Leticia Villegas Tepach

Expediente 374/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
374/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
08/09/2023

Partes del expediente

  • Leticia Villegas Tepach
  • Juez Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario del Circuito Judicial de la Costa. San Pedro Pochutla, Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio y testimonio de cuenta para los efectos legales consiguientes; en relación a su contenido, se provee: Acúsese recibo del: 1) testimonio de la ejecutoria que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, dictó en el recurso de queja ********************de su estadística; y el 2) el cuadernillo de copias certificadas del juicio a rubro indicado. Del contenido de esa resolución constitucional se advierte que el Tribunal de Alzada declaró infundado el recurso de queja; por tanto, dicha circunstancia hágase del conocimiento a la parte quejosa. Asimismo, por lo que hace a la copia certificada deducida del juicio de amparo ******************** de la estadística de este juzgado de distrito, que devuelve el tribunal de alzada, se ordena su destrucción. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en relación con lo establecido en los ordinales 21, 22 y 23, archívese este expediente como definitivamente concluido. RELEVANCIA DOCUMENTAL Se estima que este asunto carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano del acto reclamado, ni existe documento considerado como original por el artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). DESTINO Además, al tratarse de un asunto en el que se desechó de plano la demanda de amparo, de conformidad a lo previsto en el artículo 20, fracción IV, del citado acuerdo, este expediente es destruible. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su destrucción, y en su oportunidad remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. REQUERIMIENTO A LA PARTE QUEJOSA Ahora, tomando en consideración que existen documentos considerados como originales por el artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General, esto es, que contiene un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; en tales condiciones, toda vez que no existe justificación para que este juzgado conserve bajo su resguardo los documentos consistentes en los distintos escritos de solicitud formulados por la quejosa que acompañó a su escrito de demanda. Con fundamento en el segundo párrafo del artículo 20 del citado Acuerdo General, requiérase a la parte quejosa para que en el plazo de noventa días naturales, siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca en los términos ordenados a recibir dicho documento; apercibida que de no hacerlo, en su oportunidad, será destruido con las actuaciones de éste cuando se trate de la desincorporación de las respectivas constancias. LEY DE TRANSPARENCIA Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese vía electrónica a la quejosa.

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, diez de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, para los efectos legales consiguientes, en relación a su contenido, se tiene al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, acusando recibo de la remisión del recurso de queja interpuesto contra el proveído de veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, el cual admitió a trámite y quedó registrado con el progresivo 222/2023 de su estadística. Notifíquese

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, dos de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el escrito signado por la quejosa ********************, por el que interpone recurso de queja contra el acuerdo de veinticuatro de julio del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, téngase a la promovente interponiendo el recurso en cita. En consecuencia, remítase el escrito original del recurso de queja y copia simple del mismo, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, en turno, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, para la substanciación de dicho medio de impugnación. Asimismo, ríndase el informe correspondiente sobre la materia de la queja, en el sentido que es cierto que en este juicio de amparo se dictó el acuerdo de veinticuatro de julio del año en curso, por el que se desechó de plano la demanda de amparo al actualizarse la causal de improcedencia prevista 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, a contrario sensu; por lo que adjúntense copias certificadas de la totalidad de las constancias que conforman el presente expediente, para la substanciación del recurso de queja hecho valer. Se precisa que en el caso no es procedente notificar a las autoridades señaladas como responsables la interposición de dicho recurso, a efecto de que den cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley de Amparo, toda vez que se desechó de plano la demanda respectiva. HABILITACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con independencia de lo anterior, se comisiona a la oficial judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado, para que haga disponible el expediente electrónico de esta incidencia. Notifíquese. Así lo proveyó y fi

