Leydi Laura Reyes Pita
Expediente 1164/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1164/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- LEYDI LAURA REYES PITA y Otros.
- Leydi Laura Reyes Pita
Actuaciones
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio con registro 22221, con el cual la autoridad responsable, en atención a lo solicitado en proveído de trece de diciembre del año en curso, rinde el informe relativo a la suspensión de plano y remite las constancias conducentes; por lo tanto, téngase cumplido el requerimiento efectuado en dicho auto. Por otra parte, en relación al oficio registrado con el número 22222, téngase por rendido el informe justificado de la autoridad responsable; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional. PRUEBA Asimismo, por cuanto a la documental pública respecto de la cual proporciona la página de internet para su consulta, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo y el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se tiene por recibida, la cual será consultada al momento de celebrarse la audiencia constitucional y, en su caso, se valorara al emitirse la sentencia respectiva. Sirve de apoyo a la anterior determinación las tesis siguientes: Época: Novena Época Registro: 168124 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIX, Enero de 2009 Materia(s): Común Tesis: XX.2o. J/24 Página: 2470 "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular." Época: Décima Época Registro: 2004949 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2 Materia(s): Civil Tesis: I.3o.C.35 K (10a.) Página: 1373 "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos." DELEGADOS Por otra parte, con fundamento en el artículo 9° de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de la autoridad responsable que signa el ocurso que se provee, a las personas que designa. DOMICILIO Finalmente, ténganse como domicilios de las autoridades responsables para oír y recibir notificaciones, los que indican respectivamente en los oficios de cuenta.
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio de cuenta, con el cual la autoridad responsable, en atención a lo solicitado en proveído de trece de diciembre del año en curso, rinde el informe relativo a la suspensión de plano concedida a la parte quejosa y remite la constancia conducente, por lo tanto, téngase cumplido el requerimiento efectuado en dicho auto. Por otra parte, como lo solicita la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como sus delegados a los señalados en el oficio que se provee. Finalmente, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena digitalizar la constancia anexa al oficio que se provee.
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, trece de diciembre de dos mil diecinueve. Analizada la demanda de amparo promovida por ********** y **********, contra actos del Congreso del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio **********. ADMISIÓN En consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 1º, fracción I; 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda. SUSPENSIÓN DE PLANO Del análisis de la demanda de amparo se advierte que las promoventes, entre otros, señalaron como acto reclamado el oficio número ********** de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, signado por **********, en su carácter de Oficial Encargado del Registro Civil del Municipio de Xalapa, Veracruz, mediante el cual, por los motivos que ahí expuso, negó por improcedente la autorización para la celebración del matrimonio civil entre las aquí quejosas; asimismo, señalaron como acto reclamado la inconstitucionalidad del artículo 75 Código Civil del Estado de Veracruz. En ese sentido, este órgano de control constitucional, considera ordenar el cese inmediato de la afectación de la que son objeto las quejosas, derivado de la discriminación, por razón de preferencias sexuales, que involucra tanto la norma reclamada, como su aplicación, por los motivos que se exponen a continuación. HIPÓTESIS NORMATIVA El artículo 126 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." Por su parte, el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que interesa, establece: "Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado." La relación de ambos preceptos permite advertir una finalidad específica de la medida: el cese inmediato y sin mayor trámite, de actos que el propio orden constitucional ha catalogado, de manera expresa, como prohibidos. Por la gravedad de la violación de derechos humanos que involucran esos actos, el amparo, entre los diversos instrumentos procesales que lo conforman, prevé como mecanismo de nulidad de aquéllos, la denominada suspensión de plano que, incluso, debe ser decretada oficiosamente por el juzgador ante la actualización de alguno de tales supuestos. En ese sentido los fundamentos de la suspensión de oficio se vinculan con el interés de la sociedad en dicha medida, por lo que los Jueces deben concederla aunque el interesado no la solicite. En efecto la manifiesta inconstitucionalidad del acto reclamado en estos casos y el riesgo de un daño extremo e irreparable motivan la concesión de la suspensión de oficio, aun cuando esta medida no sea solicitada por el quejoso; es