Leybi Gonzalez Rosales
Expediente 271/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 271/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Leybi Gonzalez Rosales
Actuaciones
- Principal
Vista la diligencia de notificación personal que antecede, en la cual los directos quejosos Leybi González Rosales y Norji Figueredo, manifestaron de manera expresa que no era su deseo ratificar la demanda presentada a su favor por Rafael Flores García, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. En ese contexto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de veintidós de junio del año en curso, razón por la cual, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada su demanda de amparo. En consecuencia, una vez que cause estado el presente proveído, quedarán sin efectos las providencias dictadas por este juzgado en el referido auto inicial. Comuníquese la presente determinación a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, incorpórese a los autos para que obre como constancia la razón actuarial que antecede en la que informa la actuaria de la adscripción que le fue imposible hacer entrega del oficio 7449/2021 dirigido al Subdirector de Control y Verificación Migratoria adscrito a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, en esta ciudad, debido a lo acordado en párrafos que anteceden. Finalmente, agréguense a los autos los autos del Titular de la Oficina de Representación y Director de la Estación Migratoria, adscritos al Instituto Nacional de Migración en esta ciudad, sin que se provea toda vez que el juicio en que se actúa se tuvo por no presentado. Notifíquese...
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veinticinco de junio de dos mil veintiuno. EXPEDIENTE Y REGISTRO Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el escrito de demanda de amparo promovida por Rafael Flores García, en favor de los directos quejosos Leybi González Rosales y Norji Figuerero, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. En consecuencia, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, fórmese el cuaderno correspondiente y regístrese en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número 271/2021. SUSPENSIÓN DE PLANO Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, se aduce que la parte quejosa reclama, entre otras cosas, lo siguiente: La privación y/o ataques de la libertad personal fuera de procedimiento, aseguramiento o presentación o alojamiento. La incomunicación. Luego, con la finalidad de garantizar una pronta y expedita impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional, y además, ante el peligro de que continúen ejecutándose los actos reclamados, con fundamento en el artículo 125 de la legislación de la materia, se decreta la suspensión de oficio y de plano en los siguientes términos: Se ordena a las autoridades responsables hacer cesar de inmediato cualquier acto prohibido por el artículo 22 Constitucional, en correlación directa con el 126 de la Ley de Amparo; particularmente, deberán cesar de inmediato los actos sobre los directos quejosos, que se traducen en mantenerlos presentados, asegurados, alojados, o detenidos de manera indefinida, en las instalaciones de la Estación Migratoria Siglo XXI, situada en esta ciudad, así como incomunicados; además deberán impedir la ejecución de cualquier orden para que la parte quejosa sea deportada, expulsada o repatriada a su país de origen de manera arbitraria, o bien, trasladada a una diversa estación migratoria, en atención al respeto y tutela de los derechos humanos consagrados en nuestra Carta Magna y los tratados internacionales que nuestro país ha suscrito con otros. En ese sentido, y derivado de la situación de pandemia que vive el País generada por el virus que provoca la enfermedad denominada COVID-19, las autoridades migratorias bajo su más estricta responsabilidad, deberán resguardar a la parte quejosa acorde a las medidas sanitarias o protocolos decretados por las autoridades de salud. De conformidad con el artículo 160 de la Ley de Amparo, y por cuanto hace a los actos que ahí se describen, la parte amparista queda a disposición de este juzgado de Distrito, en el lugar en que se encuentra alojada, sólo en lo que se refiere a su libertad personal, hasta en tanto se comunique a las autoridades responsables la subsistencia de la medida. Asimismo, las autoridades responsables en términos de los artículos 164 de la Ley de Amparo, 66, 107, 109 y 112 de la Ley de Migración, así como del Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, deberán bajo la óptica encaminada a la búsqueda y aplicación de medidas alternativas a la detención en la estación migratoria, en que ésta se utilice como último recurso, al tratarse per se, de una privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación (aseguramiento o alojamiento); de no ser posible un alojamiento distinto, entonces debe examinar que se cumplan y garanticen sus derechos mientras dure su estadía en ese lugar en estricto acatamiento a los plazos máximos fijados por la ley. Por tanto, mientras permanezcan en las instalaciones señaladas, esa medida debe tener por efecto que la autoridad migratoria: 1. Identifique e individualice a los migrantes; 2. Especifique la temporalidad de la detención y si han tenido derecho a asesoría y representación jurídica durante ese lapso; 3. Corrobore el estado de salud; y, 4. Los ponga en contacto con el consulado de su país, salvo que pueda