Lidia Lagunes Acosta

Expediente 1182/2014 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 7 actuaciones registradas, la última del 4 de febrero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1182/2014
Año
2014
Actuaciones
7
Última actuación
04/02/2016

Partes del expediente

  • Lidia Lagunes Acosta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    ... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintinueve de enero de dos mil dieciséis. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos y tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, además que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril del año dos mil trece, no podrá archivarse ningún juicio concedido sin que se haya cumplido, este Juzgado Federal procede a su análisis. Como apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, visible en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Ahora, de autos se advierte que por sentencia terminada de engrosar el cinco de diciembre de dos mil catorce (fojas 135 a 182), el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, residente en Acapulco, Guerrero, en auxilio de este órgano jurisdiccional, sobreseyó en parte, y en otra concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitada por Lidia Lagunes Acosta, en los siguientes términos: ".se precisa que la concesión del amparo es para el efecto de que el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz: a) Únicamente respecto a la citada parte quejosa, no aplique en lo presente y futuro las disposiciones declaradas inconstitucionales, hasta en tanto no sean abrogadas o reformadas; b) En relación a los artículos 3º, fracción XIV y quinto transitorio de la ley impugnada, la concesión del amparo implica que la cuantía de las pensiones que eventualmente se concedan a la parte quejosa por parte del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, se calcule considerando el promedio del sueldo de cotización percibido en el último año anterior a la fecha de baja (sueldo regulador); y c) Por cuanto hace a los artículos 19 y tercero transitorio, implica que, en el eventual supuesto de que se otorgue a la parte quejosa una pensión por JUBILACIÓN, VEJEZ Y PENSIÓN ANTICIPADA, no se deberá restar o retener monto alguno que deba destinarse a la reserva técnica que dirige. Inconforme con el fallo constitucional emitido, mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado el veintinueve de diciembre de dos mil catorce, el Director General y Presidente del Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado, con sede en esta ciudad, interpuso recurso de revisión (fojas 241 a 269), el cual se tramitó por auto de treinta de diciembre siguiente (fojas 276 y 277), y mediante proveído de quince de enero de dos mil quince, se remitieron los autos originales del juicio en que se actúa a la superioridad para la substanciación del medio defensivo hecho valer (foja 289). Mediante oficio 10174/2015-A, la Secretaria de Acuerdos adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada del testimonio de la resolución dictada en el Amparo en Revisión de Trabajo número 43/2015 de su índice (fojas 419 a 469), de la que se desprende que la superioridad resolvió: "PRIMERO. En la materia de la revisión se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Lidia Lagunes Acosta, contra el acto que reclama del Gobernador, Congreso e Instituto de Pensiones, todos del Estado de Veracruz, por los motivos y para los efectos precisados en los puntos considerativos noveno y décimo de la sentencia recurrida. TERCERO. Se desecha por improcedente el recurso de revisión adhesiva interpuesto por el Director General y Presidente del Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución." Por auto de veintinueve de diciembre de dos mil quince, se recibió el testimonio de la superioridad y, en términos de la ejecutoria de mérito, se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable Director del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, para que en el improrrogable término de tres días, contado a partir de que le fuera notificado tal acuerdo, justificara el cumplimiento de la sentencia protectora (fojas 471 y 472). Mediante oficio número SJ/055/2016 el Director General del Instituto señalado como responsable, informó y remitió las constancias relativas al cumplimiento del fallo protector (fojas 484 a 488); por lo anterior, mediante acuerdo de catorce de enero de la presente anualidad, quedaron los autos a la vista de la parte quejosa por el término de tres días a fin de que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con el mismo (fojas 489 y 490), quien fue debidamente notificada (fojas 491 y 492) y dentro de dicho lapso no desahogó la vista de mérito. Ahora, debe precisarse que el amparo concedido a Lidia Lagunes Acosta, fue para el efecto de que la autoridad responsable encargada de operar la Ley número 287 de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, prescindiera de la aplicación presente y futura a la quejosa de los artículos 3, fracción XIV, 19, tercero y quinto transitorios de la citada ley y, en consecuencia, que al momento de calcular la cuantía de la pensión que eventualmente le sea concedida, se considere el promedio