decir, la suspensión de plano tiende a evitar, desde la presentación misma de la demanda de amparo, la consumación de actos manifiestamente inconstitucionales, máxime que tratándose de este tipo de casos, ni siquiera es necesario realizar un examen sobre la posible vulneración al orden público o el interés social que pudiese acarrear la medida, o bien, realizar un análisis de apariencia del buen derecho, como sí se exige para decretar la suspensión a petición de parte conforme con lo que prevén los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo. Por otra parte, debe destacarse que como lo señaló el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es la sociedad misma la directamente interesada en el pronto e incondicional cese de estos actos. Así, la denominada suspensión de plano no es, propiamente, una medida precautoria que busque en forma momentánea, paralizar los actos reclamados que se trata a fin de verificar en una resolución de fondo, en sentencia, si efectivamente aquellos se encuentran acordes o no con el orden jurídico. Se trata, en realidad, de un instrumento de supresión inmediata de actos nulos por resultar, por sí mismos, contrarios al texto expreso de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya reparación no puede admitir demora. En esa línea de ideas, es preciso destacar la expresión que decidió emplear el Constituyente en el artículo 22 de la Norma Suprema, al establecer, terminantemente, que quedan "prohibidos" los actos ahí enunciados. Pues bien, una expresión igual existe en el párrafo quinto del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al referirse a la tajante prohibición de discriminar con motivo de alguna de las denominadas categorías sospechosas que ahí se enuncian, entre las que se encuentran, la vinculada con las preferencias sexuales. En ese rubro, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha establecido que la limitación normativa en torno al matrimonio entre personas del mismo sexo se cimienta en criterios transgresores de los principios de igualdad y no discriminación contenidos, precisamente, en el citado artículo 1° constitucional. Así se definió en las siguientes tesis: Época: Décima Época Registro: 2003311 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1 Materia(s): Constitucional Tesis: 1a. CII/2013 (10a.) Página: 964 "MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. EL ARTÍCULO 143 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE OAXACA VULNERA LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. El citado precepto, al disponer que "el matrimonio es un contrato civil celebrado entre un solo hombre y una sola mujer, que se unen para perpetuar la especie y proporcionarse ayuda mutua en la vida", vulnera los principios de igualdad y no discriminación contenidos en el artículo 1o. de la Constitución, al excluir injustificadamente a las parejas del mismo sexo de la institución del matrimonio. Si bien la distinción que realiza dicha norma entre las parejas homosexuales y las heterosexuales, al negar a las primeras la posibilidad de contraer matrimonio con base en las preferencias sexuales, satisface la primer grada de un escrutinio estricto de la medida, pues persigue una finalidad imperiosa consistente en la protección a la organización y desarrollo de la familia, consagrada en el artículo 4o. constitucional; no supera la segunda grada del análisis, ya que no está directamente conectada con esa finalidad, debido a que, como lo ha sostenido esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Constitución protege a la familia como realidad social, es decir, todas las formas y manifestaciones de familia que existen en la sociedad, entre las que se encuentran las homoparentales conformadas por padres del mismo sexo con hijos (biológicos o adoptivos) o sin ellos. En este sentido, la distinción resulta claramente sobreinclusiva porque quedan comprendidas en la definición de matrimonio las parejas heterosexuales que no acceden a esta institución con la finalidad de procrear, lo que muestra la falta de idoneidad de la medida para cumplir con la protección de la familia como realidad social, y que se contrapone a lo sostenido por este alto tribunal en el sentido de que ha desvinculado el matrimonio de la función procreativa. Por otro lado, resulta subinclusiva porque excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales, lo que ocasiona que se les prive de obtener los beneficios tangibles e intangibles que otorga dicha institución a estas parejas y a los niños que decidan criar." Época: Décima Época Registro: 2006875 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 8, Julio de 2014, Tomo I Materia(s): Constitucional Tesis: 1a. CCLX/2014 (10a.) Página: 151 "MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. NO EXISTE RAZÓN DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL PARA NO RECONOCERLO. Las relaciones que entablan las parejas del mismo sexo pueden adecuarse perfectamente a los fundamentos actuales de la institución matrimonial y más ampliamente a los de la familia. Para todos los efectos relevantes, las parejas homosexuales se encuentran en una situación equivalente a las parejas heterosexuales, de tal manera que es totalmente injustificada su