Lidia Arellano Parra
Expediente 564/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 27 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 564/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 08/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Jorge Eduardo Garcia Imperial
- Lidia Arellano Parra
- Lidia Arellano Parra y Otros.
- Jorge Eduardo Garcia Imperial y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito de cuenta presentado por la quejosa ****, en el que solicita la devolución de los documentos exhibidos; en atención a lo solicitado, hágasele devolución del original de recibo de pago con número de folio 1010796, de treinta de julio de dos mil dieciocho, expedido por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, exhibido en el presente juicio (foja 15), previa copia certificada que del mismo se deje agregada en autos y toma de razón y firma de recibido, autorizando para recibirlo indistintamente a los profesionistas mencionados en su ocurso de cuenta.
- Principal
Vista la constancia secretarial que antecede de la que se desprende, que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído de veinticinco de marzo del año en curso (fojas 482), que fue notificado a la parte quejosa, personalmente por conducto de su autorizado, el veintiséis siguiente (foja 483), por lo que el término feneció el uno de abril del presente año. En dicho proveído, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, manifestara lo que a su interés legal conviniera, respecto al oficio que remitió la delegada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad (fojas 477 a 481), al cual anexó copia certificada de dos cheques con firma de recibo expedidos por el citado instituto por los concepto de: "Reserva Técnica y Servicio médico ", a nombre de Lidia Arellano Parra. Por consiguiente, una vez transcurrido el término concedido, se procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En apoyo, de lo expresado se cita, la tesis 2ª XXXVIII/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en página trescientos quince del Tomo IX, de la Novena Época, el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de marzo del mil novecientos noventa y nueve, que a la letra dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". -Efectos de la Sentencia- Al respecto debe decirse que el dieciséis de octubre de dos mil dieciocho,, se dictó sentencia constitucional en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal en favor de Lidia Arellano Parra (fojas 264 a 295) Resolución que fue recurrida en revisión por la Delegada del Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California y Jefe del Departamento de Nóminas de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad (foja 373), medio de impugnación que resolvió el Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito de esta ciudad, dentro del amparo en revisión laboral 480/2018, donde se confirmó la sentencia recurrida (fojas 415 a 437). En virtud de lo anterior, mediante proveído de veintiuno de febrero del año en curso (fojas 438 a 440), se requirió el cumplimiento al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, a efecto de que: ". a) Dejara de aplicar en perjuicio de la quejosa el descuento a la pensión a que se refiere el último párrafo del artículo 16 y el diverso 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el veinte de diciembre de mil novecientos setenta, respecto del descuento realizado el treinta de julio de dos mil dieciocho. b) Además, para que devolviera la cantidad que se hubiera descontado a la quejosa, respecto a su pensión con motivo de la aplicación del último párrafo del artículo 16 y el diverso 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el veinte de diciembre de mil novecientos setenta. En el entendido que sólo debe devolver el descuento que se realizó a la quejosa el treinta de julio de dos mil dieciocho. Quedando incólume lo relativo a la determinación de no devolver los descuentos efectuados con anterioridad al referido descuento, al no haberse reclamado dichos descuentos en su oportunidad como actos de aplicación de los numerales 16 y 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el veinte de diciembre de mil novecientos setenta. -Análisis de los actos en cumplimiento a la sentencia- A efecto de cumplir con la sentencia, la delegada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, adjuntó copia certificada de dos cheques con firma de recibo expedidos por el citado instituto por los concepto de: "Reserva Técnica y Servicio médico", a nombre de Lidia Arellano Parra (fojas 477 a 481). Documentales a las cuales de conformidad con lo que señala el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone el numeral 2 de la propia legislación, tiene pleno valor probatorio. En consecuencia, de las referidas constancias se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo concedida en el presente asunto y con ello, se dio cumplimiento además, a lo que establece el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo. Por tanto, es evidente que con ello se colman los lineamientos de la sentencia en la que se concedió la protección constitucional, motivo por el cual debe concluirse que el fallo protector ha quedado cumplido. En consecuencia, en acatamiento al segundo párrafo del artículo decimoprimero del Acuerdo General, Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de octubre de dos mil nueve, se hace constar que el presente juicio no tiene relevancia documental, por no actualizarse alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del artículo vigésimo primero del citado acuerdo; por tanto, se hace la acotación de que es susceptible de depuración, a partir del tres de abril de dos mil veinticuatro, en virtud de haberse concedido a la quejosa la protección constitucional, en términos de la fracción IV del precepto aludido. De conformidad con la fracción III, segundo párrafo, del punto y acuerdo señalado, el original del cuaderno relativo al incidente de suspensión de amparo, es susceptible de depuración al haberse otorgado la medida cautelar solicitada. Así también, en cumplimiento al punto vigésimo, fracción III, del multireferido acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión se deberá desincorporar y destruir una vez que transcurran más de seis meses a partir de que se dictó la resolución interlocutoria respectiva. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en la carátula de este expediente y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Finalmente, hágase del conocimiento de la parte quejosa del presente proveído para los efectos del precepto 202 de la Ley de Amparo.
