Leydis Estevez Isla

Expediente 499/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
499/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
08/09/2022

Partes del expediente

  • Leydis Estevez Isla
  • David Dixan Mulet González

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, ocho de septiembre de dos mil veintidós. Estado de autos. Vista la certificación secretarial de cuenta y estado de autos, se advierte que el veintiocho de julio de dos mil veintidós, se requirió a Juan de Dios Hernández Sibaja y Doryan Eliseo López Camacho, a efecto de que manifestaran si tenían conocimiento del lugar en que se encontraban detenidos los directamente agraviados David Dixan Mulet González; Leydis Estevez Isla; Yurisan Marzo Isla; Aurora González Campos y las menores de edad con iniciales E.M.G. (con número de pasaporte L9211317); N.M.E. (con número de pasaporte L799034); N.M.E. (con número de pasaporte L779193); y, E.S.M.G. (con número de pasaporte L923764), toda vez que el fedatario adscrito a este juzgado no localizó a los antes citados en las instalaciones que ocupa la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en esta ciudad. Igualmente, el veintiocho de julio de dos mil veintidós, el actuario adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, asentó en su constancia actuarial que los agraviados citados en el párrafo que antecede, no se encontraban en los registros del Instituto Nacional de Migración en Mexicali, Baja California. En virtud de lo anterior, requiérase de nueva cuenta a Juan de Dios Hernández Sibaja y Doryan Eliseo López Camacho, para que al momento de la notificación o dentro del plazo de tres días siguientes al en que surta efectos la misma, manifiesten a este juzgadora si tienen conocimiento donde se encuentran detenidos los agraviados, o bien, los presente ante este juzgado a efecto de ratificar la demanda presentada en su favor; además, manifieste si tiene algún impedimento para dar cumplimiento a lo antes citado. Apercibimiento. De no dar cumplimiento a lo anterior en el término y condiciones antes apuntados, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata. En razón de que se inferirá que no tienen interés en que continúe el trámite del presente asunto. Notifíquese y por lista de estrados a la parte quejosa.