exclusión del matrimonio. La razón por la cual las parejas del mismo sexo no han gozado de la misma protección que las parejas heterosexuales no es por descuido del órgano legislativo, sino por el legado de severos prejuicios que han existido tradicionalmente en su contra y por la discriminación histórica. El derecho a casarse no sólo comporta el derecho a tener acceso a los beneficios expresivos asociados al matrimonio, sino también el derecho a los beneficios materiales que las leyes adscriben a la institución. En el orden jurídico mexicano existen una gran cantidad de beneficios económicos y no económicos asociados al matrimonio. Entre éstos destacan los siguientes: (1) beneficios fiscales; (2) beneficios de solidaridad; (3) beneficios por causa de muerte de uno de los cónyuges; (4) beneficios de propiedad; (5) beneficios en la toma subrogada de decisiones médicas; y (6) beneficios migratorios para los cónyuges extranjeros. En este sentido, negar a las parejas homosexuales los beneficios tangibles e intangibles que son accesibles a las personas heterosexuales a través del matrimonio implica tratar a los homosexuales como si fueran "ciudadanos de segunda clase", lo cual esta Primera Sala no comparte. No existe ninguna justificación racional para reconocer a los homosexuales todos los derechos fundamentales que les corresponden como individuos y, al mismo tiempo, reconocerles un conjunto incompleto de derechos cuando se conducen siguiendo su orientación sexual y se vinculan en relaciones estables de pareja. Los modelos para el reconocimiento de las parejas del mismo sexo, sin importar que su única diferencia con el matrimonio sea la denominación que se da a ambos tipos de instituciones, son inherentemente discriminatorios porque constituyen un régimen de "separados pero iguales". La exclusión de las parejas del mismo sexo de la institución matrimonial perpetúa la noción de que las parejas del mismo sexo son menos merecedoras de reconocimiento que las heterosexuales, ofendiendo con ello su dignidad como personas y su integridad." Luego, si contra los actos prohibidos por el artículo 22 de Constitucional procede la suspensión de plano, de inicio, se estima que igual consideración debe prevalecer en torno a los también actos prohibidos de discriminación previstos en el artículo 1° del mismo Ordenamiento Supremo, máxime cuando, se reitera, esa calificativa ya ha sido expresamente asignada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratándose de la restricción del matrimonio a personas del mismo sexo. Ello debido a que donde existe la misma razón, debe operar la misma disposición. Asimismo, retomando el contenido del referido artículo 126 de la Ley de Amparo, desde la presentación misma de la demanda se decretará la suspensión de plano que se acordará en el propio auto de admisión, lo que será comunicado, sin demora, a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. De ello se desprende que el propio juzgador de amparo tendrá a su cargo corroborar que, efectivamente, la autoridad acate aquella determinación primigenia y ha cesado en su proceder contrario al orden constitucional. De ahí que, conforme con las disposiciones en comento, resulta innecesario esperar a la sentencia de fondo en el amparo para determinar la extinción definitiva de ese tipo de actos. Determinar lo contrario, podría implicar que se permitiera que los efectos de aquellos actos, subsistan por todo el tiempo que durase la tramitación y conclusión final del juicio, consumándose día con día en perjuicio de las personas, lo que se observa contrario a la finalidad protectora de derechos humanos del amparo. En ese orden, tal principio de nulidad inmediata tendría que aplicar respecto a los actos de discriminación por razón de preferencia sexual de las personas (proscrita en el orden jurídico interno y de sede internacional) sin tener que esperar a una resolución de fondo en el amparo; el acto de discriminación es, de suyo, inconstitucional como ya lo valoró la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que existe un alto porcentaje de probabilidad de que no podría llegarse a una conclusión diversa, al dictarse la sentencia en el juicio de amparo. Por otra parte, debe precisarse que los artículos 75 y 77 del Código Civil del Estado de Veracruz, establecen: Artículo 75. El matrimonio es la unión de un solo hombre y de una sola mujer que conviven para realizar los fines esenciales de la familia como institución social y civil." ARTICULO 77. Cualquiera condición contraria a los fines esenciales del matrimonio y a la asistencia mutua que se deben los cónyuges, se tendrá por no puesta. De dichos artículos se advierte que la figura del matrimonio solo está conferida a la unión de un solo hombre y de una sola mujer, es decir, excluye de esa figura a la unión de personas del mismo sexo; asimismo que, cualquier condición contraria a los fines del matrimonio, se tendrá por no puesta. HECHOS En el caso, los actos reclamados consisten en: -El oficio número ********** de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, signado por **********, en su carácter de Oficial Encargado del Registro Civil de Xalapa, Veracruz, mediante el cual, por los motivos que ahí expuso, negó por improcedente la