Libia Patricia Sotelo Piña

Expediente 836/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 16 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
836/2021
Año
2021
Actuaciones
16
Última actuación
10/11/2023

Partes del expediente

  • Instituto de Seguridad Y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno Y Municiplos del Estado de Baja California
  • Jose del Refugio Gutierrez Gaeta
  • LIBIA PATRICIA SOTELO PIÑA y Otros.
  • Libia Patricia Sotelo Piña
  • Elvia Estela Vargas Hernandez
  • ANGELICA ISABEL CANETT BRIZUELA y Otros.
  • NORMA HILDA HERNANDEZ ROJAS y Otros.
  • ELVIA ESTELA VARGAS HERNANDEZ y Otros.
  • Rafael Martinez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los oficios remitidos por la delegada de las autoridades responsables, mediante los cuales remite las constancias de las que se advierte que se realizó el pago de pensión, por transferencia electrónica, relativos a los meses de septiembre y octubre de dos mil veintitrés, a los quejosos; por tanto, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, se le tiene informando los actos tendentes a dar cumplimiento al fallo protector. Requerimiento. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que en el término de tres días, legalmente computado, continúen informando sobre el cumplimiento dado al fallo protector y remitan las constancias con las que así lo acrediten. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado, o bien, en caso de eludir el acatamiento del fallo protector con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, se les impondrá una multa de cien días, del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional), lo que resulta de multiplicar $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, moneda nacional) por cien; medida de apremio que se estima prudente fijar en dicho monto, a fin de cumplir el mandato aquí establecido y lograr la eficaz prosecución del procedimiento. Asimismo, se procederá a remitir los autos al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en turno que corresponda, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante el Juez de Distrito, no obstante dejen el cargo. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, tres de octubre de dos mil veintitrés. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el cinco de septiembre de dos mil veintitrés, en la que, por un lado, se sobreseyó en el juicio por los actos reclamados a la Gobernadora del Estado de Baja California y, por otro, se amparó a la parte quejosa, contra los actos que reclama de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California; sin que lo hubieren hecho. Causa ejecutoria. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Se requiere cumplimiento. En consecuencia, dado que, en la sentencia dictada en el presente juicio de amparo (la cual quedó firme), se otorgó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa en los siguientes términos: "Octavo. Efectos del fallo protector. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 74, fracción V, de la Ley de Amparo, en la sentencia de amparo deben fijarse los efectos y medidas en que se traduce la concesión del amparo. Al respecto, el artículo 77, fracción II, de la misma ley, señala que cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, se obligará a las autoridades responsables a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el caso, es evidente que no es factible restituir en el goce del derecho violado a la parte quejosa, en cuanto al pago retrasado de los meses de julio y septiembre de dos mil diecinueve, enero de dos mil veintiuno, ya que no se puede retrotraer el tiempo ni reparar los perjuicios que durante ese lapso sufrió el agraviado, al no recibir el pago oportuno, y a consecuencia de esa conducta de las responsables, existe inminencia de que se seguirán desfasando, lo que implica deducir que el pago de las pensiones no se realizará de forma normal y puntual. Por tanto, la manera de restituir los derechos violados es evitando que se incurra en nuevas violaciones; para lo cual, es posible expandir los efectos de la protección constitucional, a fin de que se asegure que los pagos de pensión subsecuentes, se realicen al agraviado en tiempo, en virtud de que de ésta manera, se asegura la protección más amplia a que hace referencia el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, la protección constitucional otorgada, tiene el alcance de obligar a las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, a dejar sin efecto cualquier acto que implique suspender, retener o retrasar el pago de la pensión de la parte quejosa. Por tanto, debe concederse el amparo para el efecto de que las autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California realicen los pagos de pensión futuros, de manera mensual, los dos últimos días hábiles de cada mes, como lo establece el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Asegurados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, y el Manual de Procedimiento Específico para la Elaboración y Pago de la Nómina de Pensionados y Jubilados del mencionado instituto. Para lo cual, deberán girar los oficios necesarios a los departamento