- Principal
....procedo a notificar por lista en los Estrados de este Juzgado, y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación al quejoso Lidia Arellano Parra, en términos de lo dispuesto en la fracción I, inciso B, del artículo 27 de la Ley de Amparo, el auto de dos de abril de dos mil diecinueve........Vista la constancia secretarial que antecede de la que se desprende, que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído de veinticinco de marzo del año en curso (fojas 482), que fue notificado a la parte quejosa, personalmente por conducto de su autorizado, el veintiséis siguiente (foja 483), por lo que el término feneció el uno de abril del presente año. En dicho proveído, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, manifestara lo que a su interés legal conviniera, respecto al oficio que remitió la delegada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad (fojas 477 a 481), al cual anexó copia certificada de dos cheques con firma de recibo expedidos por el citado instituto por los concepto de: "Reserva Técnica y Servicio médico ", a nombre de Lidia Arellano Parra. Por consiguiente, una vez transcurrido el término concedido, se procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En apoyo, de lo expresado se cita, la tesis 2ª XXXVIII/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en página trescientos quince del Tomo IX, de la Novena Época, el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de marzo del mil novecientos noventa y nueve, que a la letra dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". -Efectos de la Sentencia- Al respecto debe decirse que el dieciséis de octubre de dos mil dieciocho,, se dictó sentencia constitucional en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal en favor de Lidia Arellano Parra (fojas 264 a 295) Resolución que fue recurrida en revisión por la Delegada del Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California y Jefe del Departamento de Nóminas de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad (foja 373), medio de impugnación que resolvió el Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito de esta ciudad, dentro del amparo en revisión laboral 480/2018, donde se confirmó la sentencia recurrida (fojas 415 a 437). En virtud de lo anterior, mediante proveído de veintiuno de febrero del año en curso (fojas 438 a 440), se requirió el cumplimiento al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, a efecto de que: ". a) Dejara de aplicar en perjuicio de la quejosa el descuento a la pensión a que se refiere el último párrafo del artículo 16 y el diverso 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el veinte de diciembre de mil novecientos setenta, respecto del descuento realizado el treinta de julio de dos mil dieciocho. b) Además, para que devolviera la cantidad que se hubiera descontado a la quejosa, respecto a su pensión con motivo de la aplicación del último párrafo del artículo 16 y el diverso 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el veinte de diciembre de mil novecientos setenta. En el entendido que sólo debe devolver el descuento que se realizó a la quejosa el treinta de julio de dos mil dieciocho. Quedando incólume lo relativo a la determinación de no devolver los descuentos efectuados con anterioridad al referido descuento, al no haberse reclamado dichos descuentos en su oportunidad como actos de aplicación de los numerales 16 y 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el veinte de diciembre de mil novecientos setenta. -Análisis de los actos en cumplimiento a la sentencia- A efecto de cumplir con la sentencia, la delegada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, adjuntó copia certificada de dos cheques con firma de recibo expedidos por el citado instituto por los concepto de: "Reserva Técnica y Servicio médico", a nombre de Lidia Arellano Parra (fojas 477 a 481). Documentales a las cuales de conformidad con lo que señala el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone el numeral 2 de la propia legislación, tiene pleno valor probatorio. En consecuencia, de las referidas constancias se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo concedida en el presente asunto y con ello, se dio cumplimiento además, a lo que establece el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo. Por tanto, es evidente que con ello se colman los lineamientos de la sentencia en la que se concedió la protección constitucional, motivo por el cual debe concluirse que el fallo protector ha quedado cumplido. En consecuencia, en acatamiento al segundo párrafo del artículo decimoprimero del Acuerdo General, Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de octubre de dos mil nueve, se hace constar que el presente juicio no tiene relevancia documental, por no actualizarse alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del artículo vigésimo primero del citado acuerdo; por tanto, se hace la acotación de que es susceptible de depuración, a partir del tres de abril de dos mil veinticuatro, en virtud de haberse concedido a la quejosa la protección constitucional, en términos de la fracción IV del precepto aludido. De conformidad con la fracción III, segundo párrafo, del punto y acuerdo señalado, el original del cuaderno relativo al incidente de suspensión de amparo, es susceptible de depuración al haberse otorgado la medida cautelar solicitada. Así también, en cumplimiento al punto vigésimo, fracción III, del multireferido acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión se deberá desincorporar y destruir una vez que transcurran más de seis meses a partir de que se dictó la resolución interlocutoria respectiva. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en la carátula de este expediente y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Finalmente, hágase del conocimiento de la parte quejosa del presente proveído para los efectos del precepto 202 de la Ley de Amparo.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito de cuenta signado por Jorge Eduardo García Imperial, en su carácter de autorizado de la quejosa, con el cual se le tienen por hechas las manifestaciones relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada. Al respecto, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad a lo solicitado, toda vez que del estado de autos se advierte que en proveído de uno de marzo en curso (fojas 455 a 458), se vinculó al cumplimiento del fallo dictado en el presente juicio de amparo al Subdirector General de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad; quien atendió puntualmente el requerimiento; máxime, que en proveído de doce de los presentes (foja 466 a 467), la Delegada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, informó que el quince del mes y año en curso, se realizará la devolución a la quejosa de las cantidades descontadas por concepto de Reserva Técnica y Seguro de Enfermedades no Profesionales y Maternidad, determinadas mediante resolución; de ahí, que contrario a lo afirmado por el promovente, la responsable demostró que está en vías de dar cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, tal y como lo establece el artículo 193 de la Ley de Amparo.
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