Leydi González García

Expediente 418/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
418/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
22/11/2022

Partes del expediente

  • Leydi González García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, advirtiéndose que la parte quejosa no se inconformó dentro del término legal con el acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 196, último párrafo, 201 fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, se tiene por consentido el citado proveído, para los efectos legales procedentes. Anotaciones. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso A, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, al tratarse de un asunto en el que se concedió el amparo, de conformidad a lo previsto en el artículo 18, inciso b), este expediente es depurable. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 18 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su depuración, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede se advierte que transcurrió el término legal de tres días otorgado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en este juicio; en consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver si, de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, por ser una cuestión de orden público; como así se sostiene en la tesis jurisprudencial 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, del mes de Marzo de 2000, Novena Época, con registro 192174, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Además, el artículo 214 de la Ley de Amparo, establece que no podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que quede enteramente cumplida la sentencia que haya concedido el amparo y protección de la Justicia Federal o apareciere que ya no hay materia para la ejecución. Para ello, se tiene en cuenta que por sentencia dictada el dieciséis de agosto de dos mil veintidós, se concedió la tutela federal solicitada por la quejosa Leydi Gonzáles García, para los siguientes efectos: "1. Para que de manera inmediata provea sobre la procedencia o no de la demanda laboral presentada por la parte quejosa el quince de octubre de dos mil veintiuno; y 2. Dentro de las veinticuatro horas siguientes a su emisión notifique a la parte quejosa." Por acuerdo de doce de septiembre de dos mil veintidós, se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en este sumario constitucional, y se requirió a la autoridad responsable, para que diera cumplimiento al fallo protector. Por tal motivo mediante oficio 211, signado por el Presidente de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Tehuantepec, Oaxaca, remitió copias certificadas del acuerdo de seis de septiembre pasado dictado en el expediente 181/2021 de su índice así como de la notificación practicada a la parte actora, aquí quejosa. De lo anterior, se advierte que se acató en sus términos la ejecutoria de amparo, en virtud de que el Presidente de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Tehuantepec, Oaxaca, en proveído de seis de septiembre del año que transcurre admitió la demanda promovida por Leydi Gonzáles García, ordenando formar el expediente 181/2021 de esa estadística, lo cual notificó a la parte actora, por conducto de su autorizado, el veintiuno del citado mes y año. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se considera cumplida la sentencia ejecutoriada dictada en este juicio. Hágase este acuerdo del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Notifíquese

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, firmado por el Presidente de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Tehuantepec, Oaxaca, mediante el que en cumplimiento a la sentencia ejecutoriada de dieciséis de agosto del actual, dictada en este juicio de amparo; remite para tal efecto copia certificada del auto de seis de los corrientes, dictado en el expediente de 181/2021 así como la correspondiente notificación. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 196 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la ley de la materia, con lo anterior, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir de su legal notificación, manifieste lo que a sus intereses convenga, en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo. En la inteligencia que de no hacer manifestación alguna dentro del término legal concedido para tal efecto, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la aludida responsable. Se invoca en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son como sigue: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98. DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Notifíquese

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, doce de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que las partes no recurrieron la sentencia dictada el dieciséis de agosto de dos mil veintidós, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Leydi Gonzáles García. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e), de la nueva Ley de Amparo, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio en los términos del precepto 2, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. Requerimiento de cumplimiento. Con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Tehuantepec, Oaxaca, para que dentro del término de tres días, siguientes a la legal notificación de este acuerdo, como lo dispone el párrafo segundo del citado numeral, dé cumplimiento con la concesión del amparo, la cual se le hizo del conocimiento mediante oficio 11858/2022, remitiendo copia certificada de las constancias que demuestren lo anterior. Apercibido que de no dar cumplimiento sin causa justificada, dentro del plazo concedido, con apoyo en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo se hará acreedor a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, en relación con el diverso numeral segundo transitorio del Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en su artículo 26, en materia de desindexación del salario mínimo vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en concordancia con lo determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil dieciocho, vigente a partir del uno de febrero de esa propia anualidad; remitiéndose el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

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