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, en especial la diligencia de veintiuno del mes y año que transcurre, de la que se advierte que la quejosa Leticia Villegas Tepach, ratificó su escrito aclaratorio por medio del cual desahoga la prevención realizada en determinación de once del mes y año en curso, en el sentido que precisa como actos reclamados: "[.] El acto reclamado lo constituyen los acuerdos de fechas veintitrés, veinticuatro, veintiséis, veintiocho, veintinueve de junio de dos mil veintitrés, así como las resoluciones a los recursos de revocación, el primero de fecha veintiocho de junio de dos mil veintitrés, la segunda resolución de fecha cuatro de julio del mismo año en curso y la tercera resolución de la misma fecha cuatro del mismo mes y año en curso. Por virtud de las cuales, se violaron derechos fundamentales de la quejosa en su calidad de víctima dentro del proceso [.]"; por tanto, se provee: DESECHAMIENTO El numeral 113 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del numeral transcrito se observa que el órgano de control constitucional, dictará un auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia y b) Que sea manifiesto y también indudable. En relación con ello, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, página 64, con número de registro 210751, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." En el caso se verifica de manera manifiesta e indudable la hipótesis a que se refiere el arábigo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, a contrario sensu que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]" Los artículos citados prevén la procedencia de la acción constitucional contra actos en juicio de imposible reparación, precisados como aquéllos que afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución y nunca en los casos en que sólo afecten derechos adjetivos o procesales. Al respecto, es importante destacar lo que se entiende por derechos sustantivos y adjetivos. Los primeros son los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, los cuales se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, a través de las llamadas "garantías individuales", en virtud de que la 21/09/23 14:39:57 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.75.a7 CUTBERTO INFANTE SUAREZ afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio. Por su parte, los segundos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se desarrolla éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de resolución favorable; por lo cual, si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. La distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, para efectos del juicio de amparo, versa en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. De igual manera, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo vigente un acto de imposible reparación, contra el cual procede el amparo indirecto, es aquél que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte, que pueden ser la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, etcétera; sin que la huella de tal afectación quede borrada aun obteniendo el quejoso resolución favorable a su interés. Por lo que con esta aclaración de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como 21/09/23 14:39:57 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.75.a7 CUTBERTO INFANTE SUAREZ ??????????????? irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Sobre el tema de imposible reparación para efectos del juicio de amparo, el Pleno del Tribunal Constitucional del país, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Tomo I, Junio de 2014, página 39, registro 2006589, estableció lo siguiente: a) Que a partir de la publicación de la Ley de Amparo vigente desde el tres de abril de dos mil trece, en su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al prever que por dichos actos se entienden "[...] los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]"; b) Para calificar a los actos como irreparables, éstos necesitarían: I). Producir afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; y, II). Debían recaer 21/09/23 14:39:57 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.75.a7 CUTBERTO INFANTE SUAREZ sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas; c) El legislador secundario dispuso de dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente sean "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual, a diferencia de los sustantivos, pues depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva; d) Con motivo de la nueva disposición no podía seguirse aplicando el criterio donde se reconocía que el juicio de amparo indirecto era procedente contra actos de imposible reparación que, aunque por ser una cuestión formal, no se tradujeran en una afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo; ello, porque conforme al citado precepto, uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen. Hipótesis que se corroboran con el criterio firme mencionado, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD 21/09/23 14:39:57 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.75.a7 CUTBERTO INFANTE SUAREZ ??????????????? SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión 21/09/23 14:39:57 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.75.a7 CUTBERTO INFANTE SUAREZ formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Ahora bien, conforme al estudio integral de la demanda de amparo, su escrito aclaratorio, así como a la causa de pedir, se advierte que la parte quejosa reclama substancialmente lo siguiente: Los acuerdos de veintitrés, veinticuatro, veintiséis, veintiocho y veintinueve de junio de dos mil veintitrés, así como los recurso de revocación de fechas veintiocho de junio y cuatro de julio del año en curso, dictados en la causa penal 165/2020, de los cuales se advierte que la Juez responsable, en lo que interesa, determinó lo siguiente: Acuerdo de fecha Determinación 23/06/2023 Se da vista a las partes con la solicitud de la víctima para que se difiera audiencia programada para las 11:00 horas del 26/06/2023 para acordar lo conducente. 24/06/2023 Se tiene al acusado y M.P. contestando requerimiento, por lo que NO HA LUGAR AL DIFERIMIENTO solicitado por la víctima. 26/06/2023 Se les tiene interponiendo recurso revocación contra la determinación de no diferir la audiencia de debate programada para ese día; por no justificar su inasistencia a la audiencia, por lo que se declaró el abandono de la asesoría jurídica y en consecuencia los licenciados Juan Carlos Hernández Jiménez, Noemí Mariscal Figueroa y Wilfrido Zárate López no volverán a intervenir en esa causa penal. 