Lidia del Carmen Ku Pech
Expediente 1041/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 16 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1041/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 19/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Lidia del Carmen Ku Pech
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, el dos de agosto de dos mil veintidós. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con los diversos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por lo tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, se hace la indicación de que es susceptible de depuración, pues en audiencia incidental de veintiocho de abril del año en curso, se concedió la suspensión definitiva solicitada; lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el arábigo 22 del acuerdo normativo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, toda vez que no existe motivo legal alguno para que siga al cuidado y resguardo de la Secretaría de este Juzgado el anexo consistente en un legajo de copias certificadas relativas al Juicio Ejecutivo Mercantil Oral 602/2021, remitido por la autoridad responsable; en tal virtud, devuélvasele el citado tomo, sin que sea el caso solicitar el acuse de recibo de estilo, dado que se trata de copias certificadas. Por último, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese.
- Principal
Visto, para resolver el juicio de amparo ********************, promovido por ********************. A N T E C E D E N T E S PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado en el Buzón Judicial el doce de abril de dos mil veintidós; recibido en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán el dieciocho siguiente; y turnado el diecinueve de abril del presente año a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció ******************** a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama al Juez Primero Oral Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante acuerdo de veinte de abril de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, la que quedó registrada con el número ********************; de igual forma, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se ordenó emplazar a juicio a la parte tercero interesada; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo este día en términos del acta que antecede. TERCERO. Emplazamiento de la parte tercero interesada. Por acuerdo de veintinueve de abril de dos mil veintidós, se ordenó emplazar a juicio a la tercero interesada ********************; lo que se realizó mediante oficio ******************** (foja 33). CUARTO. Prevención para ampliación de demanda. Por acuerdo de veintiuno de junio de dos mil veintidós, se previno a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo y señalar también como acto reclamado el embargo en el juicio de origen, de la cuenta bancaria tipo ********************, número ********************; de la institución bancaria ********************, las cuentas ********************, ********************y ********************, a nombre de la quejosa ********************; lo anterior, ya que del informe justificado del juez responsable, también se embargó en el juicio de origen. QUINTO. Demanda por no ampliada. Mediante acuerdo de quince de julio de dos mil veintidós, se tuvo por no ampliada la demanda de amparo; ya que la parte quejosa no desahogó la prevención a que se hizo referencia en el antecedente cuarto, no obstante estar debidamente notificada y haber transcurrido el término que se le señaló para tal efecto (foja 45). C O N S I D E R A C I O N E S Y F U N D A M E N T O S PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo; 49, en relación con el 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden y a fin de cumplir con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se procede a precisar el acto reclamado, que se desprende del análisis integral de la demanda y no sólo del capítulo que lo refiere; a fin de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior, atendiendo a la jurisprudencia con número de registro P./J. 40/2000, que emitió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo sentido, tiene aplicación la tesis P. VI/2004 que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado a la Juez Primero Oral Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, lo hizo consistir la parte quejosa fundamentalmente, en: El acuerdo en el que se ordenó el embargo de las cuentas bancarias número ********************, de la Institución Bancaria denominada comercialmente ********************, y de la cuenta bancaria número ********************, de la Institución Bancaria ********************. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto que se reclama de la Juez Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad (número de promoción 10056); ya que así lo confirmó al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil oral ********************, que la Juez responsable remitió como justificación de su informe; las que tienen valor probatorio pleno por ser documentos públicos, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2° de la Ley de Amparo; aunado a que no fueron objetadas por las partes. Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 231, que dispone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." CUARTO. Causas de improcedencia. Previo al análisis de fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser de orden público y estudio preferente en el juicio; como establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo; en relación con los diversos numerales 17 y 18, del propio ordenamiento, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.)" "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los artículos anteriores, se desprende que es improcedente el juicio de amparo cuando la demanda no se promueve dentro del plazo de quince días, contados éstos, a partir del siguiente a aquél en que surta efectos la notificación que se haga a la parte quejosa del acto que reclame; o bien, de aquél en que haya tenido conocimiento; o se ostente sabedora del acto reclamado o su ejecución; y que se exceptúan de la regla anterior, según el referido numeral 17, los casos siguientes: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Así, de las anteriores premisas, se desprende que un acto se entiende consentido tácitamente cuando siendo susceptible de ser recurrido por la vía de amparo, no se impugna dentro del término que señala la ley. Apoya lo anterior, la jurisprudencia VI.2º. J/21, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 291, Tomo II, agosto de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 204707; que dispone: "ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Causal que es de estudio preferente, respecto de cualquier otra que pudiera actualizarse; por ilustrativa, la tesis III.2o.P.255 P, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, visible en la foja 3028, del Tomo XXXII, Octubre de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con Registro digital: 163630; del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. CUÁNDO ES PREFERENTE EL ESTUDIO DE DETERMINADAS CAUSALES. De conformidad con el artículo 73 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si el Juez de Distrito advierte que el acto que se reclama fue consentido tácitamente, porque la presentación de la demanda resultó extemporánea, aun cuando pudiera existir alguna otra causal, como es la inobservancia del principio de definitividad; debe considerarse actualizada la primera de esas causales, esto es, la prevista en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque al ser extemporánea la demanda, a ningún fin práctico conduce analizar cualquier otro motivo de improcedencia, porque es preferente analizar la oportunidad en que se presentó la demanda de garantías." Por su parte, la quejosa, en el apartado de conocimiento del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad manifestó que fue hasta el ocho de abril de este año, que se enteró del embargo de las cuentas bancarias; tras acudir a las instalaciones de los bancos ******************** y ********************, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, ********************, y le fue informado por dichas instituciones que se encontraban embargadas por orden de la autoridad responsable. Lo cual motivó que, el doce de abril de este año, presentara demanda de amparo, impugnando la orden de embargo de los fondos de las cuentas bancarias que se le practicó; sin embargo, para que el juicio de amparo sea procedente, se deben satisfacer de manera plena todas y cada una de las condiciones y términos que la ley contempla y, como se destacó, una de esas condiciones es el plazo legal para la presentación de la demanda. De manera que cuando una demanda se presenta fuera de tiempo; es decir, después de transcurridos los plazos que prevé el citado numeral 17 de la Ley de Amparo, se está en presencia de actos consentidos tácitamente; lo que da lugar a la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, de la Ley de Amparo; y, por ende, el sobreseimiento del juicio. Para evidenciar la invocada causa de improcedencia, es menester destacar que de las constancias del juicio origen ********************, que obran como cuaderno de antecedentes al resguardo de la Secretaría, se advierte lo siguiente: Por escrito presentado el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, ********************, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, ********************, por conducto de su apoderada ********************, promovió en contra de la aquí quejosa ********************, juicio ejecutivo mercantil oral, en cobro de diversas prestaciones (fojas 1 a 57 del anexo). Por auto de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, la Juez Primero de Oralidad Mercantil del Estado, con sede en esta ciudad, admitió el procedimiento que quedó registrado bajo el número ********************; asimismo, requirió a la parte demandada para que en el acto de la diligencia efectuara el pago solicitado, y accedió admitir las providencias precautorias de aseguramiento de cuentas bancarias solicitada; por lo cual ordenó girar oficio a las diversas instituciones de crédito de la entidad (entre ellas, a ******************** y ********************, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, ********************), para que se sirvieran retener y/o embargar los recursos existentes en cualquier cuenta bancaria de inversión o cheques (moneda nacional o extranjera) a nombre de la quejosa hasta por la cantidad de un millón doscientos noventa y nueve mil quinientos noventa y cinco pesos con cuarenta y seis centavos, Moneda Nacional. (fojas 58 a 61 del anexo). En diligencia de veintisiete de enero de dos mil veintidós, la actuaria adscrita al Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Umán, llevó a