autorización para la celebración del matrimonio civil entre las aquí quejosas (en esencia porque en el artículo 75 del Código Civil del Estado de Veracruz, se excluye tácitamente el matrimonio entre personas del mismo sexo). -La inconstitucionalidad del artículo 75 del Código Civil del Estado de Veracruz. CONCLUSIÓN De lo anterior, se concluye que los actos reclamados implican discriminación, en tanto que al impedir el matrimonio entre personas del mismo sexo, son violatorios de los derechos humanos al libre desarrollo de la personalidad e igualdad. Al respecto, se considera que tal circunstancia ubica de inmediato a las normas y su aplicación, en un supuesto de actos prohibidos expresamente por el artículo 1° constitucional. Circunstancias que permiten conceder una suspensión de plano con el propósito de evitar la pervivencia de actos notoriamente inconstitucionales, aun por el tiempo que llevara la tramitación y resolución final del amparo. Pues demorar hasta la sentencia, podría ser tanto como esperar que en sus informes, las autoridades justifiquen y prueben la legalidad de sus actos cuando ello resultará intrascendente, debido a que ya existe criterios la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre este tema. Tiene aplicación al caso las tesis siguientes: Época: Décima Época Registro: 2009407 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 19, Junio de 2015, Tomo I Materia(s): Constitucional, Civil Tesis: 1a./J. 43/2015 (10a.) Página: 536 "MATRIMONIO. LA LEY DE CUALQUIER ENTIDAD FEDERATIVA QUE, POR UN LADO, CONSIDERE QUE LA FINALIDAD DE AQUÉL ES LA PROCREACIÓN Y/O QUE LO DEFINA COMO EL QUE SE CELEBRA ENTRE UN HOMBRE Y UNA MUJER, ES INCONSTITUCIONAL. Considerar que la finalidad del matrimonio es la procreación constituye una medida no idónea para cumplir con la única finalidad constitucional a la que puede obedecer la medida: la protección de la familia como realidad social. Pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación es discriminatorio, pues excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales. La distinción es discriminatoria porque las preferencias sexuales no constituyen un aspecto relevante para hacer la distinción en relación con el fin constitucionalmente imperioso. Como la finalidad del matrimonio no es la procreación, no tiene razón justificada que la unión matrimonial sea heterosexual, ni que se enuncie como "entre un solo hombre y una sola mujer". Dicha enunciación resulta discriminatoria en su mera expresión. Al respecto cabe recordar que está prohibida cualquier norma discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, tanto por parte de autoridades estatales como de particulares, pueden disminuir o restringir los derechos de una persona a partir de su orientación sexual. Así pues, bajo ninguna circunstancia se puede negar o restringir a nadie un derecho con base en su orientación sexual. Por tanto, no es factible hacer compatible o conforme un enunciado que es claramente excluyente." Época: Novena Época Registro: 178868 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXI, Marzo de 2005 Materia(s): Común Tesis: VII.2o.C.18 K Página: 1245 "SUSPENSIÓN DE OFICIO. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS FORMULADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL RECURSO DE REVISIÓN, SI LO QUE PRETENDE ES LA CONTINUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LOS ACTOS RECLAMADOS PROHIBIDOS POR EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL. La gravedad del perjuicio que para el gobernado representan las penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales, fue considerada de tal magnitud por el Poder Constituyente que, decidiendo liberar al pueblo de ese tipo de abusos, contrarios a los derechos fundamentales del hombre, estableció su prohibición de modo terminante en el artículo 22 de la Carta Magna; atendiendo a esa directriz el legislador federal, a través del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo acogió el catálogo de actos y lo complementó con aquellos que importen privación de la vida, deportación o destierro, para instituir que, en el juicio de garantías en que se controvierta alguno de ellos, sin necesidad de que lo solicite el agraviado, de oficio suspenderá el acto para que cesen sus efectos decretando la suspensión de plano atendiendo a la urgencia y gravedad del caso. Por lo que el hecho de que el Juez de Distrito conceda la suspensión de oficio contra un acto de los previstos en el artículo 22 constitucional, ningún perjuicio puede ocasionar a la autoridad responsable pues, la medida cautelar proveída en esos términos no hace sino reiterar la máxima protectora de referencia elevada al más alto rango de observancia jurídica en el país, de tal modo que no es factible aceptar que la autoridad detente un interés legítimo para pretender que continúen los efectos de los actos de mérito si, como se señaló, por su sola naturaleza se encuentran proscritos del orden jurídico nacional. De ahí que los agravios que en esa dirección llegara a formular la responsable al interponer su recurso de revisión contra la suspensión de oficio decretada por el Juez de Distrito, deben declararse inoperantes; salvo cuando lo que pretenda demostrar es que el acto