correspondientes de ese instituto, a fin de que se asegure el pago oportuno de la pensión, incluso podrá vincularse al cumplimiento de la presente ejecutoria, a cualquier autoridad que con motivo de sus atribuciones tenga intervención en dicho pago. Sobre este aspecto, es aplicable por analogía, la tesis 2a./J. 139/2017 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PENSIONES. PROCEDE OTORGAR EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LOS DESCUENTOS FUTUROS E INMINENTES EN APLICACIÓN DE UNA NORMA GENERAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR JURISPRUDENCIA, SIEMPRE QUE SE HAYAN SEÑALADO COMO ACTOS RECLAMADOS. ." Ahora bien, de conformidad con el numeral 192, último párrafo, de la Ley de Amparo, que dispone que el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo de cumplimiento, tomando en cuenta su complejidad o dificultad, de manera razonable y estrictamente determinado, se procede a delimitar los efectos de la protección constitucional otorgada, con la finalidad de asegurar un cumplimiento efectivo de la presente sentencia. Para ello, debe tomarse en consideración, que de no limitarse el periodo de vigilancia del cumplimiento del amparo, imposibilitaría a la suscrita tener por cumplida la ejecutoria de amparo, quedando el expediente en trámite de ejecución por tiempo indefinido. Por lo que a fin de evitarlo, se estima que el plazo de cuatro meses, es razonablemente correcto, para que se vigile que las autoridades responsables den cumplimiento puntual a la sentencia concesoria, y luego de agotado ese lapso, podrá emitirse pronunciamiento sobre si la sentencia de amparo se encuentra cumplida. En la inteligencia que, de declararse cumplido el fallo protector, e incurrir las autoridades nuevamente en el retraso de pago de la pensión, el agraviado tendrá expedito su derecho para agotar los recursos previstos en la Ley de Amparo, para lograr el cumplimiento en el mismo amparo, sin necesidad de instar uno nuevo. Apoya las consideraciones anteriores, por identidad jurídica, ya que se trata de un amparo indirecto, la jurisprudencia 2a./J. 33/2014 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESTÁN FACULTADOS PARA AMPLIAR EL PLAZO OTORGADO PARA TAL FIN (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).". Por ello, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, para que en el plazo de tres días legalmente computado, den cumplimiento al fallo protector, remitiendo al efecto copia certificada de las constancias con las que acrediten fehacientemente tal circunstancia. Apercibimiento. Apercibidos que de no cumplir con lo ordenado, continuar con una actitud omisa, o bien, en caso de eludir el acatamiento del fallo protector, con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, se le impondrá, a la autoridad omisa, una multa de cien unidades de medida y actualización, con apoyo en los ordinales 192, 193, 194 y 258 de la Ley de Amparo, y se procederá a remitir los autos al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en turno que corresponda, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante el Juez de Distrito, no obstante deje el cargo. Una vez transcurrido el plazo concedido a las autoridades responsables, dese cuenta con todo el expediente, para los efectos a que hubiere lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: Primero. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por 1) Libia Patricia Sotelo Piña; 2) Angélica Isabel Canett Brizuela; 3) José Del Refugio Gutiérrez Gaeta; 4) Elvia Estela Vargas Hernández; 5) Norma Hilda Hernández Rojas; 6) Rafael Martínez; y 7) Oralia Vargas Hernández, en contra de los actos reclamados a la Gobernadora del Estado de Baja California, con sede en Mexicali.; por las razones y fundamentos expuestos en el considerando tercero. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a 1) Libia Patricia Sotelo Piña; 2) Angélica Isabel Canett Brizuela; 3) José Del Refugio Gutiérrez Gaeta; 4) Elvia Estela Vargas Hernández; 5) Norma Hilda Hernández Rojas; 6) Rafael Martínez; y 7) Oralia Vargas Hernández, respecto a los actos reclamados y las autoridades mencionadas en los considerandos segundo y cuarto, respectivamente; por los motivos expuestos en el considerando séptimo y para los efectos establecidos en el considerando octavo de esta sentencia. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Certificación. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, sin embargo el expediente no está integrado para dictar sentencia, dado que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días, otorgado a las partes, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga en relación a la vista que se les dio en proveído de dos del mes y año en curso. Diferimiento. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la misma. Notificación innecesaria a autoridades. En atención a lo resuelto en la jurisprudencia 2a/J. 176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a las autoridades responsables a efecto de notificarles la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista. Notifíquese.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 4,651 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano