Levi Lanza Canseco
Expediente 1807/2014 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 26 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1807/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 05/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Levi Lanza Canseco
- Levi Lanza Canseco y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
MESA III A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, cinco de octubre de dos mil dieciséis. Toda vez que transcurrió el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes, hubieren interpuesto recurso en contra del auto que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio; en términos del citado artículo, se declara que ha quedado firme dicho proveído. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable.
- Incidental
MESA III Oaxaca de Juárez, Oaxaca, cinco de septiembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, toda vez que en auto dictado en esta fecha en el juicio de amparo 1876/2015, del que deriva este incidente de suspensión, se ordenó determinar su destino; por tanto, en virtud de que en este cuaderno incidental se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año citado, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de esta resolución, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse concedido, la medida cautelar, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración en términos del punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA III A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, cinco de septiembre de dos mil dieciséis. De la certificación de cuenta se advierte que el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa y tercero interesada en auto de treinta de mayo de dos mil dieciséis, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, ha fenecido, sin que ninguna de las partes en comento hubiese hecho manifestación alguna al respecto, motivo por el cual, de oficio, se procede a realizar el análisis del cumplimiento dado al fallo protector por la autoridad judicial en comento. Así, cabe destacar que por sentencia dictada el once de agosto de dos mil quince, por el entonces Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, residente en Xalapa Veracruz, por una parte se sobreseyó, se negó y por otra se concedió el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que el Juez del proceso: 1.- Dejara insubsistente la resolución de plazo constitucional dictada el veintinueve de julio de dos mil ocho, en la causa penal 116/2008 de su índice. 2.- Dictara una nueva resolución, la cual podría ser en el mismo sentido que la anterior o en uno diverso, en la que precisara legalmente su competencia y efectuara el análisis correspondiente, con el propósito que de manera fundada y motivada: a) Estableciera q que pruebas fueron obtenidas legal o ilegalmente. b) Posterior a ello, precisara que pruebas son o no admisibles en el proceso penal. c) Con base en dicho análisis se pronunciara acerca de la exclusión o no de las que considerara pertinentes, para proceder al análisis probatorio de las que cumplieran con los requisitos constitucionales, a efecto de resolver la situación jurídica del quejoso. Además, se hizo la precisión que la ilegalidad de las pruebas obtenidas durante ese periodo, no tienen el alcance respecto de todos y cada uno de los elementos de convicción desahogados durante ese periodo de arraigo, sino que solo perderán eficacia probatoria aquéllos directa e inmediatamente vinculados con éste. Concesión, del amparo que se hizo extensiva al acto de ejecución reclamado, pues éste no se combatió por vicios propios, sino en vía de consecuencia del acto declarado inconstitucional. Inconforme con dicha determinación el veintiocho de agosto de dos mil quince, se tuvo a la Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, parte tercera interesada, interponiendo el correspondiente recurso de revisión; el cual tocó conocer al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, quedando radicado bajo el número de toca 729/2015; por lo que en ejecutoria emitida el siete de abril de dos mil dieciséis por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, quien actuó en auxilio del aludido órgano colegiado con sede en esta ciudad, confirmó la resolución recurrida, motivo por el cual en auto de veintisiete de abril de dos mil dieciséis, se requirió a la autoridad judicial responsable diera cumplimiento al fallo protector. En atención a ello, por auto