cabo el emplazamiento a juicio de la demandada, practicada directamente con la quejosa ********************, quien, se identificó con su credencial para votar, cuya fotografía correspondía con sus rasgos fisionómicos, según lo asentado por la actuaria (fojas 138 a 142 del anexo). Por escrito de ocho de febrero de dos mil veintidós, la directa quejosa ******************** compareció al juicio de origen contestando la demanda, ofreciendo pruebas, señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, autorizados e hizo valer las excepciones y defensas; lo que fue acordado por la responsable en auto de catorce de febrero de dos mil veintidós (fojas 143 a 160 del anexo). Hasta aquí los antecedentes del acto reclamado. Como puede advertirse, contrario a lo que sostiene la parte quejosa, de las constancias del juicio de origen se evidencia que la aquí promovente ******************** no tiene el carácter de tercera extraña al procedimiento, al haber comparecido al mismo; pues tuvo un primer conocimiento del asunto el veintisiete de enero de dos mil veintidós, cuando la actuaria judicial le notificó el proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, el cual le leyó íntegramente, le entregó copia del documento base de la acción y le requirió el pago de las prestaciones reclamadas en el juicio de origen, le hizo saber del embargo que se decretó sobre diversos predios de su propiedad, en su calidad de parte demandada, para garantizar derechos de pago del actor; y, de forma más certera, lo tuvo el ocho de febrero de dos mil veintiuno, cuando compareció al sumario y, mediante escrito, señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, autorizados, así como contestó la demanda interpuesta en su contra e hizo valer excepciones y defensas. De lo anterior, se advierte que la promovente tuvo conocimiento de la existencia del juicio de origen, cuando menos, desde el ocho de febrero de dos mil veintidós, fecha en que presentó físicamente su escrito ante la oficialía de partes de la autoridad responsable; pues, además de los señalamientos de domicilio y autorizados, con conocimiento de que figuraba como parte demandada y de las providencias precautorias ordenadas por la juez responsable, compareció a darle prosecución judicial al asunto, ofreció pruebas, objetó las pruebas ofrecidas por la parte actora, e incluso promovió la nulidad de actuaciones respecto al acuerdo en la que se admitieron las providencias precautorias y/o retención de bienes solicitadas por la parte actora en el juicio de origen, particularmente la orden de retención de tres inmuebles, así como la retención y/o embargo de los recursos de sus cuentas bancarias (fojas 143 a 158, del anexo). Por consiguiente, es a partir de esa fecha en que la quejosa ******************** estuvo en aptitud legal de controvertir el acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, en la parte del aseguramiento, retención y/o embargo de los fondos existentes en sus cuentas bancarias que ordenó el juez responsable y giró los oficios correspondientes a las instituciones de crédito, entre otras a ******************** y ********************, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, ********************, en el juicio de origen, y no hasta el ocho de abril de dos mil veintidós; es decir, dos meses después de que tuvo conocimiento del sumario y del hecho de que figuraba como parte demandada con un aseguramiento de cuentas bancarias que se decretó como providencia precautoria para retener y/o embargar los recursos existentes en cualquier cuenta bancaria de inversión o cheques a nombre de la citada ********************, en aras de asegurar derechos de pago del actor tercero interesado. En ese orden, si la demanda de amparo que presentó la quejosa contra el acuerdo que ordenó el embargo de los fondos existentes en las cuentas bancarias de la quejosa, se allegó el doce de abril de dos mil veintidós, como se advierte del sello de recepción del Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, y de la boleta de turno que obra en autos; es evidente que a esa fecha ya había transcurrido en exceso el término de quince días que refiere el numeral 17 de la Ley de Amparo; el cual, le resulta aplicable al no ubicarse la quejosa en alguno de los supuestos especiales que prevé el citado numeral. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 6/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materias(s): Común, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Enero de 1998, página 95, con Registro digital: 196930; del rubro y texto siguientes: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EL PLAZO PARA QUE PROMUEVA EL AMPARO NO SE COMPUTA SIEMPRE A PARTIR DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, SINO A PARTIR DE CUANDO AQUÉLLA CONOCE EL PROCEDIMIENTO, SENTENCIA O ACTO QUE AFECTE SU INTERÉS (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 359, COMPILACIÓN DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, TOMO VI). Una nueva reflexión sobre el tema del amparo promovido por las personas extrañas a juicio a que se refiere el artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, lleva a este Pleno, por una parte, a reiterar las consideraciones generales de la resolución dictada en el expediente de contradicción de tesis 22/92 y que originó la jurisprudencia 359 (compilación de mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, páginas doscientos cuarenta