Lic. Rafael Jimenez Gudiño y Otros.
Expediente 190/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 7 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 190/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 31/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Lic. Rafael Jimenez Gudiño y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Vista la constancia secretarial que antecede, de la que se desprende que ha transcurrido el término de diez días, a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubieran recurrido la sentencia de catorce de mayo de dos mil diecinueve (fojas 80 a 113); en consecuencia y con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que dicha sentencia que negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso ******, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales a que haya lugar. Se hace el acotamiento que el presente juicio de amparo es susceptible de depuración, a partir del uno de junio de dos mil veinticuatro, por encontrarse en la hipótesis de la fracción IV, del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito. Agréguese el incidente de suspensión respectivo. De conformidad con la fracción III, segundo párrafo, del punto y acuerdo señalado, el original del cuaderno relativo al incidente de suspensión de amparo, es susceptible de depuración al haberse otorgado la medida cautelar solicitada. Así también, en cumplimiento al punto vigésimo, fracción III, del multireferido acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión se deberá desincorporar y destruir una vez que transcurran más de seis meses a partir de que se dictó la resolución interlocutoria respectiva. Por último, en términos del capítulo tercero, punto decimoprimero segundo párrafo, del acuerdo general conjunto número 1/2009, se hace constar que el presente juicio de amparo no es de relevancia documental. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en la carátula de este expediente, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido.
- Principal
Agréguense a los autos para los efectos legales correspondientes el oficio y anexo de cuenta, enviados por la Presidenta del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California y Actuario de su adscripción, con sede en esta ciudad, con el que informan que a la fecha la parte actora no ha comparecido ante dicha autoridad a concertar cita con el funcionario ejecutor adscrito, no obstante que en proveído de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, dictado dentro del expediente 179/2004-I, se comisionó al Actuario adscrito para que asociado a la parte que obtuvo se constituyera en el domicilio de la parte patronal demandada y la requiera por el cumplimiento total al laudo dictado el once de septiembre de dos mil quince, remitiendo para tal efecto copia del proveído con firmas autógrafas de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve y constancia de notificación de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. La Presidenta del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, encomendó al Actuario de su adscripción la notificación de su proveído de diecinueve de marzo del año en curso; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 192 y 197 de la Ley de Amparo, requiérase al Actuario adscrito al Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, Baja California, para que dentro plazo de tres días, remita a este Juzgado las constancias relativas con las que acredite haber practicado la referida notificación a Carlos Xavier López Ramírez en los términos de ley, lo anterior sin perjuicio de que el Fedatario laboral no haya sido señalado como autoridad responsable en el presente asunto, pues de cualquier manera en razón de sus funciones legales se encuentra vinculado a efectuar actos en relación con el cumplimiento del fallo protector. Se cita en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 57/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicada en la página 144, del Tomo XXV, de mayo de dos mil siete, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, relativo a la Novena Época, bajo rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica." Del mismo modo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, para que una vez llevada a cabo la diligencia aludida, informe lo acontecido en relación con el cumplimiento al fallo protector solicitado respecto al actor Carlos Xavier López Ramírez. Del mismo modo, dentro de dicho plazo, deberá informar si existen actuaciones por realizar en relación con el cumplimiento del laudo, y por consecuencia del fallo protector. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior dentro del plazo otorgado, se impondrá multa de cien veces el valor por unidad equivalente a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), conforme lo establecido en el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 26, apartado B, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en términos del Decreto por el que se expide la Ley para determinar el valor de la Unidad y Medida y Actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, así como la actualización de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho. Aunado a lo anterior, en caso de incumplimiento se remitirá el presente asunto al Tribunal Colegiado en turno, a fin de que resuelva el trámite del incidente de inejecución de sentencia, mismo que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos de los dispositivos 192 y 193 de la Ley en comento, que medularmente establecen: "Articulo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas [.] En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. "Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual no será notificado a la autoridad responsable, y en su caso a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquier otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo." Asimismo, se le informa que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en autos, pero se tomará en consideración como atenuante al imponerse la sanción penal correspondiente según lo establece el artículo 195 de la Ley de Amparo. Finalmente, a fin de dar celeridad a la etapa de cumplimiento al fallo protector, requiérase a los quejosos antes referidos, para que dentro del plazo de tres días, se constituyan ante la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, a fin de que en cumplimiento al requerimiento de ocho de febrero de dos mil diecinueve, puedan gestionar la ejecución del laudo de mérito; apercibida que en caso de omisión o de no informar el impedimento legal que tenga para presentarse, se le impondrá multa de cien veces el valor por unidad equivalente a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), conforme lo establecido en el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 26, apartado B, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en términos del Decreto por el que se expide la Ley para determinar el valor de la Unidad y Medida y Actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, así como la actualización de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta signado por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, mediante el cual rinde su informe justificado. Asimismo, se le tiene exhibiendo las siguientes pruebas: 1. Copia auténtica de las constancias que integran la causa penal 56/2019 instruida a *****. 2. Disco compacto el cual contiene copia auténtica del audio y video de las audiencias de siete y doce de febrero de dos mil diecinueve, llevadas a cabo en la referida causa penal. 3. Índice cronológico del desarrollo de las referidas audiencias. Probanzas que se tienen por recibidas, admitidas y desahogadas en este acto, dada su naturaleza, conforme a lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, la cual será relacionada en la audiencia constitucional en términos del diverso 124 de la ley en cita. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe y constancias de cuenta a fin de que se impongan de su contenido. Por otro lado, con fundamento en el artículo 12 del Acuerdo General 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico en relación con el diverso artículo 91 del Acuerdo General 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los Servicios Tecnológicos Relativos a la Tramitación Electrónica al Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se determina la imposibilidad material para la digitalización de la pruebas exhibidas por la autoridad responsable. En tal virtud, con dichas constancias, fórmese legajo de pruebas correspondiente al tomo I y hágase saber a las partes que dicha constancia se encuentra a su disposición físicamente en el recinto que ocupa este órgano jurisdiccional. Asimismo, hágase del conocimiento de la parte quejosa, que en la audiencia constitucional señalada en el presente juicio, se llevará a cabo la reproducción del disco compacto por los medios electrónicos adecuados.
- Incidental
Considerando: Primero. La parte quejosa reclama de la autoridad señalada como responsable: ? El auto de vinculación a proceso de doce de febrero de dos mil diecinueve, dictado por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en esta ciudad, en autos de la causa penal 56/2019, instruida en contra del hoy quejoso. ? La detención realizada dentro de la audiencia de control donde se calificó de legal la misma por flagrancia delictiva y se ratificó la retención ministerial. Por tanto, deberá considerarse éste como el acto reclamado en términos del artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo. Segundo. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en esta ciudad, pues así lo expresó al rendir su informe previo (fojas 65 a 66). Ahora bien, la parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado para el efecto de que se suspenda la ejecución del auto de vinculación dictado por la autoridad responsable el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en esta ciudad, en autos de la causa penal 56/2019 y quede el quejoso a disposición del tribunal de amparo, hasta en tanto se resuelva el juicio constitucional del que deriva el presente incidente de suspensión. Por su parte, el artículo 128 de la Ley de Amparo, establece como requisitos de procedibilidad para otorgar tal medida, los siguientes: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. [...] ". De acuerdo a lo anterior, en el caso particular se actualizan dichos requisitos, pues la medida cautelar la solicitó la parte quejosa en su escrito de demanda; y con su otorgamiento, no se contravienen disposiciones de orden público, ni se afecta el interés social, tomando en consideración que por interés social se entiende la intención, cuidado o tendencia que tiene la sociedad, o algún grupo de ella, en que no se le causen daños o perjuicios que, inclusive, puedan llegar a ser