Lezbeth Mireya de Dios Garcia
Expediente 1547/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1547/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Lezbeth Mireya de Dios Garcia
- Amparo del Rosario Alconcer Pinzon
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio el dieciocho de julio de dos mil veintidós; con fundamento en los artículos, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Pablo Pérez Pacheco, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización otorgada en sesión de veinte de junio de dos mil veintidós, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2742/2022, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Libia Beatriz Cua Mejía, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
- Principal
Mérida, Yucatán, a dieciocho de julio de dos mil veintidós. Agréguense a estos autos los oficios 3180/2022 y 3181/2022, signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por sí y en representación de la Junta, así como las constancias que acompañó, de las que se advierte que el veintisiete de abril del año en curso, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de ocho de febrero del año en curso, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; ordenó girar oficio al Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, a fin de que haga efectiva la multa impuesta; de igual forma se advierte que en fecha veintisiete de junio de dos mil veintidós, la Junta responsable determinó que no había sido desahogado el informe ofrecito por el Instituto demandado y se giró oficio recordatorio a la Jefatura de Servicio de Recurso Humanos del SUPERISSSTE, con sede en la Ciudad de México, a efecto de tener conocimiento respecto de lo informado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la documental 4 ofrecida por la parte demandada Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de poder estar en aptitud de motivo por el cual informa que no se encuentra en aptitud de dictar la resolución incidental de liquidación en el juicio laboral 1013/2009. Ahora bien, de la revisión de las constancias que fueron anexadas por la autoridad responsable a su informe justificado, se advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que amerita el sobreseimiento en este asunto, en términos de la fracción V del numeral 63 de la citada ley de la materia. Al respecto, es necesario precisar que la promovente reclama en el presente juicio de amparo de la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad: "1.- La omisión de implementar las medidas de apremio establecidas en la ley aplicable para que los demandados den cumplimiento a lo condenado mediante laudo ejecutoriado de veinticuatro de agosto de dos mil veinte... 2.- . la omisión de dictar la Resolución Incidental o de haber realizado las gestiones necesarias para requerir a las diversas autoridades los informes solicitados por las partes y poder dictar el incidente de liquidación y cuya audiencia se celebró en fecha veinte de mayo de dos mil veintiuno." Por su parte, la Junta responsable por conducto de su Presidenta adscrita, al rendir sus respectivos informes justificados, negó la existencia del acto que se le atribuye, por lo que ve al acto consistente en la omisión de implementar las medidas de apremio establecidas en la ley aplicable para que los demandados den cumplimiento a lo condenado mediante laudo ejecutoriado de veinticuatro de agosto de dos mil veinte y aceptaron la existencia del diverso acto reclamado. No obstante la negativa señalada, ésta debe desvirtuarse toda vez que el propio Presidente hace diversas manifestaciones que evidencian la certeza de los actos reclamado; en consecuencia, se tienen por ciertos los actos atribuidos a la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad y su Presidenta. En relación a los actos reclamados hechos valer por la parte quejosa, como se observa de las constancias que adjuntó la responsable al rendir su informe justificado, estos es, la Presidente de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, se aprecia que el veintisiete de abril del año en curso, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de ocho de febrero del año en curso, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; ordenó girar oficio al Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, a fin de que haga efectiva la multa impuesta; de igual forma se advierte que en fecha veintisiete de junio de dos mil veintidós, la Junta responsable determinó que no había sido desahogado el informe ofrecido por el Instituto demandado y se giró oficio recordatorio a la Jefatura de Servicio de Recurso Humanos del SUPERISSSTE, con sede en la Ciudad de México, a efecto de tener conocimiento respecto de lo informado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la documental 4 ofrecida por la parte demandada Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de poder estar en aptitud de motivo por el cual informa que no se encuentra en aptitud de dictar la resolución incidental de liquidación en el juicio laboral 1013/2009. Documentales a las que esta juzgadora le otorga valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, toda vez que fue emitida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Como ya se dijo, esta Juzgadora estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, las autoridades responsables por conducto de su Presidente, en fecha veintisiete de abril del año en curso, emitió una determinación en la que se hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de ocho de febrero del año en curso, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; ordenó girar oficio al Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, a fin de que haga efectiva la multa impuesta; de igual forma se advierte que en fecha veintisiete de junio de dos mil veintidós, la Junta responsable determinó que no había sido desahogado el informe ofrecido por el Instituto demandado y se giró oficio recordatorio a la Jefatura de Servicio de Recurso Humanos del SUPERISSSTE, con sede en la Ciudad de México, a efecto de tener conocimiento respecto de lo informado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la documental 4 ofrecida por la parte demandada Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de poder estar en aptitud de motivo por el cual informa que no se encuentra en aptitud de dictar la resolución incidental de liquidación en el juicio laboral 1013/2009 y si bien no se ha emitido la resolución respectiva, si se realizaron las gestiones y actuaciones conducentes para su integración. Por lo tanto, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la omisión impugnada, ya que es evidente que al haberse emitido los diferentes pronunciamientos antes reseñados, han cesado los efectos de las omisiones aludidas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejo huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 y la diversa contenida en el artículo 63, fracción V, ambas de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, en contra de los actos reclamados a la autoridad responsable, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Por consiguiente, esta Juzgadora Federal decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de control constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON TRECE MINUTOS DEL DOS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
