Lic. Marco Antonio Aguilar Cabezas
Expediente 540/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 540/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Lic. Marco Antonio Aguilar Cabezas
Actuaciones
- Principal
Glósese a los autos el escrito de cuenta signado por Marco Antonio Aguilar Cabezas, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, atento a su contenido, téngasele autorizando para oír y recibir notificaciones de carácter personal a María Isabel Fombona Ponce, y señalando como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en calle Niño número 20, colonia Casa del Niño, de esta ciudad, por otra parte por lo que hace a su solicitud relativa a copias de la suspensión provisional y en su caso la definitiva, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad, toda vez que dicha providencia no fue concedida en autos, lo anterior para los efectos legales procedentes. Notifíquese.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA QUE SE PUBLICA EN LOS ESTRADOS DE ESTE TRIBUNAL A LA PARTE QUEJOSA MARCO ANTONIO AGUILAR CABEZAS, EL PROVEÍDO DE TREINTA DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, MISMO QUE A LA LETRA DICE:DEMANDA Y RADICACIÓN. Con la demanda de amparo de cuenta, se tiene a Marco Antonio Aguilar, por derecho propio, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sahuayo, Michoacán; con apoyo en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117, , de la Ley de Amparo, se manda formar expediente y registrarlo en el libro de gobierno bajo número 540/2018. DESECHAMIENTO Expuesto lo anterior, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis respectivo. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito , cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito , que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Asentado lo anterior, se sostiene que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual establece que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de los demás supuestos de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, en relación con el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo. Esto es, el acto reclamado no se trata de un acto de imposible reparación, toda vez que la Ley de Amparo, en su artículo 107, fracción V, se establece lo que debe entenderse por un acto dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, como se lee de la siguiente inserción: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De esta manera, se advierte que el legislador acotó los actos dentro de juicio, considerados como de ejecución irreparable, a aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales; por lo que efectivamente ya no existe la posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior. Situación que quedó de manifiesto con la jurisprudencia 37/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, donde concluyó que la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto contra los actos en juicio de imposible reparación, a la luz de la nueva Ley de Amparo, sería contra aquellos actos que necesariamente produzcan una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no que produjeran una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Lo cual quedó plasmado en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), visible en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que es del rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." La interpretación del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, contenida en la jurisprudencia antes citada, en cuanto se ha establecido que la condición de afectación a las partes de manera preponderante y superior no implica irreparabilidad, es vinculatoria para este Juzgador Federal conforme a lo dispuesto por el artículo 217, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dado que ha quedado resuelto el tema específico sobre lo que debe entenderse por acto de imposible reparación dentro del proceso, aun cuando dicho criterio se haya emitido al analizar lo relativo a la personalidad. En ese orden de ideas, se considera que para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", esto es, conforme al marco legal vigente, se atenderá a los efectos o consecuencias que éstos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. Ahora, en el caso particular la parte quejosa reclama violaciones al procedimiento dentro del Juicio sumario civil sobre cobro judicial de honorarios profesionales dentro del expediente número 82/2018, del índice de la autoridad responsable precisada en supralineas. Al efecto la parte quejosa bajo protesta de decir verdad señaló como actos reclamados los siguientes: "IV.-ACTOS RECLAMADOS.- Violaciones al procedimiento dentro del Juicio Sumario Civil sobre Cobro Judicial de Honorarios Profesionales dentro del número de expediente 82/2018 por parte de la Autoridad Responsable los cuales son los siguientes: a) Violación al artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, ya que mediante auto de fecha 9 de marzo del 2018 dos mil dieciocho se le tuvo por no contestando la demanda enderezada en su contra a la parte demandada y posteriormente con auto de fecha 13 de marzo del 2018 dos mil dieciocho, se deja insubsistente dicho acuerdo y el emplazamiento de la demandada y se ordena de nueva cuenta se le emplace a la demandada, cuando esta ya había contestado la misma, dándosele oportunidad a perfeccionarla como se narrará más adelante. b) Violaciones a los artículos 358 y 611 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, ya que el Juez de origen dejó de observar del artículo 611 el ordenamiento legal invocado, numeral que menciona que en caso de que se oponga lo prevenido en la vía sumaria se estará a las reglas del juicio ordinario, lo que tampoco observó la Juzgadora, y por lo que ve a lo