  2. Principal

    hago constar: que en esta fecha, notifiqué a Juan de Dios Hernández Sibaja y Doryan Eliseo López Camacho, el auto de veintiocho de julio de dos mil veintidós, por medio de lista que se fijó a las nueve horas del día de hoy, en un ligar visible y de fácil acceso de este juzgado, lo anterior en términos de los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo "... Radicación. Vista la demanda de cuenta, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 499/2022-I. Precisión especial. A fin de salvaguardar el derecho a la reserva de información de los datos personales y sensibles de los menores por los que se promueve el amparo, así como su derecho a la intimidad, de conformidad con el artículo 8º de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores "Reglas de Beijing", en el presente juicio se hará referencia a estos con las siglas E.M.G. (con número de pasaporte L9211317); N.M.E. (con número de pasaporte L799034); N.M.E. (con número de pasaporte L779193); y, E.S.M.G. (con número de pasaporte L923764) En el entendido que al escrito de demanda no se acompañaron las copias de los pasaportes que permitan verificar la coincidencia del nombre con las iniciales que menciona el promovente. Suspensión de plano. El promovente Juan de Dios Hernández Sibaja, en representación de las personas de nacionalidad cubana: 1. David Dixan Mulet González (con número de pasaporte L887127); 2. Leydis Estevez Isla (con número de pasaporte K451823); 3. Yurisan Marzo Isla (con número de pasaporte K242864); 4. Aurora González Campos (con número de pasaporte L923157); 5. La menor de edad con iniciales E.M.G. (con número de pasaporte L9211317); 6. La menor de edad con iniciales N.M.E. (con número de pasaporte L799034); 7. La menor de edad con iniciales N.M.E. (con número de pasaporte L779193); y, 8. La menor de edad con iniciales E.S.M.G. (con número de pasaporte L923764), Reclaman de las autoridades responsables los actos que se hacen consistir esencialmente en la privación ilegal de la libertad y detención con fines de deportación o expulsión del país. De los que dice son y pueden ser objeto David Dixan Mulet González; Leydis Estevez Isla; Yurisan Marzo Isla; Aurora González Campos y las menores de edad con iniciales E.M.G. (con número de pasaporte L9211317); N.M.E. (con número de pasaporte L799034); N.M.E. (con número de pasaporte L779193); y, E.S.M.G. (con número de pasaporte L923764), con motivo de encontrarse a disposición del Instituto Nacional de Migración con sede en Tijuana, Baja California, al indicarse que son de nacionalidad cubana. 1. Con relación a la deportación o expulsión del país. Con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano, a fin de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y los directamente agraviados no sean deportadas o expulsados del país, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo. 2. Privación de la libertad y restricción de la libertad de tránsito por parte de las autoridades migratorias responsables respecto de los menores de edad. Por cuanto hace a los menores con iniciales E.M.G. (con número de pasaporte L9211317); N.M.E. (con número de pasaporte L799034); N.M.E. (con número de pasaporte L779193); y, E.S.M.G. (con número de pasaporte L923764) se decreta la suspensión de plano para que las autoridades provean las condiciones adecuadas de sanidad; insumos alimenticios, con los instrumentos adecuados para su ingesta; aunado a condiciones dignas de vestimenta necesaria para sortear inclemencias climatológicas, así como de un espacio y mueble idóneo para dormir; todo ello en estricto acatamiento a los lineamientos que al efecto establezcan las disposiciones reglamentarias que rigen el actuar de las responsables. Además, las autoridades responsables quedan obligadas a justificar de inmediato con la documentación correspondiente, en su caso, los motivos por los cuales no sea posible la liberación de los menores agraviados, para lo cual, deberán: 1. Identificar e individualizar a los menores migrantes, para lo cual deberá remitir copia de la identificación o documento con el que cuenten y con el que los hayan identificado, así como informar a este juzgado si se encuentran acompañados de sus padres, tutores o representantes en la estación migratoria; 2. Asimismo, si los menores de edad se encuentran acompañados de sus padres no sean separados, privilegiando el principio de unidad familiar y de interés superior del menor. 3. Especificar la temporalidad de la detención y si han tenido derecho a asesoría y representación jurídica durante ese lapso; 4. En el caso de que no se encuentren con sus padres, tutores o representes, les provea la designación de algún tutor o representante legal y les asigne un espacio específico en la estación migratoria, distinto del de los adultos. Lo anterior atiende al carácter prevalente de los derechos de los niños, niñas y adolescentes es un mandato expreso de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así se reconoce en su artículo 4, donde se establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Esta norma constitucional es el fundamento del denominado principio del interés superior del menor. Máxime que la Constitución y los tratados internacionales, exigen un trato diferente, especial y prioritario de los derechos de los niños, cuyo ejercicio debe asegurarse a través de una protección intensa y reforzada. Es así que el interés superior del menor debe prevalecer en cualquier contienda judicial donde se vean involucrados sus derechos 3. Privación de la libertad y restricción de la libertad de tránsito por parte de las autoridades migratorias responsables, respecto de las personas mayores de edad. Con relación a la petición del promovente en el sentido de que se decrete la suspensión de plano de los actos reclamados consistentes en la privación de la libertad y la restricción de tránsito en el país, con fundamento en el artículo 15 y 126 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, no ha lugar a decretar dicha medida cautelar, en razón de que la orden de