Lianet Rodríguez Cobos

Expediente 635/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 8 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
635/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
19/07/2022

Partes del expediente

  • Lianet Rodríguez Cobos
  • LIANET RODRÍGUEZ COBOS y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecinueve de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el contenido del proveído en el que se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 56, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado el presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Por último, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio en el que se les informa de la presente determinación, hace las veces de acuse de recibo de la misma, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que las quejosa ********************y ********************, en su escrito inicial de demanda, reclamaron de la Titular de la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí y del Director y/o Subdirector de la Estación Migratoria de la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, los actos consistentes en la detención ilegal fuera de procedimiento, privación de la libertad y el arresto dentro de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí. Atendiendo a lo anterior, el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, se decretó de plano la suspensión de los actos reclamados, para los efectos señalados en el auto de radicación. Así, respecto de los diversos actos que se hacen consistir en la detención ilegal fuera de procedimiento, privación de la libertad y el arresto dentro de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, derivado del procedimiento migratorio instaurado en su contra, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, pues está demostrado que en la especie ocurrió un cambio de situación jurídica. El precepto citado establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto por cambio de situación jurídica y para su actualización deben cumplirse los siguientes requisitos. a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Sirve de apoyo la tesis 2ª.CXI/96, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 219, del tomo IV, diciembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 199808 que dice: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En el caso, tales presupuestos se encuentran satisfechos, como a continuación se verá: a) Los actos reclamados de que se trata derivan de un procedimiento administrativo migratorio instaurado al quejoso. b) Con motivo de la suspensión de plano concedida por este órgano tutelar de derechos fundamentales, el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, remitió copia certificada de las resoluciones de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, dictadas en los expedientes administrativos migratorios********************, de las que se observa que ordenó la salida de la estación migratoria de las aquí quejosas, para que por sus propios medios abandonen el país; además de que se le hace saber que deberán abandonar el territorio mexicano. c) Derivado de lo anterior, deviene innegable que este órgano no podría decidir sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin afectar la determinación de conclusión del procedimiento administrativo, que es la que actualmente rige el estudio procesal; esto es, una eventual concesión del amparo no podría surtir efectos. d) La resolución de salida de estación migratoria no guarda vinculación directa con el presente juicio de amparo. Así las cosas, es inconcuso que los actos reclamados de que se trata, quedaron afectados por la resolución de salida de estación migratoria; de ahí que, en su caso, las violaciones reclamadas deben considerarse irremediablemente consumadas, pues se reitera, no se podría decidir sin afectar la nueva situación jurídica. En consecuencia, conforme a lo anterior y al haber cambiado la situación jurídica en el presente juicio, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, por lo que se impone decretar el sobreseimiento fuera de audiencia respecto a dichos actos reclamados; dejándose sin efecto la audiencia constitucional señalada para las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL ONCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Robustece lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, página trescientos ochenta y seis, del texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Por analogía, se cita la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, consultable en la página 1688, Libro 41, abril de 2017, Tomo II, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SI SE RECLAMÓ LA FALTA DE RESPUESTA A UNA SOLICITUD DE REGULARIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA Y, PREVIO A LA EMISIÓN DE ESA CONTESTACIÓN, CULMINÓ ÉSTE CON EL DICTADO DEL FALLO DEFINITIVO, SE ACTUALIZA ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO INDIRECTO. De acuerdo con el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos emitidos dentro de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, cuando por cambio de situación jurídica se consumen irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poder decidirse en éste sin afectar la nueva situación jurídica. Por otra parte, para la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos de la fracción III del artículo 107 de la ley de la materia, el concepto de procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, comprende tanto a aquel en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, como el procedimiento mediante el que la autoridad prepara su resolución definitiva con intervención del particular. Al respecto, el Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver la contradicción de tesis 11/2014, de la que derivó la jurisprudencia PC.IV.A. J/8 A (10a.), de título y subtítulo: "LICITACIÓN PÚBLICA. CONTRA LOS ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS EN ESTE PROCEDIMIENTO, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", determinó que los procedimientos de licitación pública constituyen procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, de acuerdo con la definición que sobre este concepto jurídico emitió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la diversa jurisprudencia 2a./J. 22/2003. Por tanto, si en un juicio de amparo en el que se reclamó la falta de respuesta a una solicitud de regularización del procedimiento de licitación pública y, previo a la emisión de esa contestación, culminó el procedimiento con el dictado del fallo definitivo, se actualiza un cambio de situación jurídica que torna improcedente el juicio de amparo, en razón de la sustitución procesal, porque la situación jurídica a que estaba sujeto el quejoso respecto a los actos reclamados ya no está regida por éstos, sino por la nueva resolución administrativa. En ese sentido, las violaciones que el quejoso hubiese afirmado que acontecieron en el procedimiento de licitación y sobre las cuales versaron los escritos presentados ante la autoridad responsable y sus respectivas respuestas, quedaron irreparablemente consumadas, en tanto que no pueden variarse sin afectar lo determinado en la apuntada determinación administrativa. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el informe relativo a la suspensión de plano de cuenta, con el que además cumple con el requerimiento formulado en proveído de quince del mes y año en curso; con su contenido y anexo, de conformidad con los artículos 117, 125 y 126 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. Notifíquese.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, quince de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados a favor de las directamente agraviadas. No obstante lo anterior, de autos se desprende que las autoridades responsables no han informado lo relativo a dicha concesión de medida cautelar, sin embargo, de conformidad con el artículo 126 de la Ley de Amparo, la suspensión de plano que se decretó debe de ser cumplida de manera inmediata, lo cual denota un debido incumplimiento a lo ordenado por este órgano de control constitucional. En tal virtud, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del término de veinticuatro horas, informen el cumplimiento dado a la suspensión de plano decretada en autos, en los términos ahí precisados, remitiendo para tal efecto copia certificada de las constancias que acrediten tal circunstancia; apercibidas que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se les impondrá una multa por el equivalente a cien días. Además de que, de conformidad con el numeral 66 de la Ley de Amparo, podrá ordenarse de oficio la apertura del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, previsto por el artículo 206 de la ley en cita. Por otra parte, a fin de emitir una resolución conforme a derecho e integrar debidamente el expediente en que se actúa, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase las autoridades responsables, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que reciban el oficio respectivo, remitan copia certificada de la resolución mediante la cual se haya resuelto el procedimiento migratorio correspondiente, en caso de existir, o bien, informen el estado que guarda el mismo; con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa por el equivalente a cincuenta días. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL ONCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.

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