Libia Patricia Raygoza Medina
Expediente 1233/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1233/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Libia Patricia Raygoza Medina
Actuaciones
- Principal
Culiacán, Sinaloa, diez de diciembre de dos mil veintiuno. Con base en la certificación de cuenta y dado que las partes no recurrieron el auto en que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el citado proveído HA CAUSADO ESTADO. En el entendido que hasta en tanto se encuentren debidamente notificadas las partes del presente acuerdo, se remitirá físicamente al archivo definitivo el juicio en que se actúa. Al no existir actuación por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción. En el entendido que este expediente no es de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos indicados en el citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Con vista a las partes, agréguese a los autos la comunicación del Delegado del Director y Coordinador de Sistemas e Informática de los Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, mediante la cual remite diversas constancias que fueron requeridas por este Juzgado y proporciona domicilio de las empresas terceras interesadas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas documentales las constancias allegadas con las comunicaciones de cuenta, con las mismas dese vista de manera personal a la parte quejosa para que manifieste lo que a su interés convenga. Considerando que la autoridad proporciona los domicilios de las empresas siguientes: EDICIONES TRATADOS Y EQUIPOS, S.A. DE CV. ETESA, situado en avenida Álvaro Obregón 1106 Sur, interior 1, Col. Guadalupe, Edificio María Fernanda de esta ciudad EDILAR SA DE CV BIBLIOTECA EDILAR el ubicado en avenida Juárez 97, altos 604, Centro, Cuauhtémoc, en Ciudad de México FINCOMUN SERVICIOS FINANCIEROS COMUNITARIOS S.A. DE C.V., SFP FINCOMUN, sito en avenida Coyoacán 1843, colonia del Valle, Delegación Benito Juárez en Ciudad de México PUBLISEG SAPI DE CV SOFOM ENR CREDIFIEL, el señalado en Insurgentes Sur 664, piso 3, colonia del Valle, delegación Benito Juárez en Ciudad de México. PRESTACIONES FINMART SAPI DE CV SOFOM ENR CREDIAMIGO, fijado en Avenida Antonio Dovalí Jaime N° 70 Torre C Piso 7, colonia Zedec Santa Fe, CP. 01210 Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México VIVALIA S.A. DE CV. SOFOM ENR VIVALIA, fijado en Dr. José Eleuterio González 460 sur, piso 3, interior 37, colonia San Jerónimo, en Monterrey, Nuevo León. TOTAL CREDIT SAPI DE CV (AETERNAM, S.A.P.I.) TOTAL CREDIT, ubicado en avenida Humberto Junco Voigt 2307, Torres Martel 1, Piso 3, despacho 301-28, colonia Valle Oriente, San Pedro Garza García, Nuevo León. En tal virtud, proceda el Actuario adscrito a emplazar a juicio a la tercera interesada EDICIONES TRATADOS Y EQUIPOS, S.A. DE CV. ETESA, por conducto de quien legalmente la represente, en el domicilio ubicado avenida Álvaro Obregón 1106 Sur, interior 1, Col. Guadalupe, Edificio María Fernanda de esta ciudad, debiéndole correr traslado con copia simple de la demanda de amparo y del auto admisorio. Respecto de los terceros interesados con domicilio fuera de la jurisdicción de este Juzgado, con fundamento el artículo 27, fracción ll de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia por remisión expresa de su numeral 2, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México y Juez de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en turno en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, a efecto de que comisionen a quien corresponda emplacen a juicio a los terceros interesados en mención en los domicilios ubicados en su respectiva jurisdicción precisados en líneas precedentes, debiéndole correr traslado con copia de la demanda de amparo, auto admisorio y del presente acuerdo, que para el efecto se acompañe. Con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, deberá requerirlas para que dentro del plazo de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de emplazamiento señalen domicilio procesal en esta ciudad, por conducto de su representante legal, quien deberá acompañar documento en el cual se acredite la personalidad correspondiente. O, en su caso, dentro del mismo plazo proporcionen usuario del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y de manera expresa solicite la recepción de notificaciones vía electrónica para autorizarlas y habilitar la consulta del expediente electrónico. Deberá apercibirla que de omitir proporcionar usuario o no señalar domicilio procesal en esta ciudad, dentro del plazo establecido, las notificaciones de carácter personal se verificaran por medio de lista. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el tercer párrafo del numeral 21 de la legislación en consulta, con el fin de dar celeridad al asunto y no contravenir lo señalado en el arábigo 17 constitucional, este órgano jurisdiccional habilita los días y horas inhábiles que sean necesarios, a efecto de que el Juez exhortado practique la diligencias encomendadas. Se solicita al juez que conozca de las comunicaciones oficiales que derive del presente asunto que, en caso de omitir por nuestra parte el envío de alguno de los traslados citados, los datos se haya asentado de forma errónea, sean insuficientes para su diligenciación o carezca de cualquier otro requisito, lo haga del conocimiento de este órgano jurisdiccional para que de manera inmediata se subsane por personal de este órgano jurisdiccional y sea posible llevar a cabo la diligencia encomendada, a fin de evitar la comunicación sea devuelta sin diligenciar por la falta de algún requisito de forma. Para lo anterior se pone a su disposición los números telefónicos: 667-846-57-00, extensiones 2101, 2106 y 2102, dentro del horario de las nueve a las catorce horas treinta minutos, hora estándar del pacífico de México -una hora menos de la Ciudad de México-, de lunes a viernes, y el diverso 667-142-41-27, en el cual será