del sueldo de cotización percibido en el año anterior a la fecha de baja (sueldo regulador), así como que en el caso de que le sea otorgada una pensión por jubilación, vejez y pensión anticipada, no se le realicen los descuentos por aportaciones a la reserva técnica del citado Instituto de Pensiones. Sobre el particular, el Director General del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad -autoridad encargada de operar la Ley número 287 de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave-, en el oficio SJ/055/2016 de doce de enero pasado, expuso su imposibilidad para dar cumplimiento a la sentencia amparadora, por cuanto hace a los artículos 19 y tercero transitorio de la citada ley; en razón de que la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en cumplimiento a lo decidido por el Más Alto Tribunal de este país, al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 101/2014, promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en contra de diversos artículos de la multicitada Ley 287,-en la parte que interesa-, derogó los preceptos 19 y tercero transitorio, lo que se desprende de las manifestaciones que hizo la autoridad oficiante, así como de la publicación de doce de noviembre de dos mil quince, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, Número Extraordinario 452, en la que aparece el Decreto número 598, que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que respecto de dichos artículos, tal como lo sostiene la autoridad responsable, lo procedente es declarar sin materia el cumplimiento del fallo protector emitido en este juicio, pues a la fecha ya no es jurídicamente posible cumplirlo al haberse eliminado, del texto vigente aquellas disposiciones que incidían en la esfera jurídica de la quejosa. Por otra parte, tocante a los artículos 3o, fracción XIV, y quinto transitorio de la multicitada Ley de Pensiones, hecho un análisis a las constancias mediante las cuales el Director General del Instituto señalado como responsable, informó el cumplimiento a la sentencia amparadora, se desprende que giró las instrucciones correspondientes, mediante Memorándum número SJ/056/2016 dirigido a la Subdirectora de Prestaciones Institucionales de dicha dependencia, a fin que tomara las medidas necesarias y se abstuviera de la aplicación presente y futura a la quejosa de tales artículos, particularmente al indicar: "a).En relación a los artículos 3°, fracción XIV y quinto transitorio de la ley impugnada, la concesión del amparo implica que la cuantía de las pensiones que eventualmente se concedan a la parte quejosa por parte del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, se calcule considerando el promedio del sueldo de cotización percibido en el último año anterior a la fecha de baja en lugar del sueldo regulador."; es más, se advierte instruyó para que en el expediente personal de la quejosa se insertara copia del Memorándum de que se trata. En esas condiciones, se colige que la autoridad responsable encargada del cumplimiento, acató en sus términos la sentencia; por lo que procede declarar que ha sido cumplida, toda vez que los efectos del amparo quedaron satisfechos, ya que en términos del artículo 77 de la Nueva Ley de Amparo, se restituyó a Lidia Lagunes Acosta el goce de los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vulnerados; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214 del mismo cuerpo normativo, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. Gírense oficio a la responsable que estuvo encargada de cumplir la ejecutoria de amparo, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se decreta que este expediente junto con el original del incidente de suspensión carecen de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que en este asunto por una parte se sobreseyó y en otra se concedió la protección federal, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de depuración y por cuanto al original del incidente de suspensión toda vez que se concedió la suspensión provisional y la definitiva, en atención a lo ordenado en el párrafo segundo, de la fracción III, del punto y normativa invocada, así como del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, procede su depuración, haciendo conservable únicamente el acuerdo en el que se decretó la citada suspensión, así como la resolución interlocutoria correspondiente. Así las cosas, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el expediente principal y el original del incidente de suspensión a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en ejercicio de sus funciones, proceda a la destrucción o depuración, según corresponda, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha. Por otra parte, respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agréguesele copia autógrafa del presente acuerdo y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, devuélvanse a la quejosa Lidia Lagunes Acosta, los documentos que exhibió en este juicio, mismos que obran agregados en autos, por lo que hágase entrega de éstos a la parte quejosa, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos para debida constancia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable encargada del cumplimiento...