AVISO DE NOTIFICACION.- Mérida, Yucatán, a dieciocho de julio de dos mil veintidós. Agréguense a estos autos los oficios 3180/2022 y 3181/2022, signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por sí y en representación de la Junta, así como las constancias que acompañó, de las que se advierte que el veintisiete de abril del año en curso, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de ocho de febrero del año en curso, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; ordenó girar oficio al Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, a fin de que haga efectiva la multa impuesta; de igual forma se advierte que en fecha veintisiete de junio de dos mil veintidós, la Junta responsable determinó que no había sido desahogado el informe ofrecito por el Instituto demandado y se giró oficio recordatorio a la Jefatura de Servicio de Recurso Humanos del SUPERISSSTE, con sede en la Ciudad de México, a efecto de tener conocimiento respecto de lo informado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la documental 4 ofrecida por la parte demandada Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de poder estar en aptitud de motivo por el cual informa que no se encuentra en aptitud de dictar la resolución incidental de liquidación en el juicio laboral 1013/2009. Ahora bien, de la revisión de las constancias que fueron anexadas por la autoridad responsable a su informe justificado, se advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que amerita el sobreseimiento en este asunto, en términos de la fracción V del numeral 63 de la citada ley de la materia. Al respecto, es necesario precisar que la promovente reclama en el presente juicio de amparo de la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad: "1.- La omisión de implementar las medidas de apremio establecidas en la ley aplicable para que los demandados den cumplimiento a lo condenado mediante laudo ejecutoriado de veinticuatro de agosto de dos mil veinte... 2.- . la omisión de dictar la Resolución Incidental o de haber realizado las gestiones necesarias para requerir a las diversas autoridades los informes solicitados por las partes y poder dictar el incidente de liquidación y cuya audiencia se celebró en fecha veinte de mayo de dos mil veintiuno." Por su parte, la Junta responsable por conducto de su Presidenta adscrita, al rendir sus respectivos informes justificados, negó la existencia del acto que se le atribuye, por lo que ve al acto consistente en la omisión de implementar las medidas de apremio establecidas en la ley aplicable para que los demandados den cumplimiento a lo condenado mediante laudo ejecutoriado de veinticuatro de agosto de dos mil veinte y aceptaron la existencia del diverso acto reclamado. No obstante la negativa señalada, ésta debe desvirtuarse toda vez que el propio Presidente hace diversas manifestaciones que evidencian la certeza de los actos reclamado; en consecuencia, se tienen por ciertos los actos atribuidos a la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad y su Presidenta. En relación a los actos reclamados hechos valer por la parte quejosa, como se observa de las constancias que adjuntó la responsable al rendir su informe justificado, estos es, la Presidente de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, se aprecia que el veintisiete de abril del año en curso, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de ocho de febrero del año en curso, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; ordenó girar oficio al Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, a fin de que haga efectiva la multa impuesta; de igual forma se advierte que en fecha veintisiete de junio de dos mil veintidós, la Junta responsable determinó que no había sido desahogado el informe ofrecido por el Instituto demandado y se giró oficio recordatorio a la Jefatura de Servicio de Recurso Humanos del SUPERISSSTE, con sede en la Ciudad de México, a efecto de tener conocimiento respecto de lo informado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la documental 4 ofrecida por la parte demandada Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de poder estar en aptitud de motivo por el cual informa que no se encuentra en aptitud de dictar la resolución incidental de liquidación en el juicio laboral 1013/2009. Documentales a las que esta juzgadora le otorga valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, toda vez que fue emitida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Como ya se dijo, esta Juzgadora estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, las autoridades responsables por conducto de su Presidente, en fecha veintisiete de abril del año en curso, emitió una determinación en la que se hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de ocho de febrero del año en curso, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; ordenó girar oficio al Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, a fin de que haga efectiva la multa impuesta; de igual forma se advierte que en fecha veintisiete de junio de dos mil veintidós, la Junta responsable determinó que no había sido desahogado el informe ofrecido por el Instituto demandado y se giró oficio recordatorio a la Jefatura de Servicio de Recurso Humanos del SUPERISSSTE, con sede en la Ciudad de México, a efecto de tener conocimiento respecto de lo informado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la documental 4 ofrecida por la parte demandada Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de poder estar en aptitud de motivo por el cual informa que no se encuentra en aptitud de dictar la resolución incidental de liquidación en el juicio laboral 1013/2009 y si bien no se ha emitido la resolución respectiva, si se realizaron las gestiones y actuaciones conducentes para su integración. Por lo tanto, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la omisión impugnada, ya que es evidente que al haberse emitido los diferentes pronunciamientos antes reseñados, han cesado los efectos de las omisiones aludidas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejo huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 y la diversa contenida en el artículo 63, fracción V, ambas de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, en contra de los actos reclamados a la autoridad responsable, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Por consiguiente, esta Juzgadora Federal decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de control constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON TRECE MINUTOS DEL DOS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
2022, Año de Ricardo Flores Magón" SECCIÓN AMPARO EXP. 797/2022-II. OFICIO. 2523/2022-II. TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL DECIMOCUARTO CIRCUITO. PRESENTE. De conformidad con lo acordado en proveído de dieciséis de mayo del año en curso, dictado en el juicio de amparo al rubro citado, promovido por Lucio Abraham Góngora Santos, contra un acto del Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado con sede en Valladolid, Yucatán; me permito remitirle el presente expediente, con motivo del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, contra el sobreseimiento fuera de audiencia dictado en este asunto, junto con el escrito de expresión de agravios respectivo, y la copia de éste que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación, de conformidad al artículo 89 de la Ley de Amparo. Suplico a usted se sirva ordenar se acuse recibo a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán y aceptar las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. MÉRIDA, YUCATÁN, VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. A T E N T A M E N T E. KARLA ALEXANDRA DOMINGUEZ AGUILAR. JUEZA TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE YUCATÁN.
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