Lia America Sanchez Maldonado
Expediente 634/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 634/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Lia America Sanchez Maldonado
Actuaciones
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a doce de julio de dos mil veintitrés. CAUSA EJECUTORIA Vista la certificación de cuenta, se desprende que a la fecha, ha fenecido el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión [medio de impugnación establecido en el diverso numeral 81, fracción I, inciso d), de dicha legislación], en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, en el que se sobreseyó el juicio en que se actúa, sin que ninguna de las mismas lo hubiera hecho. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicho resolución causó ejecutoria para todos los efectos legales. 13/10/23 11:06:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac EDUARDO SUMUANO AGUILAR 2 Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción I del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales vigente, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO DESTRUIBLE El presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo en el que se ha sobreseído respecto de todos los actos reclamados y en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; por lo tanto, con apoyo en el párrafo tercero del artículo 20 del citado instrumento normativo, consérvese este expediente por el término de tres años y cumplido que sea dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes destrúyase, debiéndose remitir el acta de baja documental condigna a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. DIGITALIZACIÒN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES
- Principal
AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a las once horas con cinco minutos del veintitrés de junio de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, en el juicio de amparo 634/2023, promovido por Lia América Sánchez Maldonado, ante la presencia de la Jueza Rosa Patricia Córdova Rangel, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, ante el licenciado Eduardo Sumuano Aguilar, Secretario del Juzgado, con quien actúa y da fe, sin la comparecencia de ninguna de las partes ni representante legítimo de ellas. A continuación, el Secretario de cuenta con la relación de constancias, en las que obran y destacan las siguientes: NO.CONSTANCIAS FOJAS1 Demanda de amparo.3-82 Auto admisorio.9-143 Emplazamiento a la autoridad responsable. 174 Emplazamiento al Agente del Ministerio Público de la Federación. 17 Asimismo, se hace constar que la siguiente relación coincide con las autoridades responsables y el sentido de su informe con justificación: No. AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO FOJA 1 Junta Especial Numero Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, ciudad Omitió Omitió rendir informe justificado Al respecto la Jueza de Distrito acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos a que haya lugar. Acto seguido se abre la etapa de pruebas: El secretario hace constar que ninguna de las partes las ofreció. Acto continuo, se abre el de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. Posteriormente, al respecto se acuerda: ténganse por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales procedentes, sin promoción pendiente de acuerdo, se pasan los autos para dictar la resolución que en derecho corresponda. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 634/2023; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Con data de nueve de mayo de dos mil veintitrés por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, Lia América Sánchez Maldonado, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, que hizo consistir en la dilación procesal en desahogar las pruebas ofrecidas en audiencia de veintidós de junio de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral J/O/647/2017. SEGUNDO. Trámite. Por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad; asignándosele el número 634/2023, del libro de gobierno respectivo y por auto de once de mayo del presente año, se ordenó la admisión a trámite de la demanda en la forma propuesta; se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. En consecuencia, se procede a emitir la resolución correspondiente; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, tiene competencia legal para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el numeral 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General 16/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el once de marzo de dos mil dieciséis. Esto, al reclamarse actos omisivos de autoridades con residencia en la circunscripción en la que este órgano de control constitucional tiene potestad. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar el acto reclamado. La parte quejosa reclama de la junta y actuario responsables: - La dilación procesal en desahogar las pruebas ofrecidas en audiencia de veintidós de junio de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral J/O/647/2017. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicado analógicamente y que a la letra dice: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo. TERCERO. La autoridad señalada como responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, fue omisa en rendir su respectivo informe justificado, no obstante de encontrarse legal y oportunamente notificada para tal efecto, como se advierte de la constancia de notificación que obra en autos a foja 17, y haber transcurrido el término de quince días que le fue otorgado para rendir su informe respectivo. En consecuencia, con apoyo en el párrafo tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene como presuntivamente cierto el acto que se le reclama, mismo que se precisó en el considerando precedente. CUARTO. Estudio de las causales de improcedencia. Por razón de método, procede analizar las causas de improcedencia, las hagan valer o no las partes, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, en el caso concreto, se surte la hipótesis prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo; circunstancia que desde luego, hace innecesario el análisis de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa en su libelo de amparo, con base en las razones que a continuación se exponen. En efecto, es menester señalar que el artículo antes invocado, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;.". Asimismo, el artículo 5º, fracción I, del ordenamiento legal antes mencionado, dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.". De acuerdo a lo antes expuesto, en el caso particular nos ubicamos ante la hipótesis de la promoción del juicio constitucional, por