detención y retención por parte de la autoridad migratoria responsable, no encuadra en ninguna de las hipótesis de procedencia que al efecto contemplan los referidos preceptos legales. Por su parte, el artículo 15 de la ley de la materia en lo que aquí acontece, señala: Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. [.]" Así como el párrafo primero del artículo 126 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal." De los dispositivos en cita, se advierte que el órgano jurisdiccional de amparo concederá la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados, cuando estos se encuentren en alguna de las hipótesis siguientes: a) importen peligro de privación de la vida; b) ataquen a la libertad personal fuera de procedimiento; c) incomunicación; d) deportación; e) expulsión; f) proscripción o destierro; g) extradición; h) desaparición forzada de personas; i) la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; o, j) alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. De ahí que, si la parte quejosa reclama la ilegal privación de la libertad y restricción de la misma por parte de las autoridades migratorias responsables este no es un acto que amerite la concesión de la suspensión de plano, ya que no encuadra en una privación de la libertad "fuera de procedimiento", ya que del escrito que se atiende, el propio promovente refirió que los quejosos directos fueron detenidos en el estado de Baja California y se lo atribuye a las autoridades migratorias, es decir, las responsables son autoridades competentes para emitir las ordenes reclamadas en procedimientos migratorios, en términos del artículo 99 de la Ley de Migración1. Sin perjuicio, que una vez que los quejosos ratifiquen la demanda de amparo se proveerá en relación a dichos actos en el incidente de suspensión que al efecto se aperture. Sirve de apoyo a lo anterior, en virtud que no contraviene las disposiciones vigentes de la Ley de Amparo e 1 Artículo 99. Es de orden público la presentación de los extranjeros adultos en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional. La presentación de extranjeros es la medida dictada por el Instituto mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal de un extranjero adulto que no acredita su situación migratoria para la regularización de su estancia o la asistencia para el retorno. En ningún caso, el Instituto presentará ni alojará a niñas, niños o adolescentes migrantes en estaciones migratorias ni en lugares habilitados para ello. La presentación de las personas adultas bajo cuyo cuidado estén niñas, niños o adolescentes migrantes deberá evitarse atendiendo al principio de unidad familiar y del interés superior de niñas, niños y adolescentes. incluso el dispositivo legal interpretado es de similar redacción a la que actualmente dispone el artículo 126 de dicha legislación, la jurisprudencia I.3o. A. J/72, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito3, que dice: "SUSPENSION DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo." Así como la diversa tesis I. 1o.P.6 P (11a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito4, que dice: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE OTORGARLA DE PLANO CONTRA LA MEDIDA DE ALOJAMIENTO DERIVADA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO MIGRATORIO. Hechos: El quejoso afirmó ser extranjero y estar alojado en una estación migratoria; por Registro digital: 229397; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Octava Época; Materias(s): Administrativa; Tesis: I. 3o. A. J/7; Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo III, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1989, página 951; Tipo: Jurisprudencia. 4 Registro digital: 2024119; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Undécima Época; Materias(s): Común; Tesis: I. 1o.P.6 P (11a.); Fuente: Semanario Judicial de la Federación. ese motivo promovió amparo ante un Juez de Distrito en materia penal y solicitó la suspensión de plano para que fuera puesto en libertad. El referido juzgador se pronunció sobre esa petición de suspensión y la negó y, enseguida, declinó la competencia hacia un Juez de amparo en materia administrativa por estimar que tal acto era de esa materia. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito advierte que no procede otorgar esa suspensión porque ese caso no se trata de un ataque a la libertad fuera de procedimiento y, en todo caso, es materia de suspensión incidental. Justificación: El artículo 126 de la Ley de Amparo establece que la suspensión de plano procede (para que el quejoso sea puesto en libertad inmediatamente) sólo cuando el ataque a la libertad personal ocurra fuera de procedimiento, y eso no es lo que sucede cuando el quejoso está sujeto a la medida personal de alojamiento en una estación migratoria, porque conforme a los artículos 3, fracción XXIX, 68, 99, 111, 118, 132 y 143 de la Ley de Migración y 222 del reglamento de esa ley, aunque sí se trata de un ataque a la libertad porque está materialmente detenido, ello ocurre dentro de procedimiento, el denominado procedimiento administrativo migratorio; éste inicia con la puesta a disposición de una persona extranjera en situación migratoria irregular; a continuación, dentro del plazo de 36 horas siguientes se emite el acuerdo de presentación, y si ese acuerdo es en el sentido de que continúa el procedimiento, aquélla puede continuar detenida bajo la figura de "alojado" o ser puesta en libertad bajo una medida diversa; en caso de que la autoridad opte por el alojamiento dispone de quince días hábiles, por regla general, o de sesenta días hábiles en los casos de excepción expresamente previstos, para resolver su situación migratoria (que podrá ser en el sentido de regularizarla, el retorno asistido o la deportación); de no emitir esa resolución en tales plazos, se otorgará al migrante la condición de estancia de visitante con permiso para recibir una remuneración en el país, mientras se resuelve." Requerimiento informe suspensión de plano.

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