acceder al asilo político o al reconocimiento de la condición de refugiado. Asimismo, las autoridades responsables en términos de la Ley de Migración, deberán: _ Garantizar la seguridad personal de los migrantes. _ Respetar sus derechos humanos sin ningún tipo de discriminación. _ Dar a conocer los derechos de la persona presentada de acuerdo a lo estipulado en el precepto 109, tales como: Informar el motivo del ingreso a la estación migratoria, así como del procedimiento migratorio; de la posibilidad de que solicite el reconocimiento de refugiado o de apátrida; podrá, si lo desea, regularizar su estancia en el país de conformidad con lo establecido en los preceptos 132, 133 y 134 de la Ley de Migración; puede solicitar voluntariamente el retorno asistido a su país de origen; el derecho de interponer un recurso efectivo contra las resoluciones del Instituto; Que tiene derecho a recibir la protección de su representación consular, así como establecer comunicación con ésta, facilitándole los medios; Informarle su derecho a un procedimiento por autoridad competente, así como a recibir asesoría legal, ofrecer pruebas y alegar lo que crea conveniente y que tendrá acceso a las constancias del expediente administrativo migratorio que se le instaure; En caso de que no hable español, contará con un traductor o intérprete para facilitarle la comunicación; Que tiene derecho a acceder a comunicación telefónica; A recibir alimentos, productos básicos para su aseo personal, atención médica; entre otros. Ser visitada por sus familiares y por su representante o defensor. La medida cautelar concedida no surtirá efectos y, por consiguiente, no se proyectará sobre la detención de la parte quejosa, si la restricción de la libertad se efectuó en cumplimiento de una orden librada en su contra por autoridad diversa de las aquí señaladas como responsables o se le haya sorprendido en la comisión de delito flagrante. Finalmente, debe subrayarse que esta medida cautelar en ningún momento representa un salvo conducto, ni sustituye a la resolución que, en su caso, debe emitir la autoridad competente. CUMPLIMIENTO Se apercibe a las autoridades responsables que de no dar cumplimiento a esta medida cautelar o de no informar el impedimento legal o material existente, se les impondrá en lo individual [específicamente a la persona física que ocupe el cargo público respectivo], una multa de conformidad con el numeral 237, fracción I, en relación al 259, de la Ley de Amparo1, asimismo se procederá en su contra en términos de su artículo 262, fracción III. INFORME DE SUSPENSIÓN DE PLANO Solicítese a las autoridades responsables para que en el plazo de veinticuatro horas, contado a partir de que se encuentren notificadas de este acuerdo, envíen a este juzgado copia certificada de las constancias en que se patentice el cumplimiento que han dado a la medida cautelar concedida; apercibidas que de no hacerlo, se impondrá a la omisa, la medida de apremio antes apuntada. SIGNATURA DE OFICIOS Se autoriza a los secretarios y actuarios de este órgano jurisdiccional a firmar los oficios que se originen de la presente determinación, ya sea de manera autógrafa o por medio de su signatura electrónica [FIREL o FIEL]. COMISIÓN A LOS ACTUARIOS DE LA ADSCRIPCIÓN Asimismo, se comisiona al actuario judicial de la adscripción para que preferentemente envíe los oficios generados con motivo de la presente determinación, a través del correo electrónico que corresponda a las instituciones destinatarias, previa búsqueda que realice de dichas direcciones electrónicas en el concentrado de correos electrónicos institucionales de las entidades federativas y dependencias locales, o en caso de ser necesario, en la página oficial de las dependencias en cuestión, debiendo corroborar la recepción de los mismos a fin de que surta efectos la notificación en términos de lo dispuesto en los artículos 28 y 30 de la Ley de Amparo, debiendo generar constancia de todo ello en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). INFORMACIÓN A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Asimismo, se informa a las autoridades responsables que se encuentra a su disposición el correo electrónico oficial de este juzgado 1jdo20cto@correo.cjf.gob.mx, el número de fax 962 62 61 84 1 (en un horario comprendido de las ocho a las doce horas), y la dirección del propio órgano jurisdiccional ubicado en edificio sede del Poder Judicial de la Federación en Tapachula, Predio Huerto Santa Isabel, carretera a Cantón Murillo, km 0 450, colonia Innominada, Tapachula, Chiapas C.P. 30785, con la finalidad de hacer llegar los informes y documentos que así estimen conducentes. De la misma manera, se les solicita que informen a este juzgado si cuentan con correo institucional para efecto de que, de así solicitarlo, la subsecuentes notificaciones que se generen se puedan realizar por ese medio, en términos de lo dispuesto por los artículos 28 y 30 de la Ley de Amparo y los ordinales 22, fracción II, y 23, fracción III, del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19. NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA Y RATIFICACIÓN DE DEMANDA Ahora bien, tomando en consideración que, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que el promovente manifestó que los quejosos Leybi González Rosales y Norji Figueredo, se encuentran alojados en la estación Migratoria Siglo XXI. En consecuencia, comisiónese al actuario de la adscripción