quien aduce que es parte en un juicio laboral tramitado ante las autoridades responsables, frente a un acto concreto de la autoridad, motivo por el cual, -como ya quedó expuesto- debe demostrar ser parte en el procedimiento de origen, a fin de acreditar su interés jurídico; esto es, la relación entre el derecho subjetivo y el acto de autoridad reclamado. Sin embargo, la parte quejosa no acredita su interés jurídico, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Para demostrar el anterior aserto resulta pertinente reiterar que el interés jurídico se traduce en un derecho jurídicamente tutelado y constituye uno de los presupuestos para promover el juicio de amparo; por ende, el juicio de amparo es procedente contra actos que afectan el interés jurídico del quejoso y cuya afectación debe ser directa e inmediata. Orienta lo expuesto la jurisprudencia número 1a./J. 1/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15, tomo XV, febrero de dos mil dos, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente establece: INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto. En ese tenor, el interés jurídico para efectos del juicio de amparo, debe acreditarse fehacientemente, sin que pueda inferirse con base en presunciones, en atención al carácter excepcional que tiene el juicio de amparo y los efectos que debe tener la sentencia que conceda la protección de la Justicia Federal, ya que encierra una declaración de restitución de esos derechos afectados o violados por el acto de autoridad. Al respecto, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, del mes de enero de dos mil ocho, página doscientos veinticinco, del rubro y texto siguientes: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Siguiendo lo anterior, debe decirse que para estar en condiciones de un análisis de la controversia en el juicio constitucional, conforme al artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, es presupuesto indispensable la acreditación del interés jurídico del quejoso; es decir, la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando que esa trasgresión cese. Por tanto, el artículo 5º de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de amparo, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y evidentemente sus bienes jurídicamente amparados. Por tanto, se reitera, que ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que debe tomarse en consideración para la procedencia del juicio de amparo, interés que implica la existencia de dos elementos a saber, el primero, la titularidad de un derecho y, el segundo, la afectación por un acto de autoridad. En razón de lo expuesto, al no existir una base objetiva que fundada y razonablemente produzca convicción que el peticionario de la protección de derechos fundamentales, sea parte en la controversia de origen, no puede estimarse acreditado el interés jurídico que le asiste, de ahí que se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 293, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos cuarenta y dos, tomo VI, Materia Común, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que literalmente establece: INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. Además, para demostrar el interés jurídico resulta insuficiente la sola manifestación bajo protesta de decir verdad de la parte quejosa, contenida en su escrito de demanda. Orienta lo expuesto, la jurisprudencia 3a./J. 27/90 emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos veintinueve, tomo V, primera parte, enero a junio de mil novecientos noventa, de la octava época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto y rubro establecen: INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés. En ese orden de ideas, en el caso, la parte quejosa no demostró con prueba idónea y fehaciente que sea parte en el juicio laboral de donde derivan los actos omisivos reclamados y, por ende, que esté siendo afectada con motivo del acto que reclama, pues no acompañó prueba alguna para demostrar ese extremo. Por lo tanto, es de concluirse, que no demostró que el acto reclamado le irrogue un perjuicio jurídico en su esfera de derechos fundamentales, ya que la acción constitucional está reservada únicamente a los gobernados que resientan un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. En consecuencia de lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por lo que se impone sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. Apuntala lo anterior, la jurisprudencia P./J. 23/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Registro 2006144, publicada el once de abril de dos mil catorce, en el Semanario Judicial de la Federación, que literalmente establece: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO. La impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que el quejoso haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. Por tanto, como la presunción de que es cierto el acto reclamado por haber sido omisa la autoridad responsable al no rendir informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, se concluye que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo. Circunstancia que además, impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la improcedencia que se actualizó, en acatamiento a la tesis de jurisprudencia 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página trescientos treinta y cinco, del tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, con el rubro y texto siguiente: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Por lo expuesto y fundado; se, resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Lia América Sánchez Maldonado, en contra de los actos y autoridad precisados en el considerando segundo, en términos del considerando cuarto del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma la licenciada Rosa Patricia Córdova Rangel, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida del licenciado Eduardo Sumuano Aguilar, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a dos de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que está transcurriendo el término de quince días concedido a la junta responsable para que rinda su informe justificado, ya que fue emplazada el doce de mayo del presente año, como se advierte de la constancia de notificación que obra en autos. En virtud de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día, y en su lugar se fijan las once horas con cinco minutos del veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Sin que haya lugar a comunicar a través de oficio el presente acuerdo a la autoridad señalada como responsable, toda vez que ya existe constancia de su notificación en el presente juicio de amparo y, por ende, este órgano jurisdiccional está en aptitud de hacerlo por medio de lista. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac 13/10/23 11:06:15 2 NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar.". Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Eduardo Sumuano Aguilar, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe. *RPCR/ESA/BYPP** EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac 13/10/23 11:06:15
