido ejecutados los actos reclamados, no se deberán dejar sin efecto, pues de hacerlo equivaldría a darle a la medida cautelar otorgada efectos restitutorios que son propios de la sentencia que se pronuncia en el fondo del juicio de amparo respectivo. Hágase entrega del billete de depósito exhibido al Secretario encargado de la caja de valores de este juzgado, para su guarda y custodia; de igual forma glósese la constancia de entrega del mismo. Notifíquese.
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