28/06/2023 Resolución de recurso de revocación: Se declara improcedente el recurso interpuesto al haberse consumado la materia de dicho recurso, toda vez que la audiencia de debate fue abierta para las partes y sujetos procesales presentes para las once horas del veintiséis de junio de dos mil veintitrés. 28/06/2023 Se les tiene interponiendo recurso revocación contra determinación de 26/06/2023, y se ordena correr traslado a las partes. 29/06/2023 Se tiene por asignado como asesor jurídico de la víctima a Jerónimo Domingo Hernández. 04/07/2023 Resolución de recurso de revocación contra 21/09/23 14:39:57 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.75.a7 CUTBERTO INFANTE SUAREZ ??????????????? acuerdo de 24/06/2023: Se declara procedente el recurso de revocación, considerando la voluntad de la víctima, bajo su más estricta responsabilidad, se dejará por única ocasión y de manera excepcional, sin efecto la determinación que se combate; empero a efecto de tutelar los derechos de la misma, con el propósito que este Tribunal, realice una mayor protección a los derechos de la víctima, aun parcialmente en contra de su propia voluntad, al no ser profesionista del derecho y así evitar posibles acciones reiteradas, repetitivas y que pudiesen considerarse dilatorias de este procedimiento, se le informa que continuará con la asignación del asesor jurídico en este proceso, el licenciado Jerónimo Domingo Hernández García, cuya designación dejará de surtir efectos cuando se presenten a la audiencia de debate, los asesores jurídicos designados por la víctima a la audiencia de debate se celebrará a las doce horas del once de julio de dos mil veintitrés, y se esté en condiciones de desahogar de manera formal y legal la misma, por lo que en caso de que los profesionistas designados por la víctima Leticia Villegas Tepach, no se presentaren, se continuará con el desahogo de la misma, con el asesor jurídico asignado de manera oficial. 04/07/2023 Resolución de recurso de revocación contra acuerdo de 29/06/2023: Se declara procedente el recurso de revocación, "considerando la voluntad de la víctima, bajo su más estricta responsabilidad, se dejará por única ocasión y de manera excepcional, sin efecto la determinación que se combate; empero a efecto de tutelar los derechos de la misma, con el propósito que este Tribunal, realice una mayor protección a los derechos de la víctima, aun parcialmente en contra de su propia voluntad, al no ser profesionista del derecho y así evitar posibles acciones reiteradas, repetitivas y que pudiesen considerarse dilatorias de este procedimiento, se le informa que continuará con la asignación del asesor jurídico en este proceso, el licenciado Jerónimo Domingo Hernández García, cuya designación dejará de surtir efectos cuando se presenten a la audiencia de debate, los asesores jurídicos designados por la víctima a la audiencia de debate se celebrará a las doce horas del once de julio de dos mil veintitrés, y se esté en condiciones de desahogar de manera formal y legal la misma, por lo que en caso de que los profesionistas designados por la víctima Leticia Villegas Tepach, no se presentaren, se continuará con el desahogo de la misma, con el asesor jurídico asignado de manera oficial."; por lo que subsiste el nombramiento del asesor jurídico licenciado Jerónimo Domingo Hernández García. Se considera entonces que los actos reclamados tienen un efecto meramente procesal; por tanto, dada su propia naturaleza, no genera contra la esfera jurídica de derechos 21/09/23 14:39:57 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.75.a7 CUTBERTO INFANTE SUAREZ de la parte quejosa, contrario a lo que refiere en su demanda de amparo, una ejecución que sea de imposible reparación. Lo anterior, debido a que las decisiones reclamadas no inciden en derechos sustantivos de la peticionaria sino sólo y, eventualmente, en un aspecto procedimental, debido a que la circunstancia de que no se haya diferido la audiencia de debate programada para las once horas del veintiséis de junio de dos mil veintitrés, por no haber justificado la aquí quejosa enfermedad alguna y que tampoco sus abogados particulares hayan acudido a dicha audiencia sin justificación, lo que condujo a la responsable a declarar el abandono de la asesoría jurídica de los licenciados Juan Carlos Hernández Jiménez, Noemí Mariscal Figueroa y Wilfrido Zárate López, e indicar que no volverían a intervenir en esa causa penal; y como consecuencia de lo anterior, a la asignación del licenciado Jerónimo Domingo Hernández García, como asesor jurídico de la víctima; y posterior determinación en el sentido de esa designación dejaría de surtir efectos cuando se presenten los asesores jurídicos designados por la víctima a la audiencia de debate se celebrará a las doce horas del once de julio de dos mil veintitrés, no conlleva efectos de imposible reparación, al no afectar materialmente derechos sustantivos, pues está contemplada como una de las violaciones al procedimiento previstas por el artículo 173, apartado B, fracción XVII de la Ley de Amparo. De modo que el numeral 171 de esa ley dispone que al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando la quejosa las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Con esa disposición el legislador ordinario pretendió evitar que diversas actuaciones de un mismo procedimiento originaran múltiples juicios de amparo, provocando el retraso en la resolución del asunto. Por ello, consideró que podrían repararse en sentencia tales violaciones, siendo conveniente concentrar en una sola demanda la impugnación de aquellas actuaciones que trascendieran al fallo y que el propio legislador contempló en el referido artículo 172. Luego, la actuación, dada su naturaleza adjetiva de carácter procesal, no tiene efectos irreparables, al no afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales en la materia, por ejemplo, la libertad, la integridad personal o la propiedad. En efecto, los actos reclamados únicamente tienen consecuencias intraprocesales, pero no conlleva una afectación material de algún derecho sustantivo de la parte quejosa, debido a que no se le impide de forma actual, su ejercicio; aunado a que la afectación adjetiva causada en este momento podría cesar si obtiene sentencia favorable en el juicio de origen, de lo contrario, podrá impugnar en apelación la sentencia. Por esas razones, los actos sujetos a análisis no contienen la característica de imposible reparación para la procedencia del juicio de amparo indirecto, en los términos que prevé el artículo 107, fracción V, en sentido contrario, de la ley de la materia. Consecuentemente, al configurarse esa hipótesis, con fundamento en el artículo 113 de la ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo. Notifíquese vía electrónica a la quejosa.

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