LIBRADA GARCIA MENDEZ y Otros.

Expediente 98/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
98/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
27/02/2023

Partes del expediente

  • LIBRADA GARCIA MENDEZ y Otros.
  • Librada Garcia Mendez

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que no se interpuso recurso de queja dentro del término de cinco días que contempla el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de catorce de febrero de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo que dio origen al asunto que nos ocupa; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de la Materia, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Consecuentemente, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo en el presente asunto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el segundo párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, toda vez que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. En la inteligencia de que el presente asunto es destruible, de conformidad con lo dispuesto por el referido artículo 21 inciso b), del aludido Acuerdo General, por lo que una vez transcurrido el plazo establecido en el primer párrafo de dicho numeral, deberá procederse a su destrucción en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del mismo precepto legal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 35 del acuerdo de que se trata, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA CATORCE DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, PROCEDO A NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA LIBRADA GARCÍA MÉNDEZ Y OTRO, POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJE EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, ASÍ COMO EN LA PÁGINA DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL PROVEÍDO DE DATA CATORCE DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, MISMO QUE A LA LETRA DICE: Uruapan, Michoacán, catorce de febrero de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo presentada por ******************** y ********************, contra actos que atribuye al Jefe de Tenencia de la Población de "Dr. Miguel Silva", municipio de Ario de Rosales Michoacán y otros, regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número 98/2023. Asentado lo anterior, del análisis íntegro del escrito aclaratorio de actos reclamado por el quejoso en demanda, son: ".1.- Del C. Jefe de Tenencia de la población denominada Dr. Miguel Silva, municipio de Ario de Rosales, Michoacán, reclamamos los arbitrarios, ilegales y anticonstitucionales "citatorios" extraterritoriales que ya en dos ocasiones nos ha hecho llegar pese a que ni siquiera somos vecinos de esa tenencia. 2.- De los CC. Presidente Municipal de Ario de Rosales, Michoacán, Sindico del H. Ayuntamiento del mismo municipio, Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio en cita y del C. Secretario de Seguridad Pública de esa municipalidad, se reclama la contumaz omisión de vigilar las actividades que realiza el aludido C. Jefe de Tenencia de la población denominada Dr. Miguel Silva, de esa municipalidad y que vulnera los derechos humanos de personas que, como los suscritos, ni siquiera habitamos dicha tenencia." DESECHAMIENTO. Ahora, dado el sentido que regirá esta determinación, es necesario establecer en primer término que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Ahora bien, en el presente, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis respectivo. Para una mejor comprensión del presente asunto, es oportuno hacer relación de los antecedentes del acto reclamado, que la parte quejosa expone en su escrito inicial de demanda y que son los siguientes: El Jefe de Tenencia de la población "Dr. Miguel Silva", municipio de Ario de Rosales, Michoacán, emitió dos citatorios de veinticinco de enero pasado y uno de febrero de la presente anualidad, en el que solicita la comparecencia de ******************** y ******************** en la oficina de la tenencia de dicha localidad para los días uno y ocho de febrero del presente año, a las seis horas de la tarde, para sostener una plática conciliatoria. Los quejosos manifiestan no ser vecinos de la Tenencia de Dr. Miguel Silva Macías, municipio de Ario de Rosales, Michoacán, por residir en barrio de Corpus Christi, de la tenencia de Nuevo Zirosto, Municipio de Uruapan, Michoacán, como se acredita con los anexos al escrito inicial de demanda. Asentado lo anterior, se sostiene que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual establece que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de los demás supuestos de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, en relación con el artículo 107, fracciones II y III, inciso b), de la Ley de Amparo. Esto es, el acto reclamado no se trata de un acto de imposible reparación, toda vez que la Ley de Amparo, en su artículo 107, fracciones II y III, inciso b), se establece lo que debe entenderse por un acto dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, como se lee de la siguiente inserción: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De conformidad con la disposición transcrita, cuando se impugnan actos en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio y, en juicio, es procedente el amparo indirecto, siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación. Así, a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción III, inciso b), ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" En ese orden de ideas, se considera que para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", esto es, conforme al marco legal vigente, se atenderá a los efectos o consecuencias que éstos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. Ahora, en el caso particular la parte quejosa reclama: ".1.