de treinta de mayo de dos mil dieciséis, se tuvo por recibido el oficio suscrito por la Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, al que adjuntó copia certificada de la resolución de veinticinco de mayo de esta anualidad, emitida en el expediente penal 116/2008, determinación de la que se desprende que el A quo tuvo por acreditado el cuerpo del delito de secuestro agravado cometido en agravio del menor Edgar Ibáñez Alavez, así como la probable responsabilidad de Fernando Levi Lanza Canseco o Levy Lanza Canseco, en su comisión, y consecuentemente dictó auto de formal prisión en su contra. Pues bien, del análisis que se realiza entre la ejecutoria de amparo y la resolución por la que se dio cumplimiento al fallo constitucional se desprende que en primer término el juez del proceso dejó sin efecto la resolución de veintinueve de julio de dos mil ocho en la que se dictó auto de formal prisión en contra del ahora quejoso como probable responsable de la comisión del delito de secuestro agravado, cometido en agravio del menor Edgar Ibáñez Alavéz, hechos denunciados por Leopoldo Francisco Ibáñez Álvarez, y procedió nuevamente a realizar un análisis de las constancias que obran en autos de la causa penal de origen a fin de establecer si se encuentra acreditado el delito en comento. Luego, el juez de la causa indicó que resulta ser competente para conocer de los hechos consignados en razón de que los mismos sucedieron en la población de San Andrés Ixtlahuaca, lugar que se encuentra dentro de la jurisdicción de ese tribunal, por ello resulta ser competente para conocer de los hechos por razón de territorio, materia y grado en términos de los artículos 16 párrafo primero, 116 fracción III, párrafo primero ambos de la Carta Magna, en relación con los diversos 69 primer párrafo del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, 34 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, así como en relación al acuerdo general 01/2002 del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de uno de febrero de dos mil dos, por el que se aprueba la redistritación judicial para la determinación de la competencia territorial de los Juzgados del Poder Judicial del Estado, además los hechos consignados se encuentran previstos y sancionados en una ley del orden común como lo es el Código Penal vigente en el Estado y como consecuencia ese Juzgado se encuentra especializado en materia penal, siendo un órgano de primer grado. Enseguida, el juez precisó que de la revisión de los autos que integran la causa penal 116/2008 se aprecia que existe orden de arraigo de veinticuatro de junio de dos mil ocho, emitida en contra de Levi Lanza Canseco o Fernando Levy Lanza Canseco, decretado por un plazo que no excedería de treinta días naturales a partir de la fecha en que fuese asegurado el inculpado por lo que el veintisiete de junio de dos mil ocho el ahora quejoso fue puesto a disposición de la autoridad ministerial con motivo de la orden de arraigo en comento; por lo que después de realizar el análisis correspondiente concluyó que la orden de arraigo de en comento, es contraria a las disposiciones constitucionales, lo que trae como consecuencia la exclusión de pruebas obtenidas durante la ejecución de éste y corresponde al juez de la causa determinar cuáles son esas pruebas, mismas que deben ser las que tengan vinculación directa con el arraigo y comprenderán todas las pruebas realizadas sobre la persona del entonces arraigado y coinculpados, así como todas aquellas en las que ella haya participado o aportado información sobre los hechos que se le imputan estando arraigados. Siendo importante señalar que la orden de arraigo fue librada contra el procesado Levi Lanza Canseco o Fernando Levi Lanza Canseco el veinticuatro de junio de dos mil ocho, por el juez del proceso por un plazo de treinta días naturales a partir de la fecha de aseguramiento de ésta habiendo sido puesto a disposición de la autoridad ministerial el veintisiete de junio de dos mil ocho mediante oficio número PFP/CIP/DGRS/5705/2008 signado por los Policías Federales Preventivos, por ende serán las constancias recabadas durante ese lapso, las que quedaran nulas por los motivos que se expondrán. En consecuencia, el juez del proceso determinó que las actuaciones siguientes son nulas en virtud de que fueron realizadas sobre la persona del encausado cuando este se encontraba arraigado al igual que otros inculpados cuyas declaraciones tienen relación con los hechos que se le imputan, entre ellas: 1.