estipulado en el artículo 358 de la misma ley fue violentado también como consecuencia de la inobservancia del 611 al no concedérseme término extraordinario de prueba, pues la prueba pericial en grafoscopia, grafología y documentoscopía fue admitida pero no pudo ser desahogada por haberse terminado el término de pruebas, lo que representa otra violación al procedimiento en perjuicio de las partes, como lo desarrollaré en el apartado correspondiente. c) Violaciones a los artículos 420 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, ya que la prueba confesional de posiciones a cargo de la demandada fue señalada para su celebración el día último de terminación de prueba y dada su incomparecencia no fue abierto en ese momento el pliego que en sobre cerrado se ofertó y la autoridad responsable sin observar el término que se da en dicho artículo para interponer incidente de justas causas o en su caso solicitar la calificación de posiciones y las que resulten de legales tenerlas por confesas en sentido afirmativo, la responsable antes de cumplir dicho término abre el juicio para alegatos de las partes, lo que también constituye una violación al procedimiento. De igual forma, refiere que dichas violaciones fueron impugnadas a través del recurso de revocación, las cuales tuvieron resultado negativo a sus pretensiones. De lo anterior, se colige que el quejoso se duele directamente de diversas violaciones procesales, que en el plano material de los procedimientos seguidos como juicio, las mismas adquieren el carácter de autos o proveidos, como lo es el auto de trece de marzo pasado que dejó insubsistente el diverso de fecha nueve de marzo por el que se había tenido por no contestada la demanda en el juicio de origen, mismo caso para el diverso proveído de veintiocho de septiembre del año en curso, en el que la autoridad responsable determinó que no era procedente decretar un término supletorio de prueba, en razón a que aún cuando el medio de convicción (pericial en grafoscopia, grafología y documentoscopia), había sido ofrecido y admitido dentro del término legal, este no lo fue con el tiempo suficiente para poder integrar y cubrir las formalidades que dicha prueba requiere, situación que comparte criterio con el acuerdo de veintiocho de septiembre pasado, que refiere en el que se levantó certificación de que no se desahogó la prueba confesional de posiciones a cargo de María Estela Díaz Suarez, en virtud de que no compareció a su desahogo pese a encontrarse debidamente notificada (a decir del promovente), no obstante que ante dichas violaciones éste promovió recurso de revocación mismo que fue resuelto como improcedente (sin que dicha resolución sea combatida en el presente juicio de amparo). En ese sentido, lo indispensable en el caso particular es determinar si los efectos de dichos actos son de imposible reparación, esto es, si afecta materialmente derechos sustantivos de la quejosa, para lo cual, debe tenerse en cuenta, en principio, que las violaciones procesales aducidas, no son actos de imposible reparación, porque no afecta derecho sustantivos como la vida, salud, libertad, integridad personal, entre otros; pues en todo caso, de existir violación al momento de dictar la resolución correspondeinte, únicamente redundaría en el aspecto procedimental, al solo producir efectos de carácter formal o intraprocesal, que podrían extinguirse en la realidad, sin originar afectación alguna a sus derechos sustantivos, habida cuenta que la sentencia que llegare a pronunciarse en el procedimiento de origen, podría serle favorable a sus intereses, en cuyo caso desaparecería la violación alegada, por lo que el acto reclamado no tiene el carácter de irreparable para efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto; y, en caso contrario, si la sentencia definitiva le afectara, entonces podrá hacer valer las violaciones procesales a que se refiere, en el amparo directo que, en su momento y previo el cumplimiento de los principios rectores, llegue a promover en los términos de lo establecido por los artículos 171, fracción I y 172, fracción V, XI y XII, de la Ley de Amparo, preceptos que disponen lo siguiente: Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad; [.] XI. Se desarrolle cualquier audiencia sin la presencia del juez o se practiquen diligencias judiciales de forma distinta a la prevenida por la ley; y XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." Además la improcedencia del presente juicio de amparo no viola los derechos humanos, pues el hecho de que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establezca un concepto que permita al gobernado controvertir, a través del juicio de amparo indirecto, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la vía uniinstancial los actos que impliquen alguna violación procesal, pues a través de ésta vía cuenta con la posibilidad real de verse restituido en el goce del derecho que estima violado. Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que obre en autos. Domicilio procesal y autorizados. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el que indica en su libelo constitucional sin que resulte necesario realizar mención sobre autorizados, toda vez que no fueron señalados. Habilitación de días y horas inhábiles; autorización de firma de oficios; capturas y anotaciones del expediente. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental , hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8°, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida; así como para precisar las constancias, que en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto para el segundo párrafo del artículo 6°, del ordenamiento legal en cita. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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