Liby Suzzet Aguilar Montejo
Expediente 1378/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1378/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Liby Suzzet Aguilar Montejo
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, uno de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el acuerdo dictado en este juicio, en fecha quince de noviembre de dos mil diecisiete, ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja al que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, en tal virtud, se declara que el referido proveído, en el que se desechó de plano la demanda de amparo interpuesta, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que sin haberse decidido en lo principal, se dio por concluido y por tanto, carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, quince de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por *****, con el cual da cumplimiento a la prevención que se le hizo en proveído de ocho de noviembre de dos mil diecisiete; en consecuencia, se deja sin efecto el apercibimiento que se hizo en dicho acuerdo. Ahora bien, antes de entrar al estudio de la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, es pertinente hacer notar lo que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Conforme al precepto transcrito, este juzgador se encuentra facultado a desechar de plano una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En la especie, la parte quejosa reclama el auto de sujeción a proceso dictado en su contra el seis de marzo de dos mil dieciséis, en autos de la causa penal 87/2015, el cual le fue notificado el treinta de marzo de dos mil dieciséis. Este resolutor advierte que respecto del acto antes señalado, se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el numeral 17 del propio ordenamiento legal, pues se considera que la quejosa consintió de manera tácita el indicado acto reclamado por haber omitido impugnarlo dentro del plazo de quince días con que contaba para hacerlo, a partir de que tuvo conocimiento del mismo. Ciertamente, los numerales citados disponen lo siguiente en las partes aludidas: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos[.]". En el caso, la parte quejosa reclama el auto de sujeción a proceso de seis de marzo de dos mil dieciséis, dictado en su contra en autos de la causa penal 87/2015, por el delito de LESIONES COMETIDAS EN PANDILLA, el cual le fue notificado el treinta de marzo de dos mil dieciséis, tal como lo señaló en el escrito aclaratorio que se provee, lo que denota que la demanda es extemporánea. Lo anterior se precisa, tomando en cuenta, que si la parte quejosa tuvo conocimiento desde el treinta de marzo de dos mil dieciséis, del auto de sujeción a proceso decretado en su contra, que refiere en su demanda de amparo y que hoy reclama, es indudable que al momento en que presentó la demanda -lo cual ocurrió hasta el siete de noviembre de dos mil diecisiete-, transcurrieron en exceso los quince días con que contaba para promover el juicio de amparo. De lo anterior, se colige que la impetrante instó el juicio constitucional fuera del término con que contaba para promoverlo; por tanto, su presentación resulta extemporánea y por ende, lo procedente es desechar la demanda de amparo de que se trata, por haber consentido de forma tácita el acto reclamado indicado. Cobra aplicación al presente caso, la jurisprudencia P./J. 27/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la novena época y consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, III, junio de 1996, página 57, en materia común, cuyo rubro y texto disponen: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." Por otra parte debe decirse que en el caso, no es aplicable la jurisprudencia señalada por la parte quejosa en su escrito de demanda de rubro: "AUTO DE SUJECIÓN A PROCESO. DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA, PUEDE INTERPONERSE EN CUALQUIER TIEMPO"; ello, en virtud de que el acto reclamado no se encuentra en los casos de excepción previstos en las diversas fracciones del precepto 17 de la Ley de Amparo, pues aunque con la legislación anterior se permitía que un auto de sujeción a proceso pudiera ser impugnado en la vía Constitucional en cualquier momento, ello cambió con la entrada en vigor de la actual normatividad de la materia, lo que sucedió el tres de abril de dos mil trece; por tanto, si el acto reclamado fue dictado con posterioridad a esa fecha, esto es, el seis de marzo de dos mil dieciséis, debe sujetarse a lo que la ley vigente establece; de ahí que conforme a las reglas de la Ley de Amparo dicho acto reclamado resulte extemporáneo de manera notoria y manifiesta. Apoya la anterior determinación, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página treinta y ocho, Libro 18, mayo de dos mil quince, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, número de registro 2009174, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal. En consecuencia, al haberse actualizado la invocada causal de improcedencia, la cual es manifiesta e indudable, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por LIBY SUZZET AGUILAR MONTEJO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Lo anterior tiene sustento en la siguiente jurisprudencia: "Localización: Jurisprudencia: I.1o.A. J/4 Novena Época Instancia: Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito Tomo: VII del mes de mayo de 1998 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Página: 890 DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase. se notifica a la quejosa de conformidad con los articulos 27 y 29 de la ley de amparo.
- Principal
Mérida, Yucatán, ocho de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo, se tiene a ***, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama del Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; en consecuencia, fórmese expediente, regístrese con el número 1378/2017-IV-B y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Ahora bien, a fin de que este órgano jurisdiccional esté en aptitud de proveer en relación a la demanda de que se trata, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 114 fracciones I, II y IV, y 108 fracciones IV y V de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, legalmente computados, por escrito y bajo protesta de decir verdad aclare su demanda en los siguientes términos: Deberá aclarar la fecha en la que el Juez responsable pronunció el auto de sujeción a proceso que reclama, toda vez que en el apartado relativo al acto reclamado, señala que se dictó el seis de marzo de dos mil dieciséis; sin embargo, en el apartado de antecedentes manifiesta que fue el seis de marzo de dos mil diecisiete; por tanto, dado que las manifestaciones que realiza en el contenido de su demanda resultan no ser claras, no es posible conocer con certeza el acto que reclama a la autoridad que señala como responsable, y en vista de que la Ley de Amparo, exige se manifieste la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame, es necesario que el quejoso aporte la información que en este acto se le requiere, ya que sólo de esa manera este juzgado puede estar en aptitud de proveer lo conducente sobre la demanda de amparo. Deberá especificar la fecha exacta en que le fue notificado el auto de sujeción a proceso reclamado, toda vez que de su escrito de demanda no se advierte tal dato. Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con los requerimientos hechos con anterioridad, dentro del término señalado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, como lo dispone el penúltimo párrafo del numeral 114, de la Ley de Amparo. De igual manera, hágase saber a la parte promovente, que deberá adjuntar las copias necesarias de su escrito aclaratorio de demanda y anexos, para cada una de las partes en este asunto, en razón de que será parte integrante de la misma, en términos de lo dispuesto por el artículo 110 de la Ley de Amparo y con apoyo en la Tesis Jurisprudencial 36/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la contradicción de tesis 9/2000, entre las sustentadas por el Séptimo y Octavo Tribunales Colegiados, ambos en Materia del Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 79, del Tomo XIII, del mes de abril, del año dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, misma que no se contrapone a las nuevas disposiciones de la actual legislación de la materia, cuyo rubro es del tenor literal: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala en su demanda de amparo, y como su autorizados en forma restringida, con las limitantes del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona en el mismo, hasta que no acrediten ante este Juzgado encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de abogado, debiendo no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se les otorgue dicha autorización, sino proceder a su registro en los términos establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente. Además, de conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase. se notifica a la quejosa de conformidad con los articulos 27 y 29 de la ley de amparo.
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