Leticia Montoya Bello

Expediente 1018/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1018/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Leticia Montoya Bello

Actuaciones

  1. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. En términos de los artículos 3 fracción III y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, téngase por recibido el oficio de cuenta, el cual al haber sido recibido en línea constará únicamente en el expediente electrónico de este juicio. Atento a su contenido, se tiene al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, informando que admitió el recurso de queja interpuesto contra el auto de desechamiento dictado en el presente asunto; por lo tanto, estese en espera que remita la resolución que dicte en el expediente ********** de su índice. El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese

  2. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito signado por los quejosos ****** a través del cual interpone recurso de queja contra el auto de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés por el que se desechó la demanda origen de este juicio. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, así como 38, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dese trámite al recurso de queja que interpone. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Asimismo, se tiene a la quejosa señalando las constancias que considera pertinentes para la remisión del recurso que interpone. Con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo ríndase el informe respectivo en el sentido que ES CIERTO EL ACTO IMPUGNADO, cuya legalidad se sostiene. Por lo tanto, acorde con el artículo 113 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, adicionado mediante el Acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, póngase a disposición del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, la versión electrónica del expediente en que se actúa a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, para la substanciación de tal medio de defensa. Instrúyase al Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), para que realice los trámites necesarios en el aludido sistema, a fin de hacer disponible el expediente electrónico para el Tribunal Colegiado que corresponda conocer del citado recurso. En el entendido que, para dar cumplimiento a lo anterior, deberán acatarse las reglas de turno establecidas en la Circular DGGJ/0012/2020 emitida por la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial, esto es, solicitarse mediante correo electrónico a la Oficina de Correspondencia Común que corresponda. En ese tenor, de considerarlo necesario la superioridad correspondiente, se ordenará remitir físicamente las constancias, previo a formar cuaderno de antecedentes para debida constancia. Se destaca que no es obstáculo que de la interpretación conjunta de los artículos 100 y 101 de la Ley de Amparo, se concluya que cuando el recurso de queja se interponga en forma impresa, la parte recurrente debe señalar las constancias que en copia certificada se remitirán al órgano jurisdiccional que resolverá el recurso y que una vez notificadas las demás partes del medio de impugnación, se les otorgue el término de tres días para que, igualmente, indiquen las constancias que en copia certificada consideren para su remisión al Tribunal Colegiado correspondiente; sin embargo, atendiendo al auto que se combate por el recurso de queja, en el caso, el desechamiento de la demanda, se considera que tal tramitación resulta innecesaria.

  3. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio y anexo que lo acompaña, proveniente del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Coatepec, Veracruz, mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho 342/2023 (orden 589/2023), con el que se ordenó el emplazamiento de las terceras interesadas ***** En consecuencia, dese de baja el despacho de referencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora bien, del estado procesal que guarda el presente juicio, se advierte que en proveído de veintiuno de septiembre del año en curso, se tuvo al Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial Xalapa, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, informando que la asesora jurídica de las terceras interesadas ***** por lo que se ordenó su emplazamiento en el domicilio que ofreció el Juez destacado; no obstante, no se logró la diligencia respectiva en virtud que, de la razón actuarial se observó que la referida asesora desocupó el despacho señalado desde hace aproximadamente un año, motivo por el cual no se pudo llevar a cabo la diligencia de emplazamiento. En virtud de lo anterior, se ordenó librar el despacho al Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Coatepec, Veracruz, para el efecto de emplazar directamente a las terceras interesadas; no obstante, como se constata del contenido de la diligencia que se recibe, no se llevó a cabo su emplazamiento, por los motivos ahí expuestos. Por lo tanto, para dar celeridad al presente juicio, requiérase al Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial Xalapa, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, para que en el término de TRES DÍAS, legalmente computado, informe si las terceras interesadas **** siguen siendo representadas por la asesora jurídica ***** en el caso que sea así, informe cuál es su domicilio actual y correcto de la asesora jurídica destacada, o bien manifieste si cuentan con distinto asesor jurídico, en el entendido que también deberá anexar los datos de contacto de éste para el emplazamiento respectivo. Se