irreparables y, por ende, conseguir que existan las condiciones esenciales para su desarrollo armónico; asimismo, por orden público el sistema de norma de mayor importancia para conservar y encausar el orden en la sociedad y, máxime que no se actualiza alguno de los supuestos que prevé el diverso numeral 129 de la ley de la materia. En tal virtud, se concede la suspensión definitiva al quejoso, respecto del auto de vinculación a proceso de doce de febrero de dos mil diecinueve, dictado en la causa penal 56/2019, instruida en contra del hoy quejoso. -Efectos - Con base a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo vigente, se concede la suspensión del acto reclamado para el efecto de que la autoridad judicial responsable continúe con el procedimiento en la causa, pero deberá suspenderlo una vez concluida la etapa intermedia, es decir, deberá de abstenerse de enviar el auto de apertura a juicio oral al tribunal competente. Lo anterior es así, en virtud de que el juicio oral, acorde a lo dispuesto en el artículo 316 del Código de Procedimientos Penales aplicable, es la etapa esencial del proceso, se realiza sobre la base de la acusación y predominan los principios de oralidad, inmediación, publicidad, concentración, contradicción y principalmente, continuidad, de tal suerte que si se llegara a dar apertura a la etapa del juicio oral, éste no sería susceptible de suspenderse y culminaría con el dictado de una sentencia definitiva, hecho que produciría un cambio de situación jurídica que haría imposible emitir pronunciamiento alguno en el juicio de amparo en que se actúa, pues se afectaría la nueva situación jurídica, situación que trata de evitar la fracción XVII, párrafo segundo, del artículo 61 de la propia ley. Además, atendiendo a la naturaleza y finalidad del auto de vinculación a proceso, como el que se reclama, éste tiene por objeto dar inicio al proceso penal propiamente dicho, en él se fijan los hechos materia de la investigación formalizada y se fija plazo para ello; pero en modo alguno tiene el objeto de afectar la libertad personal de los imputados, pues esto último en todo caso es propio de las medidas cautelares de carácter personal. Lo anterior, no implica desconocer el contenido de la jurisprudencia 1ª./J. 101/2012 (10a), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, publicada en la página 534, Libro XVIII, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de dos mil trece, de rubro "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL AFECTAR TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEL INCULPADO SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." En cuanto consideró que el que se vincule a proceso a una persona implica una afectación parcial a su libertad; sin embargo, dicho criterio se emitió respecto a la interpretación de la anterior Ley de Amparo, así como el mismo tuvo por objeto que en los casos en que se reclama un auto de vinculación a proceso mediante demanda de amparo, procede la excepción al principio de definitividad; sin embargo, por que no fue objeto de análisis en ese caso, en modo alguno se realizó el estudio del auto de vinculación a proceso en función de las diversas instituciones jurídicas del proceso penal acusatorio, como las medidas cautelares, las cuales como en el caso, son las que eventualmente afectan la libertad personal del quejoso; de ahí que en el caso no sea aplicable el artículo 163 de la Ley de Amparo y por ende no procede conceder la suspensión de los actos reclamados para el efecto de que el imputado quede a disposición de esta autoridad de amparo en cuanto a su libertad personal, pues ello, lejos de generarle un beneficio al agraviado podría obstaculizar el ejercicio de su derecho, por ejemplo, a la revisión o sustitución, en su caso, de alguna medida cautelar de carácter personal que se le hubiera impuesto; por tanto, en la especie, al reclamarse el auto de vinculación a proceso, no procede conceder la suspensión de los actos reclamados para los efectos indicados en último término. -Garantía- Con fundamento en el artículo 168, último párrafo, en relación con los diversos 163, aplicado por identidad jurídica, y 61, fracción XVII, todos de la Ley de Amparo, en el caso, al reclamarse como acto un auto de vinculación a proceso y haberse concedido la suspensión definitiva para el efecto de que continúe el procedimiento en el que se emitió hasta la conclusión de la etapa intermedia, no se exige garantía al quejoso para que siga surtiendo efectos dicha suspensión. Lo anterior, hasta en tanto se dicte la resolución en el juicio de donde deriva el presente incidente de suspensión. La suspensión surte efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si la parte quejosa no cumple con las obligaciones que le impuso el Juez del proceso, para lo cual deberá la responsable informar a este juzgado de inmediato. La presente medida cautelar no coarta las facultades del Juez responsable para establecer las medidas legales que considere pertinentes en el proceso de origen, como lo establece el sexto párrafo del precepto 166 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se, Resuelve: Único. Se concede la suspensión definitiva*****, contra los actos que reclama al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en esta ciudad, en los términos y para los efectos expuestos en el considerando segundo
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