y uno a doscientos cuarenta y dos), esto es, que quien promueve amparo como persona extraña a juicio tiene la carga de acreditar la afectación que los actos reclamados causan a su interés jurídico, y que esta violación a los derechos de que el quejoso es titular permite determinar la regla de que el plazo impugnativo debe computarse a partir de que tenga conocimiento de esos actos que le causan un agravio personal, actual y directo, de donde se infiere que si la afectación es causada desde el principio, en virtud de no haber sido emplazado y por todo el juicio, el plazo empieza a contar desde que tiene conocimiento de ello; asimismo, si lo que agravia al quejoso es la sentencia, el cómputo empieza cuando tiene conocimiento de este fallo, o bien, a partir de la ejecución, si sólo ésta lo perjudica. Por otra parte, sin embargo, este Pleno se aparta del criterio de dicha tesis jurisprudencial, en cuanto limitaba la causación de la afectación al extraño a juicio sólo por los actos de ejecución, de donde derivaba que el cómputo del plazo debía comenzar, en todos los casos, a partir de la ejecución. La separación respecto de esta parte de la tesis deriva de su desarmonía con la regla fundamental de la primera parte, así como por la razón de que cuando dos personas litigan entre sí, sin llamar a quien es titular de los derechos controvertidos, ya el solo procedimiento le causa perjuicio, tanto desde el punto de vista legal, como constitucional, en virtud de que se sigue el juicio sin darle la garantía de audiencia; además, si en los casos en que desde el procedimiento se causa perjuicio al quejoso extraño y tiene conocimiento de ello, se tuviera que esperar hasta la ejecución, es claro que se apartaría de la regla prevista en el artículo 21 de la Ley de Amparo, acerca de que el plazo impugnativo debe contarse a partir de que haya tenido conocimiento de tal acto. El cómputo a partir de la ejecución se justifica, por tanto, sólo cuando ésta es la única que agravia al quejoso, o bien, cuando afectándole el procedimiento, tuvo conocimiento del mismo hasta la ejecución." Así, como la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 364, Tomo IX, junio de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de la literalidad siguiente: "CONSENTIMIENTO TACITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." De ahí que la demanda de amparo sea extemporánea; a pesar de que la parte promovente haya manifestado haber tenido conocimiento de lo reclamado hasta el ocho de abril de dos mil veintidós, toda vez que las constancias de autos demuestran lo contrario. Además, mediante proveído de dos de mayo de dos mil veintidós, se puso a la vista de la parte quejosa el informe justificado de la Juez responsable y las constancias del juicio ejecutivo mercantil oral ********************; de las que se desprende la existencia de las actuaciones descritas y, en concreto, el escrito de la quejosa de ocho de febrero de dos mil veintidós, el cual no fue objetado de falso ni desvirtuado por su parte con medio de convicción alguno. Por las relatadas consideraciones, al actualizarse la causa de improcedencia que prevé la fracción XIV, del artículo 61, en relación con los ordinales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, lo que procede es SOBRESEER en el presente juicio, con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. QUINTO. Apercibimiento a la parte quejosa. Se apercibe a la parte quejosa ********************, que de volver a incurrir en omitir hechos que le consten en relación al acto reclamado, con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida; se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación, para los efectos legales a que haya lugar. SEXTO. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste de oponerse a la publicación de sus datos personales. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde con lo establecido por los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Por último, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra el acto que reclamó de la Juez Primero Oral Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. Por las razones expuestas en el considerando quinto de esta resolución, se previene a la quejosa ********************, para los efectos legales conducentes. TERCERO. Al causar ejecutoria, provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento con lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja que refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada ley, contra el acuerdo de quince de julio de dos mil veintidós; mediante el cual, se tuvo por no ampliada la demanda que dio origen a este asunto. En tal virtud, se declara que el referido proveído CAUSA ESTADO para todos los efectos legales que correspondan. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, quince de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial y la cuenta que anteceden, de donde se desprende que Lidia del Carmen Ku Puch, no dio cumplimiento al requerimiento que se le hizo mediante acuerdo de veintiuno de junio de dos mil veintidós, para que ampliara su demanda de amparo. En tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo de mérito, por tanto se tiene por no ampliada la demanda de amparo y al momento de resolver este juicio se hará únicamente por los actos reclamados los señalados en su escrito de demanda. Notifíquese y cúmplase.
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