Lidia Fernández Landero

Expediente 572/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2015.

Datos del expediente

Expediente
572/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
29/04/2015

Partes del expediente

  • Lidia Fernández Landero

Actuaciones

  1. Principal

    .. se desechó la demanda de garantías a que este juicio se refiere; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el referido auto. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de la materia, archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido...

  2. Principal

    ... Xalapa de Enríquez, Veracruz, veinte de abril de dos mil quince. Vista; la demanda de amparo promovida por Lidia Fernández Landero, Ofelia González Fernández y Yanely González Fernández, por propio derecho, contra actos de la Juez Segundo de lo Civil de Primera Instancia, con sede en Misantla, Veracruz, y otras autoridades, por violación a los artículos 14, 16, 18, 19, 20 y 21 Constitucionales. Fórmese juicio y regístrese el escrito de demanda en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 572/2015. Ahora bien, el artículo 113 de la Nueva Ley de Amparo, establece que el Juzgado de Distrito, ante todo examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Apoya lo anterior, los lineamientos indicados en la tesis I.3o.C.90 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1910, tomo XXX, Julio de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO." De la lectura íntegra de la demanda de garantías, se advierte que concretamente se señala como acto reclamado: ".A) La ilegal orden de desocupación y entrega del bien inmueble que venimos poseyendo, decretada en nuestra contra por la Autoridad Responsable Ordenadora y tratada de cumplirse o ejecutarse por la Autoridad ejecutora tendiente a desocupar el bien inmueble que venimos poseyendo por más de cuarenta años, misma que de llegarse a su ejecución del acto reclamado de las autoridades señaladas nos privaría de nuestra legítima posesión, además del acto señalado dictado en nuestra contra, también se reclama la omisión de acordar las peticiones de las suscritas correspondientes del procedimiento que se indica más adelante..." De lo anterior, así como de la lectura íntegra de la demanda, se aprecia que en esencia el acto combatido por Lidia Fernández Landero, Ofelia González Fernández y Yanely González Fernández, consiste en el auto de catorce de abril del año en curso, dictado en los autos del juicio 340/2012/1 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Misantla, Veracruz, en el cual se requirió a las quejosas para que en el término de cinco días realizaran la desocupación y entrega física de la fracción del solar número doce de la catorceava manzana del cuarto cuartel de Misantla, Veracruz, y casa de mampostería con superficie de doscientos doce metros cuadrados, ubicada en calle Comonfort, sin número (actualmente 150), entre las calles de Carranza y Ramírez Lavoignet, colonia Centro de Misantla, Veracruz. Ahora, de los antecedentes del acto reclamado, se advierte que el Juicio Ordinario Civil número 340/2012/1 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Misantla, Veracruz, del que deriva el acto reclamado, fue instaurado en contra de la parte quejosa, en el que, como lo manifiestan las propias promoventes se dictó la respectiva sentencia el uno de septiembre de dos mil catorce, condenándolas a la desocupación y entrega del bien inmueble antes descrito, procediéndose a la ejecución de la resolución correspondiente; por lo que debe decirse que dichas manifestaciones constituyen una confesión expresa de su parte y hacen prueba plena de conformidad con el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del artículo 2°, de la Ley de Amparo. Se cita como apoyo a lo anterior, la tesis publicada en la página ochocientos cincuenta y siete, Tomo XII, Diciembre de mil novecientos noventa y tres, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTÍCULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa". En ese orden de ideas, resulta evidente, que en la especie, se hace patente lo previsto en el artículo 113, de la ley de la materia vigente a partir del tres de abril del año dos mil trece, toda vez que se observa un motivo manifiesto e indudable de improcedencia contemplado en los artículos 107, fracción III, de la Constitución Federal y 104, fracción IV, párrafo segundo, del invocado ordenamiento jurídico, relativo a que cuando se trate de violaciones cometidas en el periodo de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en esa misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Para una mejor comprensión del asunto, es conveniente reproducir el contenido textual de los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Carta Magna, los cuales estipulan lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- El amparo se pedirá ante el juez de distrito: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución..". El último precepto trascrito es claro al establecer que en un procedimiento de ejecución de sentencia, sólo será procedente el amparo cuando el acto que se reclame sea la última resolución dictada en el