suspendido no se ubica en alguna de las hipótesis a que se hizo alusión, caso en que el Tribunal Colegiado podrá determinar lo acertado o no de tal propuesta." En consecuencia, en observancia a esta determinación, se concede la suspensión de plano para el efecto que: El Oficial Encargado del Registro Civil de Xalapa, Veracruz, se pronuncie de nueva cuenta sobre la solicitud de matrimonio presentada por ********** y **********, con la salvedad que deberá dejar de atender la limitante prevista en las normas combatidas en que se establece que el matrimonio solo es posible entre un hombre y una mujer, y no entre personas del mismo sexo, facilitando los trámites correspondientes. Tiene aplicación al caso, la tesis siguiente: Época: Décima Época Registro: 2008173 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I Materia(s): Constitucional, Civil Tesis: XXVII.3o.14 C (10a.) Página: 833 "MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. LA EVENTUALIDAD DE QUE LOS FORMATOS DE ACTAS RESULTEN INCOMPATIBLES PARA ASENTAR SU UNIÓN, NO ES MOTIVO PARA DENEGAR EL SERVICIO REGISTRAL, SINO QUE DEBEN ADECUARSE A LA REALIDAD SOCIAL, MÁXIME QUE LOS OFICIALES Y EL DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO CIVIL ESTÁN OBLIGADOS A SOLICITAR Y EMITIR LAS FORMAS NECESARIAS PARA INSCRIBIR TODOS LOS ACTOS DEL ESTADO CIVIL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO). Conforme al artículo 615 del Código Civil para el Estado de Quintana Roo, el Registro Civil es una institución pública y de interés social por medio de la cual el Estado inscribe y da publicidad a los actos constitutivos o modificativos del estado civil de las personas. Estos actos incluyen a los matrimonios entre personas del mismo sexo, conforme a los principios de igualdad y no discriminación contenidos en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de acuerdo con las tesis aisladas 1a. CII/2013 (10a.) y 1a. CCLX/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIX, Tomo 1, abril de 2013, página 964, de rubro: "MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. EL ARTÍCULO 143 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE OAXACA VULNERA LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN.", y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 4 de julio de 2014 a las 8:05 horas, así como en su Gaceta, Décima Época, Libro 8, Tomo I, julio de 2014, página 151, de título y subtítulo: "MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. NO EXISTE RAZÓN DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL PARA NO RECONOCERLO.". Por otra parte, el artículo 622 del citado ordenamiento establece que los oficiales del Registro Civil deberán asentar las actas del estado civil de las personas en las formas especiales únicas autorizadas para la entidad. Ahora bien, la eventualidad de que los formatos de actas de matrimonio resulten incompatibles para asentar la unión de dos hombres o de dos mujeres no es motivo para denegar el servicio de registro, sino para adecuar inmediatamente los formatos a nuestra realidad social y a nuestro marco constitucional. Máxime que los oficiales y el director general del Registro Civil se encuentran obligados, respectivamente, a solicitar y emitir las formas necesarias para la inscripción de todos los actos del estado civil, de acuerdo con los artículos 618, fracción II y 626 del Código Civil; y, 7, fracciones XX y XXI y 17, fracción VI, del Reglamento del Registro Civil, ambos para el Estado de Quintana Roo. Estas obligaciones, interpretadas conforme al principio constitucional de igualdad y no discriminación, vinculan a las mencionadas autoridades a prevenir los formatos necesarios para celebrar nupcias entre personas del mismo sexo, a fin de que el derecho de acceso al matrimonio esté libre de criterios o prácticas discriminatorias motivadas por las preferencias sexuales de los solicitantes. Lo anterior, en términos del artículo 1o., párrafo tercero, de la Constitución Federal, que obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en el ámbito de sus competencias." Cabe precisar que previamente los solicitantes deberán cumplir todos los requisitos formales de validez que establece la ley de la materia, salvo los relativos al sexo de los contrayentes, anteriormente precisados. En el entendido que la autoridad responsable de referencia deberá acreditar el exacto cumplimiento a la anterior determinación en el plazo veinticuatro horas, legalmente computados a través de un informe al que agregue las constancias que así lo demuestren. Se le apercibe que la falta del informe en el plazo señalado, o su remisión sin las constancias mencionadas, merecerá la imposición de una corrección disciplinaria consistente en una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con los artículos 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 260 de la Ley de Amparo; sin perjuicio de la responsabilidad penal en que pueda incurrir. Se hace saber a la autoridad responsable que la violación de esta medida suspensional entraña la comisión del delito previsto en el artículo 266, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que, de consumarse éste, enseguida se dará vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita para los efectos a que haya lugar. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin que haya lugar a tramitar por separado el incidente de suspensión toda vez que en párrafos precedentes se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados INFORMES JUSTIFICADOS Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a las autoridades responsables quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días, remitiendo a este juzgado: 1) Copias certificadas de todas y cada una de las constancias que conforman el acto reclamado, acorde con lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo. 2) En orden. 3) Completas y legibles. 4) Asimismo, cuando adviertan que cesaron los efectos del acto reclamado o se actualice alguna causa de sobreseimiento deberán informarlo a este juzgado, remitiendo al efecto copia certificada de las constancias que así lo acrediten, con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo. Se apercibe a las responsables que, en caso de no hacerlo así y con las copias respectivas, si no existe alguna causa legal que justifique el incumplimiento, con apoyo en lo que dispone el artículo 117 en relación con el diverso 260 de la Ley de Amparo, se les impondrá individualmente una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las ONCE HORAS DEL VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se fija objetivamente, atendiendo a la disponibilidad de fechas en la agenda de audiencias y la carga de trabajo. REPRESENTANTE COMÚN Con fundamento en el numeral 13 de la Ley de Amparo, se designa como representante común de las quejosas a **********, sin perjuicio que con posterioridad pueda ser sustituida. TERCERO INTERESADO Dada la naturaleza del acto reclamado, se considera que en el caso no existe tercero interesado, al no actualizarse alguno de los supuestos previstos en el artículo 5º de la Ley de Amparo. PRUEBAS Por otra parte, acorde con el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la parte quejosa las documentales que adjuntaron a su escrito de demanda, las cuales se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza, con las que se dará nueva cuenta al celebrarse la audiencia constitucional. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de las promoventes del amparo donde oír y recibir notificaciones el que señalan en su escrito de demanda, ubicado en esta ciudad. Asimismo, se faculta en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********** y **********, toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República. CONSULTA AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De la misma manera, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo vigente, así como en el "Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico.", publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, los cuales establecen los mecanismos para acceder de manera eficiente a la información disponible para el logro de los fines referidos a través de la tecnología, específicamente el uso de una firma electrónica y la integración del expediente electrónico, se autoriza el ingreso para efectos de la consulta electrónica del presente juicio de amparo a **********, autorizado de la parte quejosa, toda vez que cuenta claves de usuario "**********" para acceder al portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, con el propósito de fortalecer la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia, sin perjuicio que el expediente físico estará a su disposición en este órgano jurisdiccional los días y horas hábiles, para su consulta. En ese aspecto, toda vez que resulta necesario habilitar a dichas personas se instruye a la Analista Jurídico encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.IS.E.), que realice el trámite correspondiente en ese Sistema. NOTIFICACIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA Notifíquese la radicación del presente juicio a la Agente del Ministerio Público adscrita mediante oficio, anexando copia de la demanda, de conformidad con el artículo 26, fracción II, inciso c), de la Ley de Amparo y désele la intervención que legalmente le corresponde. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite a las partes y sus autorizados la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de los acuerdos que obran en el presente juicio, previa constancia que al respecto se deje en autos, en el entendido que deberán conducirse con lealtad procesal y no reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal. Lo anterior, sin que implique que la fe judicial del Secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realicen los interesados. OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES Téngase por hecha la manifestación de la parte quejosa respecto a la oposición para la publicación de sus datos personales en la resolución y acuerdos del presente asunto; por lo que acorde con lo establecido en el artículo 68, fracción I, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince, se ordena suprimir dichos datos en las listas de acuerdos que se publiquen. DIGITALIZACIÓN En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3° de la Ley de Amparo, digitalícese el expediente y fórmese tanto el impreso como el digital.
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