  2. Principal

    ... Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable encargada del cumplimiento...

  3. Principal

    ... Notifíquese y personalmente a la parte quejosa...

  4. Principal

    ... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE CATORCE DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ...Xalapa de Enríquez, Veracruz, a catorce de enero de dos mil dieciséis. Visto: téngase por recibido el oficio signado por el Director General del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al fallo protector, remite las constancias relativas al mismo. Ahora, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción I, inciso c) y 196, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con las constancias relativas al cumplimiento de la sentencia dictada en este asunto, para que en el acto de la diligencia, o bien, en el término de tres días, contado a partir de que le sea notificado el presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga. Lo anterior, en el entendido que aun cuando la parte quejosa no desahogue dicho requerimiento, esta autoridad federal se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio con base en las constancias que obran en autos. Se cita como apoyo a lo anterior por sus consideraciones, la tesis 1ª. XC/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 358, Tomo XIV, Octubre de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. LA NOTIFICACIÓN DEL AUTO EN EL QUE SE LE DA VISTA AL QUEJOSO CON EL INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE RESPECTO DE TAL ACATAMIENTO, DEBE HACERSE EN FORMA PERSONAL. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, en relación con el sistema sobre el cumplimiento de las sentencias protectoras, que es obligación de los juzgadores de amparo el dictar un acuerdo en el que se dé vista al quejoso con el informe de la autoridad responsable, respecto del referido acatamiento, con el apercibimiento de que de no hacer manifestación alguna dentro de un determinado plazo, se resolverá si se dio o no el cumplimiento al fallo protector, con apoyo en el citado informe y con los demás elementos con los que cuenten. Ahora bien, la notificación que se realice a la parte quejosa, del informe que rinden las autoridades responsables para justificar el cumplimiento de la sentencia protectora y de las constancias que adjuntan al informe, debe hacérsele en forma personal, pues, por un lado, el mencionado auto trae aparejado un apercibimiento o prevención y, por otro, porque dicha notificación permite que el quejoso haga valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, y de no hacerlo así se le dejaría en estado de indefensión". Sin que pase inadvertido el hecho que la tesis a que se hace mención, aun cuando se refiere a la interpretación de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril del año dos mil trece, sigue cobrando vigencia ya que sobre el tema que se analiza en particular, el ordenamiento que regula el juicio de garantías no sufrió modificación que provoque la pérdida de la misma, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que fuera expedida la Nueva Ley de Amparo. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Arnulfo Moreno Flores, Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la licenciada Zoila Flor Juárez San Martín, Secretaria que autoriza y da fe. Xalapa de Enríquez, Veracruz, a catorce de enero de dos mil dieciséis. Visto: téngase por recibido el oficio signado por el Director General del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al fallo protector, remite las constancias relativas al mismo. Ahora, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción I, inciso c) y 196, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con las constancias relativas al cumplimiento de la sentencia dictada en este asunto, para que en el acto de la diligencia, o bien, en el término de tres días, contado a partir de que le sea notificado el presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga. Lo anterior, en el entendido que aun cuando la parte quejosa no desahogue dicho requerimiento, esta autoridad federal se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio con base en las constancias que obran en autos. Se cita como apoyo a lo anterior por sus consideraciones, la tesis 1ª. XC/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 358, Tomo XIV, Octubre de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. LA NOTIFICACIÓN DEL AUTO EN EL QUE SE LE DA VISTA AL QUEJOSO CON EL INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE RESPECTO DE TAL ACATAMIENTO, DEBE HACERSE EN FORMA PERSONAL. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, en relación con el sistema sobre el cumplimiento de las sentencias protectoras, que es obligación de los juzgadores de amparo el dictar un acuerdo en el que se dé vista al quejoso con el informe de la autoridad responsable, respecto del referido acatamiento, con el apercibimiento de que de no hacer manifestación alguna dentro de un determinado plazo, se resolverá si se dio o no el cumplimiento al fallo protector, con apoyo en el citado informe y con los demás elementos con los que cuenten. Ahora bien, la notificación que se realice a la parte quejosa, del informe que rinden las autoridades responsables para justificar el cumplimiento de la sentencia protectora y de las constancias que adjuntan al informe, debe hacérsele en forma personal, pues, por un lado, el mencionado auto trae aparejado un apercibimiento o prevención y, por otro, porque dicha notificación permite que el quejoso haga valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, y de no hacerlo así se le dejaría en estado de indefensión". Sin que pase inadvertido el hecho que la tesis a que se hace mención, aun cuando se refiere a la interpretación de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril del año dos mil trece, sigue cobrando vigencia ya que sobre el tema que se analiza en particular, el ordenamiento que regula el juicio de garantías no sufrió modificación que provoque la pérdida de la misma, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que fuera expedida la Nueva Ley de Amparo. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Arnulfo Moreno Flores, Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la licenciada Zoila Flor Juárez San Martín, Secretaria que autoriza y da fe.

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