mismo, pudiendo reclamarse en la demanda las demás violaciones cometidas durante ese periodo que hubieran dejado sin defensa al quejoso. Ahora bien, por "última resolución" ha de entenderse la que declara cumplida la ejecutoria, o bien, la que reconoce la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento, que será entonces, impugnable en amparo y no las que la precedan, tendentes a hacer efectiva la sentencia dictada, máxime que su cumplimiento no debe obstaculizarse por ser de interés público. A mayor abundamiento, debe precisarse que para la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de los actos dictados en el periodo de ejecución de sentencia, sólo puede instarse a ella en dos casos, el primero, cuando el peticionario de garantías se ostenta como tercero extraño a juicio, esto es, cuando argumenta que no ha sido oído ni vencido en el asunto por el cual solicita la protección constitucional, o cuando, se trate de la última resolución dictada dentro del referido procedimiento de ejecución de sentencia, lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracciones IV, párrafo segundo, y VI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Carta Magna, por lo tanto, debe actualizarse alguna de estas hipótesis para que pueda procederse a la vía del amparo biinstancial, situación que en el presente asunto, como se dijo con anterioridad no acontece, toda vez que las promoventes fueron parte y han tenido intervención en el expediente civil del que deriva el acto reclamado. Se cita por sus consideraciones al caso, la jurisprudencia P./J. 32/2001, visible en la página treinta y uno, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 27/99, con rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo ejecución de una dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Asimismo, es aplicable al caso en concreto, la Jurisprudencia número 1a./J. 29/2003, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, Tomo XVII, Junio de 2003, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de título y contenido: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías". Así también aplica al caso, la jurisprudencia VII.2o.C. J/29, visible en la página 1672, Tomo XXIX, Febrero de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE RESPECTO DE LA "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, ES DECIR, CONTRA EL ACUERDO CONCLUSIVO EN DICHA ETAPA PROCESAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número P./J. 32/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", estableció que para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia la expresión "última resolución", a que se refiere el párrafo segundo de la fracción III del artículo 114, en relación con el numeral 113, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, debe entenderse como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Con base en tal criterio, se arriba a la conclusión de que si bien es cierto que aun cuando en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, no existe disposición legal específica que prevea la hipótesis de emitir un auto en el que se reconozca el cumplimiento total de la sentencia, o que declare la imposibilidad material o jurídica de ello, también lo es que tal circunstancia no exime a quienes siendo parte formal en el proceso, insten ante el Juez correspondiente a efecto de que emita una resolución en los términos apuntados, si para ello se tiene en cuenta que, en principio, la legislación local no lo prohíbe. De ahí que de conformidad con el criterio citado, los tribunales, entre otros, del orden civil, deben emitir el acuerdo conclusivo de la ejecución para que así la parte interesada pueda promover el juicio de amparo e impugnar en la misma demanda las violaciones procesales cometidas en esa etapa." En ese orden de ideas, quien ahora provee estima que los actos emanados dentro del procedimiento de sección de ejecución, como los que aquí se analizan, son consecuencia inmediata y directa de la sentencia emitida en el juicio de origen, lo que presupone que se han satisfecho las garantías de previa audiencia y legalidad; y si la sociedad está interesada en que se cumplan las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales, por ser una cuestión de orden público; ello explica el porqué el legislador plasmó en el contenido de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, su intención de evitar que se abuse del juicio de garantías, pues condiciona la procedencia de éste, contra violaciones sufridas en la ejecución de sentencia, a la impugnación de la "última resolución", que se dicte en esa fase ejecutiva, la cual ha de entenderse, como ya se dijo, que es aquélla en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total del fallo emitido, que tiene la calidad de cosa juzgada como culminación de un juicio en el que se otorgó al condenado la garantía de audiencia y se cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento, o bien, se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, máxime que como ya se dijo las promovente fueron parte dentro del juicio de origen en el que tuvieron participación. En el caso que ocupa, el