apercibe al Juez responsable que, de no hacerlo, se le impondrá una MULTA individual por el valor de cien Unidades de Medida y Actualización, conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en términos del artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con apoyo en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Debido a que la parte quejosa no compareció a notificarse personalmente dentro del término concedido, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c, se publica el auto de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, que en lo conducente dice: Xalapa de Enríquez, Veracruz, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ****** por derecho propio, contra actos del Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control del Instituto de Ecología, asociación civil, con sede en esta ciudad; por lo que se ordena formar el expediente respectivo, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y registrarlo en el Libro de Gobierno, con el número de juicio 1018/2023. DESECHAMIENTO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto debe examinar el escrito de demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por lo tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. HIPOTESIS NORMATIVA En el caso, y previo análisis del ocurso constitucional, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción III, incisos a) y b), este aplicado en sentido contrario, del propio ordenamiento legal, como se expone a continuación: Los preceptos legales invocados, en lo que interesa establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.) Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción III, inciso a) de la legislación de la materia. Por su parte, el artículo 107, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo indirecto procede contra resoluciones emitidas en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, siempre que se trate de aquéllas que le pongan fin, pudiendo el quejoso alegar contra las violaciones cometidas en ellas, o bien, durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiera quedado sin defensa, trascendiendo al resultado del fallo. Dicha hipótesis legal, interpretada a contrario sensu, implica que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos derivados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio y no sean la última resolución, es decir, aquélla que ponga fin al procedimiento. Tal restricción a la procedencia del juicio de amparo encuentra sustento en la necesidad de evitar entorpecer la marcha de las funciones administrativas, pues generalmente las violaciones que se cometen en el procedimiento pueden resarcirse cuando se emita la resolución definitiva, de manera que sólo excepcionalmente en los casos en que las actuaciones procesales produzcan violaciones que afecten derechos sustantivos, podrán impugnarse a través del juicio de amparo indirecto. La excepción a esta regla está justificada por la urgencia de que los actos procesales cuya ejecución sea de imposible reparación puedan ser impugnados de inmediato en la vía de amparo, sin necesidad de esperar la emisión de la resolución definitiva. Asimismo, el inciso b) de la fracción III, del citado artículo 107, establece que el amparo indirecto contra actos provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, procede limitativamente respecto de aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución o en los tratados internacionales suscritos por nuestro país, lo que implica que una violación procesal que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, así pueda calificarse como exorbitante, no puede ser sujeta al análisis inmediato a través del juicio de amparo indirecto, ya que no produce una afectación material de derechos sustantivos. Sobre el tópico, por actos en el juicio que sean de imposible reparación, debemos entender aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del juicio del que se derivan tales actos, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso; la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto, en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento del que se trate, puesto que la privación de sus derechos ya no se puede reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Tiene aplicación por sus consideraciones la siguiente tesis de rubro y texto: Registro digital: 394188 Instancia: Tercera Sala Octava Época Materias(s): Común Tesis: 232 Fuente: Apéndice de 1995. Tomo VI, Parte SCJN, página 157 Tipo: Jurisprudencia "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Lo anterior, significa que para que el acto reclamado sea considerado de imposible reparación, necesitaría producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Interpretación que se deduce de dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Así, para entender el porqué de esta causal, es pertinente señalar que por un procedimiento en forma de juicio debe entenderse no solo los procedimientos en que la autoridad decide una controversia entre partes contendientes, sino también todos aquellos procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara, estudia o previene su resolución definitiva, aunque sólo sea para cumplir con la garantía de audiencia. Resulta aplicable la jurisprudencia rubro y texto siguientes: Registro digital: 184435 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 22/2003 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Abril de 2003, página 196 Tipo: Jurisprudencia "PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR. La Ley de Amparo establece que tratándose de actos dentro de un procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las garantías constitucionales del gobernado, con la necesidad de asegurar la expeditez de las diligencias procedimentales. Tal es la estructura que dicha Ley adopta en el amparo directo, así como en los procedimientos de ejecución y en los procedimientos de remate, como lo establece en sus artículos 158 y 114, fracción III, respectivamente. Por tanto, al establecer el segundo párrafo de la fracción II del artículo 114 acabado de citar, que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen de un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe interpretarse de manera amplia la expresión "procedimiento en forma de juicio", comprendiendo aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo." HECHOS En el caso del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: El acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés dictado en el expediente administrativo ***** del índice de la autoridad responsable Órgano Interno de Control del Instituto de Ecología, asociación civil, con sede en esta ciudad, por el que se reanudó el procedimiento de responsabilidad administrativa y se citó a las partes para la celebración de la audiencia inicial que se llevaría a cabo el veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés. CONCLUSIÓN En ese contexto, debe señalarse que el acto reclamado tiene su origen en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, el cual concluiría con una resolución definitiva en la que se establezca si la parte promovente incurrió en responsabilidad administrativa. De modo que, las violaciones procedimentales deberán ser combatidas de manera conjunta con esa sentencia definitiva. Resulta ilustrativa la tesis aislada, de contenido siguiente: Registro digital: 196179 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Administrativa Tesis: I.1o.A.19 A Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Junio de 1998, página 728 Tipo: Aislada "VIOLACIONES PROCESALES. LAS COMETIDAS EN RESOLUCIONES DE TRÁMITE EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO SON IMPUGNABLES EN LA DEMANDA DE AMPARO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA. Si en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, se comete una violación en una esolución, no definitiva, sino de trámite que deja al agraviado en estado de indefensión o le priva de un derecho que la ley de la materia le otorga, y no es un acto de imposible reparación; la infracción deberá reclamarse junto a las posibles violaciones de fondo que se hubiesen cometido en la resolución que pone fin al procedimiento; por lo que el momento oportuno para impugnar dicho acto será hasta que el procedimiento administrativo culmine y la responsable pronuncie su resolución definitiva." Aunado a ello, si lo que se reclama es el acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, emitido en el expediente administrativo ***** a través del cual se la autoridad responsable Titular del Área de Responsabilidad del Órgano de Control Interno del Instituto de Ecología A.C., determinó reanudar el procedimiento de responsabilidad administrativa y ordenó la citación para la celebración de la audiencia inicial que se llevaría a cabo el veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés. Entonces, es claro que tal acto de autoridad no es de imposible reparación, puesto que no trastoca de manera cierta e inmediata los derechos fundamentales de la parte quejosa protegidos por nuestra Carta Magna. En efecto, las consecuencias jurídicas del acto reclamado solamente tienen el alcance de vincular a la parte promovente al procedimiento administrativo, de modo tal que, la afectación que reclama podría ser subsanada con una sentencia favorable en el procedimiento administrativo. Por ende, el acto reclamado sólo produce efectos intraprocesales o meramente formales, es decir, únicamente se afectan derechos de naturaleza adjetiva o procesal, que inciden sólo en la posición que van tomando las partes en el proceso con miras a obtener sentencia favorable en él. Es aplicable al caso, por analogía, la jurisprudencia de contenido siguiente: Registro digital: 175221 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 43/2006 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Abril de 2006, página 242 Tipo: Jurisprudencia "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL CITATORIO PARA COMPARECER A LA AUDIENCIA DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, AUNQUE SE ARGUMENTE QUE FUE EMITIDO POR AUTORIDAD INCOMPETENTE. La determinación de si un acto es o no de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de la materia, debe atender a su naturaleza y a las consecuencias que produce, es decir, a si afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado, o si produce una afectación en grado predominante o superior de derechos formales o procesales, mas no a los planteamientos que el gobernado aduzca en su contra, pues se dejaría en sus manos la actualización del supuesto de procedencia mencionado, ya que bastaría que le imputara al acto correspondiente una transgresión a sus derechos sustantivos para que procediera el juicio de garantías, independientemente de lo fundado o infundado de su planteamiento, en tanto ello sería cuestión que atañe al fondo del asunto, además de que sería contrario a la presunción de legalidad o legitimidad del acto jurídico administrativo, que lleva a considerarlo legalmente válido mientras no sea declarado nulo, y que impide tener por cierta, a priori, la violación que le impute el gobernado, como lo sería la relativa a que el citatorio para la audiencia