Lidia Alejo Morales
Expediente 1199/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 6 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1199/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 05/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Lidia Alejo Morales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Recepción de oficio Téngase por recibido y agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta remitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito. Determinación De la misiva de cuenta, se advierte que la superioridad acusa de recibo del informe y de las constancias remitidas por este juzgado para la sustanciación recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del auto pronunciado el once de septiembre de la presente anualidad, en el juicio de amparo 1199/2023 en el que se desechó su demanda; además, informa que se admitió el aludido medio de impugnación y fue registrado bajo el número de expediente 460/2023, del índice del referido tribunal. De lo expuesto se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Recepción de documentos Téngase por recibido y agréguese a los autos el escrito de cuenta, remitido vía electrónica por el apoderado de CHUBB Finanzas Monterrey, Aseguradora de Caución, sociedad anónima, con dos anexos que acompaña. Contenido Del citado escrito se desprende que en cumplimiento al requerimiento de doce de septiembre del presente año, procedió a dar de baja las pólizas 2096879 y 2108230. Determinación En atención a lo manifestado, se tiene por dando cumplimiento al citado requerimiento; en consecuencia se deja sin efectos el apercibimiento de autos. Devuélvase el presente expediente al archivo donde fue tomado. Notifíquese
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Recepción de oficio Agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido vía electrónica por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Contenido Téngase a la referida responsable por informando las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto; de lo que se toma nota para los efectos legales a que haya lugar. Recepción de escrito Glósese a los autos el escrito de cuenta remitido vía electrónica por **************, autorizado en términos amplios de la parte quejosa. No ha lugar petición Hágase del conocimiento de la referida parte promovente que no ha lugar acordar de conformidad respecto de la solicitud formulada con relación a la imposición de la multa a la autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en San Luis Potosí; ello, toda vez que como se advierte de párrafos que anteceden, la autoridad en cita, informó las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la sentencia aquí dictada. De igual, forma, hágase de su conocimiento que mediante proveído de once de septiembre del presente año, se tuvo al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, informando que a fin de llevar a cabo lo encomendado en el exhorto que le fue remitido, ordenó girar diverso despacho al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial, con sede en Tamazunchale, San Luis Potosí, encontrándose a la fecha pendiente la diligenciación de la referida comunicación oficial. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de septiembre de dos mil veintitrés. Recepción de documentos Se tiene por recibido y se agrega al expediente el escrito de cuenta signado por Lidia Alejo Morales. Determinación En atención a su contenido, se tienen a la promovente desahogando la prevención que le fue realizada en auto de cuatro de septiembre de la presente anualidad, por lo que se procede a acordar lo relativo a su escrito demanda recibido en la citada data. Análisis de la demanda Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La determinación de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, dictada en el toca de apelación 398/2023, del índice de la Sala responsable, en la cual declaró inadmisible el recurso de apelación promovido en contra de la determinación de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, pronunciada por el Juez Mixto de primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial, con sede en Cárdenas, San Luis Potosí, en el incidente de oposición al proyecto de partición promovido en los autos del juicio sucesorio intestamentario 319/2014 de su estadística, en el cual no se admitieron las pruebas ofertadas por la aquí promovente del amparo por ser extemporáneas. Desechamiento En este contexto, precisa destacar que el artículo 113 de la ley impone la obligación al juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. En ese sentido, en el caso concreto, se estima que en el caso se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución, en relación con los artículos 107, fracción V, y 61, fracción XXIII, de la ley., por los motivos que a continuación se expresan. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 107, fracción V, de la ley, prescriben lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (...) b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" De estos preceptos se obtiene que el amparo procede contra el acto que emane de un juicio que produzca una afectación irreparable a los derechos sustantivos de la persona reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales en que México es parte. Para comprender el alcance de este supuesto de procedencia del amparo, a juicio de quien suscribe, el legislador advirtió la posibilidad de que una persona promoviera demandas de amparo contra los actos procesales que provienen de un juicio y que esto produjera la proliferación de varios juicios de amparo. Por tal motivo, consideró que hasta que se emita la resolución definitiva, resulta factible establecer si se materializaron violaciones a las leyes que rigen ese juicio, que afectaron las defensas de la persona y que todo esto trascendió al resultado del fallo. Sólo hasta ese momento, la persona afectada estará en posibilidad de controvertirlas mediante el amparo directo o el amparo adhesivo, según sea el caso. No obstante, de manera excepcional, previó la oportunidad de impugnar un acto dentro de un juicio conforme a la regla de procedencia, consistente en la irreparabilidad que produce un acto dentro del juicio. Para comprender el alcance interpretativo de estas normas con referencia a los actos de imposible reparación, conviene mencionar que han existido una gran variedad de criterios en las distintas épocas de la jurisprudencia, sin que el legislador se ocupara de esclarecer en alguna disposición la descripción normativa de lo que debía entenderse por actos de "imposible reparación", de tal suerte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde el punto de vista jurisprudencial, determinó en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos en juicio, de naturaleza irreparable. En ese contexto, surgieron varios criterios que admitían la posibilidad de que el amparo resultara procedente contra violaciones procesales en grado predominante o superior, que, sin afectar propiamente los derechos sustantivos de la persona, producían un perjuicio de similar magnitud que justificaba la procedencia del amparo. Sin embargo, esta situación ya no es así, pues a partir de la vigencia del actual artículo 107, fracción V, de la ley, se precisa el alcance de la expresión "imposible reparación", contra actos dictados en juicio. Al analizar la génesis de este precepto, se puede advertir que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos, para ser calificados como de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo y, la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión en la que reside la idea de repeler cualquier lesión sólo de naturaleza formal, la cual se actualiza en los casos en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no pueden resultar aplicables aquellas jurisprudencias del máximo tribunal del país en las que admitió la posibilidad de controvertir actos que afectaban derechos procesales o adjetivos en grado predominante o superior, ya que se originaron en el contexto de una legislación como la abrogada Ley de Amparo, que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual, a la fecha, ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme la Ley de Amparo vigente se deben prescindir de dichas jurisprudencias para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor. En tal virtud, el amparo indirecto es procedente exclusivamente contra actos en el juicio cuando afectan materialmente derechos sustantivos, por lo que aquellos que impliquen alguna violación de carácter procesal, incluyendo los que produzcan una violación de carácter predominante, debe reclamarse, en su momento, a través del amparo directo, o bien, del amparo adhesivo. Cobra aplicación la tesis 2a. XLVIII/2015, de la Segunda Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, página 1070, del tenor siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. La porción referida no eliminó un derecho ni restringió el nivel de protección alcanzado en la regulación de la Ley de Amparo abrogada, debido a que en ésta no se reconocía expresamente la posibilidad de que dentro de los "actos de imposible reparación" se entendiera a los procesales que afectan en grado predominante o superior, ya que ni siquiera existía disposición alguna que definiera ese concepto para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, antes bien constituía un aspecto indeterminado. Y aun cuando la Ley de Amparo vigente, construida bajo un nuevo esquema de protección a los derechos humanos, en su artículo 107, fracción V, define lo que debe entenderse por tal enunciado, ello responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen." En esas circunstancias, cuando se reclama una determinación que decide sobre pruebas ofrecidas por las partes en un incidente tramitado dentro de un juicio de naturaleza civil, como en el presente caso, el amparo es improcedente, en virtud de que se trata de un acto intraprocesal que no tiene ejecución de imposible reparación, pues no impide el ejercicio actual y real de un derecho sustantivo, aún antes del dictado del fallo definitivo, salvo en los casos de excepción establecidos por jurisprudencia emitida por el Máximo Tribunal del País. En el caso particular, se reitera, la parte quejosa reclama la resolución de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, dictada en el toca de apelación 398/2023, del índice de la Sala responsable, en la cual declaró inadmisible el recurso de apelación promovido en contra de la determinación de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, en la que el a quo en el incidente de oposición al proyecto de partición promovido en los autos del juicio sucesorio intestamentario 319/2014 no admitió las pruebas