- Declaración ministerial del arraigado Avelino Guadalupe Padilla Ibáñez, recibida por la autoridad ministerial el veintisiete de junio de dos mil ocho, lo anterior en virtud de que fue una prueba obtenida durante la ejecución del arraigo decretado en contra del inculpado ahora quejoso. 2.- Declaración ministerial de la arraigada Minerva Chávez Cruz, recibida el veintisiete de junio de dos mil ocho, al ser una prueba obtenida durante la ejecución del arraigo decretado. 3.- Declaración ministerial del arraigado Roberto Lanza Canseco, recibida el veintiocho de junio de dos mil ocho, en virtud de que fue una prueba obtenida durante la ejecución del arraigo decretado en contra de la recurrente y realizada respecto del coinculpado. 4.- Declaración ministerial del arraigado Walter Arnoldo Martínez García, recibida el veintiocho de junio de dos mil ocho. 5.- Declaración ministerial del arraigado Levi Lanza Canseco, recibida el veintiocho de junio de dos mil ocho. 6.- Dictamen fotográfico de veintiocho de junio de dos mil ocho, emitido mediante oficio sin número por el perito Raymundo Anselmo Enríquez al que anexó diecinueve fotografías tomadas al inculpado Levi Lanza Canseco o Fernando Levi y otro, cuando se encontraban arraigados en el inmueble ubicado en Avenida Símbolos Patrios número mil nueve, San Agustín de las Juntas, Oaxaca. 7.- Dictamen fotográfico de veintiocho de junio de dos mil ocho emitido mediante oficio sin número por el perito Raymundo Anselmo Enríquez al que anexó cincuenta y un fotografías tomadas al inculpado Levi Lanza Canseco alias El Cachetón y Walter Arnoldo García, cuando se encontraban arraigados en el aludido inmueble. 8.- Diligencia de inspección ocular de uno de julio de dos mil ocho practicada por la representación social en compañía del arraigado Walter Arnoldo Martínez García al domicilio ubicado en calle de la Carbonera número cuatrocientos en la Ciénega Zimatlán, Oaxaca, en donde se tuvo al menor Edgar Ibáñez Alavéz, al ser una prueba obtenida durante la ejecución del arraigo decretado en contra de Levi Lanza Canseco o Fernando Levi y el coinculpado Walter Arnoldo Martínez García. 9.- Declaración del testigo José López Silva de tres de julio de dos mil ocho y en la que fue puesta a la vista las fotografías de los arraigados entre ellos de Levi Lanza Canseco o Fernando Levi Lanza Canseco. 10.- Copias certificada de la Averiguación Previa 511/PM/2008 y 30/FCDO/2008 de siete de julio de dos mil ocho en contra de quien o quienes resulten probables responsables en la comisión del delito de homicidio, secuestro y demás que resulten cometido en agravio de quien respondió al nombre de Esmeralda Vásquez López hechos denunciado por Félix Vásquez Ramírez. 11.- Comparecencia de Edgar Ibáñez Guzmán de quince de julio de dos mil ocho a quien se le puso a la vista un cassette de color humo de 90 minutos marca sony y al reproducirlo para que escuchara con detenimiento los audios de las grabaciones de las negociaciones que tuvieron con motivo del secuestro de Filemón Cortés Miranda ocurrido el veinticuatro de marzo de dos mil ocho y denunciado por Hermelinda Castro Morelos en donde reconoció la voz de Fernando Levi Lanza Canseco en virtud de haber sido obtenida durante el arraigo dictado contra el inculpado. 12.- Comparecencia de Leopoldo Francisco Ibáñez Morales de quince de julio de dos mil ocho a quien se le puso a la vista un cassette de color humo de 90 minutos marca sony y a reproducirlo para que escuchara con detenimiento los audios de las grabaciones de las negociaciones que tuvieron con motivo del secuestro de Filemón Cortés Miranda ocurrido el veinticuatro de marzo de dos mil ocho y denunciado por Hermelinda Castro Morelos, en donde reconoció la voz de Fernando Levi Lanza Canseco. 13.- Comparecencia del menor Edgar Ibáñez Alavéz a quien se le puso a la vista setenta fotografías a color y reconoció a los arraigados Levi Lanza Canseco o Fernando Levi, Avelino Guadalupe Padilla Ibáñez a la recurrente y a otros, con fecha quince de julio de dos mil ocho. 14.- Comparecencia de Leopoldo Francisco Ibáñez Morales de dieciséis de julio de dos mil ocho donde se le puso a la vista los audios de negociación y video que se filmó en el momento de la declaración de Fernando Levi Lanza el veintiocho de junio de dos mil ocho. 15.