Leyla Carolina Romero Gongora
Expediente 1442/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1442/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Leyla Carolina Romero Gongora
Actuaciones
- Principal
MESA III. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, con en el que contaban las partes para recurrir el auto en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º, se declara que el citado auto que sobreseyó en este juicio fuera de audiencia, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, no se encuentra en alguno de los supuestos de relevancia documental, ni cuenta con documentos determinados como información reservada, es susceptible de destrucción, lo que se podrá realizar una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Por otro lado, se hace notar que no se tramitó incidente de suspensión y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente, en el sentido de que este asunto es destruible. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
MESA III. Agréguese a estos autos el alegato ministerial 358/2023, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán; sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento en cuanto a su contenido, toda vez que en resolución de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por otra parte, en cuanto a la petición de la representante social de la federación, en el sentido que se le expida copia de la resolución que se pronuncie en este juicio de amparo, dígasele que no es posible acceder a lo que solicita, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación generada electrónicamente consta únicamente en el expediente electrónico, por lo que no se imprime ni se agrega al expediente impreso. De ahí que al haberse emitido y agregado a estos autos electrónicamente la actuación cuya copia desea obtener, sólo consta en el expediente electrónico, por lo que no obra en el expediente impreso, máxime que fue emitida con posterioridad al siete de noviembre de dos mil veintidós, fecha en la cual entró en vigor lo dispuesto por el acuerdo general señalado en párrafos precedentes. No obstante lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 se hace saber a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, que se encuentra en aptitud de acceder al expediente electrónico e imprimir las constancias que requiera, pues al contar con evidencia criptográfica, su valor probatorio es el mismo que el de una copia certificada. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe..
- Principal
MESA III. Agréguense a estos autos informe justificado rendido por el Actuario adscrito a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, y su anexo, consistente en un legajo de copias certificadas derivadas del expediente ********************. En este punto, es menester traer a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo la omisión del Actuario de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, de notificar a las partes, el laudo de diecinueve de mayo del año en curso. Ahora, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Así las cosas, se reitera, que en su demanda de amparo, la quejosa reclama la denegación de justicia en la que incurre la responsable, consistente en la omisión del Actuario de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, de notificar a las partes, el laudo de diecinueve de mayo del año en curso.. Ahora, en su informe justificado el Actuario de mérito, aceptó la existencia del acto reclamado, e indicó que el veintiséis de septiembre del año en curso, se notificó a las partes el laudo dictado el diecinueve de mayo del año en curso, dictado en autos del juicio laboral ********************. Lo que se corrobora con las constancias de notificación remitidas por el Actuario de la Junta responsable, entre las que se encuentran las documentales relativas a las constancias de notificación de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, las cuales por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que ya se notificó a las partes el laudo en el juicio laboral de origen ********************. Por lo tanto, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la paralización impugnada; misma que ya dejó de existir, por lo que han cesado los efectos de la aludida paralización. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON SIETE MINUTOS DEL TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio remitido por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, al que adjunta el original del expediente 725/2022-VII del índice de este Juzgado, junto con la copia certificada de la resolución pronunciada en el toca 245/2022 de su índice, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por la quejosa Leslie Karina Gil Espadas, contra la sentencia dictada el diez de junio de dos mil veintidós; ejecutoria en cuyo tercer considerando aparece que la parte recurrente se desistió del recurso de revisión, por lo que se declaró firme la sentencia sujeta a revisión, en cuyo único punto resolutivo se sobreseyó en este juicio de amparo, respecto del acto reclamado a la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial y al Actuario de su adscripción, ambos del Estado de Yucatán. Por ende, acúsese recibo correspondiente. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, no se encuentra en alguno de los supuestos de relevancia documental, ni cuenta con documentos determinados como información reservada, es susceptible de destrucción, lo que se podrá realizar una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Por otro lado, atendiendo a que en el incidente derivado del presente juicio, se concedió la suspensión definitiva; en tal virtud, de conformidad con lo previsto en el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo antes citado, se determina que el incidente de suspensión derivado del presente expediente, es susceptible de conservación. En el entendido de que el duplicado será destruible en un plazo de seis meses, en términos de lo dispuesto en el artículo 19, fracción II, inciso a) del referido Acuerdo. En diverso orden, toda vez que no existe razón legal para que continúe en este órgano de control constitucional, el anexo consistente en copia certificada del expediente 455/2013, mismo que fue remitido por la Jueza Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, como justificación del acto que se le reclamó. En consecuencia, devuélvase a su lugar de procedencia dicho anexo; sin que sea necesario que se acuse recibo del mismo. Finalmente, se deja a disposición de la parte quejosa, el documento original consistente en el billete de depósito N-931516, por la cantidad de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 moneda nacional), expedido por la sucursal en esta ciudad, del Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, que exhibió como garantía de su parte para que siguiera surtiendo efectos la suspensión definitiva que en su oportunidad solicitó; apercibida que a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, empezará a correr el plazo de dos años que previene el artículo 36 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación, para la prescripción del billete en comento, a favor de la Federación. En el entendido que para estar en aptitud de comparecer a recoger dicho billete de depósito, deberá transcurrir el plazo de seis meses a que alude el numeral 156 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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