- Del C. Jefe de Tenencia de la población denominada Dr. Miguel Silva, municipio de Ario de Rosales, Michoacán, reclamamos los arbitrarios, ilegales y anticonstitucionales "citatorios" extraterritoriales que ya en dos ocasiones nos ha hecho llegar pese a que ni siquiera somos vecinos de esa tenencia. 2.- De los CC. Presidente Municipal de Ario de Rosales, Michoacán, Sindico del H. Ayuntamiento del mismo municipio, Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio en cita y del C. Secretario de Seguridad Pública de esa municipalidad, se reclama la contumaz omisión de vigilar las actividades que realiza el aludido C. Jefe de Tenencia de la población denominada Dr. Miguel Silva, de esa municipalidad y que vulnera los derechos humanos de personas que, como los suscritos, ni siquiera habitamos dicha tenencia." En el caso particular para determinar si los efectos de dichos actos son de imposible reparación, esto es, si afectan materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa, debe tenerse que la autoridad responsable a quien reclama el ilegal citatorio no configura por si solo un elemento que cause un daño en la esfera jurídica de los justiciables, toda vez que, dichos citatorios no llegan a trascender ni producir daños en la esfera jurídica de los quejosos, pues, el único efecto que produce el citatorio que ahora reclaman en esta vía constitucional, es para que los quejosos acudan en la fechas que se les indica a la oficina de la tenencia "Dr. Miguel Silva", municipio de Ario de Rosales, Michoacán, para el solo efecto de sostener una plática conciliatorio, sin que se les haya realizado algún tipo de apercibimiento ante su inasistencia en la fechas en que fueron citados. Consecuentemente, el citatorio que reclaman los quejosos no es un acto que su ejecución sea de imposible reparación, pues, como se vio, sólo fueron citados para que acudieran a la oficina de la tenencia "Dr. Miguel Silva", municipio de Ario de Rosales, Michoacán, para el solo efecto de sostener una plática conciliatorio, sin que se pueda advertir vulneración en forma directa e inmediata a alguna situación jurídica material, como los derechos a la vida; la integridad física; la libertad personal, de tránsito, residencia, pensamiento, propiedad, expresión, reunión; la inviolabilidad de la vida privada, la familia y el domicilio; el patrimonio; el trabajo, la salud, la alimentación, la seguridad social, la educación, entre otros. Ahora, no se inadvierte que los quejosos reclaman del Presidente Municipal, Secretario, Sindico y Secretario de Seguridad Pública, todos del municipio de Ario de Rosales, Michoacán, la omisión de vigilar las actividades que realiza el Jefe de Tenencia de la población "Dr. Miguel Silva", de esa municipalidad; sin embargo, dicha omisión se hace descansar en no vigilar la actividad que realiza la última de las autoridades señaladas y por ende la emisión del citatorio que emitió a los quejosos, empero, como se vio si la sola emisión del citatorio no es un acto de imposible reparación a la esfera jurídica de los quejosos, tampoco, puede causar perjuicio alguno la omisión que se reclama de las autoridades indicadas en primer plano. En consecuencia, si los actos reclamados en mención no satisfacen la condición para que sean considerados como actos que tenga una ejecución irreparable, deviene inconcuso que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracciones II y III, inciso b), de la Ley de Amparo; y, por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. DOMICILIO PROCESAL Y AUTORIZADOS. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados del Juzgado, por lo que tal circunstancia faculta a este Juzgado para ordenar que las subsecuentes notificaciones, aún las personales, se practiquen por medio de lista que se publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo y autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ángel II Alanis Pedraza, toda vez que tiene registrada su cédula profesional. DÍA Y HORA INHÁBILES. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, con excepción de aquellos que llegaren a declararse inhábiles laborales, para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. COPIAS. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. DATOS PERSONALES. De conformidad con lo señalado por los artículos 68, 110 y 113, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resérvese la publicación de información de carácter clasificada y confidencial. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, se informa a las partes que en atención a los lineamientos establecidos en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, a fin de adoptar como eje rector la actividad jurisdiccional desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, a partir de esta fecha, todas las actuaciones del presente asunto constarán únicamente en el expediente electrónico sin que deban imprimirse ni agregarse al expediente impreso, con excepción de las presentadas de forma física, así como las notificaciones practicadas de esa forma; en el entendido que es el expediente electrónico el que tiene validez para todos los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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