- Comparecencia de Héctor González López de dieciséis de julio de dos mil ocho en donde se le puso a la vista los audios de negociaciones y video que se filmó en el momento de la declaración de Fernando Levi Lanza el veintiocho de junio de dos mil ocho. Posteriormente precisó que para emitir la resolución de términos constitucional únicamente tomó en consideración los medios de prueba que no estén relacionados con antelación. Después, consideró que el cuerpo del delito de secuestro, cometido en agravio del menor Edgar Ibáñez Alavéz previsto y sancionado por el artículo 348 en relación con los diversos 8º fracción I y 10 fracción I agravado en términos del numeral 348 bis A, fracciones I y II del Código Penal vigente en la época de los eventos en comento, se encuentra acreditado, con los elementos probatorios que describió en la resolución correspondiente, mismos a los que les confirió valor probatorio correspondiente, para finalmente establecer que con ellos adminiculados entre sí, le llevó a la conclusión de que la conducta desplegada por el inculpado y otros se lesionó el bien jurídico protegido por la ley en su ordinal 348 del Código Penal del Estado vigente en la época de los eventos que tutela la libertad de las personas y en el caso específico del menor Edgar Ibáñez Alavéz, toda vez que de las constancias que obran en autos se llegó a la conclusión de que el inculpado y otros sujetos el día veintiocho de abril de dos mil ocho, aproximadamente a las nueve horas cuando el denunciante Leopoldo Francisco Ibáñez Morales se trasladó a bordo de su unidad de motor a un desayuno que los habían invitado, conjuntamente con su esposa Hortensia Minerva Guzmán Aragón, y el menor de edad Edgar Ibáñez Alavéz, saliendo de dicho lugar se dirigió a un inmueble de su propiedad ubicado en el lugar y después de realizar diversas actividades y al momento de ingresar a dicho inmueble, quedándose por cuatro sujetos quienes usaban pasamontañas y armas de fuego, lo que presenció la esposa del denunciante y su nieto (ahora ofendido) quienes se encontraban a bordo de la unidad de motor, a quien previamente le pidieron un número de teléfono para comunicarse con él y lo amenazaron que de avisar a la policía matarían al menor de edad, para posteriormente los activos comunicarse vía telefónica con el denunciante y pedirle un rescate para liberar al menor de edad. Por otra parte tuvo por acreditada la probable responsabilidad del ahora quejoso, en la comisión del delito de secuestro agravado, cometido en agravio del menor Edgar Ibáñez Alavéz, en términos de lo dispuesto por el ordinal 11, fracción III del Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca, en relación con los diversos 354 y 355 fracción VI del código adjetivo de la materia, toda vez que de los medios de prueba que obran en la indagatoria, se advierte que el ahora quejoso tiene la calidad de coautor material de la conducta típica que se le imputa, pues dicha persona actuó en consenso y con codominio funcional de los hechos pues el inculpado actuó estando de acuerdo con otros sujetos en la comisión del hecho delictivo. Por lo que con los medios de prueba obtenidos de forma lícita la autoridad de la causa concluyó que se encontraba acreditado el cuerpo del delito de secuestro, así como la probable responsabilidad del ahora quejoso en su comisión. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en este juicio, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo, se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Provéase lo conducente, en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo, para los efectos legales correspondientes. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA III A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, treinta de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio signado por la Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca y anexo que acompaña, por el cual, hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional, el cumplimiento efectuado a la ejecutoria de amparo dictada en este juicio. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta y anexo, dese vista a las partes, para que en el plazo de tres días, manifiesten lo que a su derecho convenga; en el entendido que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional resolverá respecto del cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria con base en las constancias de autos. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Lucía Concepción Nicolás Ruiz, que autoriza y da fe.
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