suscrito considera que el referido auto en el que se ordena la desocupación y entrega del bien inmueble ya señalado, dentro del expediente civil 340/2012/1 del índice del juzgado señalado como responsable, no constituye el último acuerdo dictado en la sección de ejecución del citado juicio, pues la autoridad del orden común, aún no declara si se cumplió o no con la resolución ahí pronunciada, por lo que no se trata de la "última resolución" dictada en el período de ejecución de la misma. No se inadvierte por este juzgado federal que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó la diversa jurisprudencia por contradicción P./J. 108/2010, publicada en la página seis, del tomo XXXIII, Enero de dos mil once, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Así como tampoco pasa desapercibido el contenido de la tesis II.2o.C.389 C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Enero de 2003, Novena Época, visible a página 1721, cuyo rubro y texto enuncian: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. RESULTA IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DE DICHA FASE PROCESAL Y CARECE DE AFECTACIÓN A DERECHOS SUSTANTIVOS DIVERSOS DE LOS QUE FUERON MATERIA DE LA SENTENCIA QUE SE CUMPLIMENTA. Si el acto combatido en el amparo indirecto consiste en la orden de lanzamiento decretada, incluso con la autorización para utilizar la fuerza pública, y recae exclusivamente sobre el bien inmueble que ya fue objeto de la controversia judicial resuelta en definitiva, pues no excede los límites de la ejecutoria que se manda cumplimentar, el juicio de garantías que promueva quien fue plenamente oído y vencido es improcedente, puesto que tal acto no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia ni con él se afectan derechos de la inconforme que no se hubiesen discutido y decidido en el juicio. Caso distinto es aquel en el que con la orden de desalojo reclamada se pretendiera afectar un bien que no haya sido objeto de la litis ni de condena, pues, entonces, aunque no se trate de la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, el amparo sí resulta procedente porque en ese supuesto puede agraviarse un derecho sustantivo de la quejosa a través de la ejecución de una sentencia que pretendiere alterar un legítimo interés no comprendido en la última." Puesto que no resulta aplicable al caso concreto en razón de que el contenido de tal criterio es claro en el sentido de que el juicio de amparo excepcionalmente será procedente en ejecución de sentencia cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, lo que en el caso no acontece, puesto que del análisis al escrito inicial de demanda, conlleva a determinar que lo reclamado por la parte quejosa es el auto de catorce de abril del año en curso, dictado en los autos del Juicio Ordinario Civil 340/2012/1, de ahí que deba estimarse la improcedencia del juicio en los términos indicados. En las relatadas circunstancias, toda vez que en el caso se actualiza la causal de improcedencia que resulta de relacionar la fracción XXIII, del artículo 61, con el precepto 107, fracción IV, párrafo segundo, contrario sensu, que analizados junto con el diverso artículo 113, todos de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, conducen a concluir que debe desecharse la demanda de garantías con que se dio cuenta, por ser notoria e indudable su improcedencia. De la misma forma, por las consideraciones que la apoyan, se invoca la Jurisprudencia 749, publicada en la página 505, del Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional." Sin que pase inadvertido el hecho que las jurisprudencias a que se hace mención, aun cuando se refieren a la interpretación de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril del año dos mil trece, siguen cobrando vigencia ya que sobre el tema que se analiza en particular, el ordenamiento que regula el juicio de garantías no sufrió modificación que provoque la pérdida de la misma, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que fuera expedida la nueva Ley de Amparo. Finalmente respecto de lo aducido en el acto reclamado relativo a que también señalan la omisión de acordar las peticiones de las promoventes por parte del juez responsable, debe decirse que ello no haría en modo alguno procedente la acción intentada, toda vez que, como quedó establecido en líneas precedentes, el juicio del cual derivarían las mismas, se encuentra en etapa de ejecución de sentencia. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones de su parte, los estrados de este Juzgado, y por autorizado de su parte, con las restricciones que impone el artículo 12 de la ley de la materia, a Carlos Segundo González y Pérez, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado que para tal efecto lleva esta juzgado, ni tampoco acreditó contar con ella. Notifíquese por lista de acuerdos a las promoventes por así haberlo solicitado en su escrito de demanda. Así lo proveyó y firma, el licenciado Arnulfo Moreno Flores, Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la licenciada Odín Edgardo Bonastre Díaz, Secretaria quien autoriza y da fe...

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