del procedimiento de responsabilidades administrativas de un servidor público viola el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por incompetencia de la autoridad que lo emitió. Así, en atención a la naturaleza y efectos del aludido citatorio, se concluye que no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, pues sólo tiene como efecto sujetar al servidor público, presuntamente responsable de la comisión de un acto u omisión que afecte la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debió observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, al procedimiento relativo a fin de determinar su responsabilidad, cuyo fundamento está en la propia Constitución; lo que tampoco puede considerarse una afectación en grado predominante o superior, en virtud de que ese procedimiento puede culminar con una resolución favorable a sus intereses, por lo que los vicios de que pudiere adolecer dicho citatorio pueden no llegar a trascender ni producir huella en su esfera jurídica y, en caso contrario, de obtener sentencia desfavorable, podría controvertirlos cuando promoviera el medio de defensa legal y, de ser el caso, el amparo indirecto contra la resolución definitiva para obtener la insubsistencia del procedimiento relativo al nulificarse el acto que le dio origen, con lo cual se le repararían las violaciones y posibles perjuicios que se le hubiesen causado con ese acto." Asimismo, es ilustrativa la tesis aislada, cuyo rubro y texto son los siguientes: Registro digital: 222918 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo VII, Mayo de 1991, página 195 Tipo: Aislada "EMPLAZAMIENTO DEFECTUOSO, CUANDO CONSTITUYE VIOLACION PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO Y NO INDIRECTO. Si el quejoso es parte en el juicio de origen y no se ha dictado aún sentencia en éste, el defectuoso emplazamiento constituye violación procesal que no tiene sobre las personas o las cosas ejecución de imposible reparación, por lo cual queda excluido de la aplicación de la fracción IV, del artículo 114 de la Ley de Amparo; antes bien, de conformidad con el artículo 158 de la Ley de la materia, sólo es reclamable en el amparo directo que en su oportunidad se promueva contra la resolución definitiva adversa al peticionario de garantías, previo el agotamiento de los recursos y medios de defensa ordinarios correspondientes, toda vez que se trata de violación que puede trascender al resultado del fallo y por ende cae dentro de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo 159 de la citada Ley Reglamentaria, pues este precepto en dicha fracción establece: "Artículo 159.- En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: 1.- Cuando no se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley". Consecuentemente, al quedar demostrado que en el supuesto analizado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción III, incisos a) y b), este aplicado en sentido contrario, del propio ordenamiento legal, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO ORIGEN DE ESTE JUICIO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica, ubicado en esta ciudad. Asimismo, se autoriza con las facultades amplias a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a ****** debido a que cuenta con cédula profesional registrada en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública para ejercer la profesión en derecho; sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia consultable con el registro electrónico 2021840, de rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO". REPRESENTANTE COMÚN Se tiene como representante común a Leticia Montoya Bello, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, sin perjuicio que con posterioridad los quejosos realicen nueva designación. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza a las partes que intervengan en el presente juicio de amparo, así como a sus autorizados, la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de las constancias que obran en el presente expediente, de conformidad con la Circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el entendido que deberán conducirse con lealtad procesal y no reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal. Sin que lo anterior implique que la fe judicial del Secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realice el interesado, en virtud que previo a obtener la reproducción de las constancias deberán hacerlo del conocimiento del funcionario que corresponda (actuario o secretario), quien procederá a levantar el acta respectiva. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1, 9, 16, 110, fracción V, 113, fracción I, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, se hace saber a las partes en el presente asunto el derecho que tienen para oponerse a que se publiquen o den a conocer sus datos personales en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que se soliciten, contenga información reservada por poner en peligro su vida, seguridad o salud, o confidencial, por así prevenirse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que, de no hacer manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrán por inconformes con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3° de la Ley de Amparo y el diverso 22 del Acuerdo General 12/2022 antes invocado, digitalícense las promociones que se reciban en forma física en la oficialía de partes de este Juzgado, para su integración al expediente electrónico de este expediente. FIRMAS ELECTRÓNICAS El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo

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