ofertadas por la aquí promovente del amparo por ser extemporáneas. Lo que evidentemente se trata de una posible violación cometida dentro del proceso en relación con el ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas. De ahí que sea factible sostener que en el caso concreto, no existe una transgresión a derechos sustantivos de la parte recurrente en relación con el acto reclamado, al tratarse únicamente de cuestiones adjetivas, respecto de la no admisión de medios de prueba, al considerarse que no existe, por el momento, un impacto en su esfera jurídica más allá de cuestiones procesales. Esto es así, porque el sentido de la resolución reclamada, no es violatorio, por sí misma, de derechos sustantivos; lo que no causa un perjuicio sustancial, ni constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, en los términos y conceptos de la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en el sentido de que la ejecución debe ser real, material en las cosas o en las personas, y de tal naturaleza que cause daño efectivo e irreparable, a la intimidad de las personas, a sus propiedades o posesiones. De modo que el acto reclamado no lleva inmersa una decisión que, per se, impida en forma presente a la aquí quejosa el libre ejercicio de su derecho constitucional de tutela judicial efectiva, en la vertiente de las prerrogativas para participar activamente en el juicio, a través de actos de alegación y prueba, y defenderse conforme a su interés convenga. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 6/94, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Núm. 76, Abril de 1994, página 13, del tenor siguiente: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." En ese sentido, se reitera, la resolución reclamada no impacta en los derechos sustantivos de la impetrante, al no versar, por ejemplo, sobre una prueba pericial contable, prueba psicológica a cargo de algún menor de edad, testimonial a cargo de menores ni tampoco sobre alguna prueba pericial en genética; casos en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversos criterios jurisprudenciales que sí procede el juicio de amparo indirecto, inclusive, sin necesidad de cumplir con el principio de definitividad. Por tanto, en el extremo de que la quejosa obtuviera resolución adversa a sus intereses, lo cierto es que, tratándose de decisiones intraprocesales que impliquen la admisión de pruebas, así como la desestimación de la apelación, constituyen aspectos susceptibles de ventilarse en amparo directo desde la perspectiva de una violación procesal, acorde con lo dispuesto por el numeral 172 de la Ley de Amparo, siempre que se cumplan las condiciones legales previstas para ello. Máxime que el perjuicio procesal que pudiera resentir en sus derechos adjetivos al desestimarse su recurso de apelación, no resulta exorbitante; pues, tal decisión podrá combatirla mediante el amparo directo al momento de combatir la sentencia definitiva que resuelva el juicio en lo principal, en caso de resultar contraria a sus intereses. Cobra aplicación, por las consideraciones contenidas, la jurisprudencia PC.I.C. J/28 K, sustentada por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo III, página 1380, que dice: "AMPARO DIRECTO. SI AMBAS PARTES INTERPUSIERON RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, LA RESOLUCIÓN QUE DESECHÓ POR EXTEMPORÁNEO EL DE UNA DE ELLAS, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE DEBE HACERSE VALER EN ESTA VÍA CUANDO SE RECLAME LA SENTENCIA QUE RESUELVA LA APELACIÓN ADMITIDA A LA CONTRAPARTE. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 172, fracción IX, de la Ley de Amparo, se consideran violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando se le desechen recursos, respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzcan estado de indefensión. Ahora bien, si el Juez natural dictó sentencia "mixta", que acoge y desestima parcialmente la acción, ambas partes interpusieron recurso de apelación y el de una de ellas se desechó por extemporáneo mientras que el de su contraparte subsiste, en atención al principio de unidad procesal, la segunda instancia del juicio se abre para ambas partes quienes quedan vinculadas hasta su resolución final, con la consecuencia de que toda determinación dictada en el trámite deberá considerarse como violación procesal y luego de ser impugnada mediante el recurso ordinario correspondiente (revocación o reposición), reservar su análisis para ser propuesta como concepto de violación en el juicio amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva." En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo y el ordinal 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicado a contrario sensu, procede desechar de plano la demanda de amparo. En el entendido que el desechamiento de una demanda de amparo, por encontrarse actualizada una causa de improcedencia, no vulnera el derecho humano de acceso a la impartición de justicia, ya que ello atañe a la aplicación de las reglas de procedencia que son necesarias para lograr la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas. Cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 98/2014, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, página 909, que dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio." Notifíquese personalmente.
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