atendido por el secretario de guardia. De igual forma, para el caso de que los órganos jurisdiccionales exhortados se encuentren con suspensión de labores con motivo de la contingencia decretada por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, y consideren que el desahogo de la presente comunicación no se encuentre dentro de los supuestos urentes, se pide de manera comedida, no haga la devolución del mismo por esa razón; pues a consideración de este órgano constitucional, podrá realizar la diligencia correspondiente una vez se levante la suspensión de actividades decretada. Peticiones que se formulan a fin de evitar devolución de comunicaciones oficiales por cuestiones que puedan ser subsanadas de manera pronta, debido a las herramientas tecnológicas con las cuales cuentan los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, y así evitar mayor gasto en los recursos materiales y humanos de los órganos implicados en su diligenciación, en pleno apego a las medidas de austeridad implementadas por el Consejo de la Judicatura Federal; de igual forma, se busca agilizar la integración del expediente en el cual se actúa, en aras de una justicia pronta y expedita acorde a lo previsto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, se ordena remitir los exhortos a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y se solicita a la autoridad que corresponda, que de no tener inconveniente, por la misma vía remita el resultado de la diligencia encomendada. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y emplácese a los terceros interesados.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b)de la Ley de amparo se notifica por lista de estrados a la parte quejosa. Culiacán, Sinaloa, cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Con vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, agréguense los informes justificados rendidos por el Presidente e integrantes de Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, en el que señala no son ciertos los actos reclamados; asimismo, remiten copia certificada del laudo de doce de octubre del año, en curso dictado en autos del expediente 11-249/2013. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba documental la que se remite con el referido informe; la cual por ser pública en términos de lo dispuesto por el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto por su numeral 2, merece eficacia demostrativa plena, según lo dispuesto por los ordinales 197 y 202 del primero de los ordenamientos legales citados. Ahora, en el caso concreto la parte quejosa señala como actos reclamados: A).- La omisión por la Junta responsable, en perjuicio de la parte obrera de tomar las medidas necesarias para lograr una mayor economía, concentración y sencillez del juicio laboral que ante ella se promovió bajo expediente OPDL 11-249/2013; pues contrario a ello paralizó totalmente y sin justa causa desde el 08 de Noviembre del 2020, NO SE HA DICTADO EL LAUDO RESPECTIVO POR CAUSAS QUE NO SON IMPUTABLES A LA SUSCRITA, no obstante de no existir prueba alguna que desahogar, estar cerrada la instrucción y haberse tenido a las partes el derecho para formular alegatos; violándose con lo anterior mis derechos humanos de justicia pronta y expedita, de seguridad jurídica y legalidad, salvaguardados por los artículos: 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; además de transgredirse los citados numerales de la indicada Ley laboral, al verse por lo dicho con antelación y sin causa que lo justifique, paralizado el procedimiento relativo al conflicto que nos ocupa, donde solo falta el dictado del laudo; y al Presidente responsable le reclamo su omisión de proveer lo que legalmente corresponda a efecto que el referido procedimiento tramitado ante la Junta que preside, no quede inactivo, e incluso la falta de requerimiento de la promoción, en caso de que sea necesaria, para evitar esta situación; actos reclamados que son violatorios de mis derechos fundamentales de acceso a la justicia y de petición; así como lo prevenido en los numerales: 685, 885, 886, 887, 888, 889 y 890 de la Ley Federal del Trabajo, en perjuicio evidente de la hoy quejosa, vigente desde el 01 de diciembre de 2012. B).- Ahora bien, la autoridad responsable el C. PRESIDENTE DE LA H. JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO, con residencia en esta ciudad de Culiacán, no ha cumplido con dicho precepto legal, al no cuidar los principios básicos del procedimiento, como lo es el cumplimiento de los términos que establecen los artículos 685, 686, 741, 742, 743, 750, 771, 772, 873, 880, 883, 884, 885, 886, 887, 888,889, 890 y demás relativos de la Ley Laboral vigente, y está faltando a su obligación como autoridad de acuerdo a lo que refiere el artículo 771 de la Ley Federal del Trabajo, además de transgredir y violar una garantía constitucional consagrada en el artículo 17de la Constitución General de la República. C).- Asimismo, SE RECLAMAN TODAS Y CADA UNA DE LAS OMISIONES O DILACIONES SUBSECUENTES QUE SE GENEREN DURANTE EL TRAMITE DEL JUICIO LABORAL, en el que independientemente se fijen diligencias o audiencias sin cumplir los plazos y términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, hasta la conclusión o resolución definitiva, para todos los efectos legales. Por su parte, la autoridad oficiante remitió copia certificada del laudo de doce de octubre del año en curso dictado en autos del expediente 11-249/2013. Por tanto, respecto del acto reclamado marcado con el inciso a), se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues cesaron los efectos del acto reclamado. Apoyo lo anterior, la Jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, cuyo texto literal es: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Derivado de lo anterior, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en relación a la autoridad señalada como responsable, en términos del artículo 61, fracción XXI, en concordancia con el numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Por lo que respecta a los diversos actos reclamados consistentes en las dilaciones subsecuentes atribuido a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y la omisión del Presidente de esa Junta de Cuidar los plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 77, fracción ll, ambos de la Ley de Amparo. De la interpretación gramatical mediante argumentación en sentido contrario de ambos preceptos se puede advertir que cuando la sentencia concesoria de amparo no pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, a fin de restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, entonces debe considerarse que el juicio de garantías es improcedente, pues el juicio de amparo debe tener siempre finalidad práctica y no ser medio para realizar actividad meramente especulativa. Es ilustrativa la Jurisprudencia P./J. 90/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Diciembre de 1997, página nueve, registro 197245 cuyo rubro es: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. El motivo de improcedencia antes destacado se actualiza en el caso concreto en consideración lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. CV/2013, en la que abandonó su propio criterio emitido en la jurisprudencia 2a. 45/2007 y determinó que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional cuando se declara la omisión y dilación en el trámite de un juicio laboral, deben delimitarse en función de la acto reclamado y de acuerdo a la etapa procedimental en la que se sitúa el acto dentro del procedimiento laboral. Esa tesis está publicada en la página 732, libro 1, diciembre de dos mil trece, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 2005150, de rubro: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Por tanto, los efectos restitutorios de la eventual sentencia concesoria del amparo, en términos del artículo 77, fracción ll, de la ley de la materia, serían obligar a la responsable a que, por un lado, realice las actuaciones correspondientes posteriores a fin de concluir el procedimiento en el juicio natural. Empero, toda vez que, conforme lo establece la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. CV/2013, los alcances por los que se llegara a otorgar la protección constitucional deben delimitarse en función de determinado acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, y no a las etapas subsecuentes del mismo; por lo cual no sería posible obligar a las responsables, de forma genérica, que lleven a cabo actuaciones correspondientes posteriores a fin de concluir el procedimiento en el juicio natural. En ese contexto, las consideraciones antes apuntadas evidencian la actualización de imposibilidad material y jurídica de cristalizar los efectos restitutorios del juicio de amparo, toda vez que a la responsable no se le puede vincular de manera genérica a que prosiga con la substanciación de juicio laboral, según lo expuesto en línea precedentes; por tanto, se estima actualizada la causal de improcedencia antes apuntada. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIlI y 77, fracción ll, de la Ley de Amparo, con apoyo en el precepto 63, fracción V, del citado ordenamiento, procede a sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo por cuanto hace a los referidos actos reclamados. Sin que sea obstáculo para decretar el sobreseimiento, el que sea fuera de la audiencia constitucional, pues son claras y evidentes las actualizaciones de las causales de improcedencia que conducen al resultado apuntado, que aun esperando a celebrar ésta, la conclusión sería la misma, por lo que atendiendo al principio de celeridad procesal previsto por el artículo 17 Constitucional, carece de objeto esperar la audiencia para resolver en el mismo sentido lo que desde ahora es factible. Atento a lo anterior, se deja sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional para las diez horas tres minutos de ocho de noviembre del año en curso. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, once de octubre de dos mil veintiuno. Del estado que guardan los autos se advierte que está programada en este juicio la audiencia constitucional para este día. No obstante lo anterior, del sumario se desprende que en proveído de trece de septiembre del presente año, se requirió a la quejosa para que proporcionara nuevo domicilio a efecto de emplazar a la tercero interesada Préstamo Feliz (Prestamos Felices en 15 Minutos, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple), sin que lo haya realizado; por lo tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en ese proveído y se iniciará el procedimiento de búsqueda previsto en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo en vigor, se ordena dar inicio al procedimiento de búsqueda respectiva, por tanto gírense oficios a las dependencias Instituto Mexicano del Seguro Social; Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; Teléfonos de México, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable; CFE Suministrador de Servicios Básicos de la Comisión Federal de Electricidad; Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán; Director de Recaudación de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado; Administración Local de Recaudación, Número Uno, del Servicio de Administración Tributaria (SAT); todas con residencia en esta ciudad, para que, en el plazo de tres días, informen si en sus registros aparece el domicilio de la tercera interesada antes mencionada y, en su caso, proporcionen el mismo. Apercibidas que de no dar cumplimiento a lo anterior, a la omisa, se le hará efectivo como medio de apremio multa Por tanto, para dar tiempo a lo anterior, con sustento en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y se fijan las DIEZ HORAS CON DOCE MINUTOS DEL DIEZ DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, para su celebración. Notifíquese.
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