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Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a once de mayo de dos mil veintitrés. EXPEDIENTE Y REGISTRO Vista la demanda promovida por Lia América Sánchez Maldonado, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad; fórmese el cuaderno correspondiente y regístrese en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número 634/2023. ADMISIÓN DE LA DEMANDA Por lo tanto, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal, 1o, fracción I, 5o, 6o, 33, fracción IV, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117, 119 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo en sus términos. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN 08/05/24 11:01:11 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.10.8a JUDITH VENTURA AVILA 2 No se tramita el incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se pide a la autoridad responsable que rinda su respectivo informe justificado dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio por el que se le comunica el presente acuerdo. Al tiempo, se hace del conocimiento de la aludida autoridad que: * En caso de que omita rendir su informe se presumirán ciertos los actos reclamados que se le imputan. * En los informes deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio, así como la constitucionalidad o legalidad de los actos reprochados, a los que deberán acompañar además, copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo; pues de no hacerlo así, o de no remitir las aludidas documentales de manera completa y legible para la solución del presente asunto, se les sancionará con una multa de cien a mil unidades de medida y actualización, conforme lo dispuesto en la fracción II, del artículo 260 de la Ley de Amparo. INFORMACIÓN A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Asimismo, se informa a las autoridades responsables que se encuentra a su disposición el correo electrónico oficial de este juzgado 1jdo20cto@correo.cjf.gob.mx, el 08/05/24 11:01:11 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.10.8a JUDITH VENTURA AVILA 3 Amparo indirecto 634/2023 número de fax 962 62 61 84 1 y la dirección del propio órgano jurisdiccional ubicado en edificio sede del Poder Judicial de la Federación en Tapachula, Predio Huerto Santa Isabel, carretera a Cantón Murillo, km 0 450, colonia Innominada, Tapachula, Chiapas C.P. 30785, con la finalidad de hacer llegar los informes y documentos que así estimen conducentes. De la misma manera, se les solicita que informen a este juzgado si cuentan con correo institucional para efecto de que, de así solicitarlo, la subsecuentes notificaciones que se generen se puedan realizar por ese medio, en términos de lo dispuesto por los artículos 28 y 30 de la Ley de Amparo. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO Con apoyo en el artículo 64 de la Ley de Amparo, se hace saber a las partes que cuando tengan conocimiento de alguna causa de improcedencia y/o sobreseimiento, así como la existencia de otro u otros juicios constitucionales que se relacionen con el presente, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, incluso aun celebrada la audiencia constitucional o que el asunto se encuentre en revisión y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten. En caso contrario, se les impondrá multa de treinta a trescientas unidades de medida y actualización, en términos del numeral 251 de la invocada legislación. INTERVENCIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL 08/05/24 11:01:11 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.10.8a JUDITH VENTURA AVILA 4 Con fundamento en los artículos 5, fracción IV, 26, fracción IV, 28 y 30 de la Ley de Amparo, se ordena dar la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo, para lo cual notifíquesele mediante oficio el presente auto. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para que tenga verificativo la audiencia constitucional en este asunto, se señalan las once horas con cinco minutos del dos de junio de dos mil veintitrés. TERCERO INTERESADO Resérvese llamar a juicio a la persona que en términos del inciso b), fracción III, del artículo 5 de la Ley de Amparo, le resulte el carácter de tercero interesado en este asunto, hasta en tanto la autoridad responsable rinda su informe justificado. PRUEBAS De acuerdo al contenido de los dispositivos 119 al 123 de la Ley de Amparo, se indica a las partes que en el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones. En ese sentido, con fundamento en el primero de los numerales invocados en el párrafo anterior y 124 del citado ordenamiento legal, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como pruebas de su intención: 08/05/24 11:01:11 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.10.8a JUDITH VENTURA AVILA 5 Amparo indirecto 634/2023 _ La instrumental de actuaciones, y la presuncional legal y humana, ya que por su propia naturaleza no requieren de desahogo especial, sin perjuicio de dar cuenta con ellas al momento de celebrar la audiencia constitucional. Ahora bien, respecto a la documental que ofrece resérvese acordar lo conducente hasta en tanto la autoridad responsable rinda su informe justificado. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS De conformidad con lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles [aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia], se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda. Asimismo, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Pablo García Suriano, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos a las demás personas que señala en su escrito de demanda. Por otra parte, con fundamento en el artículo 93 y sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa la consulta vía internet del expediente electrónico relativo al presente asunto, a través de la cuenta de usuario que señala, en virtud de encontrarse debidamente registrada. Por lo anterior, se ordena dar de alta en el Sistema 08/05/24 11:01:11 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.10.8a JUDITH VENTURA AVILA 6 Integral de Seguimiento de Expedientes, el nombre del usuario antes referido para su debida consulta. En el entendido de que la autorización de ingresar al expediente electrónico no conlleva a que la parte quejosa reciba notificaciones por esa vía, ya que la notificación por vía electrónica solo se realizará a las partes que lo soliciten expresamente [y que previamente hayan obtenido la firma electrónica], en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de la Materia, situación que no acontece hasta este momento. AUTORIZACIÓN EN EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y COPIAS Desde ahora se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Por tanto, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3º.C725C1 , sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO 1 Registro: 167640, Época: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia(s): Civil, Tesis: I.3o.C.725 C, Página: 2847. 08/05/24 11:01:11 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.10.8a JUDITH VENTURA AVILA 7 Amparo indirecto 634/2023 EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". También se autoriza expedir, en un solo tanto, las copias simples o certificadas que a su costa solicite cualquiera de las partes al comparecer a este juzgado, previa toma de razón y recibo que de ello se deje en autos para constancia legal; lo anterior de conformidad con los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ello, en el entendido de que, de encontrarse algún motivo por el que deba ampliarse esa prerrogativa, el compareciente deberá solicitarla por escrito en la oficialía de partes de este juzgado, la cual se acordará como legalmente corresponda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. SIGNATURA DE OFICIOS Se autoriza a los secretarios y actuarios de este órgano jurisdiccional a firmar los oficios que se originen de la presente determinación, ya sea de manera autógrafa o por medio de su signatura electrónica [FIREL o FIEL]. 08/05/24 11:01:11 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.10.8a JUDITH VENTURA AVILA 8 RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de once de junio del año dos mil dos, y con el artículo 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el referido medio de difusión oficial el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor al día siguiente, así como el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley antes mencionada, cabe señalar a las partes el derecho que les asiste para oponerse a hacerse públicas las sentencias, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA OBTENCIÓN Y USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA Se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", para lo cual, es menester que observen lo siguiente: Las personas interesadas en acceder a los servicios que se presentan en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, forzosamente deberán contar con firma electrónica, que comprende a la certificada por el Poder Judicial de la Federación, conocida 08/05/24 11:01:11 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.10.8a JUDITH VENTURA AVILA 9 Amparo indirecto 634/2023 como FIREL, y a la "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o FIEL). Para registrarse en el citado portal los usuarios deberán indicar su nombre, correo electrónico, registro federal de contribuyentes y clave única de registro de población, crear un nombre de usuario, una contraseña y vincular al registro su firma electrónica, el registro de cada usuario en el sistema ese carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. La consulta del expediente electrónico depende de que la propia parte formule una petición en ese sentido. En términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, para la solicitud de notificación electrónica se deberá realizar la manifestación expresa para que se les practiquen notificaciones de esa naturaleza, en virtud de que la sola presentación de promociones o recursos en forma electrónica, no implica gestión ni autorización alguna para recibirlas de esta forma, según se desprende del artículo 15, inciso a), del Acuerdo General Conjunto 1/2013 y el diverso artículo 79 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 en alusión. Ello permitirá presentar promociones y recursos en forma electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, disponible en http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea. Adicionalmente, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con el Comunicado 28/2020, del quince de julio del dos mil veinte, publicado en la página oficial del Consejo de la Judicatura Federal, se encuentra disponible la aplicación -APP- para teléfonos móviles que utilicen los sistemas operativos iOS y Android, 08/05/24 11:01:11 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.10.8a JUDITH VENTURA AVILA 10 de modo que, a través de este medio también podrán tramitar la Firma Electrónica Certificada (FIREL) con su credencial para votar vigente expedida por el Instituto Nacional Electoral. DATOS DE CONTACTO Con fundamento en el artículo 22, fracción II, del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se propone y solicita a las partes que proporcionen como formas especiales y expeditas de contacto sus números telefónicos y correos electrónicos, a través de los cuales se pueda entablar comunicaciones no procesales cuyo contenido se registre y, de ser necesario, se incorpore al presente expediente previa certificación. Lo anterior, conforme al diverso ordinal 23, fracción I de la referida normatividad, propiciará el éxito y seguridad de la práctica de notificaciones personales, en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes intervengan en la diligencia concerniente. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS Los responsables en el manejo de este expediente, procederán a la oportuna digitalización de las constancias que lo integren (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y proceso técnico informático y documental), con excepción de los anexos que dadas sus características y voluminosidad la dificulten. Todo ello a 08/05/24 11:01:11 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.10.8a JUDITH VENTURA AVILA 11 Amparo indirecto 634/2023 efecto de cumplir con el artículo 3, párrafos quinto y sexto de la ley de la materia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, encargado del despacho, por licencia de la Jueza de Distrito, en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial; determinado en sesión celebrada el trece de febrero del año en curso y comunicado mediante oficio CCJ/ST/539/2023, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en la Ciudad de México, asistido de Judith Ventura Ávila, Secretaria del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
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