para efecto de que se constituya en el lugar antes citado y les notifique el presente proveído a los directos quejosos Leybi González Rosales y Norji Figueredo; asimismo, los requiera para que en la diligencia de notificación o dentro del plazo de tres días, siguientes al de la diligencia, ratifiquen la demanda de amparo en los términos en que fue promovida a su favor por diversa persona, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias decretadas; con apoyo en lo dispuesto por el numeral 15 de la Ley de Amparo. Asimismo, el funcionario encomendado deberá dar fe de la integridad física de los quejosos y de las condiciones de su confinamiento, a fin de estar en aptitud de acordar lo procedente. CONSULTA DEL EXPEDIENTE VÍA INTERNET Toda vez que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se localizó el nombre de usuario "Audax", al cual se encuentra relacionado el correo electrónico audax7m@gmail.com, que pertenece a Rafael Flores García. En consecuencia, con fundamento en el artículo 93 y sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa la consulta vía internet del expediente electrónico relativo al presente asunto y para recibir notificaciones, a través de la cuenta de usuario que señala, en virtud de encontrarse debidamente registrado. Por lo anterior, se ordena dar de alta de inmediato en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE], el nombre del usuario antes referido para su debida consulta. Ello siguiendo el espíritu del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que amplió el margen de regulación de los asuntos cuya tramitación puede realizarse en línea conforme a la integración de su respectivo expediente electrónico pese a no contar con estatuto expreso en la legislaciones que rigen a sus respectivas materias, en aras de privilegiar el postulado de acceso a la justicia que exige que su tutela comprenda el uso de tecnologías de la información y de las comunicaciones [máxime que la clase de juicio de que se trate y su legislación supletoria permite el uso de las tecnologías para su sustanciación]. AUTORIZADOS Asimismo, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Carlos Mario Alvarado Méndez, toda vez que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos del citado numeral a Rafael Flores García, toda vez que no cuenta con el mencionado requisito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. ACCESO AL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO Hágase del conocimiento a las autoridades responsables que deberán facilitar el acceso al actuario judicial adscrito, a cualquiera de los sitios, áreas, o estancias de que consten las instalaciones del recinto oficial en que se ubiquen, para lograr la localización del agraviado; respetando su autoridad y cuidando las medidas de seguridad implementadas para resguardarse del virus Covid-19; bajo el apercibimiento que de no hacerlo así se procederá en su contra de acuerdo a la ley. Se requiere a la autoridad que físicamente tenga bajo su guarda o custodia a los impetrantes de amparo, para que de necesitar éste atención médica, le sea proporcionada de inmediato, debiendo salvaguardar su integridad física conforme al estado de salud que presenta, debiéndose tomar las medidas pertinentes que aseguren que el impetrante no evada la acción de la justicia; y de acreditarse los actos reclamados, así como que dicha autoridad no procedió en la manera indicada en este proveído, se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción para los efectos a que haya lugar. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS Los responsables en el manejo de este expediente, procederán a la oportuna digitalización de las constancias que lo integren (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y proceso técnico informático y documental), con excepción de los anexos que dadas sus características y voluminosidad la dificulten. Todo ello a efecto de cumplir con el artículo 3, párrafos quinto y sexto de la ley de la materia. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LAS PERSONAS DESCONOCIDAS QUE INDICA EL ACCIONANTE Finalmente, el promovente aduce en su en el proemio de la demanda que acciona la presente instancia por los directos quejosos Leybi González Rosales, Norji Figueredo y dos personas más (sic), posteriormente refiere que Leybi González Rosales, puede facilitar los nombres completos de las "tres personas faltantes"; no obstante, lo cierto es que no menciona el nombre de quienes pretende representar. En ese sentido, este juzgado se encuentra imposibilitado para decretar providencias como las que se plasmaron parágrafos supra, al no tener la certeza del nombre de quién es el directo agraviado, de conformidad con el artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual es un requisito esencial de las demandas como la que se provee, por ende, se reitera, no ha lugar a proveer sobre las medidas decretadas sobre las personas de las que el promovente no plasmó el nombre. Notifíquese personalmente a los directos quejosos y vía electrónica al promovente. Así lo proveyó y firma el licenciado Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a la autorización notificada mediante oficio CCJ/ST/0390/2021 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, quien a su vez es asistido por el licenciado José de Jesús Soto Ríos, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
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